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AP Badajoz, Mérida, Sec. 3.ª, 294/2010, de 5 de octubre

SP/SENT/530378

Recurso 388/2010. Ponente: JESUS SOUTO HERREROS.

Se considera ilícito y contrario a los actos propios el acuerdo de la Junta que revoca un acuerdo anterior nunca impugnado por el que se aprobaba la instalación del ascensor 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan en cuanto son relación de trámites y antecedentes los de la Sentencia apelada que con fecha 20-V-2010 se dictó en el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Mérida .
SEGUNDO.- Contra la expresada Sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación de la parte demandada, que le fue admitido, dándose traslado a la contraparte, y una vez verificado se remitieron los autos a este Tribunal, donde se formó el rollo de Sala, que fue seguido por sus trámites.
La parte apelante entiende que se ha producido error en la valoración de la prueba e incorrecta aplicación e interpretación de los preceptos legales reguladores de la propiedad horizontal y sus efectos.
TERCERO. En la tramitación del recurso se han observado todas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El recurso no puede estimarse. Partiendo del reconocimiento que ambas partes realizan sobre el objeto de las impugnaciones y del relato histórico de los acuerdos ha de confirmarse, esencialmente, por sus razonamientos, la resolución impugnada y así en efecto, por lo que hace a los acuerdos adoptados en la Junta de propietarios de fecha 11-XII-2008 aun cuando es cierto que todo copropietario tiene legitimación para efectuar reclamaciones entre ellos, mediante el ejercicio de las acciones pertinentes, cuando afectan a intereses comunes, y también para hacerlo judicialmente frente a terceros en defensa de los elementos comunes, sin requerirse para ello un acuerdo de la Junta de Propietarios, no lo es menos que no puede ésta, sino con infracción de lo dispuesto en el art. 18.1 b) y c), primer inciso, en asuntos como el presente, y así se reconoce expresamente, en que es claro que existen deudas exigibles a cargo de determinados propietarios, omitir su obligación sin más, dejando de velar por el buen gobierno y los legítimos intereses de la Comunidad, obligando a que sean los copropietarios los que carguen con los gastos e inconvenientes de iniciar un proceso judicial y para ello no es, desde luego, excusa, alegar que la resolución que recayera sería, hipotéticamente, de difícil ejecución en la práctica.
Tanto la revocación del acuerdo de la instalación del ascensor, como la modificación del reparto de cuotas extraordinarias para hacer frente al desembolso que ello supon
e (en ambos casos contra lo acordado más de dos años antes) y la devolución de las cuotas recaudadas a este respecto, infringen lo dispuesto en el art. 18.1 b) y c) por ser gravemente lesivos para los intereses de la Comunidad en beneficio de algunos propietarios, y haberse adoptado, en contra de previos acuerdos válidos, firmes y ejecutivos de la propia Comunidad. En tal sentido es reproducible aquí casi en su integridad la argumentación sosteni

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