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Referencia: SP/LEG/21221

REAL DECRETO-LEY 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protecci贸n de consumidores en materia de cl谩usulas suelo

贸rgano emisor: JEFATURA DEL ESTADO
publicaci贸n: B.O.E. num. 18 - 21/01/2017
entrada en vigor: 21/01/2017
El presente Real Decreto Ley se convalida por Resoluci贸n de 31 de enero de 2017, del Congreso de los Diputados (BOE n.潞 32, de 7 de febrero de 2017).
PRE脕MBULO
I
En los 煤ltimos a帽os desde el Gobierno y las Cortes Generales se han abordado un gran n煤mero de iniciativas que regulan distintos aspectos de los cr茅ditos hipotecarios, especialmente para paliar y afrontar la problem谩tica social de las ejecuciones hipotecarias y la vivienda, agudizada por la crisis econ贸mica que ha atravesado Espa帽a. La regulaci贸n de la Uni贸n Europea de protecci贸n de los consumidores y los pronunciamientos de los tribunales nacionales y del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea han servido tambi茅n para que la normativa espa帽ola haya realizado avances significativos en esta materia.
Siguiendo esta l铆nea, el presente real decreto-ley pretende avanzar en las medidas dirigidas a la protecci贸n a los consumidores estableciendo un cauce que les facilite la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de cr茅dito con las que tienen suscrito un contrato de pr茅stamo o cr茅dito con garant铆a hipotecaria que solucionen las controversias que se pudieran suscitar como consecuencia de los 煤ltimos pronunciamientos judiciales en materia de cl谩usulas suelo y, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea de 21 de diciembre de 2016, en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15.
II
El 9 de mayo de 2013 el Tribunal Supremo analiz贸 en su sentencia n.潞 241/2013, en el marco de una acci贸n colectiva ejercitada por una asociaci贸n de consumidores contra varias entidades bancarias, el car谩cter abusivo de las cl谩usulas suelo, declarando su nulidad. Sin embargo, la declaraci贸n de nulidad no afectar铆a ni a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a las cantidades satisfechas antes del 9 de mayo de 2013.
El Tribunal Supremo consider贸 que las cl谩usulas examinadas, las denominadas cl谩usulas suelo, si bien superaban el control de transparencia formal a efectos de su inclusi贸n como condici贸n general de los contratos, no superaban en cambio el control de transparencia material exigible en las cl谩usulas de los contratos suscritos con consumidores, y declar贸 la nulidad de las cl谩usulas, pero no de los contratos en los que se insertaban, cuya subsistencia mantuvo pese a aquella declaraci贸n de nulidad parcial.
El Tribunal Supremo limit贸 temporalmente la retroactividad y se fund贸 en tres motivos: i) las cl谩usulas suelo no se consideran abusivas en s铆 mismas, sino que su abusividad deriva de la falta de transparencia material o sustantiva sobre el concreto contenido en su incorporaci贸n al contrato; ii) la buena fe del c铆rculo de los interesados 鈥搕oda vez que las entidades de cr茅dito hab铆an cumplido con la normativa sectorial sobre transparencia鈥; y iii) el hecho, que el Tribunal Supremo calific贸 como notorio, de que dicha retroactividad causar铆a grave trastorno al orden p煤blico econ贸mico.
La limitaci贸n de la eficacia retroactiva fue confirmada por el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de marzo de 2015 en el seno de una acci贸n individual interpuesta frente a una de las entidades parte en el proceso judicial resuelto por la sentencia de 9 de mayo de 2013. Fij贸 como doctrina que, cuando en aplicaci贸n de la doctrina fijada en la sentencia de 2013 se declare abusiva una cl谩usula suelo, la devoluci贸n al prestatario se efectuar谩 a partir de la fecha de publicaci贸n de la sentencia de 2013.
No obstante, diversos tribunales espa帽oles cuestionaron ante el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la base del Derecho de la Uni贸n Europea mediante diversos reenv铆os prejudiciales. El 21 de diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea ha dictado sentencia en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C- 308/15 dando respuesta esas cuestiones prejudiciales.
