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Referencia: SP/LEG/9662

LEY 5/2012, de 6 de julio, de mediaci贸n en asuntos civiles y mercantiles

贸rgano emisor: JEFATURA DEL ESTADO
publicaci贸n: B.O.E. num. 162 - 07/07/2012
entrada en vigor: 27/07/2012
Correcci贸n de errores. (BOE n.潞 178, de 26 de julio de 2012)
PRE脕MBULO
I
Una de las funciones esenciales del Estado de Derecho es la garant铆a de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. Esta funci贸n implica el reto de la implantaci贸n de una justicia de calidad capaz de resolver los diversos conflictos que surgen en una sociedad moderna y, a la vez, compleja.
En este contexto, desde la d茅cada de los a帽os setenta del pasado siglo, se ha venido recurriendo a nuevos sistemas alternativos de resoluci贸n de conflictos, entre los que destaca la mediaci贸n, que ha ido cobrando una importancia creciente como instrumento complementario de la Administraci贸n de Justicia.
Entre las ventajas de la mediaci贸n es de destacar su capacidad para dar soluciones pr谩cticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes y ello la configura como una alternativa al proceso judicial o a la v铆a arbitral, de los que se ha de deslindar con claridad. La mediaci贸n est谩 construida en torno a la intervenci贸n de un profesional neutral que facilita la resoluci贸n del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del conflicto.
II
A pesar del impulso que en los 煤ltimos a帽os ha experimentado en Espa帽a, en el 谩mbito de las Comunidades Aut贸nomas, hasta la aprobaci贸n del Real Decreto-ley 5/2012 se carec铆a de una ordenaci贸n general de la mediaci贸n aplicable a los diversos asuntos civiles y mercantiles, al tiempo que asegurara su conexi贸n con la jurisdicci贸n ordinaria, haciendo as铆 efectivo el primero de los ejes de la mediaci贸n, que es la desjudicializaci贸n de determinados asuntos, que pueden tener una soluci贸n m谩s adaptada a las necesidades e intereses de las partes en conflicto que la que podr铆a derivarse de la previsi贸n legal.
La mediaci贸n, como f贸rmula de autocomposici贸n, es un instrumento eficaz para la resoluci贸n de controversias cuando el conflicto jur铆dico afecta a derechos subjetivos de car谩cter disponible. Como instituci贸n ordenada a la paz jur铆dica, contribuye a concebir a los tribunales de justicia en este sector del ordenamiento jur铆dico como un 煤ltimo remedio, en caso de que no sea posible componer la situaci贸n por la mera voluntad de las partes, y puede ser un h谩bil coadyuvante para la reducci贸n de la carga de trabajo de aqu茅llos, reduciendo su intervenci贸n a aquellos casos en que las partes enfrentadas no hayan sido capaces de poner fin, desde el acuerdo, a la situaci贸n de controversia.
Asimismo, esta Ley incorpora al Derecho espa帽ol la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediaci贸n en asuntos civiles y mercantiles. Sin embargo, su regulaci贸n va m谩s all谩 del contenido de esta norma de la Uni贸n Europea, en l铆nea con la previsi贸n de la disposici贸n final tercera de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el C贸digo Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separaci贸n y divorcio, en la que se encomendaba al Gobierno la remisi贸n a las Cortes Generales de un proyecto de ley sobre mediaci贸n.
La Directiva 2008/52/CE se limita a establecer unas normas m铆nimas para fomentar la mediaci贸n en los litigios transfronterizos en asuntos civiles y mercantiles. Por su lado, la regulaci贸n de esta norma conforma un r茅gimen general aplicable a toda mediaci贸n que tenga lugar en Espa帽a y pretenda tener un efecto jur铆dico vinculante, si bien circunscrita al 谩mbito de los asuntos civiles y mercantiles y dentro de un modelo que ha tenido en cuenta las previsiones de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliaci贸n Comercial Internacional de 24 de junio de 2002.
Precisamente, el transcurso del plazo de incorporaci贸n al ordenamiento jur铆dico espa帽ol de la Directiva 2008/52/CE, que finaliz贸 el 21 de mayo de 2011, justific贸 el recurso al real decreto-ley, como norma adecuada para efectuar esa necesaria adaptaci贸n de nuestro Derecho, con lo que se puso fin al retraso en el cumplimiento de esta obligaci贸n, con las consecuencias negativas que comporta para los ciudadanos y para el Estado por el riesgo de ser sancionado por las instituciones de la Uni贸n Europea.
Las exclusiones previstas en la presente norma no lo son para limitar la mediaci贸n en los 谩mbitos a que se refieren sino para reservar su regulaci贸n a las normas sectoriales correspondientes.
III
El modelo de mediaci贸n se basa en la voluntariedad y libre decisi贸n de las partes y en la intervenci贸n de un mediador, del que se pretende una intervenci贸n activa orientada a la soluci贸n de la controversia por las propias partes. El r茅gimen que contiene la Ley se basa en la flexibilidad y en el respeto a la autonom铆a de la voluntad de las partes, cuya voluntad, expresada en el acuerdo que la pone fin, podr谩 tener la consideraci贸n de t铆tulo ejecutivo, si las partes lo desean, mediante su elevaci贸n a escritura p煤blica. En ning煤n caso pretende esta norma encerrar toda la variedad y riqueza de la mediaci贸n, sino tan s贸lo sentar sus bases y favorecer esta alternativa frente a la soluci贸n judicial del conflicto. Es aqu铆 donde se encuentra, precisamente, el segundo eje de la mediaci贸n, que es la deslegalizaci贸n o p茅rdida del papel central de la ley en beneficio de un principio dispositivo que rige tambi茅n en las relaciones que son objeto del conflicto.
La figura del mediador es, de acuerdo con su conformaci贸n natural, la pieza esencial del modelo, puesto que es quien ayuda a encontrar una soluci贸n dialogada y voluntariamente querida por las partes. La actividad de mediaci贸n se despliega en m煤ltiples 谩mbitos profesionales y sociales, requiriendo habilidades que en muchos casos dependen de la propia naturaleza del conflicto. El mediador ha de tener, pues, una formaci贸n general que le permita desempe帽ar esa tarea y sobre todo ofrecer garant铆a inequ铆voca a las partes por la responsabilidad civil en que pudiese incurrir.
Igualmente, la Ley utiliza el t茅rmino mediador de manera gen茅rica sin prejuzgar que sea uno o varios.
Se tiene presente el papel muy relevante en este contexto de los servicios e instituciones de mediaci贸n, que desempe帽an una tarea fundamental a la hora de ordenar y fomentar los procedimientos de mediaci贸n.
Corolario de esta regulaci贸n es el reconocimiento del acuerdo de mediaci贸n como t铆tulo ejecutivo, lo que se producir谩 con su ulterior elevaci贸n a escritura p煤blica, cuya ejecuci贸n podr谩 instarse directamente ante los tribunales. En la regulaci贸n del acuerdo de mediaci贸n radica el tercer eje de la mediaci贸n, que es la desjuridificaci贸n, consistente en no determinar de forma necesaria el contenido del acuerdo restaurativo o reparatorio.
El marco flexible que procura la Ley pretende ser un aliciente m谩s para favorecer el recurso a la mediaci贸n, de tal forma que no tenga repercusi贸n en costes procesales posteriores ni se permita su planteamiento como una estrategia dilatoria del cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes. As铆 se manifiesta en la opci贸n de la suspensi贸n de la prescripci贸n cuando tenga lugar el inicio del procedimiento frente a la regla general de su interrupci贸n, con el prop贸sito de eliminar posibles desincentivos y evitar que la mediaci贸n pueda producir efectos jur铆dicos no deseados.
