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Referencia: SP/LEG/7988

LEY 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicci贸n social

贸rgano emisor: JEFATURA DEL ESTADO
publicaci贸n: B.O.E. num. 245 - 11/10/2011
entrada en vigor: 11/12/2011
T茅ngase en cuenta que el Cuerpo de Secretarios Judiciales pasa a denominarse Cuerpo de Letrados de la Administraci贸n de Justicia conforme se establece el apartado IX del Pre谩mbulo de la Ley Org谩nica 7/2015, de 21 de julio (SP/LEG/18161).
PRE脕MBULO
I
El ordenamiento laboral regula un 谩mbito fundamental de las relaciones sociales, esencial para el desarrollo econ贸mico y el bienestar de la sociedad. La naturaleza singular de las relaciones laborales y sus espec铆ficas necesidades de tutela explican y justifican la especial configuraci贸n de la tradicionalmente conocida como rama social del Derecho. La articulaci贸n de las relaciones laborales a partir de desiguales posiciones negociadoras influidas por el contexto socioecon贸mico, la multiplicidad de formas en las que se sustancian esas relaciones o la importancia de la negociaci贸n colectiva constituyen peculiaridades sobresalientes con trascendencia en el terreno normativo, tanto sustantivo como procesal.
La configuraci贸n de los mecanismos de soluci贸n de los conflictos y reclamaciones en el 谩mbito laboral, en particular la determinaci贸n de las reglas espec铆ficas de procedimiento, integran esa especialidad del Derecho del Trabajo, reconocida en nuestro pa铆s desde antiguo, a trav茅s de las normas de procedimiento laboral, caracterizadas por su agilidad, flexibilidad y capacidad de adaptaci贸n, y tambi茅n por posibilitar una m谩s r谩pida y eficaz resoluci贸n de conflictos, as铆 como por las amplias potestades del juez o tribunal de direcci贸n del proceso y la proximidad e inmediaci贸n de aqu茅llos respecto de las partes y del objeto litigioso, normas que han inspirado en uno u otro grado la mayor铆a de las reformas procesales adoptadas en otros 贸rdenes jurisdiccionales a partir de la Constituci贸n. La nueva Ley reguladora de la jurisdicci贸n social desarrolla los mandatos constitucionales de tutela judicial efectiva y de seguridad jur铆dica para reforzarlos y adaptarlos a las particularidades de esta esfera del derecho. Toda disposici贸n ritual est谩 estrechamente vinculada con el derecho fundamental recogido en el art铆culo 24 de la Constituci贸n Espa帽ola. Su aplicaci贸n efectiva en el orden jurisdiccional laboral es la raz贸n de ser de esta Ley.
En definitiva, la norma aspira tanto a ofrecer una mayor y mejor protecci贸n a los trabajadores y a los beneficiarios de la Seguridad Social, fortaleciendo la tutela judicial en un espacio vertebrador de la vida social y econ贸mica. Al mismo tiempo se refuerza la seguridad jur铆dica del marco de encuentro entre los operadores sociales y econ贸micos, as铆 como en la actuaci贸n de las entidades u organismos gestores o colaboradores de las referidas prestaciones sociales. La presente Ley persigue dotar a los 贸rganos judiciales de instrumentos que agilicen los procesos de resoluci贸n de controversias, eviten abusos equilibrando la protecci贸n y tutela de los distintos intereses en conflicto, protejan mejor a los trabajadores frente a los accidentes laborales y proporcionen mayor seguridad jur铆dica al mercado laboral. Esta Ley presenta, en definitiva, una respuesta m谩s eficaz y 谩gil a los litigios que se puedan suscitar en las relaciones de trabajo y seguridad social, y ofrece un tratamiento unitario a la diversidad de elementos incluidos en el 谩mbito laboral para una mejor protecci贸n de los derechos.
II
La presente Ley mantiene la estructura de su antecesora, el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril. De esta manera, el texto actual consolida los principios rectores, distribuci贸n de reglas y organizaci贸n interna de la anterior, de probada eficacia para la resoluci贸n de los conflictos en un tiempo menor al que se requiere en otros 贸rdenes jurisdiccionales y altamente valorada por los profesionales que han debido aplicar la misma. La continuidad en el dise帽o procesal ha permitido respetar la evoluci贸n tradicional de nuestra legislaci贸n en este ordenamiento, evitando una reforma que pudiera distorsionar, siquiera m铆nimamente, el normal funcionamiento del mercado de trabajo o los marcos laborales asentados.
No por ello se renuncia a introducir importantes mejoras que implican una estimulaci贸n de la jurisdicci贸n para proyectarla como aut茅nticamente social. Se modifica en consecuencia el 谩mbito de conocimiento del orden jurisdiccional social, que se ampl铆a, racionaliza y clarifica respecto a la normativa anterior, lo que constituye la principal novedad. La presente Ley reguladora de la jurisdicci贸n social concentra en el orden social, por su mayor especializaci贸n, el conocimiento de todas aquellas materias que, de forma directa o por esencial conexi贸n, puedan calificarse como sociales. La mayor nitidez del contorno competencial de la jurisdicci贸n requer铆a de una expansi贸n para unificar el conocimiento de los conflictos y pretensiones que se produzcan en el 谩mbito laboral, sindical o en el de la Seguridad Social. El objetivo 煤ltimo es conseguir la efectividad, coordinaci贸n y seguridad de la respuesta judicial, gener谩ndose as铆 un marco adecuado al ejercicio efectivo de los derechos y libertades por parte de la ciudadan铆a. Un marco que se articula a partir de la comprensi贸n del trabajo no exclusivamente como medio en los sistemas productivos sino como un fin en s铆 mismo del que se derivan derechos necesitados de una especial tutela jur铆dica.
Un segundo eje explicativo de esta nueva Ley es su inequ铆voca voluntad modernizadora del procedimiento. La norma se incardina en el Plan Estrat茅gico de Modernizaci贸n del Sistema de Justicia (2009-2012), como marco de reforma estructural de la Administraci贸n de Justicia espa帽ola. La garant铆a a los ciudadanos, de manera efectiva, de un servicio p煤blico de la justicia 谩gil, transparente, responsable y plenamente conforme a los valores constitucionales constituye un objetivo crucial e inaplazable de nuestro tiempo y determina el progreso social y econ贸mico.
La modernizaci贸n de la Justicia, con el objetivo de mejorar su calidad y hacer m谩s eficiente y 谩gil el servicio, alcanza necesariamente a las normas rituales. Una primera fase de la actualizaci贸n y agilizaci贸n procesal tuvo lugar con la aprobaci贸n de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la legislaci贸n procesal para la implantaci贸n de la nueva oficina judicial, donde ya se modificaban varios preceptos de la norma que regula el proceso en el orden social. La presente Ley completa la modernizaci贸n procesal en ese orden, racionalizando y fijando un nuevo texto normativo consolidado y actualizado a la realidad de la organizaci贸n actual del trabajo.
A estos dos nuevos aspectos se a帽aden otras mejoras t茅cnicas y adaptaciones a la normativa vigente que, en su conjunto, justifican esta iniciativa legislativa. Razones de t茅cnica normativa y en concreto las Directrices al respecto aprobadas mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 han aconsejado la adopci贸n de una nueva disposici贸n que evite la dispersi贸n normativa y las dificultades en la localizaci贸n de los preceptos vigentes y por tanto la fragmentaci贸n en la respuesta jur铆dica.
Por otra parte, la presente Ley pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de Medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, cuya disposici贸n adicional decimoquinta dispone que 芦en el plazo de 6 meses el Gobierno aprobar谩 un Proyecto de Ley de reforma del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, que contemple la atribuci贸n al orden jurisdiccional social, entre otras cuestiones, de los recursos contra las resoluciones administrativas de la autoridad laboral en los procedimientos de suspensi贸n temporal de relaciones laborales, reducci贸n de jornada y despido colectivo, regulados en los art铆culos 47 y 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo禄.
III
El objetivo principal de esta nueva Ley es establecer, ampliar, racionalizar y definir con mayor claridad el 谩mbito de conocimiento del orden jurisdiccional social, con fundamento en su mayor especializaci贸n, conocimiento m谩s completo de la materia social y marco procesal especialmente adecuado a los intereses objeto de tutela de este orden.
En efecto, el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral hasta ahora vigente ya recog铆a en el apartado 3 de su art铆culo 3 la habilitaci贸n legal al Gobierno para incorporar al mismo las modalidades y especialidades procesales correspondientes a pretensiones sobre impugnaci贸n de resoluciones administrativas, tradicionalmente tuteladas en el orden contencioso-administrativo. En el a帽o 1998 el legislador quiso abordar de forma global y racional la cuesti贸n del reparto de competencias entre los 贸rdenes jurisdiccionales social, contencioso-administrativo y civil, pero circunstancias posteriores evitaron el desarrollo previsto, con lo que las previsiones competenciales del orden social recogidas en el citado art铆culo no fueron objeto de desarrollo.
Igualmente, la necesidad de consolidar el 谩mbito material del orden social tambi茅n se ha hecho patente en la pr谩ctica jurisdiccional, donde han sido frecuentes los conflictos dimanados de la heterogeneidad en las resoluciones de 贸rganos judiciales inscritos en 贸rdenes distintos. Hasta ahora, los tribunales que integran el orden social, a pesar de su razonable funcionamiento, no estaban siempre en condiciones de asegurar la tutela judicial efectiva en un tiempo razonable y con respeto al principio de seguridad jur铆dica. Esto se ha debido fundamentalmente a la disgregaci贸n del conocimiento de determinadas y esenciales materias sociales entre diversas jurisdicciones distintas de la social, como la contencioso-administrativa o la civil. He aqu铆 las dificultades que han generado el denominado 芦peregrinaje de jurisdicciones禄, que provocaba hasta ahora graves disfunciones y una merma en la efectiva protecci贸n de los derechos de las personas.
Ha llegado pues el momento de racionalizar la distribuci贸n competencial entre los 贸rdenes jurisdiccionales en el 谩mbito de las relaciones laborales. Con la nueva Ley reguladora de la jurisdicci贸n social se afronta una modernizaci贸n de la norma a partir de la concentraci贸n de la materia laboral, individual y colectiva, y de Seguridad Social en el orden social y de una mayor agilidad en la tramitaci贸n procesal. De esta manera, se pretenden superar los problemas de disparidad de los criterios jurisprudenciales, dilaci贸n en la resoluci贸n de los asuntos y, en consecuencia, fragmentaci贸n en la protecci贸n jur铆dica dispensada. Estos problemas son incompatibles con los principios constitucionales de seguridad jur铆dica y tutela judicial efectiva, as铆 como con el funcionamiento eficiente del sistema socioecon贸mico.
Con esta consolidaci贸n competencial se cierra el proceso de maduraci贸n del proceso social iniciado por la Ley de 1908 y continuado por el Texto Refundido de 1995, como jurisdicci贸n con competencia unificada para conocer todos los litigios sobre materias sociales.
La ordenaci贸n de las materias objeto de conocimiento por el orden social se lleva a cabo en los tres primeros art铆culos de la Ley, donde cabe destacar algunas novedades significativas.
Por un lado, se produce una unificaci贸n de la materia laboral que permite dar una cobertura m谩s especializada y coherente a los distintos elementos de la materia laboral. Es el caso de la concentraci贸n en el orden jurisdiccional social de todas las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo y que hasta ahora obligaban a los afectados a acudir necesariamente para intentar lograr la tutela judicial efectiva a los distintos juzgados y tribunales encuadrados en los 贸rdenes civil, contencioso-administrativo y social.
Con esta f贸rmula se pretende que la jurisdicci贸n social sea competente para enjuiciar conjuntamente a todos los sujetos que hayan concurrido en la producci贸n del da帽o sufrido por el trabajador en el marco laboral o en conexi贸n directa con el mismo, cre谩ndose un 谩mbito unitario de tutela jurisdiccional para el resarcimiento integral del da帽o causado. En este punto la Ley sigue al pacto social concretado en la Estrategia Espa帽ola de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012), as铆 como a un amplio consenso de la doctrina cient铆fica.
Asimismo, esta unificaci贸n permite de manera general convertir el orden social en el garante del cumplimiento de la normativa de prevenci贸n de riesgos laborales, aun cuando no se hayan derivado da帽os concretos por tales incumplimientos. De este modo no s贸lo se fortalecen los instrumentos judiciales para proteger a las v铆ctimas de accidentes de trabajo, sino que adem谩s se disponen los recursos para hacer efectiva la deuda de protecci贸n del empresario y la prevenci贸n de riesgos laborales. Esta asignaci贸n de competencias se efect煤a con car谩cter pleno, incluyendo a los funcionarios o personal estatutario, quienes deber谩n plantear, en su caso, sus reclamaciones ante el orden jurisdiccional social en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la responsabilidad derivada de los da帽os sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevenci贸n de riesgos laborales que forma parte de la relaci贸n funcionarial o estatutaria o laboral. Se incluyen adem谩s competencias sobre medidas cautelares. Por 煤ltimo, se asigna al orden social la competencia sobre las cuestiones relativas a los 贸rganos de representaci贸n de personal en materia relacionada con la prevenci贸n de riesgos en el trabajo, a trav茅s, en su caso, de los Delegados de Prevenci贸n y los Comit茅s de Seguridad y Salud, con independencia del tipo de personal que intervenga en su designaci贸n o composici贸n.
Modernizar la normativa procesal laboral facilita, en consecuencia, el efectivo cumplimiento de las pol铆ticas de promoci贸n de la salud y seguridad en el lugar de trabajo, evita la necesidad de intervenci贸n sucesiva de diversos 贸rdenes jurisdiccionales, que ocasiona dilaciones, gastos innecesarios y pronunciamientos diversos contradictorios, al tiempo que proporciona un marco normativo que garantice la seguridad jur铆dica.
Por otro lado, la unificaci贸n de la materia laboral en el orden social convierte tambi茅n a 茅ste en el garante ordinario de los derechos fundamentales y libertades p煤blicas de empresarios y trabajadores en el 谩mbito de la relaci贸n de trabajo. Adem谩s de la mencionada atracci贸n competencial de los litigios vinculados a la salud y seguridad en el trabajo, se unifica el conocimiento de cualquier otra vulneraci贸n de derechos fundamentales y libertades p煤blicas conectada a la relaci贸n laboral, como puede ser el caso del acoso.
En este punto, se pretende asimismo dar respuesta a las exigencias de la doctrina constitucional emanada de la Sentencia del Tribunal Constitucional 250/2007, de 17 de diciembre. Esta sentencia posibilita la extensi贸n competencial del orden social frente a los terceros sujetos causantes de la vulneraci贸n de un derecho fundamental e interpreta que tambi茅n puede ser sujeto activo del acoso el trabajador de una tercera empresa. Corresponde al orden social conocer de cuantas pretensiones se deduzcan al respecto, contra el empresario o contra los terceros citados, puesto que la actuaci贸n de 茅stos se produce en conexi贸n directa con la relaci贸n laboral, excluy茅ndose expresamente por esta Ley la competencia residual que tradicionalmente ha venido asumiendo el orden jurisdiccional civil respecto de litigios sobre da帽os en cuya intervenci贸n haya intervenido alguna persona distinta del directo empresario o empleador.
Otra de las cuestiones de mayor trascendencia en el 谩mbito laboral es la impugnaci贸n de los actos administrativos, singulares o generales, en materia laboral y de seguridad social y, en especial, de las resoluciones contractuales colectivas por causas objetivas, por lo que, por 煤ltimo, se especifica su atribuci贸n al orden social. Esta Ley pretende clarificar la jurisdicci贸n competente sobre las esenciales materias relativas a la asistencia y protecci贸n social p煤blica, asignando al orden jurisdiccional social, las relativas a la valoraci贸n, reconocimiento y calificaci贸n del grado de discapacidad y las incluidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoci贸n de la autonom铆a personal y atenci贸n a las personas en situaci贸n de dependencia, y continuando las restantes como objeto de conocimiento del orden contencioso-administrativo. Con ello se adapta la normativa procesal laboral a la doctrina constitucional en su interpretaci贸n de la protecci贸n social, conforme al art铆culo 41 de la Constituci贸n y, de esta manera, la jurisdicci贸n social queda configurada como el juez natural de todas las esenciales pol铆ticas p煤blicas relativas a la protecci贸n social. No obstante, la entrada en vigor de la atribuci贸n competencial sobre las prestaciones de dependencia en favor del orden jurisdiccional social se demora en cuanto a su efectividad, concediendo a tal fin al Gobierno el plazo de tres a帽os para que remita a las Cortes el correspondiente Proyecto de Ley, para poder tener en cuenta la incidencia de las distintas fases de aplicaci贸n de la Ley de Dependencia en orden a una m谩s 谩gil respuesta judicial.
No obstante, se han mantenido las excepciones recogidas en la normativa concursal, as铆 como la competencia del orden contencioso-administrativo con respecto a determinados actos administrativos en materia de seguridad social m谩s directamente vinculados con la recaudaci贸n de las cuotas y dem谩s recursos de la misma y la actuaci贸n de la Tesorer铆a General de la Seguridad Social.
IV
En un segundo eje se desenvuelve la modernizaci贸n de la normativa del procedimiento social hacia una agilizaci贸n de la tramitaci贸n procesal. En la consecuci贸n de un procedimiento m谩s 谩gil y eficaz, se ha realizado un ajuste 铆ntegro de la normativa procesal social a las previsiones de la supletoria Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, as铆 como a la interpretaci贸n efectuada de la normativa procesal social por la jurisprudencia social y constitucional. Dicho ajuste ha permitido precisar arm贸nicamente unos principios m谩s acordes con el proceso social en aspectos como la regulaci贸n de las medidas cautelares, esenciales cuando se trata de vulneraciones de derechos fundamentales y libertades p煤blicas, la reforma de las modalidades procesales de tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas, de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral y de materia electoral para incluir en su 谩mbito la impugnaci贸n del preaviso de elecciones sindicales.
Se agiliza la tramitaci贸n procesal a partir del establecimiento de un conjunto de medidas y de reglas entre las que se incluyen disposiciones especiales sobre acumulaci贸n y reparto, en materias relativas a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, supresi贸n de tr谩mites superfluos o eliminaci贸n de traslados materiales de actuaciones innecesarios con las nuevas tecnolog铆as, a cuya progresiva implantaci贸n la Ley se muestra abierta en distintas disposiciones. En la misma l铆nea, se refuerza la conciliaci贸n extrajudicial y la mediaci贸n, el arbitraje, con regulaci贸n de una modalidad procesal de impugnaci贸n del laudo y con previsi贸n de la revisi贸n de los laudos arbitrales firmes, y la posibilidad de transacci贸n judicial en cualquier momento del proceso, incluida la ejecuci贸n.
Tambi茅n en fase de recurso se ha procurado racionalizar el procedimiento. Se sistematiza as铆 el recurso de suplicaci贸n, para actualizar sus cuant铆as, que permanec铆an inalteradas a pesar de la evoluci贸n de las posibles magnitudes econ贸micas de referencia como los 铆ndices de precios y los salarios m铆nimos y pensiones, y ajustarlo a las nuevas competencias, siguiendo, respecto de estas 煤ltimas, criterios similares a los contenidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa, as铆 como a las propuestas efectuadas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 28 de enero de 2010, relativas al proceso social. Se generaliza el acceso a la suplicaci贸n en supuestos de cierre anticipado del proceso, situaci贸n que, al carecer hasta ahora de recurso, ha dado lugar a un excesivo n煤mero de recursos de amparo, precisamente en la fase en la que la garant铆a de la tutela judicial efectiva se despliega con mayor intensidad. Se trataba de una deficiencia estructural, cuya subsanaci贸n contribuir谩 a reducir la carga del Tribunal Constitucional. Esta preocupaci贸n ha inspirado igualmente otras reglas a lo largo de la Ley, como la exigencia de especificaci贸n del derecho o libertad fundamental vulnerados, tanto en la demanda como en la sentencia, en los procesos de tutela de tales derechos, la reestructuraci贸n del proceso de tutela de los mismos, como medio de obtener el amparo judicial ordinario, la sistematizaci贸n de la nulidad de resoluciones definitivas, la revisi贸n y la audiencia al rebelde, la posibilidad de utilizar las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como doctrina de contraste y, en general, la asignaci贸n al juez de lo social de la funci贸n de garante ordinario de los derechos fundamentales, tanto en las relaciones de trabajo como en el proceso social. El presente texto normativo tambi茅n ampl铆a el 谩mbito del recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina, facultando al Ministerio Fiscal para su planteamiento a instancia de asociaciones empresariales o sindicales y entidades p煤blicas, ampliando, de esta forma, el 谩mbito de las materias que podr谩n ser objeto de una r谩pida unificaci贸n doctrinal en casaci贸n.
En otros casos se introducen, con la misma finalidad, normas que la pr谩ctica forense aconsejaba para una mayor certeza y unificaci贸n en el orden social, as铆 como mayores garant铆as para la defensa. Es el caso de las normas espec铆ficas sobre procesos complejos para mantener la oralidad sin indefensi贸n en el examen y pr谩ctica de la prueba y conclusiones, o los supuestos en los que se evitan como regla las meras ratificaciones innecesarias del personal m茅dico o inspector en sus previas intervenciones durante la tramitaci贸n administrativa, as铆 como las pruebas testificales de escaso valor probatorio. En la misma l铆nea se incardina una importante reforma de las reglas de acumulaci贸n, en aras de favorecer la econom铆a procesal, la homogeneidad y la rapidez en la respuesta judicial.
Mediante este segundo eje de reforma, la nueva Ley permite integrar y aprovechar las potencialidades que ofrece la nueva oficina judicial. Se articulan las previsiones legales necesarias para la plena implantaci贸n de las nuevas tecnolog铆as, se armoniza el texto con las recientes modificaciones de la citada Ley 13/2009, de 3 de noviembre, y se completa el dise帽o procesal necesario para la implantaci贸n de la nueva estructura funcional de los juzgados y tribunales.
La agilizaci贸n de la tramitaci贸n procesal pretende ofrecer a los tribunales espa帽oles y a quienes act煤en ante ellos, un marco procesal que asegure mayor precisi贸n y eficacia en la definici贸n y aplicaci贸n jurisdiccional de los derechos y deberes de trabajadores y empresarios, as铆 como de los niveles de cobertura de seguridad social ante situaciones de necesidad. Estos efectos redundan en una mayor certeza, seguridad y confianza de los agentes sociales y econ贸micos en el marco del espacio social europeo.
V
La agilizaci贸n del proceso no ha de ir en detrimento de la tutela judicial efectiva y la protecci贸n de los intereses de las partes. En este sentido, se recogen una serie de reglas sobre la carga probatoria, en especial en materia de accidentes de trabajo, conforme a la jurisprudencia social, para garantizar la igualdad entre las partes. Se regulan, asimismo, la posible utilizaci贸n de procedimientos de presentaci贸n y de formularios, que faciliten la labor de los interesados y profesionales, y los procedimientos de se帽alamiento inmediato de la vista, que igualmente puedan establecerse, as铆 como la formulaci贸n de peticiones iniciales monitorias, en supuestos de presumible determinaci贸n, liquidez y falta de controversia de la deuda y con aportaci贸n de un principio de prueba al respecto que, en caso de oposici贸n, dar谩 lugar a la conversi贸n del procedimiento en ordinario. Todas estas medidas, en relaci贸n con la nueva estructura de la oficina judicial, pueden permitir una m谩s 谩gil tramitaci贸n y tratamiento inform谩tico de un n煤mero no desde帽able de procedimientos, permitiendo as铆 concentrar la atenci贸n del 贸rgano jurisdiccional en otros procesos de mayor entidad cuantitativa y cualitativa.
Tambi茅n, el nuevo texto normativo refuerza la presencia en juicio del Fondo de Garant铆a Salarial (FOGASA) y de las entidades gestoras y colaboradoras, en su funci贸n de velar por los intereses p煤blicos. En particular, se destaca el papel del FOGASA en el proceso social, otorg谩ndole los poderes procesales necesarios para llevar a cabo su funci贸n de tutela de intereses p煤blicos, y se recaba su colaboraci贸n activa desde el primer momento. Se han tenido en cuenta las conclusiones de la doctrina jurisprudencial, Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2002 y de 14 de octubre de 2005, y constitucional, Sentencias del Tribunal Constitucional 60/1992 y 90/1994, en la l铆nea de clarificar la incidencia de las alegaciones del FOGASA y su eventual efecto preclusivo.
Se establece tambi茅n una forma de interrelaci贸n entre los 贸rganos judiciales sociales y el FOGASA, para recabar y aportar informaci贸n en defensa de los intereses p煤blicos, como tambi茅n se hace con respecto a la Tesorer铆a General de la Seguridad Social y entidades u organismos gestores de prestaciones de Seguridad Social. Debe destacarse igualmente, con an谩loga finalidad, la expresa previsi贸n de notificaci贸n a estos organismos p煤blicos de las resoluciones que pudieran depararles perjuicios. La norma ahora prevista puede, adem谩s, resultar de utilidad en litigios de los que pudieran derivarse en el futuro prestaciones de garant铆a salarial, aun cuando en dicho momento no est茅 la empresa desaparecida o en situaci贸n de insolvencia actual.
Cabe destacar por otra parte la exenci贸n expresa que se hace a favor de los sindicatos de efectuar dep贸sitos y consignaciones en sus actuaciones ante el orden social. Exist铆a el riesgo de que, en ausencia de concreta indicaci贸n legal, se pudiera cuestionar para los titulares de las acciones colectivas en defensa de los intereses de los trabajadores, la exenci贸n de dep贸sitos y consignaciones en los recursos de reposici贸n y en otros distintos de los de suplicaci贸n y casaci贸n. Se favorece as铆 la intervenci贸n colectiva sindical que, en un plano de econom铆a de recursos, hace innecesarios m煤ltiples y costosos procesos individuales. La Ley refuerza, por otra parte, la legitimaci贸n de los sindicatos con implantaci贸n en el 谩mbito del conflicto para la defensa de los intereses colectivos conforme a la doctrina constitucional, destacando que, en la fase de ejecuci贸n, ese inter茅s debe estar referido esencialmente al mantenimiento de la actividad y a la conservaci贸n de los puestos de trabajo.