En ella, el Tribunal de Justicia ha fallado que el art铆culo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, sobre cl谩usulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaraci贸n del car谩cter abusivo, en el sentido del art铆culo 3, apartado 1, de dicha directiva, de una cl谩usula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicaci贸n de tal cl谩usula con posterioridad al pronunciamiento de la resoluci贸n judicial mediante la que se declar贸 el car谩cter abusivo de la cl谩usula en cuesti贸n.
El Tribunal de Justicia ha fundamentado el fallo en dos razonamientos esenciales. En primer lugar, la sentencia considera que la apreciaci贸n de la abusividad por falta de transparencia material que realiz贸 el Tribunal Supremo tiene por fundamento el art铆culo 4, apartado 2 de la directiva en relaci贸n con el art铆culo 3, y que no cabe apreciar que el Tribunal Supremo hubiera ido m谩s all谩 del 谩mbito definido por la propia directiva. Y, en segundo lugar, afirma que la cl谩usula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de modo que ha de restaurarse la situaci贸n de hecho y de Derecho en que se encontrar铆a el consumidor en esta situaci贸n, toda vez que, de otro modo, se pondr铆a en cuesti贸n el efecto disuasorio pretendido por el art铆culo 6 de la mencionada norma europea.
III
Como es previsible que el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea suponga el incremento de las demandas de consumidores afectados solicitando la restituci贸n de las cantidades pagadas en aplicaci贸n de las cl谩usulas suelo, resulta de extraordinaria y urgente necesidad arbitrar un cauce sencillo y ordenado, de car谩cter voluntario para el consumidor, que facilite que pueda llegar a un acuerdo con la entidad de cr茅dito que les permita solucionar sus diferencias mediante la restituci贸n de dichas cantidades.
En este sentido, es importante resaltar que la medida trata, adem谩s, de evitar que se produzca un aumento de los litigios que tendr铆an que ser afrontados por la jurisdicci贸n civil, con un elevado coste a la Administraci贸n de Justicia por cada pleito y un impacto perjudicial para su funcionamiento en forma de incremento sustancial del tiempo de duraci贸n de los procedimientos.
Con esta reforma se pretende una intervenci贸n y regulaci贸n m铆nima, dando a los consumidores un instrumento que les permita obtener una r谩pida respuesta a sus reclamaciones. En esta l铆nea es preferible una previsi贸n especial y coyuntural, adicional a las normas procesales, mercantiles y civiles. Seg煤n la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en ausencia de normas de la Uni贸n Europea para el reconocimiento de un derecho reconocido por el Derecho de la Uni贸n, corresponde al sistema jur铆dico interno de cada Estado miembro, de conformidad con el principio de autonom铆a procesal, designar los 贸rganos competentes y establecer la regulaci贸n procedimental de los recursos destinados a la salvaguardia de esos derechos. No obstante, los Estados miembros son responsables de garantizar que esos derechos sean protegidos de manera efectiva en cada caso. La decisi贸n de la autoridad se rige por el derecho nacional a condici贸n, sin embargo, de que sus disposiciones no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares de car谩cter interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la pr谩ctica o excesivamente dif铆cil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jur铆dico de la Uni贸n (principio de efectividad).
Las medidas que se adoptan respetan las exigencias de estos principios. Desde el punto de vista del principio de equivalencia, se trata de medidas adicionales a las establecidas en el ordenamiento jur铆dico, con el fin de facilitar una soluci贸n 谩gil y satisfactoria para el consumidor. Desde el punto de vista del principio de efectividad, las medidas no solo facilitan en la pr谩ctica el restablecimiento de los derechos de los consumidores, sino que adem谩s dejan a salvo el derecho del consumidor a obtener una tutela judicial efectiva de su derecho ante los Tribunales nacionales.