La presente Ley se circunscribe estrictamente al 谩mbito de competencias del Estado en materia de legislaci贸n mercantil, procesal y civil, que permiten articular un marco para el ejercicio de la mediaci贸n, sin perjuicio de las disposiciones que dicten las Comunidades Aut贸nomas en el ejercicio de sus competencias.
Con el fin de facilitar el recurso a la mediaci贸n, se articula un procedimiento de f谩cil tramitaci贸n, poco costoso y de corta duraci贸n en el tiempo.
IV
El articulado de esta Ley se estructura en cinco t铆tulos.
En el t铆tulo I, bajo la r煤brica 芦Disposiciones generales禄, se regula el 谩mbito material y espacial de la norma, su aplicaci贸n a los conflictos transfronterizos, los efectos de la mediaci贸n sobre los plazos de prescripci贸n y caducidad, as铆 como las instituciones de mediaci贸n.
El t铆tulo II enumera los principios informadores de la mediaci贸n, a saber: el principio de voluntariedad y libre disposici贸n, el de imparcialidad, el de neutralidad y el de confidencialidad. A estos principios se a帽aden las reglas o directrices que han de guiar la actuaci贸n de las partes en la mediaci贸n, como son la buena fe y el respeto mutuo, as铆 como su deber de colaboraci贸n y apoyo al mediador.
El t铆tulo III contiene el estatuto m铆nimo del mediador, con la determinaci贸n de los requisitos que deben cumplir y de los principios de su actuaci贸n. Para garantizar su imparcialidad se explicitan las circunstancias que el mediador ha de comunicar a las partes, sigui茅ndose en esto el modelo del C贸digo de conducta europeo para mediadores.
El t铆tulo IV regula el procedimiento de mediaci贸n. Es un procedimiento sencillo y flexible que permite que sean los sujetos implicados en la mediaci贸n los que determinen libremente sus fases fundamentales. La norma se limita a establecer aquellos requisitos imprescindibles para dar validez al acuerdo que las partes puedan alcanzar, siempre bajo la premisa de que alcanzar un acuerdo no es algo obligatorio, pues, a veces, como ense帽a la experiencia aplicativa de esta instituci贸n, no es extra帽o que la mediaci贸n persiga simplemente mejorar relaciones, sin intenci贸n de alcanzar un acuerdo de contenido concreto.
Finalmente, el t铆tulo V establece el procedimiento de ejecuci贸n de los acuerdos, ajust谩ndose a las previsiones que ya existen en el Derecho espa帽ol y sin establecer diferencias con el r茅gimen de ejecuci贸n de los acuerdos de mediaci贸n transfronterizos cuyo cumplimiento haya de producirse en otro Estado; para ello se requerir谩 su elevaci贸n a escritura p煤blica como condici贸n necesaria para su consideraci贸n como t铆tulo ejecutivo.
V
Las disposiciones finales cohonestan la regulaci贸n con el encaje de la mediaci贸n con los procedimientos judiciales.
Se reforman, as铆, la Ley 3/1993, de 22 de marzo, B谩sica de las C谩maras Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci贸n, y la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, para incluir entre sus funciones, junto al arbitraje, la mediaci贸n, permitiendo as铆 su actuaci贸n como instituciones de mediaci贸n.
Se operan tambi茅n una serie de modificaciones de car谩cter procesal que facilitan la aplicaci贸n de la mediaci贸n dentro del proceso civil. Se regula as铆 la facultad de las partes para disponer del objeto del juicio y someterse a mediaci贸n, as铆 como la posibilidad de que sea el juez el que invite a las partes a llegar a un acuerdo y, a tal fin, se informen de la posibilidad de recurrir a la mediaci贸n. Se trata de una novedad que, dentro del respeto a la voluntad de las partes, trata de promover la mediaci贸n y las soluciones amistosas de los litigios. Por otro lado, se prev茅 la declinatoria como remedio frente al incumplimiento de los pactos de sometimiento a mediaci贸n o frente a la presentaci贸n de una demanda estando en curso la misma.
La modificaci贸n de la Ley de Enjuiciamiento Civil comprende, por 煤ltimo, la de los preceptos necesarios para la inclusi贸n del acuerdo de mediaci贸n dentro de los t铆tulos que dan derecho al despacho de la ejecuci贸n.
Con estas modificaciones se articula la adecuada interrelaci贸n entre la mediaci贸n y el proceso civil, reforzando la eficacia de esta instituci贸n.
VI
Por 煤ltimo, esta Ley reforma la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, con el objetivo de dar satisfacci贸n a las leg铆timas expectativas de los estudiantes de Derecho que, en el momento de la publicaci贸n de aquella Ley, se encontraban matriculados en sus estudios universitarios y, como consecuencia de la publicaci贸n de la misma, ven completamente alteradas las condiciones de acceso a las profesiones de abogado y procurador.
Con arreglo a la Ley 34/2006, para obtener el t铆tulo profesional de abogado o procurador de los tribunales es necesario, adem谩s de estar en posesi贸n del t铆tulo universitario de licenciado en Derecho o del correspondiente t铆tulo de grado, probar su capacitaci贸n profesional mediante la superaci贸n de la correspondiente formaci贸n especializada y de car谩cter oficial que se adquiere a trav茅s de cursos de formaci贸n acreditados por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educaci贸n, as铆 como superar una posterior evaluaci贸n.
La modificaci贸n que se aprueba es congruente con la exposici贸n de motivos de la propia Ley 34/2006, que declara como objetivo no quebrar 芦las expectativas actuales de los estudiantes de la licenciatura o grado en Derecho禄. Sin embargo, la vacatio legis de cinco a帽os que fij贸 inicialmente la Ley se ha revelado insuficiente para dar satisfacci贸n a un colectivo de estudiantes que no han podido completar sus estudios en dicho periodo de cinco a帽os. Se tratar铆a de resolver problemas de los estudiantes que se matricularon en licenciaturas de Derecho con anterioridad al 31 de octubre de 2006, momento en el que no se exig铆an los t铆tulos profesionales para el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador y que no han podido finalizar sus estudios en el citado plazo. Por una omisi贸n no querida del legislador, dichos estudiantes sufren una discriminaci贸n, puesto que se quiebran las expectativas leg铆timas que ten铆an en el momento en el que comenzaron a cursar sus estudios en Derecho. Pero, adem谩s, se aprovecha la ocasi贸n para reconocer un r茅gimen especial de acceso al ejercicio profesional para los licenciados en Derecho, cualquiera que sea el momento en que inicien o finalicen sus estudios, atendiendo de este modo a diversas iniciativas planteadas en sede parlamentaria.
Por otra parte, se contempla la situaci贸n de los poseedores de t铆tulos extranjeros susceptibles de homologaci贸n al t铆tulo espa帽ol de licenciado en Derecho, mediante la introducci贸n de una nueva disposici贸n adicional que permite acceder a las profesiones jur铆dicas a quienes hubiesen iniciado el procedimiento de homologaci贸n antes de la entrada en vigor de la Ley.
La futura modificaci贸n contemplar谩 la expedici贸n de los t铆tulos profesionales por parte del Ministerio de Justicia.
Adem谩s, para acabar con la incertidumbre generada por el apartado 3 de la disposici贸n transitoria 煤nica de la citada Ley 34/2006, se introduce una mejora t茅cnica en la redacci贸n aclarando que no es necesario estar en posesi贸n del t铆tulo de licenciado o grado en Derecho, sino que basta estar en condiciones de obtenerlo, es decir, no es necesario estar en la posesi贸n material del t铆tulo, sino haber concluido los estudios cuando entra en vigor la Ley. Con ello se salvaguardan los derechos de los licenciados que habiendo finalizado sus estudios, por el retraso o descuido en la solicitud de los t铆tulos a las universidades queden excluidos del 谩mbito de la disposici贸n transitoria de la Ley.
