La Resolución del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2011, sobre la modernización de la contratación pública (2011/2048 (INI)), defendía la necesidad de una mayor eficacia en la contratación pública europea.

A su vez, la Recomendación (UE) 2017/1805 de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, sobre la profesionalización de la contratación pública, persigue construir un marco adecuado para cumplir el objetivo, y la Resolución de 4 de octubre de 2018, del Parlamento Europeo, sobre el paquete de medidas de estrategia de la contratación pública (2017/2278 (INI)), determinó que el gasto del dinero de los contribuyentes que conlleva la contratación pública debe realizarse de manera ética, con transparencia e integridad y de la forma más eficiente, en términos tanto de costes como de calidad, por tanto, la contratación pública se configura como una herramienta estratégica en la consecución de los objetivos de la Unión en materia de crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

La normativa nacional se hace eco de la búsqueda de la eficiencia en los procedimientos de contratación pública, articulándola como: principio inspirador (art. 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP); obligación del sector público (art. 28 LCSP); criterio determinante para adjudicar, en concreto, mediante el criterio calidad-precio (art. 145 de la LCSP), y finalmente, como una estrategia nacional (art. 334 LCSP).