La Ley tambi茅n ha querido regular a trav茅s de distintas previsiones concretas las consecuencias de la atribuci贸n al orden social, por Ley 20/2007, de 11 julio, del Estatuto del trabajo aut贸nomo, de las reclamaciones de los trabajadores aut贸nomos econ贸micamente dependientes, con el objetivo de mejorar su tutela jurisdiccional ante las decisiones del empresario-cliente que est谩 en una posici贸n de preponderancia econ贸mica frente a ellos. El planteamiento de la delimitaci贸n jur铆dica entre dos relaciones posibles de orden materialmente distinto, como son la relaci贸n civil o mercantil de servicios y la relaci贸n laboral, puede generar inconvenientes procesales con riesgo de p茅rdida de derechos para los demandantes. Se procura as铆 establecer reglas para los supuestos, frecuentes en la pr谩ctica, en los que el demandante, al accionar por despido, pueda pretender que la relaci贸n es laboral y no de trabajo aut贸nomo econ贸micamente dependiente, posibilitando que, con car谩cter eventual, y para el caso de desestimaci贸n de la primera, se ejerciten las acciones que corresponder铆an al tratarse de un trabajador en el r茅gimen de aut贸nomos, sin obligar a un nuevo procedimiento en esta segunda hip贸tesis. De otro modo, se puede generar, o bien el efecto de que se sigan dos procesos sucesivos cuando el primero no califica de laboral la relaci贸n, o bien de que precluya su derecho si no lo hizo valer en la primera ocasi贸n. Se aprovecha igualmente esta Ley para modificar la Ley del Estatuto del trabajo aut贸nomo en el punto relativo a considerar meramente declarativo y no constitutivo el contrato escrito entre el trabajador aut贸nomo econ贸micamente dependiente y su cliente, as铆 como a clarificar el acceso a la jurisdicci贸n como v铆a de reconocimiento de tal condici贸n.
La nueva Ley incluye novedades muy destacadas, llamadas a agilizar la jurisdicci贸n social, entre las que merece destacarse el impulso que se da tanto a la mediaci贸n previa como a la intraprocesal. Tambi茅n merece especial menci贸n la ampliaci贸n del 谩mbito del recurso de casaci贸n unificadora al regularse una modalidad del mismo que puede interponerse por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad y sin necesidad de que concurra el presupuesto de contradicci贸n de sentencias, con lo que se lograr谩 una mayor celeridad en la unificaci贸n de doctrina y en temas que hasta ahora ser铆an de muy dif铆cil acceso a dicho recurso.
Es tambi茅n destacable en materia de ejecuci贸n, la extensi贸n de los efectos de las sentencias en materia de conflicto colectivo, reforzando la eficacia real de las sentencias reca铆das en este tipo de procesos, que podr谩 ir m谩s all谩 de la mera interpretaci贸n o declaraci贸n con eficacia general de la nulidad o validez de normas convencionales o pr谩cticas empresariales, para comprender la ejecuci贸n individualizada de los pronunciamientos susceptibles de tal determinaci贸n, con legitimaci贸n de los sujetos colectivos, no solamente en condenas con traducci贸n econ贸mica sino incluso en procesos sobre movilidad geogr谩fica o modificaci贸n sustancial de condiciones de trabajo de efectos colectivos u otras pr谩cticas empresariales de posible desagregaci贸n en actuaciones individuales. E, igualmente, cabe resaltar la previsi贸n expresa, hasta ahora solamente posible por la v铆a, no exenta de dificultades, de la aplicaci贸n subsidiaria de la regulaci贸n procesal civil, sobre condenas de futuro y la posibilidad de alcanzar acuerdos transaccionales en ejecuci贸n.
VI
En lo que se refiere a la estructura de la norma, 茅sta est谩 formada por 305 art铆culos, tres disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposici贸n derogatoria y siete finales. Los cap铆tulos se distribuyen en cuatro libros: parte general, proceso ordinario y otras modalidades procesales, medios de impugnaci贸n y ejecuci贸n de resoluciones judiciales.
El Libro Primero contiene la parte general. En el T铆tulo I, el Cap铆tulo I delimita las materias que son conocidas por los 贸rganos de la jurisdicci贸n social. El art铆culo 2 contiene una enumeraci贸n exhaustiva, en t茅rminos positivos, de los asuntos encomendados a este orden jurisdiccional, mientras que el art铆culo 3 realiza una delimitaci贸n negativa de la competencia. El segundo Cap铆tulo recoge las normas generales de competencia de juzgados y tribunales del orden social, concretando 茅stas para cada 贸rgano (juzgados, Salas de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Aut贸nomas, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). El tercer Cap铆tulo se refiere a los conflictos y cuestiones de competencia, ordenando la forma de resolver los conflictos de competencia que se produzcan entre los 贸rganos jurisdiccionales del orden social y los de otros 贸rdenes, sin que se hayan introducido modificaciones respecto de la regulaci贸n anterior, pues sigue remiti茅ndose a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por 煤ltimo, el Cap铆tulo Cuarto recoge el r茅gimen de abstenci贸n y recusaci贸n, remiti茅ndose a las normas de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se definen, para el orden jurisdiccional social, los 贸rganos competentes para instruir y decidir los incidentes de recusaci贸n, en los mismos t茅rminos de la Ley anterior.
El T铆tulo II contiene las normas relativas a las partes procesales. El Cap铆tulo I regula los requisitos de capacidad y legitimaci贸n procesal. En los art铆culos 16 y 17, en materia de capacidad y legitimaci贸n, se mantienen las normas generales previstas en la legislaci贸n anterior y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, realizando los ajustes necesarios para prever la capacidad y legitimaci贸n procesal en el caso de aquellos actos o negocios que se atribuyen 芦ex novo禄 a esta jurisdicci贸n. Adem谩s, en coherencia con lo previsto en los art铆culos 6 y 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ahora se atribuye legitimaci贸n pasiva a las comunidades de bienes y grupos sin personalidad que act煤an como empresarios, con el objetivo de garantizar la existencia de un sujeto susceptible de ser demandado por los trabajadores en caso de que sea necesario.
En el Cap铆tulo II, relativo a la representaci贸n y defensa procesales, respetando los principios generales de nuestro ordenamiento jur铆dico, se introducen novedades cuya finalidad es evitar pr谩cticas de desacumulaci贸n de demandas cuando las acciones ejercitadas son legalmente acumulables. Igualmente se establece una regulaci贸n tendente a facilitar la designaci贸n de representante com煤n cuando la parte demandada est茅 integrada por m谩s de diez sujetos, y no solamente cuando son demandantes, como hasta ahora, lo que es relativamente frecuente en la pr谩ctica y origina graves dilaciones, al no estar previsto actualmente un sistema de designaci贸n com煤n con las garant铆as necesarias. Finalmente se introduce un nuevo p谩rrafo en el art铆culo 19 a fin de facilitar la atribuci贸n de capacidad procesal a la representaci贸n unitaria o sindical cuando la demanda pueda afectar a todos o a la mayor parte de los trabajadores de una empresa.
El Cap铆tulo III contiene las normas relativas a la intervenci贸n y llamada a juicio del Fondo de Garant铆a Salarial. Adem谩s de mejorar la redacci贸n y sistem谩tica del texto, se ha reformado el texto del art铆culo 23, de forma que se establece la necesidad de citar al FOGASA en los supuestos en que su responsabilidad pudiera derivar de su obligaci贸n de pago de una parte de las indemnizaciones.
El T铆tulo III se refiere a la acumulaci贸n de acciones, procesos y recursos. El Cap铆tulo I regula la acumulaci贸n de acciones, procesos y recursos, regulando cada una de 茅stas en secciones distintas. En este Cap铆tulo se han recogido importantes novedades respecto de la acumulaci贸n de acciones, todas ellas tendentes a garantizar una mayor coherencia en la respuesta judicial, eficiencia y agilidad en la resoluci贸n de los litigios que se planteen ante la jurisdicci贸n social, particularmente en procesos derivados de accidentes de trabajo y otros relacionados entre s铆, como las distintas impugnaciones de un mismo acto o resoluci贸n, o la impugnaci贸n de distintos actos empresariales coet谩neos con significaci贸n extintiva, al igual que el planteamiento y resoluci贸n conjunta de las acciones de despido y de salarios pendientes de abono en ese momento, salvo cuando se comprometa la prioritaria resoluci贸n sobre el despido. El Cap铆tulo II, sobre la acumulaci贸n de ejecuciones, no ha sufrido apenas variaciones respecto de la regulaci贸n anterior.
El T铆tulo IV regula los actos procesales. En el primer Cap铆tulo, 芦De las actuaciones procesales禄, la principal novedad es la adici贸n entre los procesos en que los d铆as del mes de agosto deben considerarse h谩biles, de los relativos a procesos de impugnaci贸n de resoluciones administrativas en expedientes de regulaci贸n de empleo, as铆 como de suspensi贸n del contrato o reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n, por la normal urgencia de las medidas, y por analog铆a a lo que acontece respecto de los despidos individuales y plurales y modificaci贸n de condiciones de trabajo, individuales o colectivas.
Se incluyen, adem谩s, en el art铆culo 48 previsiones para adaptar la Administraci贸n de Justicia a las nuevas tecnolog铆as, de forma que se posibilite la sustituci贸n de la entrega material de las actuaciones por su acceso inform谩tico o entrega en soportes inform谩ticos, lo que podr谩 evitar desplazamientos a profesionales y usuarios de la Administraci贸n de Justicia, y reducir el tiempo de tramitaci贸n, sobre todo en la fase de recursos de casaci贸n o suplicaci贸n.
El Cap铆tulo II de este T铆tulo regula el contenido y forma de las resoluciones procesales. En el art铆culo 50, como principal novedad se han simplificado los supuestos en que procede dictar sentencia oral, relacion谩ndolos directamente con los procesos o modalidades procesales en los que, por raz贸n de la materia o de la cuant铆a, no proceda recurso de suplicaci贸n, incluyendo el supuesto de allanamiento total, con independencia de la materia o de la cuant铆a.
En el Cap铆tulo III, relativo a los actos de comunicaci贸n, adem谩s de recoger el reparto de cargas procesales definido por la jurisprudencia constitucional, contiene novedades que enlazan con la regulaci贸n de la nueva oficina judicial y la introducci贸n de procedimientos telem谩ticos de comunicaci贸n en el 谩mbito de la Administraci贸n de Justicia, de forma que la norma sea coherente con el nuevo marco procesal.
En el T铆tulo V se contienen normas orientadas a evitar el proceso. En el Cap铆tulo I, que hasta ahora se refer铆a exclusivamente a la conciliaci贸n previa, se ha adicionado ahora la referencia a la mediaci贸n y a los laudos arbitrales, al regularse en dicho Cap铆tulo la eficacia e impugnaci贸n de estos 煤ltimos.
Adem谩s de introducir las modificaciones necesarias para dar coherencia a la norma con el ordenamiento jur铆dico vigente, incluyendo referencias al Estatuto de los Trabajadores, se a帽ade, igualmente, una menci贸n en el art铆culo 64 a los procesos que exijan otra forma de agotamiento de la v铆a administrativa distinta de la reclamaci贸n previa, en concreto, la interposici贸n del recurso de alzada o reposici贸n. Por otra parte, en el art铆culo 66 se ha sustituido la imposici贸n de multa en caso de no comparecer al acto obligatorio de conciliaci贸n o mediaci贸n, inoperante en la pr谩ctica, por la imposici贸n de costas, relacionada con el principio de vencimiento objetivo y que no requiere apreciar temeridad o mala fe.
El Cap铆tulo II regula el agotamiento de la v铆a administrativa previa a la v铆a judicial. En la legislaci贸n anterior se mencionaba tan s贸lo la reclamaci贸n previa a la v铆a judicial, en relaci贸n con los litigios entre la Administraci贸n y sus trabajadores o entre la Administraci贸n de Seguridad Social, sus entidades gestoras y sus beneficiarios, y ahora ha sido modificado a fin de comprender las diversas formas de agotamiento de la v铆a administrativa por medio de recurso administrativo ordinario como consecuencia de la atracci贸n al orden social del conocimiento sobre los recursos contra resoluciones administrativas en materia laboral.
As铆, la principal novedad contenida en el art铆culo 69 es la introducci贸n de una menci贸n expresa de aquellos procesos que exijan otra forma de agotamiento de la v铆a administrativa, distinta de la reclamaci贸n previa, dej谩ndose abiertas ambas posibilidades. Por otra parte, en el art铆culo 70 se ha insertado la regla general, en materia de derechos fundamentales y libertades p煤blicas, de no ser exigible el agotamiento previo de la v铆a administrativa, conforme al criterio generalmente seguido por la doctrina constitucional.
En el T铆tulo VI se regulan los principios del proceso, as铆 como los deberes procesales. No se han producido grandes novedades en este aspecto. La Ley de Procedimiento Laboral de 1990 ya fue pionera en el establecimiento de apremios pecuniarios y multas coercitivas para obtener la ejecuci贸n de lo resuelto, pero las mismas solamente se establecieron en el proceso de ejecuci贸n. Las normas posteriores, contenidas tanto en la Ley reguladora de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa como en la Ley de Enjuiciamiento Civil del a帽o 2000, han posibilitado, con car谩cter general, la aplicabilidad de dichos mecanismos tambi茅n al proceso declarativo y a la fase de recurso. Con tal finalidad se ha incluido esta posibilidad general en esta Ley.
El Libro Segundo contiene las especialidades relativas al proceso ordinario y las modalidades procesales. El T铆tulo I regula el proceso ordinario y el T铆tulo II se refiere a las modalidades procesales propiamente dichas.
En lo que hace al proceso ordinario, se ha ampliado el texto originario en el art铆culo 76, con el fin de hacer referencia a la legitimaci贸n, y la posibilidad de proporcionar normas de utilidad para los supuestos en los que deba determinarse el empresario o unidad empresarial responsables, muchas veces no conocidos con precisi贸n por el trabajador demandante, para poder formular correctamente la demanda. Se ha mantenido la regla cl谩sica del proceso social, relativa a los testigos, que se integra con el principio general, ex art铆culo 293.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre las causas de anticipaci贸n de la prueba.
En materia de anticipaci贸n y aseguramiento de prueba, as铆 como de medidas cautelares, se ha realizado una regulaci贸n acorde con la Ley de Enjuiciamiento Civil, dejando a salvo las especialidades del proceso social, especialmente la relativa a la exenci贸n de cauciones, garant铆as e indemnizaciones relacionadas con determinadas medidas cautelares, introduciendo medidas cautelares en procesos de extinci贸n a instancia del trabajador y la posibilidad de ejecuci贸n provisional de la sentencia.
En el Cap铆tulo II, que regula el procedimiento ordinario, la regulaci贸n contenida respeta lo previsto en el texto anteriormente vigente, introduciendo aquellas modificaciones necesarias para concordar estos art铆culos con los contenidos en el Libro Primero relativos a la legitimaci贸n activa y pasiva, as铆 como a las nuevas competencias asumidas por la jurisdicci贸n social.
Adem谩s, en el art铆culo 81 se contienen importantes novedades que enlazan con las nuevas funciones de los secretarios judiciales en la nueva oficina judicial. En concreto, se atribuye al secretario judicial la comprobaci贸n de la concurrencia de los requisitos procesales necesarios, sin introducir una distinci贸n, que ser铆a artificiosa y formalista, entre defectos sustantivos y formales, ya que, en esa fase procesal, todos los apreciables son de esta 煤ltima clase, sin perjuicio de que la inadmisi贸n preliminar deba quedar reservada a la decisi贸n jurisdiccional. Asimismo, el secretario judicial ha de advertir a las partes, para su subsanaci贸n, de posibles defectos en la demanda, en relaci贸n con los presupuestos procesales necesarios que pudieran impedir la v谩lida prosecuci贸n y t茅rmino del proceso y el dictado de una sentencia de fondo, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del art铆culo 399 y en el apartado 1 del art铆culo 405 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, as铆 como en relaci贸n con los documentos de preceptiva aportaci贸n con la propia demanda. En cuanto a la posible falta de jurisdicci贸n o competencia, el secretario ha de dar cuenta al juez o tribunal para que resuelva lo procedente. Todo ello con arreglo a la funci贸n de subsanaci贸n procesal que tiene la admisi贸n preliminar de la demanda en el juicio laboral, en el que no hay audiencia preliminar, como en el proceso civil ordinario, y reviste por ello la mayor importancia la subsanaci贸n de toda clase de defectos procesales que puedan resultar de la demanda en el momento de la presentaci贸n de la misma, ya respondan a omisiones, imprecisiones o defectos en ella, falta de capacidad o representaci贸n, inadecuaci贸n, con eventual transformaci贸n de oficio del proceso seguido seg煤n el procedimiento que deba seguirse, litisconsorcio pasivo necesario o cualquier otra causa obstativa de orden procesal, seg煤n la pr谩ctica habitualmente seguida desde antiguo en el proceso social.
En materia de prueba, el juez o tribunal resolver谩 sobre la pertinencia de las pruebas propuestas y determinar谩 la naturaleza y clase de cada una de ellas seg煤n lo previsto en el art铆culo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la presente Ley. Asimismo resolver谩 sobre las posibles diligencias complementarias o de adveraci贸n de las pruebas admitidas y sobre las preguntas que puedan formular las partes. Se regulan las condiciones de pr谩ctica del interrogatorio de parte, delimitando la intervenci贸n de quienes hubieran actuado en los hechos en nombre o inter茅s del empresario, as铆 como de la prueba testifical. Se posibilita la aportaci贸n anticipada y el examen, con alegaciones complementarias en su caso, cuando la prueba presente especial volumen o complejidad, y se establecen garant铆as cuando el acceso a documentos o archivos pueda afectar a la intimidad personal u otro derecho fundamental.
Se regula el planteamiento por el 贸rgano jurisdiccional a las partes de cuestiones que deban ser resueltas de oficio o por conexi贸n obligada con las alegaciones de las partes a fin de hacer posible la exhaustividad del pronunciamiento, exigida por el art铆culo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, asegurando la audiencia de las partes al respecto, que en caso necesario se realizar谩 mediante un breve tr谩mite adicional.
En el T铆tulo II se contiene la regulaci贸n relativa a las modalidades procesales, estableci茅ndose la regla general de la transformaci贸n del proceso a la modalidad adecuada y excluyendo, en la medida de lo posible, los pronunciamientos absolutorios por inadecuaci贸n de procedimiento y la remisi贸n a un ulterior proceso, aunque respetando en su mayor parte la regulaci贸n vigente hasta ahora. En el caso de los procesos de despido se integra la posibilidad, hasta ahora solamente prevista para sanciones inferiores, de autorizar una medida sancionadora alternativa, para as铆 favorecer la reanudaci贸n de la relaci贸n frente a la indemnizaci贸n compensatoria de la p茅rdida del puesto de trabajo. Se regulan as铆 mismo en t茅rminos semejantes a los anteriores, con precisiones adicionales derivadas de modificaciones legislativas o criterios jurisprudenciales, las reclamaciones al Estado del pago de salarios de tramitaci贸n en juicios por despido, extinci贸n del contrato laboral por causas objetivas u otras, as铆 como los procesos relativos a los despidos colectivos por causas econ贸micas, organizativas, t茅cnicas o de producci贸n. En relaci贸n con 茅stos, se regulan ahora expresamente los efectos derivados de la declaraci贸n jurisdiccional de ineficacia de la resoluci贸n administrativa, cuyo conocimiento se atribuye en esta Ley al orden social, por lo que no es suficiente una regla general de declaraci贸n de nulidad de los despidos individuales, adem谩s de dar respuesta a las interrogantes suscitadas por la resoluci贸n que invalida la autorizaci贸n administrativa que sustent贸 en su momento las extinciones individuales, cuesti贸n que ha sido objeto de diversos pronunciamientos a prop贸sito del resarcimiento de los perjudicados.
Tambi茅n se regulan en este T铆tulo II, como modalidades procesales, los procesos que afectan a las materias electorales. Se ha incluido un inciso que tiene por finalidad clarificar el 谩mbito de esta modalidad procesal, en relaci贸n con los preceptos del Estatuto de los Trabajadores modificado para comprender toda la materia electoral a partir de la impugnaci贸n de preavisos electorales, respondiendo a la originaria motivaci贸n de la introducci贸n en su d铆a del arbitraje electoral y a la necesidad de clarificar, cuanto antes, la representatividad de los negociadores del banco social, sea en la empresa o en sectores laborales m谩s amplios.
Igualmente encuentran su acomodo en este T铆tulo los procesos relativos a la clasificaci贸n profesional, movilidad geogr谩fica, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, as铆 como los derechos de conciliaci贸n de la vida personal y familiar, favoreciendo la aplicaci贸n de los criterios convencionales y de las medidas promocionales de la igualdad y los procesos relativos a Seguridad Social, incluida la protecci贸n por desempleo.
En el Cap铆tulo VI, sobre los procesos en materia de Seguridad Social, se mantiene la doble v铆a de reclamaci贸n previa u otras formas de agotamiento de la v铆a administrativa en sentido amplio. En el Cap铆tulo VII, relativo al procedimiento de oficio y al de impugnaci贸n de actos administrativos en materia laboral, se ha llevado a cabo una labor de coordinaci贸n de los supuestos encuadrables en el primero ya que, al asumir la jurisdicci贸n social gran parte de las competencias para conocer de los actos administrativos en materia laboral, sindical, riesgos laborales y parte de seguridad social, el procedimiento de oficio derivado de las comunicaciones de la autoridad laboral a la que se refer铆a el texto anterior dejaba de cumplir, en la mayor parte de los supuestos, con su finalidad coordinadora de las jurisdicciones contencioso-administrativa y social. Se regula espec铆ficamente una nueva modalidad procesal, a partir de una demanda contencioso-laboral an谩loga al recurso contencioso-administrativo anteriormente tramitado en dicho orden jurisdiccional, que sirve de cauce a la impugnaci贸n de los actos administrativos en materia laboral.
En los Cap铆tulos VIII y IX se regulan los procesos en materia de conflictos colectivos y la impugnaci贸n de convenios colectivos de eficacia general y de los laudos sustitutivos de 茅stos, remitiendo, para el caso de las demandas contra cualquier otro tipo de pactos o acuerdos, exclusivamente al proceso de conflictos colectivos. El Cap铆tulo X regula, sin novedades destacables respecto del r茅gimen anterior, la impugnaci贸n de los estatutos de los sindicatos y de las asociaciones empresariales o de su modificaci贸n, mientras que el und茅cimo y 煤ltimo regula la tutela de los derechos fundamentales y libertades p煤blicas, ajust谩ndolo a la doctrina constitucional, con una regulaci贸n m谩s completa y estructurada que la actual, particularmente en cuanto a los t茅rminos de los pronunciamientos a dictar y respecto del resarcimiento de la v铆ctima y su estatuto procesal, y ampliando el 谩mbito de la modalidad procesal de modo decidido m谩s all谩 de la invocaci贸n principal de derechos fundamentales laborales espec铆ficos, como la libertad sindical, para comprender con amplitud toda posible vulneraci贸n de tales derechos y libertades fundamentales en el 谩mbito de las relaciones de trabajo, sean gen茅ricos o espec铆ficamente laborales, salvo cuando sea necesario seguir una determinada modalidad procesal especial para, en ella, incluir tal alegaci贸n, en todo caso con aplicaci贸n de las garant铆as propias de esta modalidad procesal especial, todo ello en t茅rminos que eviten las diferencias de interpretaci贸n actuales.
El Libro Tercero contiene el r茅gimen relativo a los medios de impugnaci贸n, esto es, los recursos contra providencias, autos, diligencias de ordenaci贸n, decretos y sentencias. El libro se organiza en seis t铆tulos, regulando cada uno de ellos, salvo el quinto, un medio de impugnaci贸n distinto. Las principales novedades en este 谩mbito, comprenden, en primer lugar, el reconocimiento de legitimaci贸n para recurrir tambi茅n a la parte favorecida aparentemente por el fallo, de acuerdo con los criterios constitucionales sobre la afectaci贸n real o gravamen causado por el pronunciamiento; en segundo lugar, la regulaci贸n de un tr谩mite de impugnaci贸n eventual de la sentencia por parte de la recurrida, cuando pretenda alegar otros fundamentos distintos de los aplicados por la recurrente, para el caso de que estos 煤ltimos no sean convincentes para el tribunal que conoce del recurso, con posibilidad de alegaciones de la recurrente al respecto, de nuevo de acuerdo con criterios de la doctrina constitucional; y, por 煤ltimo, la interposici贸n e impugnaci贸n del recurso ante el tribunal autor de la sentencia recurrida, remitiendo al Tribunal Supremo el recurso ya tramitado sin previo emplazamiento ante el mismo, seg煤n la positiva experiencia resultante de la tramitaci贸n tradicionalmente aplicada para la suplicaci贸n. En el T铆tulo IV, que regula el recurso de casaci贸n para unificaci贸n de doctrina, se han tratado de superar los tradicionales obst谩culos que ven铆an dados por la exigencia del requisito de contradicci贸n de sentencias que dificultaba y retrasaba el acceso, lo que se intenta corregir dando legitimaci贸n al Ministerio Fiscal para recurrir en defensa de la legalidad en supuestos trascendentes aun cuando no concurra aquel presupuesto. Adem谩s, no se han venido admitiendo, como doctrina de contradicci贸n o contraste a efectos de este recurso, las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, por los 贸rganos jurisdiccionales de 谩mbito supranacional en materia de derechos fundamentales, ni por el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea en interpretaci贸n del Derecho comunitario, a pesar de la vinculaci贸n de los 贸rganos jurisdiccionales a las anteriores, en aplicaci贸n, respectivamente, del apartado 1 del art铆culo 5 de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, del apartado 2 del art铆culo 10 y del apartado 1 del art铆culo 96 de la Constituci贸n. Por esta raz贸n, la presente norma ampl铆a el 谩mbito del recurso unificador para lograr la mejora en el cumplimiento efectivo de su finalidad con las cautelas necesarias para salvaguardar la posici贸n constitucional del Tribunal Supremo. Se ha procurado, finalmente, relacionar entre s铆 la solicitud de nulidad de actuaciones contra resoluciones definitivas, la audiencia al rebelde y la revisi贸n de sentencias firmes, para evitar la compleja y dif铆cil situaci贸n que puede llegar a generarse en la pr谩ctica con la regulaci贸n actual, en cuanto a la procedencia en cada caso de uno u otro medio impugnatorio.