T脥TULO I-Disposiciones generales
Art铆culo 1. Concepto
Se entiende por mediaci贸n aquel medio de soluci贸n de controversias, cualquiera que sea su denominaci贸n, en que dos o m谩s partes intentan voluntariamente alcanzar por s铆 mismas un acuerdo con la intervenci贸n de un mediador.
Art铆culo 2. 脕mbito de aplicaci贸n
1. Esta Ley es de aplicaci贸n a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no est茅n a disposici贸n de las partes en virtud de la legislaci贸n aplicable.
En defecto de sometimiento expreso o t谩cito a esta Ley, la misma ser谩 aplicable cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en Espa帽a y la mediaci贸n se realice en territorio espa帽ol.
2. Quedan excluidos, en todo caso, del 谩mbito de aplicaci贸n de esta Ley:
a) La mediaci贸n penal.
b) La mediaci贸n con las Administraciones p煤blicas.
c) La mediaci贸n laboral.
d) .....
Precepto modificado por Ley 7/2017, de 2 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 5-11-2017
路 Suprimida letra d) del apartado 2 del art铆culo 2
Redacci贸n hasta el 5-11-2017
1. Esta Ley es de aplicaci贸n a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no est茅n a disposici贸n de las partes en virtud de la legislaci贸n aplicable.
En defecto de sometimiento expreso o t谩cito a esta Ley, la misma ser谩 aplicable cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en Espa帽a y la mediaci贸n se realice en territorio espa帽ol.
2. Quedan excluidos, en todo caso, del 谩mbito de aplicaci贸n de esta Ley:
a) La mediaci贸n penal.
b) La mediaci贸n con las Administraciones p煤blicas.
c) La mediaci贸n laboral.
d) La mediaci贸n en materia de consumo.
Art铆culo 3. Mediaci贸n en conflictos transfronterizos
1. Un conflicto es transfronterizo cuando al menos una de las partes est谩 domiciliada o reside habitualmente en un Estado distinto a aqu茅l en que cualquiera de las otras partes a las que afecta est茅n domiciliadas cuando acuerden hacer uso de la mediaci贸n o sea obligatorio acudir a la misma de acuerdo con la ley que resulte aplicable. Tambi茅n tendr谩n esta consideraci贸n los conflictos previstos o resueltos por acuerdo de mediaci贸n, cualquiera que sea el lugar en el que se haya realizado, cuando, como consecuencia del traslado del domicilio de alguna de las partes, el pacto o algunas de sus consecuencias se pretendan ejecutar en el territorio de un Estado distinto.
2. En los litigios transfronterizos entre partes que residan en distintos Estados miembros de la Uni贸n Europea, el domicilio se determinar谩 de conformidad con los art铆culos 59 y 60 del Reglamento (CE) n.潞 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecuci贸n de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
Art铆culo 4. Efectos de la mediaci贸n sobre los plazos de prescripci贸n y caducidad
La solicitud de inicio de la mediaci贸n conforme al art铆culo 16 suspender谩 la prescripci贸n o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepci贸n de dicha solicitud por el mediador, o el dep贸sito ante la instituci贸n de mediaci贸n en su caso.
Si en el plazo de quince d铆as naturales a contar desde la recepci贸n de la solicitud de inicio de la mediaci贸n no se firmara el acta de la sesi贸n constitutiva prevista en el art铆culo 19, se reanudar谩 el c贸mputo de los plazos.
La suspensi贸n se prolongar谩 hasta la fecha de la firma del acuerdo de mediaci贸n o, en su defecto, la firma del acta final, o cuando se produzca la terminaci贸n de la mediaci贸n por alguna de las causas previstas en esta Ley.
Art铆culo 5. Las instituciones de mediaci贸n
1. Tienen la consideraci贸n de instituciones de mediaci贸n las entidades p煤blicas o privadas, espa帽olas o extranjeras, y las corporaciones de derecho p煤blico que tengan entre sus fines el impulso de la mediaci贸n, facilitando el acceso y administraci贸n de la misma, incluida la designaci贸n de mediadores, debiendo garantizar la transparencia en la referida designaci贸n. Si entre sus fines figurase tambi茅n el arbitraje, adoptar谩n las medidas para asegurar la separaci贸n entre ambas actividades.
La instituci贸n de mediaci贸n no podr谩 prestar directamente el servicio de mediaci贸n, ni tendr谩 m谩s intervenci贸n en la misma que la que prev茅 esta Ley.
Las instituciones de mediaci贸n dar谩n a conocer la identidad de los mediadores que act煤en dentro de su 谩mbito, informando, al menos, de su formaci贸n, especialidad y experiencia en el 谩mbito de la mediaci贸n a la que se dediquen.
2. Estas instituciones podr谩n implantar sistemas de mediaci贸n por medios electr贸nicos, en especial para aquellas controversias que consistan en reclamaciones dinerarias.
3. El Ministerio de Justicia y las Administraciones p煤blicas competentes velar谩n por que las instituciones de mediaci贸n respeten, en el desarrollo de sus actividades, los principios de la mediaci贸n establecidos en esta Ley, as铆 como por la buena actuaci贸n de los mediadores, en la forma que establezcan sus normas reguladoras.
T脥TULO II-Principios informadores de la mediaci贸n
Art铆culo 6. Voluntariedad y libre disposici贸n
1. La mediaci贸n es voluntaria.
2. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediaci贸n las controversias surgidas o que puedan surgir, se deber谩 intentar el procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicci贸n o a otra soluci贸n extrajudicial. Dicha cl谩usula surtir谩 estos efectos incluso cuando la controversia verse sobre la validez o existencia del contrato en el que conste.
3. Nadie est谩 obligado a mantenerse en el procedimiento de mediaci贸n ni a concluir un acuerdo.
Art铆culo 7. Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores
En el procedimiento de mediaci贸n se garantizar谩 que las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o inter茅s de cualquiera de ellas.
Art铆culo 8. Neutralidad
Las actuaciones de mediaci贸n se desarrollar谩n de forma que permitan a las partes en conflicto alcanzar por s铆 mismas un acuerdo de mediaci贸n, actuando el mediador de acuerdo con lo dispuesto en el art铆culo 13.
Art铆culo 9. Confidencialidad
1. El procedimiento de mediaci贸n y la documentaci贸n utilizada en el mismo es confidencial. La obligaci贸n de confidencialidad se extiende al mediador, que quedar谩 protegido por el secreto profesional, a las instituciones de mediaci贸n y a las partes intervinientes de modo que no podr谩n revelar la informaci贸n que hubieran podido obtener derivada del procedimiento.
2. La confidencialidad de la mediaci贸n y de su contenido impide que los mediadores o las personas que participen en el procedimiento de mediaci贸n est茅n obligados a declarar o aportar documentaci贸n en un procedimiento judicial o en un arbitraje sobre la informaci贸n y documentaci贸n derivada de un procedimiento de mediaci贸n o relacionada con el mismo, excepto:
a) Cuando las partes de manera expresa y por escrito les dispensen del deber de confidencialidad.
b) Cuando, mediante resoluci贸n judicial motivada, sea solicitada por los jueces del orden jurisdiccional penal.
3. La infracci贸n del deber de confidencialidad generar谩 responsabilidad en los t茅rminos previstos en el ordenamiento jur铆dico.
Art铆culo 10. Las partes en la mediaci贸n
1. Sin perjuicio del respeto a los principios establecidos en esta Ley, la mediaci贸n se organizar谩 del modo que las partes tengan por conveniente.
2. Las partes sujetas a mediaci贸n actuar谩n entre s铆 conforme a los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo.
