En este punto, parece obvio que el tratamiento de datos de carácter personal que se efectúen para fines jurisdiccionales no está exento de respetar los principios que enuncian la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril.

Por otra parte, los artículos 236 bis a 236 decies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, regulan la protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia, en donde se diferencia entre el tratamiento de los datos personales con fines jurisdiccionales o con fines no jurisdiccionales, y se especifica que tendrá fines jurisdiccionales el tratamiento de los datos que se encuentren incorporados a los procesos que tengan por finalidad el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

Asimismo, el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, relativo a principios relativos al tratamiento de datos personales, replica el contenido del artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril.

De este modo, se produce una infracción en materia de protección de datos, "al unirse a los autos penales el informe técnico mencionado, pero no ha concluido, toda vez que permanecen en ellos