Por 煤ltimo, el Libro Cuarto regula las normas relativas a la ejecuci贸n de sentencias. Merece destacar, en la sistem谩tica de estos art铆culos, la adaptaci贸n a las particularidades de la nueva oficina judicial en cuanto a la distribuci贸n de funciones en el seno de los juzgados y tribunales, y muy especialmente, la atribuci贸n de competencias espec铆ficas en materia de ejecuci贸n a los secretarios judiciales. Se han introducido tambi茅n mejoras t茅cnicas para equiparar plenamente, a efectos de la ejecuci贸n definitiva, todos los t铆tulos ejecutivos laborales, tanto los constituidos con intervenci贸n judicial como los constituidos sin intervenci贸n judicial. Se regula por primera vez, como ya se ha apuntado, la posibilidad de ejecuci贸n de determinadas sentencias dictadas en procesos de conflicto colectivo cuando puedan determinarse los afectados y la posibilidad de transacci贸n en la ejecuci贸n, con las necesarias cautelas para asegurar la efectividad de lo juzgado.
En las disposiciones finales se establece como supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en su caso, la Ley reguladora de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa, con la necesaria adaptaci贸n a las particularidades del proceso social y en cuanto sean compatibles con sus principios. Se establece tambi茅n una habilitaci贸n al Gobierno para modificar las cuant铆as correspondientes a los recursos de suplicaci贸n y de casaci贸n ordinaria, en su caso, y para la adopci贸n de las medidas necesarias para aprobar un sistema de valoraci贸n de da帽os derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, mediante un sistema espec铆fico de baremo de indemnizaciones actualizables anualmente. Finalmente, se regula el r茅gimen transitorio de los procesos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley.
LIBRO PRIMERO-Parte general
T脥TULO I-Del ejercicio de la potestad jurisdiccional
CAP脥TULO I-De la jurisdicci贸n
Art铆culo 1. Orden jurisdiccional social
Los 贸rganos jurisdiccionales del orden social conocer谩n de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en su vertiente individual como colectiva, incluyendo aqu茅llas que versen sobre materias laborales y de Seguridad Social, as铆 como de las impugnaciones de las actuaciones de las Administraciones p煤blicas realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones sobre las anteriores materias.
Art铆culo 2. 脕mbito del orden jurisdiccional social
Los 贸rganos jurisdiccionales del orden social, por aplicaci贸n de lo establecido en el art铆culo anterior, conocer谩n de las cuestiones litigiosas que se promuevan:
a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposici贸n, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los dem谩s derechos y obligaciones en el 谩mbito de la relaci贸n de trabajo.
b) En relaci贸n con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aqu茅llos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los da帽os originados en el 谩mbito de la prestaci贸n de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acci贸n directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acci贸n de repetici贸n que pudiera corresponder ante el orden competente.
c) Entre las sociedades laborales o las cooperativas de trabajo asociado, y sus socios trabajadores, exclusivamente por la prestaci贸n de sus servicios.
d) En relaci贸n con el r茅gimen profesional, tanto en su vertiente individual como colectiva, de los trabajadores aut贸nomos econ贸micamente dependientes a que se refiere la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo aut贸nomo, incluidos los litigios que deriven del ejercicio por ellos de las reclamaciones de responsabilidad contempladas en el apartado b) de este art铆culo.
e) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevenci贸n de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, as铆 como para conocer de la impugnaci贸n de las actuaciones de las Administraciones p煤blicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean 茅stos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podr谩n ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamaci贸n de responsabilidad derivada de los da帽os sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevenci贸n de riesgos laborales que forma parte de la relaci贸n funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones.
f) Sobre tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y dem谩s derechos fundamentales y libertades p煤blicas, incluida la prohibici贸n de la discriminaci贸n y el acoso, contra el empresario o terceros vinculados a 茅ste por cualquier t铆tulo, cuando la vulneraci贸n alegada tenga conexi贸n directa con la prestaci贸n de servicios; sobre las reclamaciones en materia de libertad sindical y de derecho de huelga frente a actuaciones de las Administraciones p煤blicas referidas exclusivamente al personal laboral; sobre las controversias entre dos o m谩s sindicatos, o entre 茅stos y las asociaciones empresariales, siempre que el litigio verse sobre cuestiones objeto de la competencia del orden jurisdiccional social, incluida en todos los supuestos de este apartado la responsabilidad por da帽os; y sobre las dem谩s actuaciones previstas en la presente Ley conforme al apartado 4 del art铆culo 117 de la Constituci贸n Espa帽ola en garant铆a de cualquier derecho.
g) En procesos de conflictos colectivos.
h) Sobre impugnaci贸n de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, incluidos los concertados por las Administraciones p煤blicas cuando sean de aplicaci贸n exclusiva a personal laboral; as铆 como sobre impugnaci贸n de laudos arbitrales de naturaleza social, incluidos los dictados en sustituci贸n de la negociaci贸n colectiva, en conflictos colectivos, en procedimientos de resoluci贸n de controversias y en procedimientos de consulta en movilidad geogr谩fica, modificaciones colectivas de condiciones de trabajo y despidos colectivos, as铆 como en suspensiones y reducciones temporales de jornada. De haberse dictado respecto de las Administraciones p煤blicas, cuando dichos laudos afecten en exclusiva al personal laboral.
i) En procesos sobre materia electoral, incluidas las elecciones a 贸rganos de representaci贸n del personal al servicio de las Administraciones p煤blicas.
j) Sobre constituci贸n y reconocimiento de la personalidad jur铆dica de los sindicatos, impugnaci贸n de sus estatutos y su modificaci贸n.
k) En materia de r茅gimen jur铆dico espec铆fico de los sindicatos, tanto legal como estatutario, en todo lo relativo a su funcionamiento interno y a las relaciones con sus afiliados.
l) Sobre constituci贸n y reconocimiento de la personalidad jur铆dica de las asociaciones empresariales en los t茅rminos referidos en la disposici贸n derogatoria de la Ley Org谩nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, impugnaci贸n de sus estatutos y su modificaci贸n.
m) Sobre la responsabilidad de los sindicatos y de las asociaciones empresariales por infracci贸n de normas de la rama social del Derecho.
n) En impugnaci贸n de resoluciones administrativas de la autoridad laboral reca铆das en los procedimientos previstos en el apartado 3 del art铆culo 47 y en el apartado 7 del art铆culo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, as铆 como las reca铆das en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical y, respecto de las dem谩s impugnaciones de otros actos de las Administraciones p煤blicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la v铆a administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no est茅 atribuido a otro orden jurisdiccional.
帽) Contra las Administraciones p煤blicas, incluido el Fondo de Garant铆a Salarial, cuando les atribuya responsabilidad la legislaci贸n laboral.
o) En materia de prestaciones de Seguridad Social, incluidas la protecci贸n por desempleo y la protecci贸n por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, as铆 como sobre la imputaci贸n de responsabilidades a empresarios o terceros respecto de las prestaciones de Seguridad Social en los casos legalmente establecidos. Igualmente las cuestiones litigiosas relativas a la valoraci贸n, reconocimiento y calificaci贸n del grado de discapacidad, as铆 como sobre las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci贸n de la Autonom铆a Personal y Atenci贸n a las personas en situaci贸n de dependencia, teniendo a todos los efectos de esta Ley la misma consideraci贸n que las relativas a las prestaciones y los beneficiarios de la Seguridad Social.
p) En materia de intermediaci贸n laboral, en los conflictos que surjan entre los trabajadores y los servicios p煤blicos de empleo, las agencias de colocaci贸n autorizadas y otras entidades colaboradoras de aqu茅llos y entre estas 煤ltimas entidades y el servicio p煤blico de empleo correspondiente.
q) En la aplicaci贸n de los sistemas de mejoras de la acci贸n protectora de la Seguridad Social, incluidos los planes de pensiones y contratos de seguro, siempre que su causa derive de una decisi贸n unilateral del empresario, un contrato de trabajo o un convenio, pacto o acuerdo colectivo; as铆 como de los complementos de prestaciones o de las indemnizaciones, especialmente en los supuestos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, que pudieran establecerse por las Administraciones p煤blicas a favor de cualquier beneficiario.
r) Entre los asociados y las mutualidades, excepto las establecidas por los Colegios profesionales, en los t茅rminos previstos en los art铆culos 64 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de ordenaci贸n y supervisi贸n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, as铆 como entre las fundaciones laborales o entre 茅stas y sus beneficiarios, sobre cumplimiento, existencia o declaraci贸n de sus obligaciones espec铆ficas y derechos de car谩cter patrimonial, relacionados con los fines y obligaciones propios de esas entidades.
s) En impugnaci贸n de actos de las Administraciones p煤blicas, sujetos a derecho administrativo y que pongan fin a la v铆a administrativa, dictadas en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia de Seguridad Social, distintas de las comprendidas en el apartado o) de este art铆culo, incluyendo las reca铆das en el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia y con excepci贸n de las especificadas en la letra f) del art铆culo 3.
t) En cualesquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por 茅sta u otras normas con rango de ley.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificadas letras n) y h) del art铆culo 2
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
Los 贸rganos jurisdiccionales del orden social, por aplicaci贸n de lo establecido en el art铆culo anterior, conocer谩n de las cuestiones litigiosas que se promuevan:
a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposici贸n, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los dem谩s derechos y obligaciones en el 谩mbito de la relaci贸n de trabajo.
b) En relaci贸n con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aqu茅llos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los da帽os originados en el 谩mbito de la prestaci贸n de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acci贸n directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acci贸n de repetici贸n que pudiera corresponder ante el orden competente.
c) Entre las sociedades laborales o las cooperativas de trabajo asociado, y sus socios trabajadores, exclusivamente por la prestaci贸n de sus servicios.
d) En relaci贸n con el r茅gimen profesional, tanto en su vertiente individual como colectiva, de los trabajadores aut贸nomos econ贸micamente dependientes a que se refiere la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo aut贸nomo, incluidos los litigios que deriven del ejercicio por ellos de las reclamaciones de responsabilidad contempladas en el apartado b) de este art铆culo.
e) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevenci贸n de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, as铆 como para conocer de la impugnaci贸n de las actuaciones de las Administraciones p煤blicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean 茅stos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podr谩n ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamaci贸n de responsabilidad derivada de los da帽os sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevenci贸n de riesgos laborales que forma parte de la relaci贸n funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones.
f) Sobre tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y dem谩s derechos fundamentales y libertades p煤blicas, incluida la prohibici贸n de la discriminaci贸n y el acoso, contra el empresario o terceros vinculados a 茅ste por cualquier t铆tulo, cuando la vulneraci贸n alegada tenga conexi贸n directa con la prestaci贸n de servicios; sobre las reclamaciones en materia de libertad sindical y de derecho de huelga frente a actuaciones de las Administraciones p煤blicas referidas exclusivamente al personal laboral; sobre las controversias entre dos o m谩s sindicatos, o entre 茅stos y las asociaciones empresariales, siempre que el litigio verse sobre cuestiones objeto de la competencia del orden jurisdiccional social, incluida en todos los supuestos de este apartado la responsabilidad por da帽os; y sobre las dem谩s actuaciones previstas en la presente Ley conforme al apartado 4 del art铆culo 117 de la Constituci贸n Espa帽ola en garant铆a de cualquier derecho.
g) En procesos de conflictos colectivos.
h) Sobre impugnaci贸n de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, incluidos los concertados por las Administraciones p煤blicas cuando sean de aplicaci贸n exclusiva a personal laboral; as铆 como sobre impugnaci贸n de laudos arbitrales de naturaleza social, incluidos los dictados en sustituci贸n de la negociaci贸n colectiva, en conflictos colectivos, en procedimientos de resoluci贸n de controversias y en procedimientos de consulta en movilidad geogr谩fica, modificaciones colectivas de condiciones de trabajo y despidos colectivos. De haberse dictado respecto de las Administraciones p煤blicas, cuando dichos laudos afecten en exclusiva al personal laboral.
i) En procesos sobre materia electoral, incluidas las elecciones a 贸rganos de representaci贸n del personal al servicio de las Administraciones p煤blicas.
j) Sobre constituci贸n y reconocimiento de la personalidad jur铆dica de los sindicatos, impugnaci贸n de sus estatutos y su modificaci贸n.
k) En materia de r茅gimen jur铆dico espec铆fico de los sindicatos, tanto legal como estatutario, en todo lo relativo a su funcionamiento interno y a las relaciones con sus afiliados.
l) Sobre constituci贸n y reconocimiento de la personalidad jur铆dica de las asociaciones empresariales en los t茅rminos referidos en la disposici贸n derogatoria de la Ley Org谩nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, impugnaci贸n de sus estatutos y su modificaci贸n.
m) Sobre la responsabilidad de los sindicatos y de las asociaciones empresariales por infracci贸n de normas de la rama social del Derecho.
n) En impugnaci贸n de resoluciones administrativas de la autoridad laboral reca铆das en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical y, respecto de las dem谩s impugnaciones de otros actos de las Administraciones p煤blicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la v铆a administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no est茅 atribuido a otro orden jurisdiccional.
帽) Contra las Administraciones p煤blicas, incluido el Fondo de Garant铆a Salarial, cuando les atribuya responsabilidad la legislaci贸n laboral.
o) En materia de prestaciones de Seguridad Social, incluidas la protecci贸n por desempleo y la protecci贸n por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, as铆 como sobre la imputaci贸n de responsabilidades a empresarios o terceros respecto de las prestaciones de Seguridad Social en los casos legalmente establecidos. Igualmente las cuestiones litigiosas relativas a la valoraci贸n, reconocimiento y calificaci贸n del grado de discapacidad, as铆 como sobre las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci贸n de la Autonom铆a Personal y Atenci贸n a las personas en situaci贸n de dependencia, teniendo a todos los efectos de esta Ley la misma consideraci贸n que las relativas a las prestaciones y los beneficiarios de la Seguridad Social.
p) En materia de intermediaci贸n laboral, en los conflictos que surjan entre los trabajadores y los servicios p煤blicos de empleo, las agencias de colocaci贸n autorizadas y otras entidades colaboradoras de aqu茅llos y entre estas 煤ltimas entidades y el servicio p煤blico de empleo correspondiente.
q) En la aplicaci贸n de los sistemas de mejoras de la acci贸n protectora de la Seguridad Social, incluidos los planes de pensiones y contratos de seguro, siempre que su causa derive de una decisi贸n unilateral del empresario, un contrato de trabajo o un convenio, pacto o acuerdo colectivo; as铆 como de los complementos de prestaciones o de las indemnizaciones, especialmente en los supuestos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, que pudieran establecerse por las Administraciones p煤blicas a favor de cualquier beneficiario.
r) Entre los asociados y las mutualidades, excepto las establecidas por los Colegios profesionales, en los t茅rminos previstos en los art铆culos 64 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de ordenaci贸n y supervisi贸n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, as铆 como entre las fundaciones laborales o entre 茅stas y sus beneficiarios, sobre cumplimiento, existencia o declaraci贸n de sus obligaciones espec铆ficas y derechos de car谩cter patrimonial, relacionados con los fines y obligaciones propios de esas entidades.
s) En impugnaci贸n de actos de las Administraciones p煤blicas, sujetos a derecho administrativo y que pongan fin a la v铆a administrativa, dictadas en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia de Seguridad Social, distintas de las comprendidas en el apartado o) de este art铆culo, incluyendo las reca铆das en el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia y con excepci贸n de las especificadas en la letra f) del art铆culo 3.
t) En cualesquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por 茅sta u otras normas con rango de ley.
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Modificada letra n) del art铆culo 2
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
Los 贸rganos jurisdiccionales del orden social, por aplicaci贸n de lo establecido en el art铆culo anterior, conocer谩n de las cuestiones litigiosas que se promuevan:
a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposici贸n, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los dem谩s derechos y obligaciones en el 谩mbito de la relaci贸n de trabajo.
b) En relaci贸n con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aqu茅llos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los da帽os originados en el 谩mbito de la prestaci贸n de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acci贸n directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acci贸n de repetici贸n que pudiera corresponder ante el orden competente.
c) Entre las sociedades laborales o las cooperativas de trabajo asociado, y sus socios trabajadores, exclusivamente por la prestaci贸n de sus servicios.
d) En relaci贸n con el r茅gimen profesional, tanto en su vertiente individual como colectiva, de los trabajadores aut贸nomos econ贸micamente dependientes a que se refiere la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo aut贸nomo, incluidos los litigios que deriven del ejercicio por ellos de las reclamaciones de responsabilidad contempladas en el apartado b) de este art铆culo.
e) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevenci贸n de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, as铆 como para conocer de la impugnaci贸n de las actuaciones de las Administraciones p煤blicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean 茅stos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podr谩n ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamaci贸n de responsabilidad derivada de los da帽os sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevenci贸n de riesgos laborales que forma parte de la relaci贸n funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones.
f) Sobre tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y dem谩s derechos fundamentales y libertades p煤blicas, incluida la prohibici贸n de la discriminaci贸n y el acoso, contra el empresario o terceros vinculados a 茅ste por cualquier t铆tulo, cuando la vulneraci贸n alegada tenga conexi贸n directa con la prestaci贸n de servicios; sobre las reclamaciones en materia de libertad sindical y de derecho de huelga frente a actuaciones de las Administraciones p煤blicas referidas exclusivamente al personal laboral; sobre las controversias entre dos o m谩s sindicatos, o entre 茅stos y las asociaciones empresariales, siempre que el litigio verse sobre cuestiones objeto de la competencia del orden jurisdiccional social, incluida en todos los supuestos de este apartado la responsabilidad por da帽os; y sobre las dem谩s actuaciones previstas en la presente Ley conforme al apartado 4 del art铆culo 117 de la Constituci贸n Espa帽ola en garant铆a de cualquier derecho.
g) En procesos de conflictos colectivos.
h) Sobre impugnaci贸n de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, incluidos los concertados por las Administraciones p煤blicas cuando sean de aplicaci贸n exclusiva a personal laboral; as铆 como sobre impugnaci贸n de laudos arbitrales de naturaleza social, incluidos los dictados en sustituci贸n de la negociaci贸n colectiva, en conflictos colectivos, en procedimientos de resoluci贸n de controversias y en procedimientos de consulta en movilidad geogr谩fica, modificaciones colectivas de condiciones de trabajo y despidos colectivos. De haberse dictado respecto de las Administraciones p煤blicas, cuando dichos laudos afecten en exclusiva al personal laboral.
i) En procesos sobre materia electoral, incluidas las elecciones a 贸rganos de representaci贸n del personal al servicio de las Administraciones p煤blicas.
j) Sobre constituci贸n y reconocimiento de la personalidad jur铆dica de los sindicatos, impugnaci贸n de sus estatutos y su modificaci贸n.
k) En materia de r茅gimen jur铆dico espec铆fico de los sindicatos, tanto legal como estatutario, en todo lo relativo a su funcionamiento interno y a las relaciones con sus afiliados.
l) Sobre constituci贸n y reconocimiento de la personalidad jur铆dica de las asociaciones empresariales en los t茅rminos referidos en la disposici贸n derogatoria de la Ley Org谩nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, impugnaci贸n de sus estatutos y su modificaci贸n.
m) Sobre la responsabilidad de los sindicatos y de las asociaciones empresariales por infracci贸n de normas de la rama social del Derecho.
n) En impugnaci贸n de resoluciones administrativas de la autoridad laboral en procedimientos de suspensi贸n temporal de relaciones laborales, reducci贸n de jornada y despido colectivo, regulados en los art铆culos 47 y 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, as铆 como las reca铆das en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical y, respecto de las dem谩s impugnaciones de otros actos de las Administraciones p煤blicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la v铆a administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no est茅 atribuido a otro orden jurisdiccional.
帽) Contra las Administraciones p煤blicas, incluido el Fondo de Garant铆a Salarial, cuando les atribuya responsabilidad la legislaci贸n laboral.
o) En materia de prestaciones de Seguridad Social, incluidas la protecci贸n por desempleo y la protecci贸n por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, as铆 como sobre la imputaci贸n de responsabilidades a empresarios o terceros respecto de las prestaciones de Seguridad Social en los casos legalmente establecidos. Igualmente las cuestiones litigiosas relativas a la valoraci贸n, reconocimiento y calificaci贸n del grado de discapacidad, as铆 como sobre las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci贸n de la Autonom铆a Personal y Atenci贸n a las personas en situaci贸n de dependencia, teniendo a todos los efectos de esta Ley la misma consideraci贸n que las relativas a las prestaciones y los beneficiarios de la Seguridad Social.
p) En materia de intermediaci贸n laboral, en los conflictos que surjan entre los trabajadores y los servicios p煤blicos de empleo, las agencias de colocaci贸n autorizadas y otras entidades colaboradoras de aqu茅llos y entre estas 煤ltimas entidades y el servicio p煤blico de empleo correspondiente.
q) En la aplicaci贸n de los sistemas de mejoras de la acci贸n protectora de la Seguridad Social, incluidos los planes de pensiones y contratos de seguro, siempre que su causa derive de una decisi贸n unilateral del empresario, un contrato de trabajo o un convenio, pacto o acuerdo colectivo; as铆 como de los complementos de prestaciones o de las indemnizaciones, especialmente en los supuestos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, que pudieran establecerse por las Administraciones p煤blicas a favor de cualquier beneficiario.
r) Entre los asociados y las mutualidades, excepto las establecidas por los Colegios profesionales, en los t茅rminos previstos en los art铆culos 64 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de ordenaci贸n y supervisi贸n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, as铆 como entre las fundaciones laborales o entre 茅stas y sus beneficiarios, sobre cumplimiento, existencia o declaraci贸n de sus obligaciones espec铆ficas y derechos de car谩cter patrimonial, relacionados con los fines y obligaciones propios de esas entidades.
s) En impugnaci贸n de actos de las Administraciones p煤blicas, sujetos a derecho administrativo y que pongan fin a la v铆a administrativa, dictadas en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia de Seguridad Social, distintas de las comprendidas en el apartado o) de este art铆culo, incluyendo las reca铆das en el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia y con excepci贸n de las especificadas en la letra f) del art铆culo 3.
t) En cualesquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por 茅sta u otras normas con rango de ley.
Art铆culo 3. Materias excluidas
No conocer谩n los 贸rganos jurisdiccionales del orden social:
a) De la impugnaci贸n directa de disposiciones generales de rango inferior a la ley y decretos legislativos cuando excedan los l铆mites de la delegaci贸n, aun en las materias laborales, sindicales o de Seguridad Social enumeradas en el art铆culo anterior.
b) De las cuestiones litigiosas en materia de prevenci贸n de riesgos laborales que se susciten entre el empresario y los obligados a coordinar con 茅ste las actividades preventivas de riesgos laborales y entre cualquiera de los anteriores y los sujetos o entidades que hayan asumido frente a ellos, por cualquier t铆tulo, la responsabilidad de organizar los servicios de prevenci贸n.
c) De la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga relativa a los funcionarios p煤blicos, personal estatutario de los servicios de salud y al personal a que se refiere la letra a) del apartado 3 del art铆culo 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
d) De las disposiciones que establezcan las garant铆as tendentes a asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad en caso de huelga y, en su caso, de los servicios o dependencias y los porcentajes m铆nimos de personal necesarios a tal fin, sin perjuicio de la competencia del orden social para conocer de las impugnaciones exclusivamente referidas a los actos de designaci贸n concreta del personal laboral incluido en dichos m铆nimos, as铆 como para el conocimiento de los restantes actos dictados por la autoridad laboral en situaciones de conflicto laboral conforme al Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo.
e) De los pactos o acuerdos concertados por las Administraciones p煤blicas con arreglo a lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico, que sean de aplicaci贸n al personal funcionario o estatutario de los servicios de salud, ya sea de manera exclusiva o conjunta con el personal laboral; y sobre la composici贸n de las Mesas de negociaci贸n sobre las condiciones de trabajo comunes al personal de relaci贸n administrativa y laboral.
f) De las impugnaciones de los actos administrativos en materia de Seguridad Social relativos a inscripci贸n de empresas, formalizaci贸n de la protecci贸n frente a riesgos profesionales, tarifaci贸n, afiliaci贸n, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, as铆 como en materia de liquidaci贸n de cuotas, actas de liquidaci贸n y actas de infracci贸n vinculadas con dicha liquidaci贸n de cuotas y con respecto a los actos de gesti贸n recaudatoria, incluidas las resoluciones dictadas en esta materia por su respectiva entidad gestora, en el supuesto de cuotas de recaudaci贸n conjunta con las cuotas de Seguridad Social y, en general, los dem谩s actos administrativos conexos a los anteriores dictados por la Tesorer铆a General de la Seguridad Social; as铆 como de los actos administrativos sobre asistencia y protecci贸n social p煤blicas en materias que no se encuentren comprendidas en las letras o) y s) del art铆culo 2.
g) De las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, as铆 como de las dem谩s entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, sean estatales o auton贸micos, por los da帽os y perjuicios causados por o con ocasi贸n de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, aun cuando en la producci贸n del da帽o concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.
h) De las pretensiones cuyo conocimiento y decisi贸n est茅 reservado por la Ley Concursal a la jurisdicci贸n exclusiva y excluyente del juez del concurso.
