1. Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 2 de octubre de 2020, la procuradora de los tribunales doña Virginia Aragón Segura, actuando en nombre y representación de cincuenta y tres senadores del Grupo Parlamentario Socialista, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de la Junta de Castilla y León que se cita en el encabezamiento.

Tras referirse a los presupuestos procesales, expone los siguientes motivos del recurso:

a) No hay una motivación explícita y razonada de la circunstancia fáctica que justifica el Decreto-ley, es decir, "la extraordinaria y urgente necesidad". Por un lado, se invocan la situación creada por la pandemia de la Covid-19 y la necesidad de reactivar la economía local y, por otro, la Agenda 2030 y los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible que la integran.

El recurso señala que, como resulta patente de la exposición de motivos y de las modificaciones legislativas introducidas por el Decreto-ley, los objetivos "urgentes" pretendidos, es decir, de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza incluidos en la Agenda 2030, no tienen relación directa con la pandemia; más bien, exigen afrontar cambios sociales y económicos importantes de manera sostenida en el tiempo, para su consecución a medio-largo plazo, de cara al año 2030. Se transcribe la intervención del secretario general de la Organización de Naciones U