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AP Cantabria, Sec. 4.ª, 350/2010, de 26 de mayo

SP/SENT/526197

Recurso 309/2009. Ponente: JOAQUIN TAFUR LOPEZ DE LEMUS.

La exigencia de la doble mayoría supone que cada propietario tiene un voto aunque tenga más de una propiedad en el inmueble 
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Interpretación a favor de validez de acuerdo de instalación de ascensor cuando sólo se oponen los propietarios de locales que no tienen interés en el mismo 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. dos de Laredo, y en los autos ya referidos, se dictó en fecha 5 de diciembre de 2008 Sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Desestimo íntegramente la demanda interpuesta por Don Fabio , Doña Leocadia y doña Daniela , representados por el procurador Sr. Cuevas contra la comunidad de propietarios RESIDENCIA000 , representada por la Procuradora Sra. Salas..
SEGUNDO: Contra dicha Sentencia, la representación de la ya reseñada parte apelante interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, que fue admitido a trámite por el Juzgado de Primera Instancia, e impugnado por la parte apelada. Llegados los autos a la Audiencia Provincial, y turnados a esta Sección Cuarta, se señaló para deliberación y fallo.
TERCERO: En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La apelante se alza contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Laredo, en petición de otra que, revocando la anterior, estime íntegramente la demanda y acuerde la nulidad del acuerdo comunitario de fecha 6 mayo 2008 para instalación de un ascensor, con imposición de las costas de la primera instancia a la comunidad de propietarios demandada. Como antecedentes, conviene destacar que nos encontramos ante un acuerdo comunitario de instalación de ascensor, aprobado con el 60,80 de las cuotas de participación. La LPH dispone en su artículo 17.1 que el establecimiento de los servicios de ascensor requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.
SEGUNDO. El problema estriba en determinar si el propietario de varios elementos dispone de un voto, o de tantos votos como pisos o locales posea. El Tribunal Supremo ha resuelto esta cuestión en una sentencia, de 10 febrero 1995 , en la que se inclina por aquella interpretación que asigna un voto a cada propietario, ya sea propietario de un sólo elemento, o de varios dentro del mismo inmueble; interpretación que se justifica en que la ley ha establecido dos mayorías que se conjugan para la validez de los acuerdos; esto es, se ponderan dos elementos, uno personal y otro económico. Si la voluntad de la ley hubiera sido la valoración de la persona-propietario ex
clusivamente por su representatividad económica manifestada en las cuotas de participación que ostenta en la propiedad conjunta, la solución más lógica hubiera pasado por la eliminación del elemento personal como factor corrector o de equilibrio frente a la mera representatividad económica. Mas su inclusión y permanencia en la ley, sugiere una mayor coherencia de la solución que se inclina por el postulado "un propietario, un voto", con i

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