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Informes y Conclusiones. Abril 2022

SP/DOCT/108072

Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia

Ministerio de Justicia

RESUMEN Texto del Proyecto de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia aprobado en el Consejo de Ministros del martes 12 de abril de 2022.

Este Proyecto, que se encuentra en tramitación Parlamentaria, tiene como objetivo agilizar la actividad de la Justicia en términos estructurales, facilitar la cohesión social y contribuir a un sistema de Justicia más sostenible, según ha explicado Llop. Para ello, introduce los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y reforma las leyes procesales.

La norma establece un requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles, que exige haber intentado una solución consensuada con carácter previo a la interposición de la demanda. Las partes podrán cumplir dicho requisito mediante la negociación directa entre las partes, la opinión de un experto independiente, la conciliación, la mediación o una oferta vinculante confidencial.

Este proyecto de ley regula también las medidas imprescindibles para la digitalización, adaptando la legislación española a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Dichas medidas de agilización procesal se introducen básicamente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882; en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social; y en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

Text of the Project of Procedural Efficiency of the Public Service of Justice approved in the Council of Ministers on Tuesday, April 12, 2022. This Project, which is currently in Parliamentary proceedings, aims to streamline the activity of Justice in structural terms, facilitate social cohesion and contribute to a more sustainable Justice system, as Llop explained. To this end, it introduces appropriate means of dispute resolution (ADR) and reforms procedural laws. The regulation establishes a procedural requirement in civil and commercial proceedings, which requires a consensual solution to have been attempted prior to the filing of the lawsuit. The parties may meet this requirement through direct negotiation between the parties, an independent expert opinion, conciliation, mediation or a confidential binding offer. This bill also regulates the essential measures for digitalization, adapting Spanish legislation to the new information and communication technologies. Such procedural streamlining measures are basically introduced in the Criminal Procedure Law, approved by Royal Decree of September 14, 1882; in Law 29/1998, of July 13, regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction; in Law 1/2000, of January 7, on Civil Procedure; in Law 36/2011, of October 10, regulating the Social Jurisdiction; and in Law 15/2015, of July 2, on Voluntary Jurisdiction.

PALABRAS CLAVE Medidas de eficiencia procesal, reformas procesales, Ley de Emjuiciamiento Criminal, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley reguladora de la Jurisdicción Social, Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley de Jurisdicción Voluntaria, Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, COVID-19

Procedural efficiency measures, procedural reforms, Law on Criminal Procedure, Law on Civil Procedure, Law regulating Social Jurisdiction, Law regulating Contentious-Administrative Jurisdiction, Law on Voluntary Jurisdiction, Law on Free Legal Assistance, COVID-19

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