Durante el tiempo en que se desarrolle la mediaci贸n las partes no podr谩n ejercitar contra las otras partes ninguna acci贸n judicial o extrajudicial en relaci贸n con su objeto, con excepci贸n de la solicitud de las medidas cautelares u otras medidas urgentes imprescindibles para evitar la p茅rdida irreversible de bienes y derechos.
El compromiso de sometimiento a mediaci贸n y la iniciaci贸n de 茅sta impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a mediaci贸n durante el tiempo en que se desarrolle 茅sta, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria.
3. Las partes deber谩n prestar colaboraci贸n y apoyo permanente a la actuaci贸n del mediador, manteniendo la adecuada deferencia hacia su actividad.
T脥TULO III-Estatuto del mediador
Art铆culo 11. Condiciones para ejercer de mediador
1. Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislaci贸n a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesi贸n.
Las personas jur铆dicas que se dediquen a la mediaci贸n, sean sociedades profesionales o cualquier otra prevista por el ordenamiento jur铆dico, deber谩n designar para su ejercicio a una persona natural que re煤na los requisitos previstos en esta Ley.
2. El mediador deber谩 estar en posesi贸n de t铆tulo oficial universitario o de formaci贸n profesional superior y contar con formaci贸n espec铆fica para ejercer la mediaci贸n, que se adquirir谩 mediante la realizaci贸n de uno o varios cursos espec铆ficos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, que tendr谩n validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional.
3. El mediador deber谩 suscribir un seguro o garant铆a equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuaci贸n en los conflictos en que intervenga.
Art铆culo 12. Calidad y autorregulaci贸n de la mediaci贸n
El Ministerio de Justicia y las Administraciones p煤blicas competentes, en colaboraci贸n con las instituciones de mediaci贸n, fomentar谩n y requerir谩n la adecuada formaci贸n inicial y continua de los mediadores, la elaboraci贸n de c贸digos de conducta voluntarios, as铆 como la adhesi贸n de aqu茅llos y de las instituciones de mediaci贸n a tales c贸digos.
Art铆culo 13. Actuaci贸n del mediador
1. El mediador facilitar谩 la comunicaci贸n entre las partes y velar谩 porque dispongan de la informaci贸n y el asesoramiento suficientes.
2. El mediador desarrollar谩 una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las partes, con respeto a los principios recogidos en esta Ley.
3. El mediador podr谩 renunciar a desarrollar la mediaci贸n, con obligaci贸n de entregar un acta a las partes en la que conste su renuncia.
4. El mediador no podr谩 iniciar o deber谩 abandonar la mediaci贸n cuando concurran circunstancias que afecten a su imparcialidad.
5. Antes de iniciar o de continuar su tarea, el mediador deber谩 revelar cualquier circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de intereses. Tales circunstancias incluir谩n, en todo caso:
a) Todo tipo de relaci贸n personal, contractual o empresarial con una de las partes.
b) Cualquier inter茅s directo o indirecto en el resultado de la mediaci贸n.
c) Que el mediador, o un miembro de su empresa u organizaci贸n, hayan actuado anteriormente a favor de una o varias de las partes en cualquier circunstancia, con excepci贸n de la mediaci贸n.
En tales casos el mediador s贸lo podr谩 aceptar o continuar la mediaci贸n cuando asegure poder mediar con total imparcialidad y siempre que las partes lo consientan y lo hagan constar expresamente.
El deber de revelar esta informaci贸n permanece a lo largo de todo el procedimiento de mediaci贸n.
Art铆culo 14. Responsabilidad de los mediadores
La aceptaci贸n de la mediaci贸n obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los da帽os y perjuicios que causaren. El perjudicado tendr谩 acci贸n directa contra el mediador y, en su caso, la instituci贸n de mediaci贸n que corresponda con independencia de las acciones de reembolso que asistan a 茅sta contra los mediadores. La responsabilidad de la instituci贸n de mediaci贸n derivar谩 de la designaci贸n del mediador o del incumplimiento de las obligaciones que le incumben.
Art铆culo 15. Coste de la mediaci贸n
1. El coste de la mediaci贸n, haya concluido o no con el resultado de un acuerdo, se dividir谩 por igual entre las partes, salvo pacto en contrario.
2. Tanto los mediadores como la instituci贸n de mediaci贸n podr谩n exigir a las partes la provisi贸n de fondos que estimen necesaria para atender el coste de la mediaci贸n.
Si las partes o alguna de ellas no realizaran en plazo la provisi贸n de fondos solicitada, el mediador o la instituci贸n, podr谩n dar por concluida la mediaci贸n. No obstante, si alguna de las partes no hubiere realizado su provisi贸n, el mediador o la instituci贸n, antes de acordar la conclusi贸n, lo comunicar谩 a las dem谩s partes, por si tuvieren inter茅s en suplirla dentro del plazo que hubiera sido fijado.
T脥TULO IV-Procedimiento de mediaci贸n
Art铆culo 16. Solicitud de inicio
1. El procedimiento de mediaci贸n podr谩 iniciarse:
a) De com煤n acuerdo entre las partes. En este caso la solicitud incluir谩 la designaci贸n del mediador o la instituci贸n de mediaci贸n en la que llevar谩n a cabo la mediaci贸n, as铆 como el acuerdo sobre el lugar en el que se desarrollar谩n las sesiones y la lengua o lenguas de las actuaciones.
b) Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediaci贸n existente entre aqu茅llas.
2. La solicitud se formular谩 ante las instituciones de mediaci贸n o ante el mediador propuesto por una de las partes a las dem谩s o ya designado por ellas.
3. Cuando de manera voluntaria se inicie una mediaci贸n estando en curso un proceso judicial, las partes de com煤n acuerdo podr谩n solicitar su suspensi贸n de conformidad con lo dispuesto en la legislaci贸n procesal.
Art铆culo 17. Informaci贸n y sesiones informativas
1. Recibida la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, el mediador o la instituci贸n de mediaci贸n citar谩 a las partes para la celebraci贸n de la sesi贸n informativa. En caso de inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a la sesi贸n informativa se entender谩 que desisten de la mediaci贸n solicitada. La informaci贸n de qu茅 parte o partes no asistieron a la sesi贸n no ser谩 confidencial.
En esa sesi贸n el mediador informar谩 a las partes de las posibles causas que puedan afectar a su imparcialidad, de su profesi贸n, formaci贸n y experiencia; as铆 como de las caracter铆sticas de la mediaci贸n, su coste, la organizaci贸n del procedimiento y las consecuencias jur铆dicas del acuerdo que se pudiera alcanzar, as铆 como del plazo para firmar el acta de la sesi贸n constitutiva.
2. Las instituciones de mediaci贸n podr谩n organizar sesiones informativas abiertas para aquellas personas que pudieran estar interesadas en acudir a este sistema de resoluci贸n de controversias, que en ning煤n caso sustituir谩n a la informaci贸n prevista en el apartado 1.
Art铆culo 18. Pluralidad de mediadores
1. La mediaci贸n ser谩 llevada a cabo por uno o varios mediadores.
2. Si por la complejidad de la materia o por la conveniencia de las partes se produjera la actuaci贸n de varios mediadores en un mismo procedimiento, 茅stos actuar谩n de forma coordinada.
Art铆culo 19. Sesi贸n constitutiva
1. El procedimiento de mediaci贸n comenzar谩 mediante una sesi贸n constitutiva en la que las partes expresar谩n su deseo de desarrollar la mediaci贸n y dejar谩n constancia de los siguientes aspectos:
a) La identificaci贸n de las partes.
b) La designaci贸n del mediador y, en su caso, de la instituci贸n de mediaci贸n o la aceptaci贸n del designado por una de las partes.
c) El objeto del conflicto que se somete al procedimiento de mediaci贸n.
d) El programa de actuaciones y duraci贸n m谩xima prevista para el desarrollo del procedimiento, sin perjuicio de su posible modificaci贸n.
e) La informaci贸n del coste de la mediaci贸n o las bases para su determinaci贸n, con indicaci贸n separada de los honorarios del mediador y de otros posibles gastos.
f) La declaraci贸n de aceptaci贸n voluntaria por las partes de la mediaci贸n y de que asumen las obligaciones de ella derivadas.
g) El lugar de celebraci贸n y la lengua del procedimiento.
