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AP Granada, Sec. 5.ª, 221/2013, de 24 de mayo

SP/SENT/762235

Recurso 806/2012. Ponente: JOSE MARIA JIMENEZ BURKHARDT.

Si quien fuera presidente se extralimitó en sus funciones al firmar el contrato con la empresa de mantenimiento, debe este responder de los perjuicios causados a la comunidad de propietarios por la resolución del contrato 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- Que, por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en veintiuno de Julio de dos mil doce , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando en parte la demanda planteada por la actora Zardoya Otis contra la demandada Comunidad de Propietarios EDIFICIO000 sito en la CALLE000 nº NUM000 de Almuñecar-Granada debo condenar y condeno a la demandada a pagar a la actora la cantidad de 16.548, 73 €. Tratándose de una estimación parcial cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".
SEGUNDO .- Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a este Tribunal se siguió el trámite prescrito y se señaló día para la votación y fallo, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.
TERCERO .- Que, por este Tribunal, se han observado las formalidades legales en ésta alzada.
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ BURKHARDT.
Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada, en cuanto no se opongan a los que seguidamente se consignan
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- Insistiendo la Comunidad de Propietarios demandada, al formular recurso de apelación, en la pretendida excepción de falta de legitimación pasiva, con visión simplista de los argumentos expuestos en la sentencia de instancia para su desestimación, concluye que la basa en dos hechos fundamentales: en el hecho de que los cargos de las comunidades varían con el tiempo y en el hecho de que la empresa demandante no se preocupa de saber con quien contrata. Obviamente, tales expresiones se extraen erróneamente del contexto donde se hacen y del por que se hacen, habida cuenta que la demandada, al contestar a la demanda, trató de implicar a la actora, con la consiguiente repercusión en los contratos de mantenimiento base de la demanda, en cuestiones, desavenencias y vicisitudes de todo orden ocurridas en el seno interno de la comunidad y, como tales, inoponibles a la actora en función de la vigencia de los contratos acompañados a la demanda y de su falta de cumplimiento por la demandada en cuanto a la falta de pago de los servicios de mantenimiento prestados. De modo que lo que la juzgadora a quo dice, con meridiana claridad, es que quien contrata con la actora es la Comunidad demandada a través de sus presidentes, que son los que firman los contratos, cualidad ésta que la actora da por supuesta en una actuación de buena fe contractual, ex art 7, en relación con el art 1.258 cc , que siempre se presume, salvo prueba en contrario, inexistente. De modo que si, al amparo de lo que dis
pone el art 13.3 L.P.H ., primero D. Ambrosio firma los contratos de mantenimiento de 14 de marzo de 1996 en su condición de presidente de la Comunidad y, después, tras novación contractual, firma en la misma condición D. Edemiro el nuevo contrato de 1 de octubre de 2009, de haberse extralimitado en sus funciones por cualquier causa, con daño para la Comunidad, serían ellos los que, ante ella, habrían de responder. Y no deja de ser un contrasenti

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