El principio inspirador del mecanismo que se pone en marcha es la voluntariedad a la hora de acceder a un procedimiento de soluci贸n extrajudicial con car谩cter previo a la interposici贸n de la demanda judicial, sin coste adicional para el consumidor e imperativo de atender por parte de las entidades de cr茅dito. Dicha voluntariedad consigue evitar un posible conflicto con una interpretaci贸n exigente del derecho de acceso a la jurisdicci贸n del art铆culo 24 de la Constituci贸n Espa帽ola. No obstante, se prev茅 que, durante el tiempo en que se sustancie la reclamaci贸n previa, las partes no podr谩n ejercitar contra la otra ninguna acci贸n judicial o extrajudicial en relaci贸n con su objeto, con el 谩nimo de evitar pr谩cticas de mala fe que solo persiguieran desde un primer momento entablar acciones judiciales.
Con el fin de determinar si la cl谩usula suelo est谩 incluida en el 谩mbito de aplicaci贸n de este real decreto-ley, se consideran como criterios a destacar, entre otros, los establecidos en la citada sentencia del Tribunal Supremo n.潞 241/2013: la creaci贸n de la apariencia de un contrato de pr茅stamo a inter茅s variable en el que las oscilaciones a la baja del 铆ndice de referencia, repercutir谩n en una disminuci贸n del precio del dinero; la falta de informaci贸n suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato; la creaci贸n de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestaci贸n inescindible la fijaci贸n de un techo; su eventual ubicaci贸n entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atenci贸n del consumidor; la ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de inter茅s en el momento de contratar, en fase precontractual; y la inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad.
En fase judicial, se establecen medidas respecto a las costas procesales que incentiven el reconocimiento extrajudicial del derecho del consumidor y el allanamiento por parte de las entidades de cr茅dito. En suma, las medidas adoptadas persiguen que el consumidor vea restablecido su derecho en el plazo m谩s breve posible evit谩ndole tener que agotar un proceso judicial que se dilate en el tiempo.
Adicionalmente, se regula el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devoluci贸n de las cl谩usulas de limitaci贸n de tipos de inter茅s de pr茅stamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras, a cuyo fin se modifica la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas.
IV
Por todo ello, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza, finalidad y por el contexto en que se dictan, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art铆culo 86 de la Constituci贸n Espa帽ola como presupuesto habilitante para recurrir a este tipo de norma.
En su virtud, en uso de la autorizaci贸n contenida en el art铆culo 86 de la Constituci贸n, a propuesta del Ministro de Econom铆a, Industria y Competitividad y del Ministro de Justicia, y previa deliberaci贸n del Consejo de Ministros en su reuni贸n del d铆a 20 de enero de 2017,
DISPONGO:
Art铆culo 1. Objeto
El presente real decreto-ley tiene como objeto el establecimiento de medidas que faciliten la devoluci贸n de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de cr茅dito en aplicaci贸n de determinadas cl谩usulas suelo contenidas en contratos de pr茅stamo o cr茅dito garantizados con hipoteca inmobiliaria.
Art铆culo 2. 脕mbito de aplicaci贸n
1. Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicar谩n a los contratos de pr茅stamo o cr茅dito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una cl谩usula suelo cuyo prestatario sea un consumidor.
2. Se entender谩 por consumidor cualquier persona f铆sica que re煤na los requisitos previstos en el art铆culo 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
3. Se entender谩 por cl谩usula suelo cualquier estipulaci贸n incluida en un contrato de pr茅stamo o cr茅dito garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de pr茅stamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de inter茅s del contrato.
Art铆culo 3. Reclamaci贸n previa
1. Las entidades de cr茅dito deber谩n implantar un sistema de reclamaci贸n previa a la interposici贸n de demandas judiciales, que tendr谩 car谩cter voluntario para el consumidor y cuyo objeto ser谩 atender a las peticiones que 茅stos formulen en el 谩mbito de este real decreto-ley. Las entidades de cr茅dito deber谩n garantizar que ese sistema de reclamaci贸n es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cl谩usula suelo en su pr茅stamo hipotecario.