2. De la sesi贸n constitutiva se levantar谩 un acta en la que consten estos aspectos, que ser谩 firmada tanto por las partes como por el mediador o mediadores. En otro caso, dicha acta declarar谩 que la mediaci贸n se ha intentado sin efecto.
Art铆culo 20. Duraci贸n del procedimiento
La duraci贸n del procedimiento de mediaci贸n ser谩 lo m谩s breve posible y sus actuaciones se concentrar谩n en el m铆nimo n煤mero de sesiones.
Art铆culo 21. Desarrollo de las actuaciones de mediaci贸n
1. El mediador convocar谩 a las partes para cada sesi贸n con la antelaci贸n necesaria, dirigir谩 las sesiones y facilitar谩 la exposici贸n de sus posiciones y su comunicaci贸n de modo igual y equilibrado.
2. Las comunicaciones entre el mediador y las personas en conflicto podr谩n ser o no simult谩neas.
3. El mediador comunicar谩 a todas las partes la celebraci贸n de las reuniones que tengan lugar por separado con alguna de ellas, sin perjuicio de la confidencialidad sobre lo tratado. El mediador no podr谩 ni comunicar ni distribuir la informaci贸n o documentaci贸n que la parte le hubiera aportado, salvo autorizaci贸n expresa de esta.
Art铆culo 22. Terminaci贸n del procedimiento
1. El procedimiento de mediaci贸n puede concluir en acuerdo o finalizar sin alcanzar dicho acuerdo, bien sea porque todas o alguna de las partes ejerzan su derecho a dar por terminadas las actuaciones, comunic谩ndoselo al mediador, bien porque haya transcurrido el plazo m谩ximo acordado por las partes para la duraci贸n del procedimiento, as铆 como cuando el mediador aprecie de manera justificada que las posiciones de las partes son irreconciliables o concurra otra causa que determine su conclusi贸n.
Con la terminaci贸n del procedimiento se devolver谩n a cada parte los documentos que hubiere aportado. Con los documentos que no hubieren de devolverse a las partes, se formar谩 un expediente que deber谩 conservar y custodiar el mediador o, en su caso, la instituci贸n de mediaci贸n, una vez terminado el procedimiento, por un plazo de cuatro meses.
2. La renuncia del mediador a continuar el procedimiento o el rechazo de las partes a su mediador s贸lo producir谩 la terminaci贸n del procedimiento cuando no se llegue a nombrar un nuevo mediador.
3. El acta final determinar谩 la conclusi贸n del procedimiento y, en su caso, reflejar谩 los acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible, o su finalizaci贸n por cualquier otra causa.
El acta deber谩 ir firmada por todas las partes y por el mediador o mediadores y se entregar谩 un ejemplar original a cada una de ellas. En caso de que alguna de las partes no quisiera firma el acta, el mediador har谩 constar en la misma esta circunstancia, entregando un ejemplar a las partes que lo deseen.
Art铆culo 23. El acuerdo de mediaci贸n
1. El acuerdo de mediaci贸n puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las materias sometidas a la mediaci贸n.
En el acuerdo de mediaci贸n deber谩 constar la identidad y el domicilio de las partes, el lugar y fecha en que se suscribe, las obligaciones que cada parte asume y que se ha seguido un procedimiento de mediaci贸n ajustado a las previsiones de esta Ley, con indicaci贸n del mediador o mediadores que han intervenido y, en su caso, de la instituci贸n de mediaci贸n en la cual se ha desarrollado el procedimiento.
2. El acuerdo de mediaci贸n deber谩 firmarse por las partes o sus representantes.
3. Del acuerdo de mediaci贸n se entregar谩 un ejemplar a cada una de las partes, reserv谩ndose otro el mediador para su conservaci贸n.
El mediador informar谩 a las partes del car谩cter vinculante del acuerdo alcanzado y de que pueden instar su elevaci贸n a escritura p煤blica al objeto de configurar su acuerdo como un t铆tulo ejecutivo.
4. Contra lo convenido en el acuerdo de mediaci贸n s贸lo podr谩 ejercitarse la acci贸n de nulidad por las causas que invalidan los contratos.
Art铆culo 24. Actuaciones desarrolladas por medios electr贸nicos
1. Las partes podr谩n acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediaci贸n, incluida la sesi贸n constitutiva y las sucesivas que estimen conveniente, se lleven a cabo por medios electr贸nicos, por videoconferencia u otro medio an谩logo de transmisi贸n de la voz o la imagen, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de la mediaci贸n previstos en esta Ley.
2. La mediaci贸n que consista en una reclamaci贸n de cantidad que no exceda de 600 euros se desarrollar谩 preferentemente por medios electr贸nicos, salvo que el empleo de 茅stos no sea posible para alguna de las partes.
T脥TULO V-Ejecuci贸n de los acuerdos
Art铆culo 25. Formalizaci贸n del t铆tulo ejecutivo
1. Las partes podr谩n elevar a escritura p煤blica el acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediaci贸n.
El acuerdo de mediaci贸n se presentar谩 por las partes ante un notario acompa帽ado de copia de las actas de la sesi贸n constitutiva y final del procedimiento, sin que sea necesaria la presencia del mediador.
2. Para llevar a cabo la elevaci贸n a escritura p煤blica del acuerdo de mediaci贸n, el notario verificar谩 el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ley y que su contenido no es contrario a Derecho.
3. Cuando el acuerdo de mediaci贸n haya de ejecutarse en otro Estado, adem谩s de la elevaci贸n a escritura p煤blica, ser谩 necesario el cumplimiento de los requisitos que, en su caso, puedan exigir los convenios internacionales en que Espa帽a sea parte y las normas de la Uni贸n Europea.
4. Cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediaci贸n desarrollada despu茅s de iniciar un proceso judicial, las partes podr谩n solicitar del tribunal su homologaci贸n de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Art铆culo 26. Tribunal competente para la ejecuci贸n de los acuerdos de mediaci贸n
La ejecuci贸n de los acuerdos resultado de una mediaci贸n iniciada estando en curso un proceso se instar谩 ante el tribunal que homolog贸 el acuerdo.
Si se tratase de acuerdos formalizados tras un procedimiento de mediaci贸n ser谩 competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo de mediaci贸n, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del art铆culo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Art铆culo 27. Ejecuci贸n de los acuerdos de mediaci贸n transfronterizos
1. Sin perjuicio de lo que dispongan la normativa de la Uni贸n Europea y los convenios internacionales vigentes en Espa帽a, el reconocimiento y ejecuci贸n de un acuerdo de mediaci贸n se producir谩 en la forma prevista en la Ley de cooperaci贸n jur铆dica internacional en materia civil.
2. Un acuerdo de mediaci贸n que no haya sido declarado ejecutable por una autoridad extranjera s贸lo podr谩 ser ejecutado en Espa帽a previa elevaci贸n a escritura p煤blica por notario espa帽ol a solicitud de las partes, o de una de ellas con el consentimiento expreso de las dem谩s.