CAP脥TULO II-De la competencia
Art铆culo 4. Competencia funcional por conexi贸n
1. La competencia de los 贸rganos jurisdiccionales del orden social se extender谩 al conocimiento y decisi贸n de las cuestiones previas y prejudiciales no pertenecientes a dicho orden, que est茅n directamente relacionadas con las atribuidas al mismo, salvo lo previsto en el apartado 3 de este art铆culo y en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
2. Las cuestiones previas y prejudiciales ser谩n decididas en la resoluci贸n judicial que ponga fin al proceso. La decisi贸n que se pronuncie no producir谩 efecto fuera del proceso en que se dicte.
3. Hasta que las resuelva el 贸rgano judicial competente, las cuestiones prejudiciales penales suspender谩n el plazo para adoptar la debida decisi贸n s贸lo cuando se basen en falsedad documental y su soluci贸n sea de todo punto indispensable para dictarla.
4. La suspensi贸n de la ejecuci贸n por existencia de una cuesti贸n prejudicial penal s贸lo proceder谩 si la falsedad documental en que se base se hubiere producido despu茅s de constituido el t铆tulo ejecutivo y se limitar谩 a las actuaciones ejecutivas condicionadas directamente por la resoluci贸n de aqu茅lla.
Art铆culo 5. Apreciaci贸n de oficio de la falta de jurisdicci贸n o de competencia
1. Si los 贸rganos jurisdiccionales apreciaren la falta de jurisdicci贸n o de competencia internacional, o se estimaren incompetentes para conocer de la demanda por raz贸n de la materia, del territorio o de la funci贸n, dictar谩n auto declar谩ndolo as铆 y previniendo al demandante ante qui茅n y c贸mo puede hacer uso de su derecho.
2. Igual declaraci贸n deber谩n hacer en los mismos supuestos al dictar sentencia, absteni茅ndose de entrar en el conocimiento del fondo del asunto.
3. La declaraci贸n de oficio de la falta de jurisdicci贸n o de competencia en los casos de los dos p谩rrafos anteriores requerir谩 previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en plazo com煤n de tres d铆as.
4. Contra el auto de declaraci贸n de falta de jurisdicci贸n o de competencia podr谩n ejercitarse los recursos previstos en la presente Ley. Si en el auto se declarase la jurisdicci贸n y competencia del 贸rgano de la jurisdicci贸n social, la cuesti贸n podr谩 suscitarse de nuevo en el juicio y, en su caso, en el recurso ulterior.
5. Si la acci贸n ejercitada estuviere sometida a plazo de caducidad, se entender谩 suspendida desde la presentaci贸n de la demanda hasta que el auto que declare la falta de jurisdicci贸n o de competencia sea firme.
Art铆culo 6. Juzgados de lo Social
1. Los Juzgados de lo Social conocer谩n en 煤nica instancia de todos los procesos atribuidos al orden jurisdiccional social, con excepci贸n de los asignados expresamente a la competencia de otros 贸rganos de este orden jurisdiccional en los art铆culos 7, 8 y 9 de esta Ley y en la Ley Concursal.
2. En aplicaci贸n de lo establecido en el apartado anterior, conocer谩n tambi茅n en 煤nica instancia de los procesos de impugnaci贸n de actos de Administraciones p煤blicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del art铆culo 2, cuando hayan sido dictados por:
a) Los 贸rganos de la Administraci贸n General del Estado y de los organismos p煤blicos vinculados o dependientes de ella siempre que su nivel org谩nico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Aut贸nomas, salvo los que procedan del respectivo Consejo de Gobierno.
c) Las Administraciones de las entidades locales.
d) Cualquier otro organismo o entidad de derecho p煤blico que pudiera ostentar alguna de las competencias administrativas a las que se refieren las mencionadas letras del art铆culo 2 de esta Ley.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificada letra a) del apartado 2 del art铆culo 6
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
1. Los Juzgados de lo Social conocer谩n en 煤nica instancia de todos los procesos atribuidos al orden jurisdiccional social, con excepci贸n de los asignados expresamente a la competencia de otros 贸rganos de este orden jurisdiccional en los art铆culos 7, 8 y 9 de esta Ley y en la Ley Concursal.
2. En aplicaci贸n de lo establecido en el apartado anterior, conocer谩n tambi茅n en 煤nica instancia de los procesos de impugnaci贸n de actos de Administraciones p煤blicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del art铆culo 2, cuando hayan sido dictados por:
a) Los 贸rganos de la Administraci贸n General del Estado y de los organismos p煤blicos vinculados o dependientes de ella siempre que su nivel org谩nico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Aut贸nomas, salvo los que procedan del respectivo Consejo de Gobierno.
c) Las Administraciones de las entidades locales.
d) Cualquier otro organismo o entidad de derecho p煤blico que pudiera ostentar alguna de las competencias administrativas a las que se refieren las mencionadas letras del art铆culo 2 de esta Ley.
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Modificada letra a) del apartado 2 del art铆culo 6
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
1. Los Juzgados de lo Social conocer谩n en 煤nica instancia de todos los procesos atribuidos al orden jurisdiccional social, con excepci贸n de los asignados expresamente a la competencia de otros 贸rganos de este orden jurisdiccional en los art铆culos 7, 8 y 9 de esta Ley y en la Ley Concursal.
2. En aplicaci贸n de lo establecido en el apartado anterior, conocer谩n tambi茅n en 煤nica instancia de los procesos de impugnaci贸n de actos de Administraciones p煤blicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del art铆culo 2, cuando hayan sido dictados por:
a) Los 贸rganos de la Administraci贸n General del Estado y de los organismos p煤blicos vinculados o dependientes de ella siempre que su nivel org谩nico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado, con excepci贸n de los expedientes de regulaci贸n de empleo, suspensi贸n del contrato o reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n.
b) Las Administraciones de las Comunidades Aut贸nomas, salvo los que procedan del respectivo Consejo de Gobierno.
c) Las Administraciones de las entidades locales.
d) Cualquier otro organismo o entidad de derecho p煤blico que pudiera ostentar alguna de las competencias administrativas a las que se refieren las mencionadas letras del art铆culo 2 de esta Ley.
Art铆culo 7. Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia
Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocer谩n:
a) En 煤nica instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del art铆culo 2 cuando extiendan sus efectos a un 谩mbito territorial superior al de la circunscripci贸n de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Aut贸noma, as铆 como de todos aquellos que expresamente les atribuyan las leyes.
Conocer谩n en 煤nica instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores de conformidad con lo previsto en los apartados 1 a 10 del art铆culo 124 de esta Ley, cuando extiendan sus efectos a un 谩mbito territorial no superior al de una Comunidad Aut贸noma.
Asimismo, conocer谩n en 煤nica instancia de los procesos de oficio previstos en la letra b) del art铆culo 148 de esta Ley y de los procesos de impugnaci贸n de las resoluciones administrativas reca铆das en los procedimientos previstos en el apartado 7 del art铆culo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de conformidad con lo previsto en el art铆culo 151 de esta Ley, cuando el acuerdo o acto administrativo impugnado extiendan sus efectos a un 谩mbito territorial no superior al de una Comunidad Aut贸noma.
b) Tambi茅n en 煤nica instancia, de los procesos de impugnaci贸n de actos de las Administraciones p煤blicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del art铆culo 2, cuando hayan sido dictados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut贸noma o por 贸rganos de la Administraci贸n General del Estado con nivel org谩nico de Ministro o Secretario de Estado, siempre que, en este 煤ltimo caso, el acto haya confirmado, en v铆a de recurso o en procedimiento de fiscalizaci贸n o tutela, los que hayan sido dictados por 贸rganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
c) De los recursos de suplicaci贸n establecidos en esta Ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de su circunscripci贸n.
d) De los recursos de suplicaci贸n contra las resoluciones de los jueces de lo mercantil previstos en los art铆culos 64.8 y 197.8 de la Ley Concursal.
e) De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social de su circunscripci贸n.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificado art铆culo 7
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocer谩n:
a) En 煤nica instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del art铆culo 2 cuando extiendan sus efectos a un 谩mbito territorial superior al de la circunscripci贸n de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Aut贸noma, as铆 como de todos aquellos que expresamente les atribuyan las leyes.
Asimismo conocer谩n en 煤nica instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores de conformidad con lo previsto en los apartados 1 a 10 del art铆culo 124 de esta Ley, cuando extiendan sus efectos a un 谩mbito territorial no superior al de la Comunidad Aut贸noma.
b) Tambi茅n en 煤nica instancia, de los procesos de impugnaci贸n de actos de las Administraciones p煤blicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del art铆culo 2, cuando hayan sido dictados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut贸noma o por 贸rganos de la Administraci贸n General del Estado con nivel org谩nico de Ministro o Secretario de Estado, siempre que, en este 煤ltimo caso, el acto haya confirmado, en v铆a de recurso o en procedimiento de fiscalizaci贸n o tutela, los que hayan sido dictados por 贸rganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
c) De los recursos de suplicaci贸n establecidos en esta Ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de su circunscripci贸n.
d) De los recursos de suplicaci贸n contra los autos de los jueces de lo mercantil previstos en los art铆culos 64.8 y 197.8 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
e) De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social de su circunscripci贸n.
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Modificado art铆culo 7
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocer谩n:
a) En 煤nica instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del art铆culo 2 cuando extiendan sus efectos a un 谩mbito territorial superior al de la circunscripci贸n de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Aut贸noma, as铆 como de todos aquellos que expresamente les atribuyan las leyes.
b) Tambi茅n en 煤nica instancia, de los procesos de impugnaci贸n de actos de las Administraciones p煤blicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del art铆culo 2, cuando hayan sido dictados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut贸noma o por 贸rganos de la Administraci贸n General del Estado con nivel org谩nico de Ministro o Secretario de Estado, siempre que, en este 煤ltimo caso, el acto haya confirmado, en v铆a de recurso o en procedimiento de fiscalizaci贸n o tutela, los que hayan sido dictados por 贸rganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
c) De los recursos de suplicaci贸n establecidos en esta Ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de su circunscripci贸n.
d) De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social de su circunscripci贸n.
Art铆culo 8. Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
1. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocer谩 en 煤nica instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del art铆culo 2 cuando extiendan sus efectos a un 谩mbito territorial superior al de una Comunidad Aut贸noma o trat谩ndose de impugnaci贸n de laudos, de haber correspondido, en su caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje.
Conocer谩 en 煤nica instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores de conformidad con lo previsto en los apartados 1 a 10 del art铆culo 124 de esta Ley, cuando extiendan sus efectos a un 谩mbito territorial superior al de una Comunidad Aut贸noma.
Asimismo, conocer谩 en 煤nica instancia de los de los procesos de oficio previstos en la letra b) del art铆culo 148 de esta Ley y de los procesos de impugnaci贸n de las resoluciones administrativas reca铆das en los procedimientos previstos en el apartado 7 del art铆culo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de conformidad con lo previsto en el art铆culo 151 de esta Ley, cuando el acuerdo o acto administrativo impugnado extiendan sus efectos a un 谩mbito territorial superior al de una Comunidad Aut贸noma.
2. Tambi茅n, con independencia de su 谩mbito territorial de afectaci贸n, conocer谩 en 煤nica instancia de los procesos de impugnaci贸n de actos de Administraciones p煤blicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del art铆culo 2, cuando hayan sido dictados por 贸rganos de la Administraci贸n General del Estado y de los organismos p煤blicos vinculados o dependientes de ella cuyo nivel org谩nico sea de Ministro o Secretario de Estado bien con car谩cter originario o bien cuando rectifiquen por v铆a de recurso o en procedimiento de fiscalizaci贸n o tutela los dictados por 贸rganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 8
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
1. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocer谩 en 煤nica instancia de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del art铆culo 2 cuando extiendan sus efectos a un 谩mbito territorial superior al de una Comunidad Aut贸noma o trat谩ndose de impugnaci贸n de laudos, de haber correspondido, en su caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje.
Asimismo conocer谩n en 煤nica instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores de conformidad con lo previsto en los apartados 1 a 10 del art铆culo 124 de esta Ley, cuando extiendan sus efectos a un 谩mbito territorial superior al de una Comunidad Aut贸noma.
2. Tambi茅n, con independencia de su 谩mbito territorial de afectaci贸n, conocer谩 en 煤nica instancia de los procesos de impugnaci贸n de actos de Administraciones p煤blicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del art铆culo 2, cuando hayan sido dictados por 贸rganos de la Administraci贸n General del Estado y de los organismos p煤blicos vinculados o dependientes de ella cuyo nivel org谩nico sea de Ministro o Secretario de Estado bien con car谩cter originario o bien cuando rectifiquen por v铆a de recurso o en procedimiento de fiscalizaci贸n o tutela los dictados por 贸rganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 8
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
1. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocer谩 en 煤nica instancia de los procesos a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del art铆culo 2, as铆 como de las resoluciones administrativas reca铆das en expedientes de regulaci贸n de empleo, suspensi贸n del contrato o reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n, cuando los procesos o resoluciones referidos extiendan sus efectos a un 谩mbito territorial superior al de una Comunidad Aut贸noma o, trat谩ndose de impugnaci贸n de laudos, de haber correspondido, en su caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje.
2. Tambi茅n, con independencia de su 谩mbito territorial de afectaci贸n, conocer谩 en 煤nica instancia de los procesos de impugnaci贸n de actos de Administraciones p煤blicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del art铆culo 2, cuando hayan sido dictados por 贸rganos de la Administraci贸n General del Estado y de los organismos p煤blicos vinculados o dependientes de ella cuyo nivel org谩nico sea de Ministro o Secretario de Estado bien con car谩cter originario o bien cuando rectifiquen por v铆a de recurso o en procedimiento de fiscalizaci贸n o tutela los dictados por 贸rganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
Art铆culo 9. Sala de lo Social del Tribunal Supremo
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocer谩:
a) En 煤nica instancia de los procesos de impugnaci贸n de actos de Administraciones p煤blicas atribuidos al orden jurisdiccional social cuando hayan sido dictados por el Consejo de Ministros.
b) De los recursos de casaci贸n establecidos en la Ley.
c) De la revisi贸n de sentencias firmes dictadas por los 贸rganos jurisdiccionales del orden social y de la revisi贸n de laudos arbitrales firmes sobre materias objeto de conocimiento del orden social.
d) De las demandas de error judicial cuando el 贸rgano al que se impute el error pertenezca al orden jurisdiccional social, salvo cuando 茅ste se atribuyese a la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo o a alguna de sus secciones en que la competencia corresponder谩 a la Sala que se establece en el art铆culo 61 de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
e) De las cuestiones de competencia suscitadas entre 贸rganos del orden jurisdiccional social que no tengan otro superior jer谩rquico com煤n.
Art铆culo 10. Competencia territorial de los Juzgados de lo Social
La competencia de los Juzgados de lo Social se determinar谩 de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Con car谩cter general ser谩 juzgado competente el del lugar de prestaci贸n de los servicios o el del domicilio del demandado, a elecci贸n del demandante.
Si los servicios se prestaran en lugares de distintas circunscripciones territoriales, el trabajador podr谩 elegir entre aqu茅l de ellos en que tenga su domicilio, el del contrato, si hall谩ndose en 茅l el demandado pudiera ser citado, o el del domicilio del demandado.
En el caso de que sean varios los demandados, y se optare por el fuero del domicilio, el actor podr谩 elegir el de cualquiera de los demandados.
En las demandas contra las Administraciones p煤blicas empleadoras ser谩 juzgado competente el del lugar de prestaci贸n de los servicios o el del domicilio del demandante, a elecci贸n de 茅ste; salvo para los trabajadores que presten servicios en el extranjero, en que ser谩 juzgado competente el del domicilio de la Administraci贸n p煤blica demandada.
2. En los procesos que se indican en los p谩rrafos siguientes ser谩 en cada caso juzgado competente:
a) En los que versen sobre las materias referidas en las letras o) y p) del art铆culo 2, aqu茅l en cuya circunscripci贸n se haya producido la resoluci贸n originaria, expresa o presunta, o la actuaci贸n impugnada en el proceso, o, a elecci贸n del demandante, el juzgado de su domicilio, si bien, cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Aut贸nomas o de las entidades de la Administraci贸n Local, la elecci贸n se entender谩 limitada a los juzgados comprendidos dentro de la circunscripci贸n de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el 贸rgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.
b) En los que versen sobre las materias referidas en las letras q) y r) del art铆culo 2, el del domicilio del demandado o el del demandante, a elecci贸n de 茅ste. En los procesos entre Mutualidades de Previsi贸n, regir谩 en todo caso el fuero de la demandada.
c) En los de reclamaci贸n de salarios de tramitaci贸n frente al Estado, conocer谩 el juzgado que dict贸 la sentencia de despido.
d) En los que versen sobre las materias referidas en las letras j) y l) del art铆culo 2, el de la sede del sindicato o de la asociaci贸n empresarial.
e) En los que versen sobre la materia referida en las letras k) y m) del art铆culo 2, el del lugar en que se produzcan los efectos del acto o actos que dieron lugar al proceso.
f) En los que versen sobre la materia referida en la letra f) del art铆culo 2, el del lugar donde se produjo o, en su caso, al que se extiendan los efectos de la lesi贸n, o las decisiones o actuaciones respecto de las que se demanda la tutela.
g) En los procesos electorales referidos en la letra i) del art铆culo 2, el del lugar en cuya circunscripci贸n est茅 situada la empresa o centro de trabajo; si los centros est谩n situados en municipios distintos, en que ejerzan jurisdicci贸n juzgados diferentes, con unidad de comit茅 de empresa o de 贸rgano de representaci贸n del personal al servicio de las Administraciones p煤blicas, el del lugar en que inicialmente hubiera de constituirse o se hubiera constituido la mesa electoral. Cuando se trate de impugnaci贸n de la resoluci贸n administrativa que deniegue el registro de las actas electorales o las relativas a expedici贸n de certificaciones de la capacidad representativa de los sindicatos o de los resultados electorales, la competencia corresponder谩 al Juzgado de lo Social en cuya circunscripci贸n se encuentre la oficina p煤blica correspondiente.
h) En los de impugnaci贸n de convenios colectivos o laudos sustitutivos de aqu茅llos y en los de conflictos colectivos, referidos en las letras h) y g) del art铆culo 2, el de la circunscripci贸n a que se refiera el 谩mbito de aplicaci贸n del convenio o laudo impugnado, o en que se produzcan los efectos del conflicto, respectivamente. En las acciones de impugnaci贸n y recursos judiciales de impugnaci贸n de los restantes tipos de laudos arbitrales cuyo conocimiento corresponda al orden social, el de la circunscripci贸n del juzgado al que le hubiera correspondido, en su caso, el conocimiento del asunto sometido a arbitraje.
3. La determinaci贸n de la competencia de los juzgados y tribunales del orden social en los procesos a que se refiere la Ley 10/1997, de 24 abril, de Informaci贸n y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de dimensi贸n comunitaria, se regir谩 por las reglas fijadas en los art铆culos 6 a 11 de la presente Ley atendiendo a la modalidad procesal de que se trate. En los procesos de conflictos colectivos, sobre impugnaci贸n de convenios colectivos y sobre tutela de los derechos de libertad sindical se atender谩 a la extensi贸n de sus efectos en territorio espa帽ol. A tal fin, en ausencia de acuerdo o de determinaci贸n expresa al respecto, se entender谩 que el domicilio de la comisi贸n negociadora y del comit茅 de empresa europeo es el de la direcci贸n central.
4. En los procesos de impugnaci贸n de actos de Administraciones p煤blicas no comprendidos en los apartados anteriores y atribuidos a los Juzgados de lo Social, la competencia territorial de los mismos se determinar谩 conforme a las siguientes reglas:
a) Con car谩cter general, ser谩 competente el juzgado en cuya circunscripci贸n tenga su sede el 贸rgano que hubiera dictado el acto originario impugnado.
b) En la impugnaci贸n de actos que tengan un destinatario individual, a elecci贸n del demandante, podr谩 interponerse la demanda ante el juzgado del domicilio de 茅ste, si bien, cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Aut贸nomas o de las entidades de la Administraci贸n Local, la elecci贸n se entender谩 condicionada a que el juzgado del domicilio est茅 comprendido dentro de la circunscripci贸n de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el 贸rgano que hubiere dictado el acto originario impugnado. Si el acto afectase a una pluralidad de destinatarios se aplicar谩 la regla general.
Art铆culo 11. Competencia territorial de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia
1. La competencia territorial para el conocimiento de los procesos atribuidos en instancia a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia corresponder谩:
a) En los de impugnaci贸n de convenios colectivos o laudos sustitutivos de los anteriores y en los de conflictos colectivos, referidos en las letras g) y h) del art铆culo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripci贸n se produzcan los efectos del conflicto o a la de aquel a cuya circunscripci贸n se extienda el 谩mbito de aplicaci贸n de las cl谩usulas del convenio, acuerdo o laudo impugnado o, trat谩ndose de impugnaci贸n de laudos, de haber correspondido, en su caso, a estas Salas el conocimiento del asunto sometido a arbitraje.
b) En los que versen sobre la materia referida en las letras j) y l) del art铆culo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripci贸n tengan su sede el sindicato y la asociaci贸n empresarial a que se refiera.
c) En los que versen sobre las materias referidas en las letras k) y m) del art铆culo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripci贸n se produzcan los efectos del acto que diera lugar al proceso.
d) En los que versen sobre la materia referida en la letra f) del art铆culo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripci贸n se produzca o, en su caso, se extiendan los efectos de la lesi贸n, las decisiones o actuaciones respecto de las que se demanda la tutela.
2. Cuando existan varias Salas de lo Social en un mismo Tribunal Superior, la competencia territorial de cada una de ellas se determinar谩 por aplicaci贸n de las reglas establecidas en el apartado anterior, referida a la circunscripci贸n territorial de la Sala.
3. En el caso de que los efectos de la cuesti贸n litigiosa se extiendan a las circunscripciones de varias Salas, sin exceder del 谩mbito territorial de una Comunidad Aut贸noma, conocer谩 la que corresponda seg煤n las reglas de reparto que al efecto haya aprobado la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
4. En las materias a que se refieren las letras n) y s) del art铆culo 2 y atribuidas en el art铆culo 7 al conocimiento de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia:
a) Cuando el acto impugnado proceda del Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut贸noma, la competencia corresponder谩 a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripci贸n tenga su sede el mencionado 贸rgano de gobierno.
b) Cuando el acto impugnado proceda de un Ministro o Secretario de Estado, conforme a la letra b) del art铆culo 7, el conocimiento del asunto corresponder谩 a la Sala de lo Social en cuya circunscripci贸n tenga su sede el 贸rgano autor del acto originario impugnado, o, cuando tenga un destinatario individual, a la Sala de lo Social en cuya circunscripci贸n tenga su domicilio el demandante, a elecci贸n de 茅ste. Si el acto afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversas las Salas competentes seg煤n la regla anterior, la competencia vendr谩 atribuida a la Sala de la sede del 贸rgano autor del acto originario impugnado.
CAP脥TULO III-De los conflictos de competencia y de las cuestiones de competencia
Art铆culo 12. R茅gimen legal
Los conflictos de competencia entre los 贸rganos jurisdiccionales del orden social y los de otros 贸rdenes de la jurisdicci贸n se regir谩n por lo dispuesto en la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Art铆culo 13. Cuestiones de competencia
1. No podr谩n suscitarse cuestiones de competencia entre jueces y tribunales subordinados entre s铆, est谩ndose al respecto a lo dispuesto en el art铆culo 52 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
2. Las cuestiones de competencia que se susciten entre 贸rganos del orden social de la jurisdicci贸n ser谩n decididas por el inmediato superior com煤n.
Art铆culo 14. Tramitaci贸n de las cuestiones de competencia
Las cuestiones de competencia se sustanciar谩n y decidir谩n con sujeci贸n a lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo lo dispuesto en las siguientes reglas:
1.陋 Las declinatorias se propondr谩n como excepciones y ser谩n resueltas previamente en la sentencia, sin suspender el curso de los autos.
2.陋 Si se estimase la declinatoria, el demandante podr谩 deducir su demanda ante el 贸rgano territorialmente competente, y si la acci贸n estuviese sometida a plazo de caducidad se entender谩 suspendida desde la presentaci贸n de la demanda hasta que la sentencia que estime la declinatoria quede firme.
CAP脥TULO IV-De la abstenci贸n y de la recusaci贸n
Art铆culo 15. R茅gimen legal y procedimiento
1. La abstenci贸n y la recusaci贸n se regir谩n, en cuanto a sus causas, por la Ley Org谩nica del Poder Judicial, y en cuanto al procedimiento, por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
No obstante lo anterior, la recusaci贸n habr谩 de proponerse en instancia con anterioridad a la celebraci贸n de los actos de conciliaci贸n y juicio y, en recursos, antes del d铆a se帽alado para la votaci贸n y fallo o, en su caso, para la vista.
En cualquier caso, la proposici贸n de la recusaci贸n no suspender谩 la ejecuci贸n.
2. Instruir谩n los incidentes de recusaci贸n:
a) Cuando el recusado sea el Presidente o uno o m谩s Magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, un Magistrado de la Sala a la que pertenezca el recusado, designado en virtud de un turno establecido por orden de antig眉edad.
b) Cuando se recusare a todos los Magistrados de una Sala de Justicia, el Magistrado que corresponda por turno de antig眉edad de los que integren el Tribunal correspondiente, siempre que no estuviere afectado por la recusaci贸n, y si se recusare a todos los Magistrados que integran la Sala de lo Social del Tribunal correspondiente, un Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo designado por sorteo entre todos sus integrantes.
c) Cuando el recusado sea un Juez de lo Social, un Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, designado en virtud de un turno establecido por orden de antig眉edad.
La antig眉edad se regir谩 por el orden de escalaf贸n en la carrera judicial.
En los casos en que no fuere posible cumplir lo prevenido en los p谩rrafos anteriores, la Sala de Gobierno del Tribunal correspondiente designar谩 al instructor, procurando que sea de mayor categor铆a o, al menos, de mayor antig眉edad que el recusado o recusados.
