El art. 18.3 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante TRLGSS) –antes recogido en el art. 15 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio– regula la facultad que se otorga a la Administración a fin de que pueda exigir, en régimen de autotutela, y por tanto sin tener que acudir a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional mercantil, el cumplimiento y pago de las cuotas de la Seguridad Social a aquellos que, con arreglo a cualquier norma de rango legal, sean responsables en cualquier grado, o sucesores, del deudor principal. A estos efectos, el referido precepto dispone lo que sigue:

"3. Son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad a las que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan directamente la obligación de su ingreso y, además, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de aquellos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquier norma con rango de ley que se refiera o no excluya expresamente las obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios a las leyes. Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria o mortis causa se declar