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Opinión. Marzo 2020

SP/DOCT/98529

¿Control de rentas en los arrendamientos de vivienda?: Hay otras soluciones

Alberto Torres López Abogado. Director Jurídico de Sepín. Presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del ICAM

Artículo publicado en la Revista Otrosí nº. 5/2020 del ICAM
No resulta sencillo escribir estas breves líneas sobre un tema de tan candente actualidad y en el que se anuncian por el actual Gobierno importantes novedades, probablemente incluidas en una futura Ley de la Vivienda. Tampoco resulta fácil plasmar negro sobre blanco una opinión jurídica sobre una cuestión tan lamentablemente ideologizada como es cualquiera que pueda versar sobre los arrendamientos urbanos y más concretamente sobre el control de sus rentas. Asumo el riesgo de todo ello y adelanto mi posición claramente contraria a cualquier tipo de limitación o control.
Como en otras ocasiones he comentado, estamos acostumbrados a sufrir en materia de arrendamientos urbanos los vaivenes de nuestros legisladores que, a modo de péndulo, casi siempre de forma precipitada y sin la necesaria reflexión, reforman constantemente sus disposiciones reguladoras, tanto en el ámbito sustantivo como procesal, protegiendo hoy a los arrendatarios, pero poniendo mañana en tela de juicio sus más elementales derechos a una tutela judicial efectiva. Nos hallamos ahora en un extremo de dicho péndulo, y toca por lo tanto poner el acento en la protección de los arrendatarios, a través, en este caso, del establecimiento de un sistema de índices de referencia que recogió la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-Ley 7/2019 de 1 de marzo, y que algunas Comunidades Autónomas como la de Ca
taluña, ha empezado a desarrollar por medio del Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgente para mejorar el acceso a la vivienda.Jurídicamente quizá deberíamos recordar que cualquier limitación de la fijación de la renta en una relación jurídico-privada, iría actualmente en contra de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, que en su apartado primero establece con

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