3. Decidir谩n los incidentes de recusaci贸n:
a) La Sala prevista en el art铆culo 61 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, cuando el recusado sea el Presidente de la Sala de lo Social o dos o m谩s de los Magistrados de dicha Sala.
b) La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, cuando se recuse a uno de los Magistrados que la integran.
c) La Sala a que se refiere el art铆culo 77 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, cuando se hubiera recusado al Presidente de la Sala de lo Social de dicho Tribunal Superior.
d) La Sala a que se refiere el art铆culo 69 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, cuando se hubiera recusado al Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional o a m谩s de dos Magistrados de una Secci贸n de dicha Sala.
e) Cuando se recusare a uno o dos Magistrados de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, la Secci贸n en la que no se encuentre integrado el recusado o la Secci贸n que siga en orden num茅rico a aqu茅lla de la que el recusado forme parte.
f) Cuando se recusare a uno o dos Magistrados de la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, la Sala en Pleno si no estuviera dividida en Secciones o, en caso contrario, la Secci贸n en la que no se encuentre integrado el recusado o la Secci贸n que siga en orden num茅rico a aquella de la que el recusado forme parte.
g) Cuando el recusado sea un Juez de lo Social, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia correspondiente en Pleno, si no estuviera dividida en Secciones o, en caso contrario, la Secci贸n primera.
4. La abstenci贸n y la recusaci贸n de los secretarios judiciales y de los miembros de los dem谩s cuerpos de funcionarios al servicio de la Administraci贸n de Justicia se regir谩n por lo dispuesto para cada uno de ellos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
T脥TULO II-De las partes procesales
CAP脥TULO I-De la capacidad y legitimaci贸n procesal
Art铆culo 16. Capacidad procesal y representaci贸n
1. Podr谩n comparecer en juicio en defensa de sus derechos e intereses leg铆timos quienes se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
2. Tendr谩n capacidad procesal los trabajadores mayores de diecis茅is a帽os y menores de dieciocho respecto de los derechos e intereses leg铆timos derivados de sus contratos de trabajo y de la relaci贸n de Seguridad Social, cuando legalmente no precisen para la celebraci贸n de dichos contratos autorizaci贸n de sus padres, tutores o de la persona o instituci贸n que los tenga a su cargo, o hubieran obtenido autorizaci贸n para contratar de sus padres, tutores o persona o instituci贸n que los tenga a su cargo conforme a la legislaci贸n laboral o la legislaci贸n civil o mercantil respectivamente. Igualmente tendr谩n capacidad procesal los trabajadores aut贸nomos econ贸micamente dependientes mayores de diecis茅is a帽os.
3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, los trabajadores mayores de diecis茅is a帽os y menores de dieciocho tendr谩n igualmente capacidad procesal respecto de los derechos de naturaleza sindical y de representaci贸n, as铆 como para la impugnaci贸n de los actos administrativos que les afecten.
4. Por quienes no se hallaren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles comparecer谩n sus representantes leg铆timos o los que deban suplir su incapacidad conforme a Derecho.
5. Por las personas jur铆dicas comparecer谩n quienes legalmente las representen. Por las entidades sin personalidad a las que la ley reconozca capacidad para ser parte comparecer谩n quienes legalmente las representen en juicio. Por las masas patrimoniales o patrimonios separados carentes de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposici贸n y administraci贸n comparecer谩n quienes conforme a la ley las administren. Por las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jur铆dicas, est茅n formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado, comparecer谩n quienes de hecho o en virtud de pactos de la entidad, act煤en en su nombre frente a terceros o ante los trabajadores. Por las comunidades de bienes y grupos comparecer谩n quienes aparezcan, de hecho o de derecho, como organizadores, directores o gestores de los mismos, o en su defecto como socios o part铆cipes de los mismos y sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, pueda corresponder a estas personas f铆sicas.
Art铆culo 17. Legitimaci贸n
1. Los titulares de un derecho subjetivo o un inter茅s leg铆timo podr谩n ejercitar acciones ante los 贸rganos jurisdiccionales del orden social, en los t茅rminos establecidos en las leyes.
2. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales tendr谩n legitimaci贸n para la defensa de los intereses econ贸micos y sociales que les son propios.
Los sindicatos con implantaci贸n suficiente en el 谩mbito del conflicto est谩n legitimados para accionar en cualquier proceso en el que est茅n en juego intereses colectivos de los trabajadores, siempre que exista un v铆nculo entre dicho sindicato y el objeto del pleito de que se trate; podr谩n igualmente personarse y ser tenidos por parte en dichos procesos, sin que tal intervenci贸n haga detener o retroceder el curso de las actuaciones.
En especial, en los t茅rminos establecidos en esta Ley, podr谩n actuar, a trav茅s del proceso de conflicto colectivo, en defensa de los derechos e intereses de una pluralidad de trabajadores indeterminada o de dif铆cil determinaci贸n; y, en particular, por tal cauce podr谩n actuar en defensa del derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres en todas las materias atribuidas al orden social.
En el proceso de ejecuci贸n se considerar谩n intereses colectivos los tendentes a la conservaci贸n de la empresa y a la defensa de los puestos de trabajo.
3. Las organizaciones de trabajadores aut贸nomos tendr谩n legitimaci贸n para la defensa de los acuerdos de inter茅s profesional por ellas firmados.
4. El Ministerio Fiscal estar谩 legitimado para intervenir en todos aquellos supuestos previstos en la presente Ley.
5. Contra las resoluciones que les afecten desfavorablemente las partes podr谩n interponer los recursos establecidos en esta Ley por haber visto desestimadas cualquiera de sus pretensiones o excepciones, por resultar de ellas directamente gravamen o perjuicio, para revisar errores de hecho o prevenir los eventuales efectos del recurso de la parte contraria o por la posible eficacia de cosa juzgada del pronunciamiento sobre otros procesos ulteriores.
CAP脥TULO II-De la representaci贸n y defensa procesales
Art铆culo 18. Intervenci贸n en el juicio
1. Las partes podr谩n comparecer por s铆 mismas o conferir su representaci贸n a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. La representaci贸n podr谩 conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante el secretario judicial o por escritura p煤blica.
2. En el caso de otorgarse la representaci贸n a abogado deber谩n seguirse los tr谩mites previstos en el apartado 2 del art铆culo 21.
Art铆culo 19. Presentaci贸n de la demanda y pluralidad de actores o demandados
1. La demanda podr谩 presentarse bien individualmente, bien de modo conjunto, en un solo escrito o en varios y, en este caso, su admisi贸n a tr谩mite equivaldr谩 a la decisi贸n de su acumulaci贸n, que no podr谩 denegarse salvo que las acciones no sean acumulables seg煤n esta Ley.
2. En los procesos en los que demanden de forma conjunta m谩s de diez actores, 茅stos deber谩n designar un representante com煤n, con el que se entender谩n las sucesivas diligencias del litigio. Este representante deber谩 ser necesariamente abogado, procurador, graduado social colegiado, uno de los demandantes o un sindicato. Dicha representaci贸n podr谩 conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante el secretario judicial, por escritura p煤blica o mediante comparecencia ante el servicio administrativo que tenga atribuidas las competencias de conciliaci贸n, mediaci贸n o arbitraje o el 贸rgano que asuma estas funciones. Junto con la demanda se deber谩 aportar el documento correspondiente de otorgamiento de esta representaci贸n.
3. Cuando se acuerde la acumulaci贸n de los procesos correspondientes a varias demandas presentadas contra un mismo demandado, afectando de este modo el proceso a m谩s de diez actores, as铆 como cuando la demanda o demandas se dirijan contra m谩s de diez demandados, siempre que no haya contraposici贸n de intereses entre ellos, el secretario judicial les requerir谩 para que designen un representante com煤n, pudiendo recaer dicha designaci贸n en cualquiera de los sujetos mencionados en el apartado anterior. A tal efecto, junto con la comunicaci贸n a los actores de la resoluci贸n de acumulaci贸n, el secretario judicial les citar谩 de comparecencia dentro de los cuatro d铆as siguientes para el nombramiento del representante com煤n; si el d铆a de la comparecencia no asistiese alguno de los citados en forma, se proceder谩 a la designaci贸n del representante com煤n, entendi茅ndose que quien no comparezca acepta el nombramiento efectuado por el resto.
4. Cualquiera de los demandantes o demandados en el caso del apartado anterior podr谩 expresar su voluntad justificada de comparecer por s铆 mismo o de designar un representante propio, diferenciado del designado de forma conjunta por los restantes actores o demandados.
5. Cuando por raz贸n de la tutela ejercitada la pretensi贸n no afecte de modo directo e individual a trabajadores determinados se entender谩, a efectos de emplazamiento y comparecencia en el proceso, que los 贸rganos representativos unitarios y, en su caso, la representaci贸n sindical, ostentan la representaci贸n en juicio de los intereses gen茅ricos del colectivo laboral correspondiente, siempre que no haya contraposici贸n de intereses entre ellos, y sin perjuicio de la facultad de los trabajadores que indirectamente pudieran resultar afectados, de comparecer por s铆 mismos o de designar un representante propio.
Art铆culo 20. Representaci贸n por los sindicatos
1. Los sindicatos podr谩n actuar en un proceso, en nombre e inter茅s de los trabajadores y de los funcionarios y personal estatutario afiliados a ellos que as铆 se lo autoricen, para la defensa de sus derechos individuales, recayendo en dichos afiliados los efectos de aquella actuaci贸n.
2. En la demanda, el sindicato habr谩 de acreditar la condici贸n de afiliado del trabajador o empleado y la existencia de la comunicaci贸n al afiliado de su voluntad de iniciar el proceso. La autorizaci贸n se presumir谩 concedida salvo declaraci贸n en contrario del afiliado. En el caso de que no se hubiese otorgado esta autorizaci贸n, el trabajador o empleado podr谩 exigir al sindicato la responsabilidad que proceda, que habr谩 de decidirse en proceso social independiente.
3. Si en cualquier fase del proceso el afiliado expresara en la oficina judicial que no hab铆a recibido la comunicaci贸n del sindicato o que habi茅ndola recibido hubiera negado la autorizaci贸n de actuaci贸n en su nombre, el juez o tribunal, previa audiencia del sindicato, acordar谩 el archivo de las actuaciones sin m谩s tr谩mite.
4. Los sindicatos estar谩n exentos de efectuar dep贸sitos y consignaciones en todas sus actuaciones ante el orden social y gozar谩n del beneficio legal de justicia gratuita cuando ejerciten un inter茅s colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la seguridad social.
Art铆culo 21. Intervenci贸n de abogado, graduado social colegiado o procurador
1. La defensa por abogado y la representaci贸n t茅cnica por graduado social colegiado tendr谩 car谩cter facultativo en la instancia. En el recurso de suplicaci贸n los litigantes habr谩n de estar defendidos por abogado o representados t茅cnicamente por graduado social colegiado. En el recurso de casaci贸n y en las actuaciones procesales ante el Tribunal Supremo ser谩 preceptiva la defensa de abogado. Cuando la defensa sea facultativa, con excepci贸n de lo previsto en el art铆culo siguiente, podr谩 utilizarla sin embargo cualquiera de los litigantes, en cuyo caso ser谩 de su cuenta el pago de los honorarios o derechos respectivos con las excepciones contempladas en la legislaci贸n sobre asistencia jur铆dica gratuita.
2. Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado o representado t茅cnicamente por graduado social colegiado o representado por procurador, lo har谩 constar en la demanda. Asimismo, el demandado pondr谩 esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos d铆as siguientes al de su citaci贸n para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intenci贸n al actor, pueda 茅ste estar representado t茅cnicamente por graduado social colegiado o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designaci贸n a trav茅s del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
3. Si en cualquier otra actuaci贸n, diversa al acto de juicio, cualquiera de las partes pretendiese actuar asistido de letrado, el secretario judicial adoptar谩 las medidas oportunas para garantizar la igualdad de las partes.
4. La solicitud de designaci贸n de abogado por el turno de oficio por los trabajadores y los beneficiarios del sistema de seguridad social que, por disposici贸n legal ostentan todos el derecho a la asistencia jur铆dica gratuita, dar谩 lugar a la suspensi贸n de los plazos de caducidad o la interrupci贸n de la prescripci贸n de acciones. Cuando el abogado designado para un proceso considere insostenible la pretensi贸n deber谩 seguir el procedimiento previsto en los art铆culos 32 a 35 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jur铆dica Gratuita.
5. Los funcionarios y el personal estatutario en su actuaci贸n ante el orden jurisdiccional social como empleados p煤blicos gozar谩n del derecho a la asistencia jur铆dica gratuita en los mismos t茅rminos que los trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social.
Art铆culo 22. Representaci贸n y defensa del Estado
1. La representaci贸n y defensa del Estado y dem谩s entes del sector p煤blico se regir谩, seg煤n proceda, por lo dispuesto en la Ley Org谩nica del Poder Judicial, la Ley de Asistencia Jur铆dica al Estado e Instituciones p煤blicas y las dem谩s normas que le sean de aplicaci贸n.
2. La representaci贸n y defensa de las Entidades Gestoras y de los Servicios Comunes de la Seguridad Social corresponder谩 a los letrados de la Administraci贸n de la Seguridad Social, sin perjuicio de que para supuestos determinados pueda conferirse la representaci贸n conforme a las reglas generales del art铆culo 18 o designarse abogado al efecto.
CAP脥TULO III-De la intervenci贸n y llamada a juicio del Fondo de Garant铆a Salarial
Art铆culo 23. Intervenci贸n del Fondo de Garant铆a Salarial
1. El Fondo de Garant铆a Salarial, cuando resulte necesario en defensa de los intereses p煤blicos que gestiona y para ejercitar las acciones o recursos oportunos, podr谩 comparecer como parte en cualquier fase o momento de su tramitaci贸n, en aquellos procesos de los que se pudieran derivar prestaciones de garant铆a salarial, sin que tal intervenci贸n haga retroceder ni detener el curso de las actuaciones.
2. En supuestos de empresas incursas en procedimientos concursales, as铆 como de las ya declaradas insolventes o desaparecidas, y en las demandas de las que pudiera derivar la responsabilidad prevista en el apartado 8 del art铆culo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el secretario judicial citar谩 como parte al Fondo de Garant铆a Salarial, d谩ndole traslado de la demanda a fin de que 茅ste pueda asumir sus obligaciones legales e instar lo que convenga en Derecho.
Igualmente deber谩n ser notificadas al Fondo de Garant铆a las resoluciones de admisi贸n a tr谩mite, se帽alamiento de la vista o incidente y dem谩s resoluciones, incluida la que ponga fin al tr谩mite correspondiente, cuando pudieran derivarse responsabilidades para el mismo.
3. El Fondo de Garant铆a Salarial dispondr谩 de plenas facultades de actuaci贸n en el proceso como parte, pudiendo oponer toda clase de excepciones y medios de defensa, aun los personales del demandado, y cuantos hechos obstativos, impeditivos o modificativos puedan dar lugar a la desestimaci贸n total o parcial de la demanda, as铆 como proponer y practicar prueba e interponer toda clase de recursos contra las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten.
4. El Fondo de Garant铆a Salarial tendr谩 la consideraci贸n de parte en la tramitaci贸n de los procedimientos arbitrales, a efectos de asumir las obligaciones previstas en el art铆culo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, el Fondo de Garant铆a Salarial podr谩 impugnar los laudos arbitrales, las conciliaciones extrajudiciales o judiciales, los allanamientos y las transacciones aprobadas judicialmente, de poderse derivar de tales t铆tulos obligaciones de garant铆a salarial, a cuyo efecto se le dar谩 traslado de los mismos en dichos casos por la autoridad que los dicte o apruebe.
5. En los supuestos del apartado 2 de este art铆culo, as铆 como cuando comparezca en juicio en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, el Fondo de Garant铆a Salarial deber谩 alegar todos aquellos motivos de oposici贸n que se refieran a la existencia de la relaci贸n laboral, circunstancias de la prestaci贸n, clase o extensi贸n de la deuda o a la falta de cualquier otro requisito procesal o sustantivo. La estimaci贸n de dichas alegaciones dar谩 lugar al pronunciamiento que corresponda al motivo de oposici贸n alegado, seg煤n su naturaleza, y a la exclusi贸n o reducci贸n de la deuda, afectando a todas las partes.
La estimaci贸n de la caducidad o prescripci贸n de la acci贸n dar谩 lugar a la absoluci贸n del empresario y del propio Fondo de Garant铆a, si hubieran alegado la prescripci贸n o si se apreciase de oficio o a instancia de parte la caducidad. No obstante, si se apreciase interrupci贸n de la prescripci贸n por haber existido reclamaci贸n extrajudicial frente al empresario o reconocimiento por 茅ste de la deuda, 茅stos no surtir谩n efectos interruptivos de la prescripci贸n frente al Fondo de Garant铆a y se absolver谩 a 茅ste, sin perjuicio del pronunciamiento que proceda frente al empresario, salvo que el reconocimiento de deuda haya tenido lugar ante un servicio administrativo de mediaci贸n, arbitraje o conciliaci贸n, o en acta de conciliaci贸n en un proceso judicial, en cuyo caso la interrupci贸n de la prescripci贸n tambi茅n afectar谩 al Fondo de Garant铆a.
La concurrencia de los requisitos para la prestaci贸n de garant铆a seg煤n lo dispuesto en el art铆culo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores no ser谩 objeto del procedimiento judicial que se dirija contra el empresario para la determinaci贸n de la deuda sino del procedimiento administrativo ante el Fondo de Garant铆a, y en su caso del proceso judicial ulterior que resuelvan sobre la solicitud de prestaci贸n de garant铆a salarial.
6. Si el Fondo de Garant铆a hubiera sido emplazado con car谩cter preceptivo seg煤n lo dispuesto en el apartado 2, estar谩 vinculado por la sentencia que se dicte. En los dem谩s casos, la entidad de garant铆a estar谩 vinculada en el procedimiento relativo a la prestaci贸n de garant铆a y ante el trabajador por el t铆tulo judicial que hubiera determinado la naturaleza y cuant铆a de la deuda empresarial, siempre que concurran los requisitos para la prestaci贸n de garant铆a salarial y sin perjuicio de los recursos o impugnaciones que pudiere haber deducido en el procedimiento seguido frente al empresario, si bien podr谩 ejercitar acciones contra quien considere verdadero empresario o grupo empresarial o cualquier persona interpuesta o contra quienes hubieran podido contribuir a generar prestaciones indebidas de garant铆a salarial.
7. En los procedimientos seguidos contra el Fondo de Garant铆a Salarial al amparo de la legislaci贸n laboral, las afirmaciones de hecho contenidas en el expediente y en las que se haya fundamentado la resoluci贸n del mismo har谩n fe, salvo prueba en contrario.
8. El 贸rgano jurisdiccional podr谩 solicitar al Fondo de Garant铆a Salarial los antecedentes de que disponga en relaci贸n con los hechos objeto del procedimiento en los procesos en los que pudiera derivarse responsabilidad para dicho organismo. El Fondo de Garant铆a, con independencia de su facultad de personaci贸n, podr谩 igualmente aportar dichos antecedentes, aunque no se haya personado en las actuaciones, en cuanto pueda afectar a la prestaci贸n de garant铆a salarial, y a los fines de completar los elementos de conocimiento del 贸rgano jurisdiccional en la resoluci贸n del asunto.
Art铆culo 24. Pago de prestaciones por el Fondo de Garant铆a Salarial y subrogaci贸n en los derechos y acciones de los trabajadores
1. Si el pago de las prestaciones legalmente a cargo del Fondo de Garant铆a Salarial se hubiere producido con anterioridad al inicio de la ejecuci贸n, al instarse 茅sta, en subrogaci贸n de los derechos y acciones de los trabajadores que figuren en el t铆tulo ejecutivo, deber谩 acreditarse fehacientemente el abono de las cantidades satisfechas y que 茅stas corresponden, en todo o en parte, a las reconocidas en el t铆tulo.
2. Despachada ejecuci贸n, el secretario judicial dictar谩 decreto haciendo constar la subrogaci贸n producida, que se notificar谩 a los trabajadores afectados o a sus representantes, a quienes, por si pudieren conservar cr茅ditos derivados del propio t铆tulo frente a la empresa ejecutada por la parte no satisfecha por el Fondo, se les ofrecer谩 la posibilidad de constituirse como ejecutantes en el plazo de quince d铆as. Las cantidades obtenidas se abonar谩n prorrateadas entre el Fondo y los trabajadores en proporci贸n a los importes de sus respectivos cr茅ditos.
T脥TULO III-De la acumulaci贸n de acciones, procesos y recursos
CAP脥TULO I-De la acumulaci贸n de acciones, procesos y recursos
SECCI脫N 1.陋-Acumulaci贸n de acciones
Art铆culo 25. Requisitos de la acumulaci贸n objetiva y subjetiva de acciones y reconvenci贸n
1. El actor podr谩 acumular en su demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque procedan de diferentes t铆tulos, siempre que todas ellas puedan tramitarse ante el mismo juzgado o tribunal.
2. En los mismos t茅rminos podr谩 el demandado reconvenir.
3. Tambi茅n podr谩n acumularse, ejercit谩ndose simult谩neamente, las acciones que uno o varios actores tengan contra uno o varios demandados, siempre que entre esas acciones exista un nexo por raz贸n del t铆tulo o causa de pedir. Se entender谩 que el t铆tulo o causa de pedir es id茅ntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos.
4. En reclamaciones sobre accidente de trabajo y enfermedad profesional se podr谩n acumular todas las pretensiones de resarcimiento de da帽os y perjuicios derivadas de un mismo hecho, incluso sobre mejoras voluntarias, que el trabajador perjudicado o sus causahabientes dirijan contra el empresario u otros terceros que deban responder a resultas del hecho causante, incluidas las entidades aseguradoras, salvo que hayan debido tramitarse mediante procedimiento administrativo separado, en cuyo caso se estar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 30.
5. En demandas derivadas del mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuando exista m谩s de un juzgado o secci贸n de la misma Sala y Tribunal, en el momento de su presentaci贸n se repartir谩n al juzgado o secci贸n que conociera o hubiere conocido del primero de dichos procesos, las demandas ulteriores relativas a dicho accidente de trabajo o enfermedad profesional, siempre que conste dicha circunstancia o se ponga de manifiesto en la demanda.
6. El actor podr谩 acumular en su demanda las pretensiones que se deduzcan en relaci贸n con un mismo acto o resoluci贸n administrativa, as铆 como las que se refieran a varios actos o resoluciones administrativas cuando exista entre ellos conexi贸n directa.
7. Cuando el acto administrativo impugnado afecte a una pluralidad de destinatarios, de existir m谩s de un juzgado o secci贸n de la misma Sala y Tribunal, las demandas o recursos ulteriores relativas a dicho acto se repartir谩n al juzgado o secci贸n que estuviere conociendo o hubiere conocido del primero de dichos procesos, siempre que conste dicha circunstancia o se ponga de manifiesto en la demanda. Con tal fin, la Administraci贸n autora del acto impugnado comunicar谩 al juzgado o tribunal, tan pronto le conste, si tiene conocimiento de la existencia de otras demandas o recursos en las que puedan concurrir los supuestos de acumulaci贸n previstos en esta Ley.
Art铆culo 26. Supuestos especiales de acumulaci贸n de acciones
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 5 de este art铆culo, en el apartado 1 del art铆culo 32 y en el art铆culo 33, no podr谩n acumularse entre s铆 ni a otras distintas en un mismo juicio, ni siquiera por v铆a de reconvenci贸n, las acciones de despido y dem谩s causas de extinci贸n del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnaci贸n de estatutos de los sindicatos o de su modificaci贸n, las de movilidad geogr谩fica, las de derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el art铆culo 139, las de impugnaci贸n de convenios colectivos, las de impugnaci贸n de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores y las de tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de reclamar en los anteriores juicios, cuando deban seguirse dichas modalidades procesales por imperativo de lo dispuesto en el art铆culo 184, la indemnizaci贸n derivada de discriminaci贸n o lesi贸n de derechos fundamentales y libertades p煤blicas y dem谩s pronunciamientos propios de la modalidad procesal de tutela de tales derechos fundamentales y libertades p煤blicas, conforme a los art铆culos 182, 183 y 184.
3. Podr谩n acumularse en una misma demanda las acciones de despido y extinci贸n del contrato siempre que la acci贸n de despido acumulada se ejercite dentro del plazo establecido para la modalidad procesal de despido. Cuando para la acci贸n de extinci贸n del contrato de trabajo del art铆culo 50 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores se invoque la falta de pago del salario pactado, contemplada en la letra b) del apartado 1 de aquel precepto, la reclamaci贸n salarial podr谩 acumularse a la acci贸n solicitando la extinci贸n indemnizada del v铆nculo, pudiendo, en su caso, ampliarse la demanda para incluir las cantidades posteriormente adeudadas.
El trabajador podr谩 acumular a la acci贸n de despido la reclamaci贸n de la liquidaci贸n de las cantidades adeudadas hasta esa fecha conforme al apartado 2 del art铆culo 49 del Estatuto de los Trabajadores, sin que por ello se altere el orden de intervenci贸n del apartado 1 del art铆culo 105 de esta Ley. No obstante, si por la especial complejidad de los conceptos reclamados se pudiesen derivar demoras excesivas al proceso por despido, el juzgado podr谩 disponer, acto seguido de la celebraci贸n del juicio, que se tramiten en procesos separados las pretensiones de despido y cantidad, para lo que dispondr谩 la deducci贸n de testimonio o copia de las actuaciones y elementos de prueba que estime necesarios a fin de poder dictar sentencia sobre las pretensiones de cantidad en el nuevo proceso resultante.
4. Igualmente podr谩 acumularse a la reclamaci贸n de clasificaci贸n profesional por realizaci贸n de trabajos de categor铆a o grupo profesional superior la reclamaci贸n de las diferencias retributivas derivadas.
