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Artículo Monográfico. Marzo 2010

SP/DOCT/13378

Comentario Artículo 335. Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o promesa de actuar con objetividad. LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Ángel Vicente Illescas Rus. Magistrado Sección 10.ª Audiencia Provincial Madrid

Concordancias
· LEC de 1881. Arts. 610; 613 y 618.
· LEC. Arts. 124-128; 169.4; 264; 281; 289.3; 299; 338; 339; 340; 342; 343; 348; 427 y 429.
· CC. Arts. 1; 3; 1.092; 1.101; 1.242; 1.243; 1.583 y 1.902.
· LOPJ. Arts. 183; 192-194 y 292.
· CP. Arts. 205; 208-210; 390 y ss.; 403; 412.1; 413; 419; 422; 456; 459; 463.1; 556, 558; 633 y 634.
Comentario
I. Objeto y función del dictamen de peritos
1. Objeto
Como acontece con tantos otros preceptos de la LEC 1/2000, en los destinados a disciplinar la "prueba pericial" es sobremanera evidente la improvisación y las deficiencias de técnica legislativa, lo que ha dado lugar a una regulación innecesariamente oblicua.
En la rúbrica de esta norma se hace referencia a la "finalidad del dictamen de peritos", de lo que trata el apdo. 1, y al "Juramento o promesa de actuar con objetividad", de lo que trata el apdo. 2. En cambio, del objeto, que también se menciona en el rótulo, se ocupa sólo de forma tangencial: "(...) hechos o circunstancias relevantes en el asunto". Y aunque no se haga referencia alguna en aquél, su contenido más importante no es otro que establecer, en realidad, dos clases diferentes de dictámenes periciales.
La norma del apdo. 1 se pronuncia con notable ambigüedad a propósito del objeto sobre el que pueden recaer los dictámenes, lo que afecta a la determinación de los casos en que resulta procedente este medio de prueba. Se alude, casi de pasada, a "hechos o circunstancias relevantes en el asunto". Esta mención es menos explícita que la incorporada por algunos de sus precedentes legislativos: así, v. gr., la Novísima Recopilación (Ley 1.ª, Título 21, Libro 10) prohibió a los jueces nombrar contadores u otros peritos para ningún artículo que consista en Derecho, ni para otra cosa que ellos puedan determinar por el proceso, sino que solamente se nombren para cosa que cons
ista en cuantía o tasación, o en pericia de persona o arte. También la Ley de Enjuiciamiento para negocios de Comercio de 1830 ya había precisado que "el juicio de expertos no puede tener lugar sobre puntos de derecho". Por ello debe ser suplida por la contenida con carácter general en el art. 281 LEC 1/2000 ["(...) hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso (...)" (apdo. 1), siempre

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