2. Recibida la reclamaci贸n, la entidad de cr茅dito deber谩 efectuar un c谩lculo de la cantidad a devolver y remitirle una comunicaci贸n al consumidor desglosando dicho c谩lculo; en ese desglose la entidad de cr茅dito deber谩 incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses. En el caso en que la entidad considere que la devoluci贸n no es procedente, comunicar谩 las razones en que se motiva su decisi贸n, en cuyo caso se dar谩 por concluido el procedimiento extrajudicial.
3. El consumidor deber谩 manifestar si est谩 de acuerdo con el c谩lculo. Si lo estuviera, la entidad de cr茅dito acordar谩 con el consumidor la devoluci贸n del efectivo.
4. El plazo m谩ximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se ponga a disposici贸n del primero la cantidad a devolver ser谩 de tres meses a contar desde la presentaci贸n de la reclamaci贸n. A efectos de que el consumidor pueda adoptar las medidas que estime oportunas, se entender谩 que el procedimiento extrajudicial ha concluido sin acuerdo:
a) Si la entidad de cr茅dito rechaza expresamente la solicitud del consumidor.
b) Si finaliza el plazo de tres meses sin comunicaci贸n alguna por parte de la entidad de cr茅dito al consumidor reclamante.
c) Si el consumidor no est谩 de acuerdo con el c谩lculo de la cantidad a devolver efectuado por la entidad de cr茅dito o rechaza la cantidad ofrecida.
d) Si transcurrido el plazo de tres meses no se ha puesto a disposici贸n del consumidor de modo efectivo la cantidad ofrecida.
5. Las entidades de cr茅dito informar谩n a sus clientes de que las devoluciones acordadas pueden generar obligaciones tributarias. Asimismo, comunicar谩n a la Agencia Estatal de la Administraci贸n Tributaria la informaci贸n relativa a las devoluciones acordadas.
6. Las partes no podr谩n ejercitar entre s铆 ninguna acci贸n judicial o extrajudicial en relaci贸n con el objeto de la reclamaci贸n previa durante el tiempo en que esta se sustancie. Si se interpusiera demanda con anterioridad a la finalizaci贸n del procedimiento y con el mismo objeto que la reclamaci贸n de este art铆culo, cuando se tenga constancia, se producir谩 la suspensi贸n del proceso hasta que se resuelva la reclamaci贸n previa.
Art铆culo 4. Costas procesales
1. Solamente si el consumidor rechazase el c谩lculo de la cantidad a devolver o declinase, por cualquier motivo, la devoluci贸n del efectivo e interpusiera posteriormente demanda judicial en la que obtuviese una sentencia m谩s favorable que la oferta recibida de dicha entidad, se impondr谩 la condena en costas a esta.
2. Si el consumidor interpusiere una demanda frente a una entidad de cr茅dito sin haber acudido al procedimiento extrajudicial del art铆culo 3, regir谩n las siguientes reglas:
a) En caso de allanamiento de la entidad de cr茅dito antes de la contestaci贸n a la demanda, se considerar谩 que no concurre mala fe procesal, a efectos de lo previsto en el art铆culo 395.1 segundo p谩rrafo, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
b) En el caso de allanamiento parcial de la entidad de cr茅dito antes de la contestaci贸n a la demanda, siempre que consigne la cantidad a cuyo abono se comprometa, solo se le podr谩 imponer la condena en costas si el consumidor obtuviera una sentencia cuyo resultado econ贸mico fuera m谩s favorable que la cantidad consignada.
3. En lo no previsto en este precepto, se estar谩 a lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. R茅gimen de adaptaci贸n de las entidades de cr茅dito
1. Las entidades de cr茅dito deber谩n adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las previsiones contenidas en este real decreto-ley en el plazo de un mes y estar谩n obligadas a articular procedimientos 谩giles que les permitan la r谩pida resoluci贸n de las reclamaciones.