5. En el caso de los trabajadores conceptuados por su cliente como aut贸nomos econ贸micamente dependientes, si se accionara por despido alegando la existencia de relaci贸n laboral, podr谩n acumular en una misma demanda a la acci贸n principal de despido y, dentro del mismo plazo de caducidad que 茅sta, la que puedan formular contra la decisi贸n del cliente de extinguir la relaci贸n, con car谩cter eventual y para el caso de desestimaci贸n de la primera. An谩loga regla de acumulabilidad se seguir谩 cuando se alegue como principal la relaci贸n de aut贸nomo dependiente y como subsidiaria la relaci贸n laboral, as铆 como en el ejercicio de otro tipo de acciones cuando se cuestione la naturaleza laboral o aut贸noma econ贸micamente dependiente de la relaci贸n.
6. No ser谩n acumulables entre s铆 las reclamaciones en materia de Seguridad Social, salvo cuando tengan la misma causa de pedir y salvo la posibilidad de alegar la lesi贸n de derechos fundamentales y libertades p煤blicas a que se refiere el apartado 1 del art铆culo 140.
7. Cuando se presenten demandas acumulando objetiva o subjetivamente acciones, el secretario judicial verificar谩 que concurren los presupuestos indicados en el art铆culo 25 y en los apartados precedentes, dando cumplimiento en su caso a lo dispuesto en el art铆culo 19.
Art铆culo 27. Acciones indebidamente acumuladas
1. Si se ejercitaran acciones indebidamente acumuladas, el secretario judicial requerir谩 al demandante para que en el plazo de cuatro d铆as subsane el defecto, eligiendo la acci贸n que pretende mantener. En caso de que no lo hiciera, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones, dar谩 cuenta al tribunal para que 茅ste, en su caso, acuerde el archivo de la demanda.
2. No obstante, cuando se trate de una demanda sometida a plazo de caducidad, a la que se hubiera acumulado otra acci贸n, fuera de los supuestos previstos en esta Ley, aunque el actor no opte, se seguir谩 la tramitaci贸n del juicio por aqu茅lla, y el juez o tribunal tendr谩 por no formulada la otra acci贸n acumulada, advirti茅ndose al demandante de su derecho a ejercitarla por separado.
3. Si se hubiera acumulado indebidamente una acci贸n sujeta a plazo de caducidad y otra u otras acciones sometidas igualmente a dicho plazo de caducidad, aunque el actor no opte, se seguir谩 la tramitaci贸n del juicio por la primera de las pretensiones ejercitada en el suplico de la demanda, y en todo caso por la de despido si se hubiese hecho uso de ella, y el juez o tribunal tendr谩 por no formuladas las dem谩s acciones acumuladas, advirti茅ndose al demandante de su derecho a ejercitarlas por separado.
SECCI脫N 2.陋-Acumulaci贸n de procesos
Art铆culo 28. Acumulaci贸n de procesos seguidos ante el mismo juzgado o tribunal
1. Si en el mismo juzgado o tribunal se tramitaran varias demandas contra un mismo demandado, aunque los actores sean distintos, y se ejercitasen en ellas acciones id茅nticas o susceptibles de haber sido acumuladas en una misma demanda, se acordar谩, de oficio o a instancia de parte, la acumulaci贸n de los procesos.
2. Cuando en materia de prestaciones de Seguridad Social o sobre recargo de prestaciones, se impugnare un mismo acto administrativo, o actos de reproducci贸n, confirmaci贸n o ejecuci贸n de otro anterior, o actos entre los que exista conexi贸n directa, se acordar谩 la acumulaci贸n de los procesos aunque no coincidan todas las partes ni la posici贸n procesal que ocupen. Dicha regla se aplicar谩 a la impugnaci贸n de un mismo acto administrativo en las restantes materias competencia del orden social.
3. El secretario judicial velar谩 por el cumplimiento de lo dispuesto en esta Secci贸n, poniendo en conocimiento del juez o tribunal los procesos en los que se cumplan dichos requisitos, a fin de que se resuelva sobre la acumulaci贸n.
Art铆culo 29. Acumulaci贸n de procesos seguidos ante distintos juzgados
Si en el caso del art铆culo anterior las demandas pendieran en distintos procesos ante dos o m谩s Juzgados de lo Social de una misma circunscripci贸n, tambi茅n se acordar谩 la acumulaci贸n de todas ellas, de oficio o a petici贸n de parte. Esta petici贸n habr谩 de formularse ante el juzgado o tribunal que conociese de la demanda que hubiera tenido entrada antes en el Registro.
Art铆culo 30. Procesos acumulables
1. Se acordar谩 tambi茅n, de oficio o a instancia de parte, la acumulaci贸n de procesos que estuvieren pendientes en el mismo o distinto juzgado o tribunal cuando entre los objetos de los procesos cuya acumulaci贸n se pretende exista tal conexi贸n que, de seguirse por separado, pudieran dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes.
2. Asimismo, se acumular谩n los procesos que tengan su origen en un mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional, aunque no coincidan todas las partes o su posici贸n procesal, salvo que hayan debido tramitarse mediante procedimientos administrativos separados, en cuyo caso solamente podr谩n acumularse las impugnaciones referidas a un mismo procedimiento.
3. El juez o tribunal resolver谩 decidiendo la acumulaci贸n, de cumplirse los requisitos legales. Contra este auto no cabr谩 otro recurso que el de reposici贸n.
Art铆culo 31. Acumulaci贸n con procesos iniciados a instancia de la autoridad laboral
A los procesos de oficio iniciados en virtud de comunicaci贸n de la autoridad laboral regulados en el art铆culo 148 se acumular谩n, de acuerdo con las reglas anteriores, las demandas individuales en que concurran identidad de personas y de causa de pedir respecto de la demanda de oficio, aunque pendan en distintos juzgados o tribunales. Dicha acumulaci贸n se acordar谩 por el juzgado o tribunal mediante auto.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificado art铆culo 31
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
A los procesos de oficio iniciados en virtud de comunicaci贸n de la autoridad laboral regulados en el art铆culo 148 se acumular谩n, de acuerdo con las reglas anteriores, las demandas individuales en que concurran identidad de personas y de causa de pedir respecto de la demanda de oficio, aunque pendan en distintos juzgados de la misma circunscripci贸n. Dicha acumulaci贸n se acordar谩 por el juzgado o tribunal mediante auto.
Art铆culo 32. Acumulaci贸n de procesos relativos a la extinci贸n del contrato de trabajo o que se refieran a actos administrativos con pluralidad de destinatarios
1. Cuando el trabajador formule por separado demandas por alguna de las causas previstas en el art铆culo 50 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y por despido, la demanda que se promueva posteriormente se acumular谩 a la primera de oficio o a petici贸n de cualquiera de las partes, debiendo debatirse todas las cuestiones planteadas en un solo juicio. A estos efectos, el trabajador deber谩 hacer constar en la segunda demanda la pendencia del primer proceso y el juzgado que conoce del asunto.
En este supuesto, cuando las acciones ejercitadas est谩n fundadas en las mismas causas o en una misma situaci贸n de conflicto, la sentencia deber谩 analizar conjuntamente ambas acciones y las conductas subyacentes, dando respuesta en primer lugar a la acci贸n que considere que est谩 en la base de la situaci贸n de conflicto y resolviendo despu茅s la segunda, con los pronunciamientos indemnizatorios que procedan. Si las causas de una u otra acci贸n son independientes, la sentencia debe dar prioridad al an谩lisis y resoluci贸n de la acci贸n que haya nacido antes, atendido el hecho constitutivo de la misma, si bien su estimaci贸n no impedir谩 el examen, y decisi贸n en su caso, de la otra acci贸n.
2. En procesos por despido, el trabajador podr谩 acumular en la demanda la impugnaci贸n de los actos empresariales con efecto extintivo de la relaci贸n que le hayan afectado, cuando entre las acciones exista conexi贸n directa y en tanto no haya trascurrido el plazo legal de impugnaci贸n de los anteriormente producidos. Con los mismos requisitos se proceder谩 a la asignaci贸n en reparto a un mismo juzgado de las demandas contra dichos actos extintivos, si constaren tales circunstancias, o a la acumulaci贸n de procesos que se siguieran ante el mismo o distintos juzgados de acuerdo con las disposiciones de este Cap铆tulo.
3. A las demandas de impugnaci贸n de un acto administrativo que afecte a una pluralidad de destinatarios se acumular谩n las que se presenten con posterioridad contra dicho acto, aunque inicialmente hubiere correspondido su conocimiento a otro juzgado o tribunal.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificado apartado 3 del art铆culo 32
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
1. Cuando el trabajador formule por separado demandas por alguna de las causas previstas en el art铆culo 50 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y por despido, la demanda que se promueva posteriormente se acumular谩 a la primera de oficio o a petici贸n de cualquiera de las partes, debiendo debatirse todas las cuestiones planteadas en un solo juicio. A estos efectos, el trabajador deber谩 hacer constar en la segunda demanda la pendencia del primer proceso y el juzgado que conoce del asunto.
En este supuesto, cuando las acciones ejercitadas est谩n fundadas en las mismas causas o en una misma situaci贸n de conflicto, la sentencia deber谩 analizar conjuntamente ambas acciones y las conductas subyacentes, dando respuesta en primer lugar a la acci贸n que considere que est谩 en la base de la situaci贸n de conflicto y resolviendo despu茅s la segunda, con los pronunciamientos indemnizatorios que procedan. Si las causas de una u otra acci贸n son independientes, la sentencia debe dar prioridad al an谩lisis y resoluci贸n de la acci贸n que haya nacido antes, atendido el hecho constitutivo de la misma, si bien su estimaci贸n no impedir谩 el examen, y decisi贸n en su caso, de la otra acci贸n.
2. En procesos por despido, el trabajador podr谩 acumular en la demanda la impugnaci贸n de los actos empresariales con efecto extintivo de la relaci贸n que le hayan afectado, cuando entre las acciones exista conexi贸n directa y en tanto no haya trascurrido el plazo legal de impugnaci贸n de los anteriormente producidos. Con los mismos requisitos se proceder谩 a la asignaci贸n en reparto a un mismo juzgado de las demandas contra dichos actos extintivos, si constaren tales circunstancias, o a la acumulaci贸n de procesos que se siguieran ante el mismo o distintos juzgados de acuerdo con las disposiciones de este Cap铆tulo.
3. A las demandas de impugnaci贸n de un acto administrativo que afecte a una pluralidad de destinatarios se acumular谩n las que se presenten con posterioridad contra dicho acto, aunque inicialmente hubiere correspondido su conocimiento a otro juzgado.
SECCI脫N 3.陋-Acumulaci贸n de recursos
Art铆culo 33. Reglas de la acumulaci贸n de recursos
La acumulaci贸n de recursos de suplicaci贸n y casaci贸n se regir谩 por lo dispuesto en el art铆culo 234.
SECCI脫N 4.陋-Disposiciones comunes
Art铆culo 34. Momento de la acumulaci贸n. Separaci贸n de uno o varios procesos de una acumulaci贸n acordada
1. La acumulaci贸n de acciones y procesos deber谩 formularse y acordarse antes de la celebraci贸n de los actos de conciliaci贸n, en su caso, y de juicio, salvo que se proponga por v铆a de reconvenci贸n.
2. Acordada la acumulaci贸n de procesos, podr谩 茅sta dejarse sin efecto por el juez o tribunal respecto de uno o varios de ellos, si concurren causas que justifiquen su tramitaci贸n separada.
Art铆culo 35. Efectos de la acumulaci贸n
La acumulaci贸n de acciones y procesos cuando proceda, producir谩 el efecto de discutirse y resolverse conjuntamente todas las cuestiones planteadas.
CAP脥TULO II-De la acumulaci贸n de ejecuciones
Art铆culo 36. Supuestos de acumulaci贸n de ejecuciones contra un mismo deudor
1. En las ejecuciones de sentencias y dem谩s t铆tulos ejecutivos contra un mismo deudor y ante un mismo 贸rgano, podr谩 disponerse de oficio o a instancia de parte la acumulaci贸n de los mismos, en los t茅rminos establecidos en esta Ley.
2. Igual regla regir谩 en las ejecuciones seguidas contra un mismo deudor y ante Juzgados de lo Social distintos de la misma o de diversa circunscripci贸n.
Art铆culo 37. Acumulaci贸n de ejecuciones dinerarias
1. Cuando las acciones ejercitadas tiendan a obtener la entrega de una cantidad de dinero y existan indicios de que los bienes del deudor o deudores pudieran ser insuficientes para satisfacer la totalidad de los cr茅ditos que se ejecuten, el secretario judicial deber谩 acordar la acumulaci贸n de ejecuciones, de oficio o a instancia de parte, de seguirse ante un mismo juzgado, o a instancia de parte, de conocer de ellas juzgados distintos.
2. En los dem谩s supuestos, el secretario judicial deber谩 acordar la acumulaci贸n, de oficio o a instancia de parte, cuando as铆 lo impongan los criterios de econom铆a y de conexi贸n entre las diversas obligaciones cuya ejecuci贸n se pretenda.
Art铆culo 38. Reglas de la acumulaci贸n
1. Los procesos de ejecuci贸n se acumular谩n al primero en que se orden贸 el despacho de la ejecuci贸n. Si dicha orden es de la misma fecha, se acumular谩n atendiendo a la antig眉edad del t铆tulo, y en 煤ltimo caso se estar谩 a la fecha de presentaci贸n de la demanda.
2. Si las ejecuciones cuya acumulaci贸n se pretenda se tramitaran ante 贸rganos judiciales de diversa circunscripci贸n, y en la iniciada con anterioridad no figurase incluida la mayor parte de los trabajadores y cr茅ditos afectados ni embargada con prioridad la mayor parte de los bienes del deudor com煤n, la acumulaci贸n corresponder谩 decretarla al secretario judicial que con prioridad trab贸 embargo sobre la totalidad o mayor parte de los referidos bienes.
Art铆culo 39. Tramitaci贸n del incidente de acumulaci贸n
1. El incidente de acumulaci贸n podr谩 plantearse por o ante el juzgado o tribunal competente para decretar la acumulaci贸n de las ejecuciones, en los t茅rminos indicados en el art铆culo anterior, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes.
2. De estimar procedente la acumulaci贸n, el secretario judicial acordar谩 mediante decreto, o铆das las partes, reclamar la remisi贸n de las ejecuciones a acumular a los 贸rganos judiciales en los que se tramiten.
3. Si el secretario judicial del 贸rgano requerido estima procedente el requerimiento, dictar谩 decreto accediendo a ello y acordando la remisi贸n de lo actuado. Contra dicho decreto cabr谩 recurso directo de revisi贸n.
4. Si el secretario judicial competente para decretar la acumulaci贸n la estimara improcedente o si el requerido no accediere a ella, tras dictar el decreto correspondiente y firme que sea 茅ste, elevar谩 seguidamente a la Sala de lo Social del tribunal superior inmediato com煤n a ambos 贸rganos judiciales testimonio suficiente de sus actuaciones y, en su caso, de todas las realizadas en el incidente de acumulaci贸n, comunic谩ndolo al otro afectado para que por 茅ste se haga lo propio y remita, de no haber a煤n intervenido, el oportuno informe. La Sala resolver谩 sobre la procedencia de la acumulaci贸n y determinar谩 el juzgado competente para conocer de las ejecuciones.
Art铆culo 40. No suspensi贸n de las ejecuciones
La tramitaci贸n del incidente de acumulaci贸n no suspender谩 la de las ejecuciones afectadas, salvo las actuaciones relativas al pago a los ejecutantes de las cantidades obtenidas con posterioridad al planteamiento de dicho incidente.
Art铆culo 41. Limitaci贸n temporal a la acumulaci贸n de ejecuciones y no alteraci贸n de la prelaci贸n de cr茅ditos
1. La acumulaci贸n de ejecuciones s贸lo podr谩 instarse o acordarse mientras no quede cumplida la obligaci贸n que se ejecute o hasta que, en su caso, se declare la insolvencia del ejecutado.
2. La acumulaci贸n no altera las preferencias que para el cobro de sus cr茅ditos puedan ostentar legalmente los diversos acreedores.
T脥TULO IV-De los actos procesales
CAP脥TULO I-De las actuaciones procesales
Art铆culo 42. Competencia del secretario judicial
Las actuaciones procesales han de ser autorizadas por el secretario judicial en la forma establecida en la Ley Org谩nica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Civil con las especialidades previstas en la presente Ley.
Art铆culo 43. Tiempo de las actuaciones judiciales
1. Las actuaciones procesales deber谩n practicarse en d铆as y horas h谩biles.
2. Las actuaciones se realizar谩n en el t茅rmino o dentro del plazo fijado para su pr谩ctica. Transcurridos 茅stos, se dar谩 de oficio al proceso el curso que corresponda.
3. Salvo los plazos se帽alados para dictar resoluci贸n, todos los plazos y t茅rminos son perentorios e improrrogables, y s贸lo podr谩n suspenderse y abrirse de nuevo en los casos taxativamente establecidos en las leyes.
4. Los d铆as del mes de agosto ser谩n inh谩biles, salvo en las modalidades procesales de despido, extinci贸n del contrato de trabajo de los art铆culos 50, 51 y 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, movilidad geogr谩fica, modificaci贸n sustancial de las condiciones de trabajo, suspensi贸n del contrato y reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral del art铆culo 139, impugnaci贸n de altas m茅dicas, vacaciones, materia electoral, conflictos colectivos, impugnaci贸n de convenios colectivos y tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas, tanto en el proceso declarativo como en tr谩mite de recurso o de ejecuci贸n.
Tampoco ser谩n inh谩biles dichos d铆as para la adopci贸n de actos preparatorios, medidas precautorias y medidas cautelares, en particular en materia de prevenci贸n de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, as铆 como para otras actuaciones que tiendan directamente a asegurar la efectividad de los derechos reclamados o para aquellas que, de no adoptarse pudieran dar lugar a un perjuicio de dif铆cil reparaci贸n.
Ser谩 h谩bil el mes de agosto para el ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Org谩nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci贸n Integral contra la Violencia de G茅nero.
5. El juez o tribunal podr谩 habilitar d铆as y horas inh谩biles para la pr谩ctica de actuaciones cuando no fuera posible practicarlas en tiempo h谩bil o sean necesarias para asegurar la efectividad de una resoluci贸n judicial. Esta habilitaci贸n se realizar谩 por los secretarios judiciales cuando tuviera por objeto la realizaci贸n de actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia, cuando se tratara de actuaciones por ellos ordenadas o cuando fueran tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por jueces o tribunales. Iniciada una actuaci贸n en tiempo h谩bil, podr谩 continuar hasta su conclusi贸n sin necesidad de habilitaci贸n.
6. A los efectos del plazo para interponer recursos, cuando en las actuaciones medie una fiesta oficial de car谩cter local o auton贸mico, se har谩 constar por diligencia.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del apartado 4 del art铆culo 43
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
1. Las actuaciones procesales deber谩n practicarse en d铆as y horas h谩biles.
2. Las actuaciones se realizar谩n en el t茅rmino o dentro del plazo fijado para su pr谩ctica. Transcurridos 茅stos, se dar谩 de oficio al proceso el curso que corresponda.
3. Salvo los plazos se帽alados para dictar resoluci贸n, todos los plazos y t茅rminos son perentorios e improrrogables, y s贸lo podr谩n suspenderse y abrirse de nuevo en los casos taxativamente establecidos en las leyes.
4. Los d铆as del mes de agosto ser谩n inh谩biles, salvo en las modalidades procesales de despido, extinci贸n del contrato de trabajo de los art铆culos 50, 51 y 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, movilidad geogr谩fica, modificaci贸n sustancial de las condiciones de trabajo, suspensi贸n del contrato y reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral del art铆culo 139, impugnaci贸n de altas m茅dicas, vacaciones, materia electoral, conflictos colectivos, impugnaci贸n de convenios colectivos y tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas, tanto en el proceso declarativo como en tr谩mite de recurso o de ejecuci贸n.
Tampoco ser谩n inh谩biles dichos d铆as para la adopci贸n de actos preparatorios, medidas precautorias y medidas cautelares, en particular en materia de prevenci贸n de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, as铆 como para otras actuaciones que tiendan directamente a asegurar la efectividad de los derechos reclamados o para aquellas que, de no adoptarse pudieran dar lugar a un perjuicio de dif铆cil reparaci贸n.
Ser谩 h谩bil el mes de agosto para el ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Org谩nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci贸n Integral contra la Violencia de G茅nero.
5. El juez o tribunal podr谩 habilitar d铆as y horas inh谩biles para la pr谩ctica de actuaciones cuando no fuera posible practicarlas en tiempo h谩bil o sean necesarias para asegurar la efectividad de una resoluci贸n judicial. Esta habilitaci贸n se realizar谩 por los secretarios judiciales cuando tuviera por objeto la realizaci贸n de actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia, cuando se tratara de actuaciones por ellos ordenadas o cuando fueran tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por jueces o tribunales. Iniciada una actuaci贸n en tiempo h谩bil, podr谩 continuar hasta su conclusi贸n sin necesidad de habilitaci贸n.
6. A los efectos del plazo para interponer recursos, cuando en las actuaciones medie una fiesta oficial de car谩cter local o auton贸mico, se har谩 constar por diligencia.
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del apartado 4 del art铆culo 43
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
1. Las actuaciones procesales deber谩n practicarse en d铆as y horas h谩biles.
2. Las actuaciones se realizar谩n en el t茅rmino o dentro del plazo fijado para su pr谩ctica. Transcurridos 茅stos, se dar谩 de oficio al proceso el curso que corresponda.
3. Salvo los plazos se帽alados para dictar resoluci贸n, todos los plazos y t茅rminos son perentorios e improrrogables, y s贸lo podr谩n suspenderse y abrirse de nuevo en los casos taxativamente establecidos en las leyes.
4. Los d铆as del mes de agosto ser谩n inh谩biles, salvo en las modalidades procesales de despido, extinci贸n del contrato de trabajo de los art铆culos 50 y 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, impugnaci贸n de resoluciones administrativas en expedientes de regulaci贸n de empleo, suspensi贸n del contrato o reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n, movilidad geogr谩fica, modificaci贸n sustancial de las condiciones de trabajo, derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral del art铆culo 139, impugnaci贸n de altas m茅dicas, vacaciones, materia electoral, conflictos colectivos, impugnaci贸n de convenios colectivos y tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas, tanto en el proceso declarativo como en tr谩mite de recurso o de ejecuci贸n.
Tampoco ser谩n inh谩biles dichos d铆as para la adopci贸n de actos preparatorios, medidas precautorias y medidas cautelares, en particular en materia de prevenci贸n de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, as铆 como para otras actuaciones que tiendan directamente a asegurar la efectividad de los derechos reclamados o para aquellas que, de no adoptarse pudieran dar lugar a un perjuicio de dif铆cil reparaci贸n.
Ser谩 h谩bil el mes de agosto para el ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Org谩nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci贸n Integral contra la Violencia de G茅nero.
5. El juez o tribunal podr谩 habilitar d铆as y horas inh谩biles para la pr谩ctica de actuaciones cuando no fuera posible practicarlas en tiempo h谩bil o sean necesarias para asegurar la efectividad de una resoluci贸n judicial. Esta habilitaci贸n se realizar谩 por los secretarios judiciales cuando tuviera por objeto la realizaci贸n de actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia, cuando se tratara de actuaciones por ellos ordenadas o cuando fueran tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por jueces o tribunales. Iniciada una actuaci贸n en tiempo h谩bil, podr谩 continuar hasta su conclusi贸n sin necesidad de habilitaci贸n.
6. A los efectos del plazo para interponer recursos, cuando en las actuaciones medie una fiesta oficial de car谩cter local o auton贸mico, se har谩 constar por diligencia.
Art铆culo 44. Lugar de presentaci贸n de escritos y documentos
1. Las partes habr谩n de presentar todos los escritos y documentos en los Registros de la oficina judicial adscrita a los Juzgados y Salas de lo Social.
2. Cuando las oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios t茅cnicos que permitan el env铆o y la normal recepci贸n de escritos iniciadores y dem谩s escritos y documentos, de forma tal que est茅 garantizada la autenticidad de la comunicaci贸n y quede constancia fehaciente de la remisi贸n y recepci贸n 铆ntegras y de su fecha, los escritos y documentos podr谩n enviarse y recibirse por aquellos medios, con plenos efectos procesales, con el resguardo acreditativo que proceda de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del art铆culo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Art铆culo 45. Plazo y lugar de presentaci贸n de escritos
1. Cuando la presentaci贸n de un escrito est茅 sujeta a plazo, podr谩 efectuarse hasta las quince horas del d铆a h谩bil siguiente al del vencimiento del plazo en el servicio com煤n procesal creado a tal efecto o, de no existir 茅ste, en la sede del 贸rgano judicial.
2. En ning煤n caso se admitir谩 la presentaci贸n de escritos dirigidos al orden social en el juzgado que preste el servicio de guardia.
Art铆culo 46. Constancia de la presentaci贸n de escritos y su tramitaci贸n inmediata
1. En la presentaci贸n de escritos y documentos, por el funcionario designado para ello se estampar谩 el correspondiente sello en el que se har谩 constar la oficina judicial ante la que se presenta y el d铆a y hora de la presentaci贸n. En todo caso, se dar谩 al interesado recibo con tal indicaci贸n. Tambi茅n podr谩 hacerse constar la recepci贸n de escritos y documentos en copia simple presentada por la parte. Cuando se utilicen los medios t茅cnicos a que se refiere el art铆culo 44, el sistema devolver谩 al interesado el resguardo acreditativo de la presentaci贸n en la oficina judicial que proceda de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del art铆culo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. En el mismo d铆a o en el siguiente d铆a h谩bil, el secretario judicial dar谩 a los escritos y documentos el curso que corresponda.
