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TJCE/TJUE, Sala Sexta, de 9 de febrero de 2017

Referencia: SP/SENT/889747

Recurso C-283/16. Ponente: C.G. Fernlund.

El alcance del art. 41.1 RUE 4/2009 debe analizarse desde el punto de vista de la finalidad del Reglamento, cuyo objetivo es facilitar en la mayor medida posible el cobro de los créditos alimenticios internacionales 
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Ninguna disposición del capítulo IV del RUE al que pertenece el art. 41 prevé un procedimiento especial ni un recurso obligatorio a las autoridades centrales de los Estados miembros 
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Acudir a las autoridades centrales está previsto en el capítulo VII del Reglamento sobre la cooperación administrativa entre autoridades centrales y constituye un derecho y no una obligación 
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El RUE 4/2009 prevé dos modos alternativos de presentar una solicitud ante los tribunales competentes: uno directo según las disposiciones del capítulo IV y otro a través de las autoridades centrales, conforma al capítulo VII 
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El art. 45 RUE distingue expresamente las dos vías alternativas que permiten al acreedor de alimentos presentar una solicitud de ejecución 
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La obligación al acreedor de alimentos por una normativa nacional de acudir a la autoridad central del Estado requerido, cuando desea dirigirse directamente a la autoridad competente, supone plazos adicionales y es contraria al art. 41.1 RUE 4/2009 
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Interpretación del artículo 41, apartado 1 RUE 4/2009: un acreedor de alimentos, que ha obtenido una resolución en su favor en un Estado miembro y desea ejecutarla en otro puede presentar su solicitud directamente a la autoridad competente 
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La aplicabilidad directa de un reglamento exige que su entrada en vigor y su aplicación se produzcan sin necesidad de ninguna medida de incorporación al Derecho nacional 
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Los Estados entre la fecha de entrada en vigor del reglamento y de aplicación debían adaptar sus normas procedimentales y permitir a los acreedores de alimentos ejercer su derecho directamente ante la autoridad competente 
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Los Estados deben garantizar la plena eficacia del art. 41.1 modificando eventualmente sus normas procedimentales; el juez nacional debe permitir a un acreedor de alimentos presentar su solicitud directamente ante la autoridad competente de ejecución 
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