2. Las entidades deber谩n disponer de un departamento o servicio especializado que tenga por objeto atender las reclamaciones presentadas en el 谩mbito de este real decreto-ley, y deber谩n poner a disposici贸n de sus clientes, en todas las oficinas abiertas al p煤blico, as铆 como en sus p谩ginas web, la informaci贸n siguiente:
a) La existencia del departamento o servicio, con indicaci贸n de su direcci贸n postal y electr贸nica, encargado de la resoluci贸n de las reclamaciones.
b) La obligaci贸n por parte de la entidad de atender y resolver las reclamaciones presentadas por sus clientes, en el plazo de tres meses desde su presentaci贸n en el departamento o servicio correspondiente.
c) Referencias a la normativa de transparencia y protecci贸n del cliente de servicios financieros.
d) La existencia de este procedimiento, con una descripci贸n concreta de su contenido, y la posibilidad de acogerse a 茅l para aquellos clientes que tengan las cl谩usulas suelo a que se refiere este real decreto-ley incluidas en sus contratos.
3. Los consumidores incluidos en el 谩mbito de aplicaci贸n de este real decreto-ley podr谩n presentar sus reclamaciones desde su entrada en vigor. El plazo de tres meses previsto en el art铆culo 3.4 no comenzar谩 a contar hasta la efectiva adopci贸n de las medidas necesarias para su cumplimiento, o haya transcurrido un mes sin que la entidad hubiera puesto en marcha el departamento correspondiente.
Segunda. Medidas compensatorias distintas de la devoluci贸n del efectivo
1. A los efectos de lo previsto en el art铆culo 3, una vez convenida la cantidad a devolver, el consumidor y la entidad de cr茅dito podr谩n acordar la adopci贸n de una medida compensatoria distinta de la devoluci贸n del efectivo. En este caso la entidad de cr茅dito deber谩 suministrarle una valoraci贸n que le permita conocer el efecto de la medida compensatoria y concederle un plazo de quince d铆as para que manifieste su conformidad.
2. La aceptaci贸n de una medida compensatoria requerir谩 que el consumidor haya recibido informaci贸n suficiente y adecuada sobre la cantidad a devolver, la medida compensatoria y el valor econ贸mico de esa medida. La aceptaci贸n de la medida compensatoria informada con esta extensi贸n deber谩 ser manuscrita y en documento aparte en el que tambi茅n quede constancia del cumplimiento del plazo previsto en el apartado anterior.
Tercera. Gratuidad del procedimiento extrajudicial y reducci贸n de aranceles
El procedimiento de reclamaci贸n extrajudicial tendr谩 car谩cter gratuito. La formalizaci贸n de la escritura p煤blica y la inscripci贸n registral que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo entre la entidad financiera y el consumidor devengar谩 exclusivamente los derechos arancelarios notariales y registrales correspondientes, de manera respectiva, a un documento sin cuant铆a y a una inscripci贸n m铆nima, cualquiera que sea la base.
DISPOSICI脫N TRANSITORIA
脷nica. Procedimientos judiciales en curso
En los procedimientos judiciales en curso a la entrada en vigor de este real decreto-ley en los que se dirima una pretensi贸n incluida en su 谩mbito, ejercida por uno o varios consumidores frente a una entidad de cr茅dito, las partes de com煤n acuerdo se podr谩n someter al procedimiento establecido en el art铆culo 3, solicitando la suspensi贸n del proceso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
DISPOSICI脫N DEROGATORIA
脷nica. Derogaci贸n normativa
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto-ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Modificaci贸n de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas y de modificaci贸n parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio
Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y ejercicios anteriores no prescritos, se a帽ade una nueva disposici贸n adicional cuadrag茅sima quinta a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas y de modificaci贸n parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con la siguiente redacci贸n:
«Disposici贸n adicional cuadrag茅sima quinta. Tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devoluci贸n de las cl谩usulas de limitaci贸n de tipos de inter茅s de pr茅stamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales.
1. No se integrar谩 en la base imponible de este Impuesto la devoluci贸n derivada de acuerdos celebrados con entidades financieras, en efectivo o a trav茅s de otras medidas de compensaci贸n, junto con sus correspondientes intereses indemnizatorios, de las cantidades previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicaci贸n de cl谩usulas de limitaci贸n de tipos de inter茅s de pr茅stamos.