Art铆culo 47. Custodia del expediente y acceso al mismo
1. Los autos permanecer谩n en la oficina judicial bajo la custodia del secretario, donde podr谩n ser examinados por los interesados que acrediten inter茅s leg铆timo, a quienes deber谩n entreg谩rseles testimonios, certificaciones o copias simples cuando lo soliciten, todo ello en los soportes y con los medios t茅cnicos de los que se disponga.
2. Todo interesado podr谩 tener acceso al libro de sentencias y al libro de decretos a que se refieren, respectivamente, los art铆culos 213 y 213 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la forma y con los medios t茅cnicos disponibles en la oficina judicial.
Art铆culo 48. Entrega de los autos
1. S贸lo se entregar谩n los autos cuando la ley lo ordene expresamente y por el plazo se帽alado. Se entender谩 que el plazo empieza a transcurrir desde que se notifique al interesado que los autos est谩n a su disposici贸n, pudiendo sustituirse el traslado material de las actuaciones por la entrega de soporte inform谩tico o mediante el acceso telem谩tico, si se dispusiera de los medios necesarios para ello, o por la entrega por cualquiera de estos procedimientos de copia de los particulares que procedan.
2. En el caso de la entrega material de las actuaciones, si transcurrido el plazo concedido para su examen no fueren devueltas, por el secretario judicial mediante decreto se impondr谩 al responsable multa de veinte a doscientos euros diarios. Pasados dos d铆as sin que los mismos hayan sido devueltos, el secretario judicial ordenar谩 su recogida; si al intentarlo no le fueran entregados en el acto, dar谩 cuenta al juez para que disponga lo que proceda por el retraso en la devoluci贸n.
CAP脥TULO II-De las resoluciones procesales
Art铆culo 49. Clases de resoluciones
1. Los jueces y tribunales de lo social adoptar谩n sus decisiones por medio de providencias, autos y sentencias en los casos y con las formalidades legalmente previstas.
2. Los secretarios judiciales resolver谩n por medio de diligencias y decretos, igualmente en los casos y con las formalidades legalmente previstas.
3. Se podr谩n dictar resoluciones orales por el juez, tribunal o secretario judicial durante la celebraci贸n del juicio u otros actos que presidan, document谩ndose en el acta con expresi贸n del fallo y motivaci贸n sucinta de aquellas resoluciones.
Art铆culo 50. Sentencias orales
1. El juez, en el momento de terminar el juicio, y salvo cuando por raz贸n de la materia o de la cuant铆a proceda recurso de suplicaci贸n, podr谩 pronunciar sentencia de viva voz, con el contenido y los requisitos establecidos en el apartado 2 del art铆culo 97. En este supuesto, las partes podr谩n solicitar que se les entregue documento que contenga la transcripci贸n por escrito de la sentencia.
Igualmente podr谩 aprobar mediante sentencia de viva voz, cualquiera que sea la materia y la cuant铆a, el allanamiento total efectuado, as铆 como, en su caso, los t茅rminos de ejecuci贸n de la sentencia que le sean propuestos de com煤n acuerdo por las partes, siempre que, de proceder recurso, manifestaran 茅stas su decisi贸n de no recurrir.
2. Tambi茅n podr谩 el juez limitarse a pronunciar el fallo, cualquiera que sea la cuant铆a o la materia, con motivaci贸n sucinta del mismo, sin perjuicio de la redacci贸n posterior de la sentencia dentro del plazo y en la forma legalmente previstos.
3. Las partes quedar谩n notificadas de las sentencias dictadas oralmente. Si, conocida la sentencia de viva voz o el fallo anticipado, las partes expresaran su decisi贸n de no recurrir, el juez en el mismo acto declarar谩 la firmeza de la sentencia.
4. Si alguna de las partes no hubiera comparecido se le har谩 la oportuna notificaci贸n.
Art铆culo 51. Autos orales
En las mismas condiciones establecidas en el art铆culo anterior el juez o tribunal podr谩 dictar verbalmente autos al t茅rmino de la comparecencia celebrada en cualquier incidente suscitado durante el proceso.
Art铆culo 52. Forma de las resoluciones
Toda resoluci贸n incluir谩 la menci贸n del lugar y fecha en que se adopte, el nombre de quien la dicte, la expresi贸n de si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, el 贸rgano ante el que deben interponerse y el plazo y requisitos para ello, as铆 como los dep贸sitos y las consignaciones que sean necesarios y la forma de efectuarlos.
CAP脥TULO III-De los actos de comunicaci贸n
Art铆culo 53. Indicaci贸n del lugar de las comunicaciones
1. Los actos de comunicaci贸n se efectuar谩n en la forma establecida en el Cap铆tulo V del T铆tulo V del Libro I de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades previstas en esta Ley, debiendo siempre agotarse todas las posibles v铆as existentes para lograr la efectividad de las notificaciones.
2. En el primer escrito o comparecencia ante el 贸rgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, se帽alar谩n un domicilio y datos completos para la pr谩ctica de actos de comunicaci贸n.
El domicilio y los datos de localizaci贸n facilitados con tal fin surtir谩n plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto ser谩n v谩lidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deber谩n comunicar los cambios relativos a su n煤mero de tel茅fono, fax, direcci贸n electr贸nica o similares, siempre que estos 煤ltimos est茅n siendo utilizados como instrumentos de comunicaci贸n con el tribunal.
Art铆culo 54. Tiempo de la comunicaci贸n
1. Las resoluciones procesales se notificar谩n en el mismo d铆a de su fecha, o de la publicaci贸n en su caso, a todos los que sean parte en el juicio, y no siendo posible en el d铆a h谩bil siguiente.
2. Tambi茅n se notificar谩n las resoluciones, cuando as铆 se mande, a las personas y entidades a quienes se refieran o puedan parar perjuicio u ostentaren inter茅s leg铆timo en el asunto debatido. En especial, adem谩s de la resoluci贸n que ponga fin al proceso, se les notificar谩n la admisi贸n a tr谩mite y el se帽alamiento de la vista.
3. Si durante el proceso hubieran de adoptarse por el juez o la Sala medidas tendentes a garantizar los derechos que pudieran corresponder a las partes, o a asegurar la efectividad de la resoluci贸n judicial, y la notificaci贸n inmediata al afectado de las actuaciones procesales o de la medida cautelar, preventiva o ejecutiva adoptada pudiera poner en peligro su efectividad, el 贸rgano judicial podr谩, motivadamente, acordar la demora en la pr谩ctica de la notificaci贸n durante el tiempo indispensable para lograr dicha efectividad.
Art铆culo 55. Lugar de las comunicaciones
Las citaciones, notificaciones, emplazamientos y requerimientos se har谩n en el local de la oficina judicial, si all铆 comparecieren por propia iniciativa los interesados y, en otro caso, en el domicilio se帽alado a estos efectos.
Art铆culo 56. Comunicaciones fuera de la oficina judicial
1. Las citaciones, notificaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la sede de la oficina judicial se har谩n, cualquiera que sea el destinatario, por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el secretario en los autos del contenido del sobre remitido, y uni茅ndose a ellos el acuse de recibo.
2. En el exterior del sobre deber谩n constar las advertencias contenidas en el apartado 3 del art铆culo 57 dirigidas al receptor para el caso de que no fuera el interesado.
3. En el documento de acuse de recibo se har谩 constar la fecha de la entrega, y ser谩 firmado por el empleado de Correos y el receptor. En el caso de que 茅ste no fuera el interesado se consignar谩 su nombre, documento de identificaci贸n, domicilio y su relaci贸n con el destinatario.
4. Se podr谩 disponer que la comunicaci贸n se practique por el servicio de tel茅grafo, fax, correo electr贸nico o por cualquier otro medio id贸neo de comunicaci贸n o de transmisi贸n de textos si los interesados facilitaran los datos indicativos para utilizarlos. Se adoptar谩n las medidas oportunas para asegurar el contenido del env铆o y la uni贸n, en su caso, del acuse de recepci贸n del acto comunicado, de lo cual quedar谩 constancia en autos. Igualmente se podr谩 dejar constancia mediante diligencia del resultado de las gestiones y llamadas telef贸nicas u otros medios relacionados con los actos de localizaci贸n y comunicaci贸n y con el tr谩mite de las actuaciones.
5. Cuando la comunicaci贸n tenga lugar utilizando medios electr贸nicos, telem谩ticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, se realizar谩 conforme a lo establecido en el art铆culo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Art铆culo 57. Reglas subsidiarias para las comunicaciones
1. Si los actos de comunicaci贸n no pudieran efectuarse en la forma indicada, se practicar谩n mediante entrega de la copia de la resoluci贸n o de c茅dula al destinatario; si no fuese hallado se entregar谩 aqu茅lla al pariente m谩s cercano o familiar o empleado, mayores de catorce a帽os, que se hallaren en el domicilio y, en su defecto, a quien desempe帽e funciones de porter铆a o conserjer铆a de la finca.
2. Sin necesidad de constituirse en el domicilio del interesado o interesada, se podr谩 entregar la copia de la resoluci贸n o la c茅dula a cualquiera de las personas antes mencionadas, as铆 como a quien por su relaci贸n con el destinatario pueda garantizar el eficaz cumplimiento del acto de comunicaci贸n.
3. Se har谩 saber al receptor que ha de cumplir el deber p煤blico que se le encomienda; que est谩 obligado a entregar la copia de la resoluci贸n o la c茅dula al destinatario de 茅sta, o a darle aviso si sabe su paradero, con advertencia de que puede ser sancionado con multa de veinte a doscientos euros si se niega a la recepci贸n o no hace la entrega a la mayor brevedad; que ha de comunicar a la oficina judicial la imposibilidad de entregar la comunicaci贸n al interesado, y que tiene derecho al resarcimiento de los gastos que se le ocasionen.
4. En todo caso, la comunicaci贸n por medio de entrega de copia de la resoluci贸n o c茅dula se realizar谩 conforme a lo establecido en los art铆culos 152 y 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Art铆culo 58. Contenido de las c茅dulas
1. Las c茅dulas contendr谩n los siguientes requisitos:
a) El juez, tribunal o secretario judicial que haya dictado la resoluci贸n, la fecha de 茅sta y el asunto en que haya reca铆do.
b) El nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citaci贸n o emplazamiento.
c) El objeto de la citaci贸n o emplazamiento.
d) Lugar, d铆a y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuaci贸n a que se refiera el emplazamiento.
e) La prevenci贸n de que si no comparece le parar谩 el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
f) Fecha de expedici贸n de la c茅dula y firma.
2. La entrega de la copia de la resoluci贸n o de la c茅dula se documentar谩 por medio de diligencia en la que se har谩 constar:
a) Fecha de la diligencia.
b) Nombre de la persona destinataria.
c) Nombre y firma de la persona a quien se haya hecho la entrega y, si no fuere el interesado, su n煤mero del documento nacional de identidad en el caso de espa帽oles o su n煤mero de identidad reflejado en la documentaci贸n equivalente y que acredite la identidad y nacionalidad del interesado en el caso de extranjeros, domicilio y relaci贸n con el destinatario.
d) Firma del funcionario o encargado de documentar la entrega.
Art铆culo 59. Comunicaci贸n edictal
1. Cuando una vez intentado el acto de comunicaci贸n y habiendo utilizado los medios oportunos para la investigaci贸n del domicilio, incluida en su caso la averiguaci贸n a trav茅s de los Registros, organismos, Colegios profesionales, entidades y empresas, 茅stos hayan resultado infructuosos y no conste el domicilio del interesado o se ignore su paradero, se consignar谩 por diligencia.
2. En tal caso, el secretario judicial mandar谩 que el acto de comunicaci贸n se haga por medio de edictos, insertando un extracto suficiente de la resoluci贸n o de la c茅dula en el Bolet铆n Oficial correspondiente, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se har谩n fijando copia de la resoluci贸n o de la c茅dula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo el supuesto de la comunicaci贸n de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o de decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate de emplazamiento.
Art铆culo 60. Inadmisibilidad de respuestas en las comunicaciones. Supuestos especiales de comunicaci贸n
1. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitir谩 ni consignar谩 respuesta alguna del interesado, a no ser que se hubiera mandado en la resoluci贸n. En los requerimientos se admitir谩 la respuesta que diera el requerido, consign谩ndolo sucintamente en la diligencia.
2. Cuando los actos de comunicaci贸n deban entenderse con una persona jur铆dica se practicar谩n, en su caso, en las delegaciones, sucursales, representaciones o agencias establecidas en la poblaci贸n donde radique el juzgado o tribunal que conozca del asunto, aunque carezcan de poder para comparecer en juicio las personas que est茅n al frente de las mismas.
3. Los actos de comunicaci贸n con el abogado del Estado o el letrado de las Cortes Generales, as铆 como con los letrados de la Administraci贸n de la Seguridad Social, se practicar谩n en su sede oficial respectiva, de conformidad con la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jur铆dica al Estado y otras Instituciones p煤blicas, y la normativa que la desarrolla y complementa. Cuando dispongan de los medios t茅cnicos a que se refiere el apartado 5 del art铆culo 56 de esta Ley, los actos de comunicaci贸n podr谩n efectuarse por aquellos medios. Estos actos se entender谩n, respecto de las Comunidades Aut贸nomas, con quien establezca su legislaci贸n propia.
Los actos de comunicaci贸n al Ministerio Fiscal, a la Abogac铆a del Estado, a los letrados de las Cortes Generales y a los letrados de las Comunidades Aut贸nomas y de la Administraci贸n de la Seguridad Social, as铆 como las notificaciones a las partes, incluidas las que se realicen a trav茅s de los servicios organizados por los Colegios profesionales, se tendr谩n por realizados el d铆a siguiente a la fecha de recepci贸n que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepci贸n cuando el acto de comunicaci贸n se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el apartado 1 del art铆culo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. Cuando se trate de comit茅s de empresa, las diligencias antedichas se entender谩n con su presidente o secretario y, en su defecto, con cualquiera de sus miembros.
Art铆culo 61. Nulidad de las comunicaciones
Ser谩n nulos las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en este Cap铆tulo. No obstante, si el interesado se hubiere dado por enterado o constara de forma suficiente su conocimiento procesal o extraprocesal de los elementos esenciales de la resoluci贸n, la diligencia surtir谩 efecto desde ese momento.
Art铆culo 62. Competencia del secretario judicial para la remisi贸n de oficios, mandamientos y exhortos
El secretario judicial deber谩 expedir oficios, mandamientos, exhortos y cualesquiera otros actos de comunicaci贸n que se acuerden interesando la pr谩ctica de actuaciones.
T脥TULO V-De la evitaci贸n del proceso
CAP脥TULO I-De la conciliaci贸n o mediaci贸n previas y de los laudos arbitrales
Art铆culo 63. Conciliaci贸n o mediaci贸n previas
Ser谩 requisito previo para la tramitaci贸n del proceso el intento de conciliaci贸n o, en su caso, de mediaci贸n ante el servicio administrativo correspondiente o ante el 贸rgano que asuma estas funciones que podr谩 constituirse mediante los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos a los que se refiere el art铆culo 83 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, as铆 como mediante los acuerdos de inter茅s profesional a los que se refieren el art铆culo 13 y el apartado 1 del art铆culo 18 de la Ley del Estatuto del trabajo aut贸nomo.
Art铆culo 64. Excepciones a la conciliaci贸n o mediaci贸n previas
1. Se except煤an del requisito del intento de conciliaci贸n o, en su caso, de mediaci贸n los procesos que exijan el agotamiento de la v铆a administrativa, en su caso, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos a la impugnaci贸n del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones y a materia electoral, movilidad geogr谩fica, modificaci贸n sustancial de las condiciones de trabajo, suspensi贸n del contrato y reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el art铆culo 139, los iniciados de oficio, los de impugnaci贸n de convenios colectivos, los de impugnaci贸n de los estatutos de los sindicatos o de su modificaci贸n, los de tutela de los derechos fundamentales y libertades p煤blicas, los procesos de anulaci贸n de laudos arbitrales, los de impugnaci贸n de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones, as铆 como aquellos en que se ejerciten acciones laborales de protecci贸n contra la violencia de g茅nero.
2. Igualmente, quedan exceptuados:
a) Aquellos procesos en los que siendo parte demandada el Estado u otro ente p煤blico tambi茅n lo fueren personas privadas, siempre que la pretensi贸n hubiera de someterse al agotamiento de la v铆a administrativa y en 茅sta pudiera decidirse el asunto litigioso.
b) Los supuestos en que, en cualquier momento del proceso, despu茅s de haber dirigido la papeleta o la demanda contra personas determinadas, fuera necesario dirigir o ampliar la misma frente a personas distintas de las inicialmente demandadas.
3. Cuando por la naturaleza de la pretensi贸n ejercitada pudiera tener eficacia jur铆dica el acuerdo de conciliaci贸n o de mediaci贸n que pudiera alcanzarse, aun estando exceptuado el proceso del referido requisito del intento previo, si las partes acuden en tiempo oportuno voluntariamente y de com煤n acuerdo a tales v铆as previas, se suspender谩n los plazos de caducidad o se interrumpir谩n los de prescripci贸n en la forma establecida en el art铆culo siguiente.
Precepto modificado por L 39/2015, de 1 de Octubre, con entrada en vigor a partir del 2-10-2016
路 Modificado art铆culo 64
Redacci贸n hasta el 2-10-2016
1. Se except煤an del requisito del intento de conciliaci贸n o, en su caso, de mediaci贸n los procesos que exijan la reclamaci贸n previa en v铆a administrativa u otra forma de agotamiento de la misma, en su caso, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos a la impugnaci贸n del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones y a materia electoral, movilidad geogr谩fica, modificaci贸n sustancial de las condiciones de trabajo, suspensi贸n del contrato y reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el art铆culo 139, los iniciados de oficio, los de impugnaci贸n de convenios colectivos, los de impugnaci贸n de los estatutos de los sindicatos o de su modificaci贸n, los de tutela de los derechos fundamentales y libertades p煤blicas, los procesos de anulaci贸n de laudos arbitrales, los de impugnaci贸n de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones, as铆 como aquellos en que se ejerciten acciones laborales de protecci贸n contra la violencia de g茅nero.
2. Igualmente, quedan exceptuados:
a) Aquellos procesos en los que siendo parte demandada el Estado u otro ente p煤blico tambi茅n lo fueren personas privadas, siempre que la pretensi贸n hubiera de someterse al tr谩mite de reclamaci贸n previa en v铆a administrativa o a otra forma de agotamiento de la misma y en 茅ste pudiera decidirse el asunto litigioso.
b) Los supuestos en que, en cualquier momento del proceso, despu茅s de haber dirigido la papeleta o la demanda contra personas determinadas, fuera necesario dirigir o ampliar la misma frente a personas distintas de las inicialmente demandadas.
3. Cuando por la naturaleza de la pretensi贸n ejercitada pudiera tener eficacia jur铆dica el acuerdo de conciliaci贸n o de mediaci贸n que pudiera alcanzarse, aun estando exceptuado el proceso del referido requisito del intento previo, si las partes acuden en tiempo oportuno voluntariamente y de com煤n acuerdo a tales v铆as previas, se suspender谩n los plazos de caducidad o se interrumpir谩n los de prescripci贸n en la forma establecida en el art铆culo siguiente.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 64
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
1. Se except煤an del requisito del intento de conciliaci贸n o, en su caso, de mediaci贸n los procesos que exijan la reclamaci贸n previa en v铆a administrativa u otra forma de agotamiento de la misma, en su caso, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos a la impugnaci贸n del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones y a materia electoral, movilidad geogr谩fica, modificaci贸n sustancial de las condiciones de trabajo, suspensi贸n del contrato y reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el art铆culo 139, los iniciados de oficio, los de impugnaci贸n de convenios colectivos, los de impugnaci贸n de los estatutos de los sindicatos o de su modificaci贸n, los de tutela de los derechos fundamentales y libertades p煤blicas, los procesos de anulaci贸n de laudos arbitrales, los de impugnaci贸n de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones, as铆 como aquellos en que se ejerciten acciones laborales de protecci贸n contra la violencia de g茅nero.
2. Igualmente, quedan exceptuados:
a) Aquellos procesos en los que siendo parte demandada el Estado u otro ente p煤blico tambi茅n lo fueren personas privadas, siempre que la pretensi贸n hubiera de someterse al tr谩mite de reclamaci贸n previa en v铆a administrativa o a otra forma de agotamiento de la misma y en 茅ste pudiera decidirse el asunto litigioso.
b) Los supuestos en que, en cualquier momento del proceso, despu茅s de haber dirigido la papeleta o la demanda contra personas determinadas, fuera necesario dirigir o ampliar la misma frente a personas distintas de las inicialmente demandadas.
3. Cuando por la naturaleza de la pretensi贸n ejercitada pudiera tener eficacia jur铆dica el acuerdo de conciliaci贸n o de mediaci贸n que pudiera alcanzarse, aun estando exceptuado el proceso del referido requisito del intento previo, si las partes acuden en tiempo oportuno voluntariamente y de com煤n acuerdo a tales v铆as previas, se suspender谩n los plazos de caducidad o se interrumpir谩n los de prescripci贸n en la forma establecida en el art铆culo siguiente.
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 64
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
1. Se except煤an del requisito del intento de conciliaci贸n o, en su caso, de mediaci贸n los procesos que exijan la reclamaci贸n previa en v铆a administrativa u otra forma de agotamiento de la misma, en su caso, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos al disfrute de vacaciones y a materia electoral, movilidad geogr谩fica, modificaci贸n sustancial de las condiciones de trabajo, derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el art铆culo 139, los iniciados de oficio, los de impugnaci贸n de convenios colectivos, los de impugnaci贸n de los estatutos de los sindicatos o de su modificaci贸n, los de tutela de los derechos fundamentales y libertades p煤blicas, los procesos de anulaci贸n de laudos arbitrales, los de impugnaci贸n de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones, as铆 como aquellos en que se ejerciten acciones laborales de protecci贸n contra la violencia de g茅nero.
2. Igualmente, quedan exceptuados:
a) Aquellos procesos en los que siendo parte demandada el Estado u otro ente p煤blico tambi茅n lo fueren personas privadas, siempre que la pretensi贸n hubiera de someterse al tr谩mite de reclamaci贸n previa en v铆a administrativa o a otra forma de agotamiento de la misma y en 茅ste pudiera decidirse el asunto litigioso.
b) Los supuestos en que, en cualquier momento del proceso, despu茅s de haber dirigido la papeleta o la demanda contra personas determinadas, fuera necesario dirigir o ampliar la misma frente a personas distintas de las inicialmente demandadas.
3. Cuando por la naturaleza de la pretensi贸n ejercitada pudiera tener eficacia jur铆dica el acuerdo de conciliaci贸n o de mediaci贸n que pudiera alcanzarse, aun estando exceptuado el proceso del referido requisito del intento previo, si las partes acuden en tiempo oportuno voluntariamente y de com煤n acuerdo a tales v铆as previas, se suspender谩n los plazos de caducidad o se interrumpir谩n los de prescripci贸n en la forma establecida en el art铆culo siguiente.
Art铆culo 65. Efectos de la solicitud de conciliaci贸n o de mediaci贸n previa. Los laudos arbitrales
1. La presentaci贸n de la solicitud de conciliaci贸n o de mediaci贸n suspender谩 los plazos de caducidad e interrumpir谩 los de prescripci贸n. El c贸mputo de la caducidad se reanudar谩 al d铆a siguiente de intentada la conciliaci贸n o mediaci贸n o transcurridos quince d铆as h谩biles, excluyendo del c贸mputo los s谩bados, desde su presentaci贸n sin que se haya celebrado.
2. En todo caso, transcurridos treinta d铆as, computados en la forma indicada en el n煤mero anterior, sin haberse celebrado el acto de conciliaci贸n o sin haberse iniciado mediaci贸n o alcanzado acuerdo en la misma se tendr谩 por terminado el procedimiento y cumplido el tr谩mite.
3. Tambi茅n se suspender谩n los plazos de caducidad y se interrumpir谩n los de prescripci贸n por la suscripci贸n de un compromiso arbitral, celebrado en virtud de los acuerdos interprofesionales y los convenios colectivos a que se refiere el art铆culo 83 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de los derivados de los acuerdos de inter茅s profesional conforme al apartado 4 del art铆culo 18 de la Ley del Estatuto del trabajo aut贸nomo.
En estos casos el c贸mputo de la caducidad se reanudar谩 al d铆a siguiente de que adquiera firmeza el laudo arbitral; de interponerse un recurso judicial de anulaci贸n del laudo, la reanudaci贸n tendr谩 lugar desde el d铆a siguiente a la firmeza de la sentencia que se dicte.
Igual efecto se producir谩 aun cuando en el procedimiento arbitral se apreciase la incompetencia, reanud谩ndose el c贸mputo de la caducidad desde la firmeza de la resoluci贸n que pusiera fin al arbitraje.
4. Las acciones de impugnaci贸n y recursos judiciales de anulaci贸n de laudos arbitrales cuyo conocimiento corresponda al orden social, cuando no tengan establecido un procedimiento especial, incluidos los laudos arbitrales establecidos por acuerdos de inter茅s profesional de los trabajadores aut贸nomos econ贸micamente dependientes, se sustanciar谩n, a instancia de los interesados, por los tr谩mites del procedimiento ordinario, ante el juzgado o tribunal al que hubiera correspondido el conocimiento del asunto sometido a arbitraje, con fundamento en exceso sobre el arbitraje, haber resuelto aspectos no sometidos a 茅l o que no pudieran ser objeto del mismo, vicio esencial de procedimiento o infracci贸n de normas imperativas. La acci贸n caducar谩 en el plazo de treinta d铆as h谩biles, excluidos los s谩bados, domingos y festivos, desde la notificaci贸n del laudo.
De formularse la impugnaci贸n por el Fondo de Garant铆a Salarial, en relaci贸n con posibles obligaciones de garant铆a salarial, o por otros terceros posibles perjudicados, se podr谩 fundamentar en ilegalidad o lesividad y el plazo para el ejercicio de la acci贸n contar谩 desde que pudieran haber conocido la existencia del laudo arbitral.