3. El documento extranjero no podr谩 ser ejecutado cuando resulte contrario al orden p煤blico espa帽ol.
Precepto modificado por Ley 29/2015, de 30 de julio, con entrada en vigor a partir del 20-8-2015
路 Modificado art铆culo 27
Redacci贸n hasta el 20-8-2015
1. Sin perjuicio de lo que dispongan la normativa de la Uni贸n Europea y los convenios internacionales vigentes en Espa帽a, un acuerdo de mediaci贸n que ya hubiera adquirido fuerza ejecutiva en otro Estado s贸lo podr谩 ser ejecutado en Espa帽a cuando tal fuerza ejecutiva derive de la intervenci贸n de una autoridad competente que desarrolle funciones equivalentes a las que desempe帽an las autoridades espa帽olas.
2. Un acuerdo de mediaci贸n que no haya sido declarado ejecutable por una autoridad extranjera s贸lo podr谩 ser ejecutado en Espa帽a previa elevaci贸n a escritura p煤blica por notario espa帽ol a solicitud de las partes, o de una de ellas con el consentimiento expreso de las dem谩s.
3. El documento extranjero no podr谩 ser ejecutado cuando resulte manifiestamente contrario al orden p煤blico espa帽ol.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Reconocimiento de instituciones o servicios de mediaci贸n
Las instituciones o servicios de mediaci贸n establecidos o reconocidos por las Administraciones p煤blicas de acuerdo con lo dispuesto en las leyes podr谩n asumir las funciones de mediaci贸n previstas en esta Ley siempre que cumplan las condiciones establecidas en la misma para actuar como instituciones de mediaci贸n.
Segunda. Impulso a la mediaci贸n
1. Las Administraciones p煤blicas competentes para la provisi贸n de medios materiales al servicio de la Administraci贸n de Justicia proveer谩n la puesta a disposici贸n de los 贸rganos jurisdiccionales y del p煤blico de informaci贸n sobre la mediaci贸n como alternativa al proceso judicial.
2. Las Administraciones p煤blicas competentes procurar谩n incluir la mediaci贸n dentro del asesoramiento y orientaci贸n gratuitos previos al proceso, previstos en el art铆culo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jur铆dica Gratuita, en la medida que permita reducir tanto la litigiosidad como sus costes.
Tercera. Escrituras p煤blicas de formalizaci贸n de acuerdos de mediaci贸n
Para el c谩lculo de los honorarios notariales de la escritura p煤blica de formalizaci贸n de los acuerdos de mediaci贸n se aplicar谩n los aranceles correspondientes a los 芦Documentos sin cuant铆a禄 previstos en el n煤mero 1 del anexo I del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los notarios.
Cuarta. Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad
Los procedimientos de mediaci贸n deber谩n garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. A tal fin, deber谩n atenerse a lo dispuesto en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminaci贸n de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administraci贸n General del Estado.
En especial se deber谩 garantizar la accesibilidad de los entornos, la utilizaci贸n de la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicaci贸n oral, el braille, la comunicaci贸n t谩ctil o cualquier otro medio o sistema que permita a las personas con discapacidad participar plenamente del proceso.
Los medios electr贸nicos a los que se refiere el art铆culo 24 de esta Ley deber谩n atenerse a las condiciones de accesibilidad previstas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci贸n y de comercio electr贸nico.
DISPOSICI脫N DEROGATORIA
脷nica
Queda derogado el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediaci贸n en asuntos civiles y mercantiles.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Modificaci贸n de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales
La letra 帽) del art铆culo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, pasa a tener la siguiente redacci贸n:
芦帽) Impulsar y desarrollar la mediaci贸n, as铆 como desempe帽ar funciones de arbitraje, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislaci贸n vigente.禄
Segunda. Modificaci贸n de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, B谩sica de las C谩maras Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci贸n
La letra i del apartado 1 del art铆culo 2 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, B谩sica de las C谩maras Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci贸n, pasa a tener la siguiente redacci贸n:
芦i) Impulsar y desarrollar la mediaci贸n, as铆 como desempe帽ar funciones de arbitraje mercantil, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislaci贸n vigente.禄
Tercera. Modificaci贸n de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Se modifican los art铆culos 19, 39, 63, 65, 66, 206, 335, 347, 395, 414, 415, 438, 440, 443, 517, 518, 539, 545, 548, 550, 556, 559, 576 y 580 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en los t茅rminos siguientes:
Uno. El apartado 1 del art铆culo 19 queda redactado en los siguientes t茅rminos:
芦1. Los litigantes est谩n facultados para disponer del objeto del juicio y podr谩n renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediaci贸n o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo proh铆ba o establezca limitaciones por razones de inter茅s general o en beneficio de tercero.禄
Dos. Se modifica el art铆culo 39, que pasa a tener la siguiente redacci贸n:
芦Art铆culo 39. Apreciaci贸n de la falta de competencia internacional o de jurisdicci贸n a instancia de parte
El demandado podr谩 denunciar mediante declinatoria la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicci贸n por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o por haberse sometido a arbitraje o mediaci贸n la controversia.禄
Tres. El p谩rrafo primero del apartado 1 del art铆culo 63 queda redactado del siguiente modo:
芦1. Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte leg铆tima en el juicio promovido podr谩n denunciar la falta de jurisdicci贸n del tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de 茅sta a tribunales extranjeros, a 贸rganos de otro orden jurisdiccional, a 谩rbitros o a mediadores.禄
Cuatro. Se da nueva redacci贸n al p谩rrafo segundo del apartado 2 del art铆culo 65:
芦Del mismo modo proceder谩 el tribunal si estimase la declinatoria fundada en haberse sometido el asunto a arbitraje o a mediaci贸n.禄
Cinco. El art铆culo 66 queda redactado de la siguiente forma:
芦Art铆culo 66. Recursos en materia de competencia internacional, jurisdicci贸n, sumisi贸n a arbitraje o mediaci贸n y competencia objetiva
1. Contra el auto absteni茅ndose de conocer por falta de competencia internacional, por pertenecer el asunto a tribunal de otro orden jurisdiccional, por haberse sometido el asunto a arbitraje o a mediaci贸n o por falta de competencia objetiva, cabr谩 recurso de apelaci贸n.
2. Contra el auto por el que se rechace la falta de competencia internacional, de jurisdicci贸n o de competencia objetiva, s贸lo cabr谩 recurso de reposici贸n, sin perjuicio de alegar la falta de esos presupuestos procesales en la apelaci贸n contra la sentencia definitiva.
Lo dispuesto en el p谩rrafo anterior ser谩 tambi茅n de aplicaci贸n cuando el auto rechace la sumisi贸n del asunto a arbitraje o a mediaci贸n.禄
Seis. Se modifica la regla 2.陋 del apartado 1 del art铆culo 206, que pasa a tener la siguiente redacci贸n:
芦2.陋 Se dictar谩n autos cuando se decidan recursos contra providencias o decretos, cuando se resuelva sobre admisi贸n o inadmisi贸n de demanda, reconvenci贸n, acumulaci贸n de acciones, admisi贸n o inadmisi贸n de la prueba, aprobaci贸n judicial de transacciones, acuerdos de mediaci贸n y convenios, medidas cautelares y nulidad o validez de las actuaciones.