2. Las cantidades previamente satisfechas por el contribuyente objeto de la devoluci贸n prevista en el apartado 1 anterior, tendr谩n el siguiente tratamiento fiscal:
a) Cuando tales cantidades, en ejercicios anteriores, hubieran formado parte de la base de la deducci贸n por inversi贸n en vivienda habitual o de deducciones establecidas por la Comunidad Aut贸noma, se perder谩 el derecho a practicar la deducci贸n en relaci贸n con las mismas, debiendo sumar a la cuota l铆quida estatal y auton贸mica, devengada en el ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo con la entidad financiera, exclusivamente las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicios respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administraci贸n para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidaci贸n, en los t茅rminos previstos en el art铆culo 59 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, sin inclusi贸n de intereses de demora.
No resultar谩 de aplicaci贸n la adici贸n prevista en el p谩rrafo anterior respecto de la parte de las cantidades que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del pr茅stamo.
b) Cuando tales cantidades hubieran tenido la consideraci贸n de gasto deducible en ejercicios anteriores respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administraci贸n para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidaci贸n, se perder谩 tal consideraci贸n, debiendo practicarse autoliquidaci贸n complementaria correspondiente a tales ejercicios, sin sanci贸n, ni intereses de demora, ni recargo alguno en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalizaci贸n del siguiente plazo de presentaci贸n de autoliquidaci贸n por este Impuesto.
c) Cuando tales cantidades hubieran sido satisfechas por el contribuyente en ejercicios cuyo plazo de presentaci贸n de autoliquidaci贸n por este Impuesto no hubiera finalizado con anterioridad al acuerdo de devoluci贸n de las mismas celebrado con la entidad financiera, as铆 como las cantidades a que se refiere el segundo p谩rrafo de la letra a anterior, no formar谩n parte de la base de deducci贸n por inversi贸n en vivienda habitual ni de deducci贸n auton贸mica alguna ni tendr谩n la consideraci贸n de gasto deducible.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores ser谩 igualmente de aplicaci贸n cuando la devoluci贸n de cantidades a que se refiere el apartado 1 anterior hubiera sido consecuencia de la ejecuci贸n o cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales.»
Segunda. T铆tulo competencial
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los art铆culos 149.1.6.陋, 11.陋, 13.陋 y 14.陋 de la Constituci贸n que atribuyen al Estado las competencias sobre legislaci贸n mercantil, procesal, bases de la ordenaci贸n del cr茅dito, banca y seguros, bases y coordinaci贸n de la planificaci贸n general de la actividad econ贸mica, y hacienda general y Deuda del Estado, respectivamente.
Tercera. Habilitaci贸n normativa
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de esta norma. En particular, se podr谩 regular:
a) La existencia de un 贸rgano de seguimiento, control y evaluaci贸n de las reclamaciones efectuadas en el 谩mbito de aplicaci贸n de este real decreto-ley y su r茅gimen jur铆dico. Este 贸rgano, que deber谩 emitir un informe semestral sobre su actuaci贸n, contar谩 con la participaci贸n de representantes de los consumidores y de la abogac铆a. Este 贸rgano de seguimiento recabar谩 de las entidades de cr茅dito la informaci贸n necesaria para constatar que la comunicaci贸n previa prevista en este real decreto-ley se ha realizado, especialmente a personas vulnerables. Este 贸rgano de seguimiento podr谩 proponer las medidas a su juicio necesarias para impulsar una correcta implantaci贸n del mecanismo extrajudicial previsto en este real decreto-ley.
b) La extensi贸n del 谩mbito de aplicaci贸n a otros consumidores relacionados con el prestatario de contratos de pr茅stamo o cr茅dito garantizados con hipoteca inmobiliaria.
Cuarta. Entrada en vigor
Este real decreto-ley entrar谩 en vigor el d铆a de su publicaci贸n en el «Bolet铆n Oficial del Estado».