Tambi茅n revestir谩n la forma de auto las resoluciones que versen sobre presupuestos procesales, anotaciones e inscripciones registrales y cuestiones incidentales, tengan o no se帽alada en esta Ley tramitaci贸n especial, siempre que en tales casos la ley exigiera decisi贸n del Tribunal, as铆 como las que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitaci贸n ordinaria, salvo que, respecto de estas 煤ltimas, la ley hubiera dispuesto que deban finalizar por decreto.禄
Siete. Se a帽ade un apartado 3 nuevo al art铆culo 335, con la siguiente redacci贸n:
芦3. Salvo acuerdo en contrario de las partes, no se podr谩 solicitar dictamen a un perito que hubiera intervenido en una mediaci贸n o arbitraje relacionados con el mismo asunto.禄
Ocho. El p谩rrafo segundo del apartado 1 del art铆culo 347 queda redactado de la forma siguiente:
芦El tribunal s贸lo denegar谩 las solicitudes de intervenci贸n que, por su finalidad y contenido, hayan de estimarse impertinentes o in煤tiles, o cuando existiera un deber de confidencialidad derivado de la intervenci贸n del perito en un procedimiento de mediaci贸n anterior entre las partes.禄
Nueve. El segundo p谩rrafo del apartado 1 del art铆culo 395 pasa a tener la siguiente redacci贸n:
芦Se entender谩 que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediaci贸n o dirigido contra 茅l demanda de conciliaci贸n.禄
Diez. Se sustituye el segundo p谩rrafo del apartado 1 del art铆culo 414 por los siguientes:
芦En esta convocatoria, si no se hubiera realizado antes, se informar谩 a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociaci贸n para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediaci贸n, en cuyo caso 茅stas indicar谩n en la audiencia su decisi贸n al respecto y las razones de la misma.
La audiencia se llevar谩 a cabo, conforme a lo establecido en los art铆culos siguientes, para intentar un acuerdo o transacci贸n de las partes que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecuci贸n de 茅ste y a su terminaci贸n mediante sentencia sobre su objeto, fijar con precisi贸n dicho objeto y los extremos, de hecho o de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y admitir la prueba.
En atenci贸n al objeto del proceso, el tribunal podr谩 invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a trav茅s de un procedimiento de mediaci贸n, inst谩ndolas a que asistan a una sesi贸n informativa.禄
Once. Los apartados 1 y 3 del art铆culo 415 pasan a tener la siguiente redacci贸n:
芦1. Comparecidas las partes, el tribunal declarar谩 abierto el acto y comprobar谩 si subsiste el litigio entre ellas.
Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, podr谩n desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado.
Las partes de com煤n acuerdo podr谩n tambi茅n solicitar la suspensi贸n del proceso de conformidad con lo previsto en el art铆culo 19.4, para someterse a mediaci贸n o arbitraje.
En este caso, el tribunal examinar谩 previamente la concurrencia de los requisitos de capacidad jur铆dica y poder de disposici贸n de las partes o de sus representantes debidamente acreditados, que asistan al acto.禄
芦3. Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, la audiencia continuar谩 seg煤n lo previsto en los art铆culos siguientes.
Cuando se hubiera suspendido el proceso para acudir a mediaci贸n, terminada la misma, cualquiera de las partes podr谩 solicitar que se alce la suspensi贸n y se se帽ale fecha para la continuaci贸n de la audiencia.禄
Doce. Se a帽ade una excepci贸n 4.陋 al apartado 3 del art铆culo 438, con la siguiente redacci贸n:
芦4.陋 En los procedimientos de separaci贸n, divorcio o nulidad y en los que tengan por objeto obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesi谩sticas, cualquiera de los c贸nyuges podr谩 ejercer simult谩neamente la acci贸n de divisi贸n de la cosa com煤n respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos bienes en r茅gimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los c贸nyuges lo solicitare, el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlos.禄
Trece. El apartado 1 del art铆culo 440 queda redactado como sigue:
芦El secretario judicial, examinada la demanda, la admitir谩 o dar谩 cuenta de ella al tribunal para que resuelva lo que proceda conforme a lo previsto en el art铆culo 404. Admitida la demanda, el secretario judicial citar谩 a las partes para la celebraci贸n de vista en el d铆a y hora que a tal efecto se帽ale, debiendo mediar diez d铆as, al menos, desde el siguiente a la citaci贸n y sin que puedan exceder de veinte.
En la citaci贸n se informar谩 a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociaci贸n para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediaci贸n, en cuyo caso 茅stas indicar谩n en la audiencia su decisi贸n al respecto y las razones de la misma.
En la citaci贸n se har谩 constar que la vista no se suspender谩 por inasistencia del demandado y se advertir谩 a los litigantes que han de concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevenci贸n de que si no asistieren y se propusiere y admitiere su declaraci贸n, podr谩n considerarse admitidos los hechos del interrogatorio conforme a lo dispuesto en el art铆culo 304. Asimismo, se prevendr谩 a demandante y demandado de lo dispuesto, en el art铆culo 442, para el caso de que no comparecieren a la vista.
La citaci贸n indicar谩 tambi茅n a las partes que, en el plazo de los tres d铆as siguientes a la recepci贸n de la citaci贸n, deben indicar las personas que por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el secretario judicial a la vista para que declaren en calidad de partes o de testigos. A tal fin, facilitar谩n todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citaci贸n. En el mismo plazo de tres d铆as podr谩n las partes pedir respuestas escritas a cargo de personas jur铆dicas o entidades p煤blicas, por los tr谩mites establecidos en el art铆culo 381 de esta Ley.禄
Catorce. El apartado 3 del art铆culo 443 queda redactado como sigue:
芦3. O铆do el demandante sobre las cuestiones a que se refiere el apartado anterior, as铆 como las que considerare necesario proponer acerca de la personalidad y representaci贸n del demandado, el tribunal resolver谩 lo que proceda y, si manda proseguir el juicio, el demandado podr谩 pedir que conste en acta su disconformidad, a los efectos de apelar contra la sentencia que en definitiva recaiga.
En atenci贸n al objeto del proceso, el tribunal podr谩 invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso, a trav茅s de un procedimiento de mediaci贸n, inst谩ndolas a que asistan a una sesi贸n informativa. Las partes de com煤n acuerdo podr谩n tambi茅n solicitar la suspensi贸n del proceso de conformidad con lo previsto en el art铆culo 19.4, para someterse a mediaci贸n o arbitraje.禄
Quince. El n煤mero 2 del apartado 2 del art铆culo 517 pasa a tener la siguiente redacci贸n:
芦2. Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediaci贸n, debiendo estos 煤ltimos haber sido elevados a escritura p煤blica de acuerdo con la Ley de mediaci贸n en asuntos civiles y mercantiles.禄
Diecis茅is. El art铆culo 518 pasa a tener la siguiente redacci贸n:
芦Art铆culo 518. Caducidad de la acci贸n ejecutiva fundada en sentencia judicial, o resoluci贸n arbitral o acuerdo de mediaci贸n
La acci贸n ejecutiva fundada en sentencia, en resoluci贸n del tribunal o del secretario judicial que apruebe una transacci贸n judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en resoluci贸n arbitral o en acuerdo de mediaci贸n caducar谩 si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco a帽os siguientes a la firmeza de la sentencia o resoluci贸n.禄
Diecisiete. Se a帽ade un nuevo p谩rrafo al apartado 1 del art铆culo 539, con la siguiente redacci贸n:
芦Para la ejecuci贸n derivada de un acuerdo de mediaci贸n o un laudo arbitral se requerir谩 la intervenci贸n de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache ejecuci贸n sea superior a 2.000 euros.禄
Dieciocho. El apartado 2 del art铆culo 545 queda redactado en los siguientes t茅rminos:
芦2. Cuando el t铆tulo sea un laudo arbitral o un acuerdo de mediaci贸n, ser谩 competente para denegar o autorizar la ejecuci贸n y el correspondiente despacho el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado el laudo o se hubiera firmado el acuerdo de mediaci贸n.禄
Diecinueve. Se modifica el art铆culo 548:
芦Art铆culo 548. Plazo de espera de la ejecuci贸n de resoluciones procesales o arbitrales o de acuerdos de mediaci贸n
No se despachar谩 ejecuci贸n de resoluciones procesales o arbitrales o de acuerdos de mediaci贸n, dentro de los veinte d铆as posteriores a aquel en que la resoluci贸n de condena sea firme, o la resoluci贸n de aprobaci贸n del convenio o de firma del acuerdo haya sido notificada al ejecutado.禄
Veinte. Se a帽ade un nuevo p谩rrafo al ordinal 1.潞 del apartado 1 del art铆culo 550, con la siguiente redacci贸n:
芦Cuando el t铆tulo sea un acuerdo de mediaci贸n elevado a escritura p煤blica, se acompa帽ar谩, adem谩s, copia de las actas de la sesi贸n constitutiva y final del procedimiento.禄
Veintiuno. Se modifica la r煤brica y el p谩rrafo primero del apartado 1 del art铆culo 556, que pasan a tener la siguiente redacci贸n:
芦Art铆culo 556. Oposici贸n a la ejecuci贸n de resoluciones procesales o arbitrales o de los acuerdos de mediaci贸n
1. Si el t铆tulo ejecutivo fuera una resoluci贸n procesal o arbitral de condena o un acuerdo de mediaci贸n, el ejecutado, dentro de los diez d铆as siguientes a la notificaci贸n del auto en que se despache ejecuci贸n, podr谩 oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que habr谩 de justificar documentalmente.禄
Veintid贸s. Se da nueva redacci贸n al ordinal 3.潞 del apartado 1 del art铆culo 559:
芦3.潞 Nulidad radical del despacho de la ejecuci贸n por no contener la sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos de condena, o porque el laudo o el acuerdo de mediaci贸n no cumpla los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecuci贸n, o por infracci贸n, al despacharse ejecuci贸n, de lo dispuesto en el art铆culo 520.禄
Veintitr茅s. El apartado 3 del art铆culo 576 queda redactado de la siguiente forma:
芦3. Lo establecido en los anteriores apartados ser谩 de aplicaci贸n a todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional, los laudos arbitrales y los acuerdos de mediaci贸n que impongan el pago de cantidad l铆quida, salvo las especialidades legalmente previstas para las Haciendas P煤blicas.禄
Veinticuatro. Se da nueva redacci贸n al art铆culo 580, que queda redactado de la siguiente forma:
芦Art铆culo 580. Casos en que no procede el requerimiento de pago
Cuando el t铆tulo ejecutivo consista en resoluciones del secretario judicial, resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, o acuerdos de mediaci贸n, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero, no ser谩 necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes.禄
Cuarta. Modificaci贸n de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales
Se modifican el art铆culo 2 y la disposici贸n transitoria 煤nica y se a帽aden dos nuevas disposiciones adicionales, octava y novena, a la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, en los t茅rminos siguientes:
Uno. Se modifica el apartado 3 del art铆culo 2, que queda redactado en los siguientes t茅rminos:
芦Los t铆tulos profesionales regulados en esta Ley ser谩n expedidos por el Ministerio de Justicia.禄
Dos. Se a帽ade una nueva disposici贸n adicional octava, con la siguiente redacci贸n:
芦Disposici贸n adicional octava. Licenciados en Derecho.
Los t铆tulos profesionales que se regulan en esta Ley no ser谩n exigibles a quienes obtengan un t铆tulo de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre que en el plazo m谩ximo de dos a帽os, a contar desde el momento en que se encuentren en condiciones de solicitar la expedici贸n del t铆tulo oficial de licenciado en Derecho, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.禄
Tres. Se a帽ade una nueva disposici贸n adicional novena, con la siguiente redacci贸n:
芦Disposici贸n adicional novena. T铆tulos extranjeros homologados.
Los t铆tulos profesionales que se regulan en esta Ley no ser谩n exigibles a quienes en el momento de entrada en vigor de la presente Ley hubieran solicitado la homologaci贸n de su t铆tulo extranjero al de licenciado en Derecho, siempre que en el plazo m谩ximo de dos a帽os, a contar desde el momento en que obtengan dicha homologaci贸n, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.禄
Cuatro. Se modifica el apartado 3 de la disposici贸n transitoria 煤nica, que queda redactado en los siguientes t茅rminos:
芦3. Quienes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley se encontraran en posesi贸n del t铆tulo de licenciado o grado en Derecho o en condiciones de solicitar su expedici贸n y no estuvieran comprendidos en el apartado anterior, dispondr谩n de un plazo m谩ximo de dos a帽os, a contar desde su entrada en vigor, para proceder a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes, sin que les sea exigible la obtenci贸n de los t铆tulos profesionales que en ella se regulan.禄
Quinta. T铆tulo competencial
Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislaci贸n mercantil, procesal y civil, establecida en el art铆culo 149.1.6.陋 y 8.陋 de la Constituci贸n. No obstante lo anterior, la modificaci贸n de la Ley 34/2006 se efect煤a al amparo del art铆culo 149.1.1.陋, 6.陋 y 30.陋 de la Constituci贸n.
Sexta. Incorporaci贸n de normas de la Uni贸n Europea
Mediante esta Ley se incorpora al Derecho espa帽ol la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediaci贸n en asuntos civiles y mercantiles.
S茅ptima. Procedimiento simplificado de mediaci贸n por medios electr贸nicos para reclamaciones de cantidad
El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, promover谩 la resoluci贸n de los conflictos que versen sobre reclamaciones de cantidad a trav茅s de un procedimiento de mediaci贸n simplificado que se desarrollar谩 exclusivamente por medios electr贸nicos. Las pretensiones de las partes, que en ning煤n caso se referir谩n a argumentos de confrontaci贸n de derecho, quedar谩n reflejadas en los formularios de solicitud del procedimiento y su contestaci贸n que el mediador o la instituci贸n de mediaci贸n facilitar谩n a los interesados. El procedimiento tendr谩 una duraci贸n m谩xima de un mes, a contar desde el d铆a siguiente a la recepci贸n de la solicitud y ser谩 prorrogable por acuerdo de las partes.
Octava. Desarrollo reglamentario del control del cumplimiento de los requisitos de la mediaci贸n exigidos en la Ley
1. El Gobierno, a iniciativa del Ministro de Justicia, podr谩 prever reglamentariamente los instrumentos que se consideren necesarios para la verificaci贸n del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ley a los mediadores y a las instituciones de mediaci贸n, as铆 como de su publicidad. Estos instrumentos podr谩n incluir la creaci贸n de un Registro de Mediadores y de Instituciones de Mediaci贸n, dependiente del Ministerio de Justicia y coordinado con los Registros de Mediaci贸n de las Comunidades Aut贸nomas, y en el que en atenci贸n al incumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley se podr谩 dar de baja a un mediador.
2. El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, podr谩 determinar la duraci贸n y contenido m铆nimo del curso o cursos que con car谩cter previo habr谩n de realizar los mediadores para adquirir la formaci贸n necesaria para el desempe帽o de la mediaci贸n, as铆 como la formaci贸n continua que deben recibir.
Reglamentariamente se podr谩 desarrollar el alcance de la obligaci贸n de aseguramiento de la responsabilidad civil de los mediadores.
Novena. Evaluaci贸n de las medidas adoptadas por la presente Ley
El Gobierno deber谩 remitir a las Cortes Generales, en el plazo de dos a帽os, un informe sobre la aplicaci贸n, la efectividad y los efectos del conjunto de medidas adoptadas por la presente Ley a los efectos de evaluar su funcionamiento.
Dicho informe incluir谩 asimismo la posible adopci贸n de otras medidas, tanto sustantivas como procedimentales, que, a trav茅s de las oportunas iniciativas, mejoren la mediaci贸n en asuntos civiles y mercantiles.
D茅cima. Entrada en vigor
La presente Ley entrar谩 en vigor a los veinte d铆as de su publicaci贸n en el 芦Bolet铆n Oficial del Estado禄.