Art铆culo 66. Consecuencias de la no asistencia al acto de conciliaci贸n o de mediaci贸n
1. La asistencia al acto de conciliaci贸n o de mediaci贸n es obligatoria para los litigantes.
2. Cuando estando debidamente citadas las partes para el acto de conciliaci贸n o de mediaci贸n no compareciese el solicitante ni alegase justa causa, se tendr谩 por no presentada la papeleta de conciliaci贸n o la solicitud de mediaci贸n, archiv谩ndose todo lo actuado.
3. Si no compareciera la otra parte, debidamente citada, se har谩 constar expresamente en la certificaci贸n del acta de conciliaci贸n o de mediaci贸n y se tendr谩 la conciliaci贸n o la mediaci贸n por intentada sin efecto, y el juez o tribunal impondr谩n las costas del proceso a la parte que no hubiere comparecido sin causa justificada, incluidos honorarios, hasta el l铆mite de seiscientos euros, del letrado o graduado social colegiado de la parte contraria que hubieren intervenido, si la sentencia que en su d铆a dicte coincidiera esencialmente con la pretensi贸n contenida en la papeleta de conciliaci贸n o en la solicitud de mediaci贸n.
Art铆culo 67. Impugnaci贸n del acuerdo de conciliaci贸n o de mediaci贸n
1. El acuerdo de conciliaci贸n o de mediaci贸n podr谩 ser impugnado por las partes y por quienes pudieran sufrir perjuicio por aqu茅l, ante el juzgado o tribunal al que hubiera correspondido el conocimiento del asunto objeto de la conciliaci贸n o de la mediaci贸n, mediante el ejercicio por las partes de la acci贸n de nulidad por las causas que invalidan los contratos o por los posibles perjudicados con fundamento en su ilegalidad o lesividad.
2. La acci贸n caducar谩 a los treinta d铆as h谩biles, excluidos los s谩bados, domingos y festivos, siguientes a aquel en que se adopt贸 el acuerdo. Para los posibles perjudicados el plazo contar谩 desde que lo pudieran haber conocido.
Art铆culo 68. Ejecutividad del acuerdo de conciliaci贸n o de mediaci贸n y de los laudos arbitrales firmes
1. Lo acordado en conciliaci贸n o en mediaci贸n constituir谩 t铆tulo para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificaci贸n ante el juez o tribunal, y podr谩 llevarse a efecto por los tr谩mites previstos en el Libro Cuarto de esta Ley.
2. Se entender谩n equiparados a las sentencias firmes a efectos de ejecuci贸n definitiva los laudos arbitrales igualmente firmes, individuales o colectivos, dictados por el 贸rgano que pueda constituirse mediante los acuerdos interprofesionales y los convenios colectivos a que se refiere el art铆culo 83 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los laudos arbitrales establecidos por acuerdos de inter茅s profesional de los trabajadores aut贸nomos econ贸micamente dependientes conforme al apartado 4 del art铆culo 18 de la Ley del Estatuto del trabajo aut贸nomo, as铆 como los laudos reca铆dos en materia electoral, los que pongan fin a la huelga o a conflictos colectivos u otros cuyo conocimiento corresponda al orden social, exclusivamente en los concretos pronunciamientos de condena que por su naturaleza sean susceptibles de dicha ejecuci贸n y salvo los pronunciamientos que tengan eficacia normativa o interpretativa.
CAP脥TULO II-Del agotamiento de la v铆a administrativa previa a la v铆a judicial
Art铆culo 69. Agotamiento de la v铆a administrativa previa a la v铆a judicial social
1. Para poder demandar al Estado, Comunidades Aut贸nomas, entidades locales o entidades de Derecho p煤blico con personalidad jur铆dica propia vinculadas o dependientes de los mismos ser谩 requisito necesario haber agotado la v铆a administrativa, cuando as铆 proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable.
En todo caso, la Administraci贸n p煤blica deber谩 notificar a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, conteniendo la notificaci贸n el texto 铆ntegro de la resoluci贸n, con indicaci贸n de si es o no definitivo en la v铆a administrativa, la expresi贸n de los recursos que procedan, 贸rgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
Las notificaciones que conteniendo el texto 铆ntegro del acto omitiesen alguno de los dem谩s requisitos previstos en el p谩rrafo anterior mantendr谩n suspendidos los plazos de caducidad e interrumpidos los de prescripci贸n y 煤nicamente surtir谩n efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resoluci贸n o acto objeto de la notificaci贸n o resoluci贸n, o interponga cualquier recurso que proceda.
2. Desde que se deba entender agotada la v铆a administrativa el interesado podr谩 formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala competente. A la demanda se acompa帽ar谩 copia de la resoluci贸n denegatoria o documento acreditativo de la interposici贸n o resoluci贸n del recurso administrativo, seg煤n proceda, uniendo copia de todo ello para la entidad demandada.
3. En las acciones derivadas de despido y dem谩s acciones sujetas a plazo de caducidad, el plazo de interposici贸n de la demanda ser谩 de veinte d铆as h谩biles o el especial que sea aplicable, contados a partir del d铆a siguiente a aqu茅l en que se hubiera producido el acto o la notificaci贸n de la resoluci贸n impugnada, o desde que se deba entender agotada la v铆a administrativa en los dem谩s casos.
Precepto modificado por L 39/2015, de 1 de Octubre, con entrada en vigor a partir del 2-10-2016
路 Modificado art铆culo 69
Redacci贸n hasta el 2-10-2016
Art铆culo 69. Reclamaci贸n administrativa previa o agotamiento de la v铆a administrativa previa a la v铆a judicial social
1. Para poder demandar al Estado, Comunidades Aut贸nomas, entidades locales o entidades de Derecho p煤blico con personalidad jur铆dica propia vinculadas o dependientes de los mismos ser谩 requisito necesario haber interpuesto reclamaci贸n previa a la v铆a judicial social, o, en su caso, haber agotado la v铆a administrativa, cuando as铆 proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable.
En todo caso, la Administraci贸n p煤blica deber谩 notificar a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, conteniendo la notificaci贸n el texto 铆ntegro de la resoluci贸n, con indicaci贸n de si es o no definitivo en la v铆a administrativa, la expresi贸n de los recursos o de la reclamaci贸n administrativa previa que procedan, 贸rgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
Las notificaciones que conteniendo el texto 铆ntegro del acto omitiesen alguno de los dem谩s requisitos previstos en el p谩rrafo anterior mantendr谩n suspendidos los plazos de caducidad e interrumpidos los de prescripci贸n y 煤nicamente surtir谩n efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resoluci贸n o acto objeto de la notificaci贸n o resoluci贸n, o interponga cualquier recurso o reclamaci贸n que proceda.
2. Notificada la denegaci贸n de la reclamaci贸n o transcurrido un mes sin haber sido notificada la misma, o desde que se deba entender agotada la v铆a administrativa en los dem谩s casos, el interesado podr谩 formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala competente. A la demanda se acompa帽ar谩 copia de la resoluci贸n denegatoria o documento acreditativo de la presentaci贸n de la reclamaci贸n o de la interposici贸n o resoluci贸n del recurso administrativo, seg煤n proceda, uniendo copia de todo ello para la entidad demandada.
3. En las acciones derivadas de despido y dem谩s acciones sujetas a plazo de caducidad, el plazo de interposici贸n de la demanda ser谩 de veinte d铆as h谩biles o el especial que sea aplicable, contados a partir del d铆a siguiente a aqu茅l en que se hubiera producido el acto o la notificaci贸n de la resoluci贸n impugnada, o desde que se deba entender agotada la v铆a administrativa en los dem谩s casos, si bien la interposici贸n de la reclamaci贸n previa suspende el plazo de caducidad, en los t茅rminos del art铆culo 73.
Art铆culo 70. Excepciones al agotamiento de la v铆a administrativa
No ser谩 necesario agotar la v铆a administrativa para interponer demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas frente a actos de las Administraciones p煤blicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical, si bien el plazo para la interposici贸n de la demanda ser谩 de veinte d铆as desde el d铆a siguiente a la notificaci贸n del acto o al transcurso del plazo fijado para la resoluci贸n, sin m谩s tr谩mites; cuando la lesi贸n del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa o en actuaci贸n en v铆as de hecho, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, el plazo de veinte d铆as se iniciar谩 transcurridos veinte d铆as desde la reclamaci贸n contra la inactividad o v铆a de hecho, o desde la presentaci贸n del recurso, respectivamente.
Precepto modificado por L 39/2015, de 1 de Octubre, con entrada en vigor a partir del 2-10-2016
路 Modificado art铆culo 70
Redacci贸n hasta el 2-10-2016
Art铆culo 70. Excepciones a la reclamaci贸n administrativa previa o al agotamiento de la v铆a administrativa
1. Se except煤an del requisito de reclamaci贸n previa los procesos relativos a la impugnaci贸n del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones, materia electoral, movilidad geogr谩fica, modificaci贸n sustancial de las condiciones de trabajo, suspensi贸n del contrato y reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el art铆culo 139, procedimientos de oficio, conflictos colectivos, impugnaci贸n de convenios colectivos, impugnaci贸n de estatutos de los sindicatos o de su modificaci贸n, tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas, siendo en estos 煤ltimos potestativo, y reclamaciones contra el Fondo de Garant铆a Salarial, al amparo de lo prevenido en el art铆culo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2. No ser谩 necesario agotar la v铆a administrativa para interponer demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas frente a actos de las Administraciones p煤blicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical, si bien el plazo para la interposici贸n de la demanda ser谩 de veinte d铆as desde el d铆a siguiente a la notificaci贸n del acto o al transcurso del plazo fijado para la resoluci贸n, sin m谩s tr谩mites; cuando la lesi贸n del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa o en actuaci贸n en v铆as de hecho, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, el plazo de veinte d铆as se iniciar谩 transcurridos veinte d铆as desde la reclamaci贸n contra la inactividad o v铆a de hecho, o desde la presentaci贸n del recurso, respectivamente.
3. Tambi茅n se except煤a del requisito de reclamaci贸n previa el ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Org谩nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci贸n Integral contra la Violencia de G茅nero.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 70
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
1.Se except煤an del requisito de reclamaci贸n previa los procesos relativos a la impugnaci贸n del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones, materia electoral, movilidad geogr谩fica, modificaci贸n sustancial de las condiciones de trabajo, suspensi贸n del contrato y reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el art铆culo 139, procedimientos de oficio, conflictos colectivos, impugnaci贸n de convenios colectivos, impugnaci贸n de estatutos de los sindicatos o de su modificaci贸n, tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas, siendo en estos 煤ltimos potestativo, y reclamaciones contra el Fondo de Garant铆a Salarial, al amparo de lo prevenido en el art铆culo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2. No ser谩 necesario agotar la v铆a administrativa para interponer demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas frente a actos de las Administraciones p煤blicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical, si bien el plazo para la interposici贸n de la demanda ser谩 de veinte d铆as desde el d铆a siguiente a la notificaci贸n del acto o al transcurso del plazo fijado para la resoluci贸n, sin m谩s tr谩mites; cuando la lesi贸n del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa o en actuaci贸n en v铆as de hecho, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, el plazo de veinte d铆as se iniciar谩 transcurridos veinte d铆as desde la reclamaci贸n contra la inactividad o v铆a de hecho, o desde la presentaci贸n del recurso, respectivamente.
3. Tambi茅n se except煤a del requisito de reclamaci贸n previa el ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Org谩nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci贸n Integral contra la Violencia de G茅nero.
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 70
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
1. Se except煤an del requisito de reclamaci贸n previa los procesos relativos a disfrute de vacaciones, materia electoral, movilidad geogr谩fica, modificaci贸n sustancial de las condiciones de trabajo, derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el art铆culo 139, procedimientos de oficio, conflictos colectivos, impugnaci贸n de convenios colectivos, impugnaci贸n de estatutos de los sindicatos o de su modificaci贸n, tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas, siendo en estos 煤ltimos potestativo, y reclamaciones contra el Fondo de Garant铆a Salarial, al amparo de lo prevenido en el art铆culo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2. No ser谩 necesario agotar la v铆a administrativa para interponer demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas frente a actos de las Administraciones p煤blicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical, si bien el plazo para la interposici贸n de la demanda ser谩 de veinte d铆as desde el d铆a siguiente a la notificaci贸n del acto o al transcurso del plazo fijado para la resoluci贸n, sin m谩s tr谩mites; cuando la lesi贸n del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa o en actuaci贸n en v铆as de hecho, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, el plazo de veinte d铆as se iniciar谩 transcurridos veinte d铆as desde la reclamaci贸n contra la inactividad o v铆a de hecho, o desde la presentaci贸n del recurso, respectivamente.
3. Tambi茅n se except煤a del requisito de reclamaci贸n previa el ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Org谩nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci贸n Integral contra la Violencia de G茅nero.
Art铆culo 71. Reclamaci贸n administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social
1. Ser谩 requisito necesario para formular demanda en materia de prestaciones de Seguridad Social, que los interesados interpongan reclamaci贸n previa ante la Entidad gestora de las mismas. Se except煤an los procedimientos de impugnaci贸n de las resoluciones administrativas expresas en las que se acuerda el alta m茅dica emitidas por los 贸rganos competentes de las Entidades gestoras de la Seguridad Social al agotarse el plazo de duraci贸n de trescientos sesenta y cinco d铆as de la prestaci贸n de incapacidad temporal.
2. La reclamaci贸n previa deber谩 interponerse ante el 贸rgano competente que haya dictado resoluci贸n sobre la solicitud inicial del interesado, en el plazo de treinta d铆as desde la notificaci贸n de la misma, si es expresa, o desde la fecha en que, conforme a la normativa reguladora del procedimiento de que se trate, deba entenderse producido el silencio administrativo.
En los procedimientos de impugnaci贸n de altas m茅dicas no exentos de reclamaci贸n previa seg煤n el apartado 1 de este art铆culo la reclamaci贸n previa se interpondr谩 en el plazo de once d铆as desde la notificaci贸n de la resoluci贸n.
3. Si la resoluci贸n, expresa o presunta, hubiera sido dictada por una entidad colaboradora, la reclamaci贸n previa se interpondr谩, en el mismo plazo, ante la propia entidad colaboradora si tuviera atribuida la competencia para resolver, o en otro caso ante el 贸rgano correspondiente de la Entidad gestora u organismo p煤blico gestor de la prestaci贸n.
4. Cuando en el reconocimiento inicial o la modificaci贸n de un acto o derecho en materia de Seguridad Social, la Entidad correspondiente est茅 obligada a proceder de oficio, en el caso de que no se produzca acuerdo o resoluci贸n, el interesado podr谩 solicitar que se dicte, teniendo esta solicitud valor de reclamaci贸n previa. Del mismo modo podr谩 reiterarse la reclamaci贸n previa de haber caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho y sin perjuicio de los efectos retroactivos que proceda dar a la misma.
5. Formulada reclamaci贸n previa en cualquiera de los supuestos mencionados en el presente art铆culo, la Entidad deber谩 contestar expresamente a la misma en el plazo de cuarenta y cinco d铆as. En caso contrario se entender谩 denegada la reclamaci贸n por silencio administrativo.
En los procedimientos de impugnaci贸n de altas m茅dicas en los que deba interponerse reclamaci贸n previa, el plazo para la contestaci贸n de la misma ser谩 de siete d铆as, entendi茅ndose desestimada una vez transcurrido dicho plazo.
6. La demanda habr谩 de formularse en el plazo de treinta d铆as, a contar desde la fecha en que se notifique la denegaci贸n de la reclamaci贸n previa o desde el d铆a en que se entienda denegada por silencio administrativo.
En los procesos de impugnaci贸n de altas m茅dicas el plazo anterior ser谩 de veinte d铆as, que cuando no sea exigible reclamaci贸n previa se computar谩 desde la adquisici贸n de plenos efectos del alta m茅dica o desde la notificaci贸n del alta definitiva acordada por la Entidad gestora.
7. Las entidades u organismos gestores de la Seguridad Social expedir谩n recibo de presentaci贸n o sellar谩n debidamente, con indicaci贸n de la fecha, las copias de las reclamaciones que se dirijan en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley. Este recibo o copia sellada, o el justificante de presentaci贸n por los procedimientos y registros alternativos que est茅n establecidos por la normativa administrativa aplicable, deber谩n acompa帽arse inexcusablemente con la demanda.
Art铆culo 72. Vinculaci贸n respecto a la reclamaci贸n administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o v铆a administrativa previa
En el proceso no podr谩n introducir las partes variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos respecto de los que fueran objeto del procedimiento administrativo y de las actuaciones de los interesados o de la Administraci贸n, bien en fase de reclamaci贸n previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o de recurso que agote la v铆a administrativa, salvo en cuanto a los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad.
Precepto modificado por L 39/2015, de 1 de Octubre, con entrada en vigor a partir del 2-10-2016
路 Modificado art铆culo 72
Redacci贸n hasta el 2-10-2016
Art铆culo 72. Vinculaci贸n respecto a la reclamaci贸n o v铆a administrativa previa
En el proceso no podr谩n introducir las partes variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos respecto de los que fueran objeto del procedimiento administrativo y de las actuaciones de los interesados o de la Administraci贸n, bien en fase de reclamaci贸n previa o de recurso que agote la v铆a administrativa, salvo en cuanto a los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad.
Art铆culo 73. Efectos de la reclamaci贸n administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social
La reclamaci贸n previa en materia de prestaciones de Seguridad Social interrumpir谩 los plazos de prescripci贸n y suspender谩 los de caducidad, reanud谩ndose estos 煤ltimos al d铆a siguiente al de la notificaci贸n de la resoluci贸n o del transcurso del plazo en que deba entenderse desestimada.
Precepto modificado por L 39/2015, de 1 de Octubre, con entrada en vigor a partir del 2-10-2016
路 Modificado art铆culo 73
Redacci贸n hasta el 2-10-2016
Art铆culo 73. Efectos de la reclamaci贸n administrativa previa o de la v铆a administrativa
La reclamaci贸n previa interrumpir谩 los plazos de prescripci贸n y suspender谩 los de caducidad, reanud谩ndose estos 煤ltimos al d铆a siguiente al de la notificaci贸n de la resoluci贸n o del transcurso del plazo en que deba entenderse desestimada.
T脥TULO VI-De los principios del proceso y de los deberes procesales
Art铆culo 74. Principios del proceso
1. Los jueces y tribunales del orden jurisdiccional social y los secretarios judiciales en su funci贸n de ordenaci贸n del procedimiento y dem谩s competencias atribuidas por el art铆culo 456 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, interpretar谩n y aplicar谩n las normas reguladoras del proceso social ordinario seg煤n los principios de inmediaci贸n, oralidad, concentraci贸n y celeridad.
2. Los principios indicados en el apartado anterior orientar谩n la interpretaci贸n y aplicaci贸n de las normas procesales propias de las modalidades procesales reguladas en la presente Ley.
Art铆culo 75. Deberes procesales de las partes
1. Los 贸rganos judiciales rechazar谩n de oficio en resoluci贸n fundada las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entra帽en abuso de derecho. Asimismo, corregir谩n los actos que, al amparo del texto de una norma, persigan un resultado contrario al previsto en la Constituci贸n y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones.
2. Quienes no sean parte en el proceso deben cumplir las obligaciones que les impongan los jueces y tribunales ordenadas a garantizar los derechos que pudieran corresponder a las partes y a asegurar la efectividad de las resoluciones judiciales.
3. Si se produjera un da帽o evaluable econ贸micamente, el perjudicado podr谩 reclamar la oportuna indemnizaci贸n ante el juzgado o tribunal que estuviere conociendo o hubiere conocido el asunto principal.
4. Todos deber谩n ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse 茅stas, as铆 como en caso de formulaci贸n de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el n煤mero anterior, el juez o tribunal podr谩 imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad econ贸mica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podr谩 oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ning煤n caso pueda superar la cuant铆a de la tercera parte del litigio.
Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el p谩rrafo anterior podr谩 ser o铆do en justicia. La audiencia en justicia se pedir谩 en el plazo de los tres d铆as siguientes al de la notificaci贸n de la multa, mediante escrito presentado ante el juez o tribunal que la haya impuesto. La audiencia ser谩 resuelta mediante auto contra el que cabr谩 recurso de alzada en cinco d铆as ante la Sala de Gobierno correspondiente, que lo resolver谩 previo informe del juez o Sala que impuso la multa.
De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resoluci贸n de los recursos de suplicaci贸n o casaci贸n, se estar谩 a lo dispuesto en sus reglas respectivas.
5. El incumplimiento de las obligaciones de colaboraci贸n con el proceso y de cumplir las resoluciones de los jueces y tribunales y de los secretarios judiciales en su funci贸n de ordenaci贸n del procedimiento y dem谩s competencias atribuidas por el art铆culo 456 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 3 y 4 anteriores, dar谩n lugar, respectivamente, a la aplicaci贸n de los apremios pecuniarios a las partes y de las multas coercitivas a los dem谩s intervinientes o terceros, en los t茅rminos establecidos en los apartados 2 y 3 del art铆culo 241, pudiendo ser o铆dos en justicia en la forma prevista en el apartado anterior.
LIBRO SEGUNDO-Del proceso ordinario y de las modalidades procesales
T脥TULO I-Del proceso ordinario
CAP脥TULO I-De los actos preparatorios y diligencias preliminares, de la anticipaci贸n y aseguramiento de la prueba y de las medidas cautelares
SECCI脫N 1.陋-Actos preparatorios y diligencias preliminares
Art铆culo 76. Solicitud de actos preparatorios y diligencias preliminares
1. Quien pretenda demandar, podr谩 solicitar del 贸rgano judicial que aquel contra quien se proponga dirigir la demanda preste declaraci贸n acerca de alg煤n hecho relativo a la personalidad, capacidad, representaci贸n o legitimaci贸n de 茅ste, o con igual finalidad aporte alg煤n documento, cuyo conocimiento sea necesario para el juicio.
Igualmente podr谩 solicitarse, por quien pretenda demandar, la determinaci贸n de qui茅nes son los socios, part铆cipes, miembros o gestores de una entidad sin personalidad y las diligencias necesarias encaminadas a la determinaci贸n del empresario y los integrantes del grupo o unidad empresarial, as铆 como la determinaci贸n de las personas concurrentes a la producci贸n de un da帽o con la persona a la que se pretenda demandar y la cobertura del riesgo en su caso.
2. El juicio podr谩 tambi茅n prepararse por petici贸n de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de los intereses colectivos, al objeto de concretar a los integrantes del grupo de afectados cuando, no estando determinados, sean f谩cilmente determinables. A tal efecto el tribunal adoptar谩 las medidas oportunas para la averiguaci贸n de los integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del caso y conforme a los datos suministrados por el solicitante, incluyendo el requerimiento al demandado para que colabore en dicha determinaci贸n.
3. Podr谩 formularse tambi茅n petici贸n de pr谩ctica de otras diligencias y averiguaciones necesarias para preparar el juicio de las previstas en el art铆culo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. Cuando la realizaci贸n de la diligencia solicitada pueda afectar a la intimidad personal u otro derecho fundamental, el juzgado o tribunal, de no mediar el consentimiento del afectado, podr谩 autorizar dicha actuaci贸n en la forma y con las garant铆as establecidas en los apartados 4 a 6 del art铆culo 90.
5. La Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, la Administraci贸n laboral, en el ejercicio de sus funciones, cuando el centro de trabajo sometido a inspecci贸n coincidiese con el domicilio de la persona afectada, podr谩 solicitar la correspondiente autorizaci贸n judicial, si el titular se opusiere o existiese riesgo de tal oposici贸n, en relaci贸n con los procedimientos administrativos de los que conozca o pueda conocer posteriormente la jurisdicci贸n social, o para posibilitar cualquier otra medida de inspecci贸n o control que pudiera afectar a derechos fundamentales o libertades p煤blicas.
6. Contra la resoluci贸n judicial denegando la pr谩ctica de estas diligencias no cabr谩 recurso alguno, sin perjuicio del que en su d铆a puedan interponerse contra la sentencia.
Art铆culo 77. Exhibici贸n previa de documentos
1. En todos aquellos supuestos en que el examen de libros y cuentas o la consulta de cualquier otro documento se demuestre imprescindible para fundamentar la demanda o su oposici贸n, quien pretenda demandar o prevea que vaya a ser demandado podr谩 solicitar del 贸rgano judicial la comunicaci贸n de dichos documentos. Cuando se trate de documentos contables podr谩 el solicitante acudir asesorado por un experto en la materia, que estar谩 sometido a los deberes que puedan incumbirle profesionalmente en relaci贸n con la salvaguardia del secreto de la contabilidad. Las costas originadas por el asesoramiento del experto correr谩n a cargo de quien solicite sus servicios.
2. El 贸rgano judicial resolver谩 por auto, dentro del segundo d铆a, lo que estime procedente, fijando la forma de llevar a efecto la comunicaci贸n de dichos elementos y adoptando, en su caso, las medidas necesarias para que el examen se lleve a efecto de la forma menos gravosa y sin que la documentaci贸n salga del poder de su titular, a cuyo efecto podr谩 disponer que la parte en cuyo poder obren los documentos facilite a la parte interesada o a su experto contable una copia de los mismos, en soporte preferiblemente electr贸nico, permitiendo el cotejo de dicha copia o versi贸n con el documento original.
3. Las anteriores medidas podr谩n ser solicitadas igualmente por las partes durante el proceso con la antelaci贸n prevista en el apartado 3 del art铆culo 90, siempre que no den lugar a la suspensi贸n del acto de juicio.
SECCI脫N 2.陋-Anticipaci贸n y aseguramiento de la prueba
Art铆culo 78. Causas y normas aplicables a la anticipaci贸n de la prueba
1. Quien pretenda demandar o presuma que va a ser demandado podr谩 solicitar previamente del juez o tribunal la pr谩ctica anticipada de alg煤n medio de prueba cuando exista el temor fundado de que, por causa de las personas o del estado de las cosas, dichos actos no puedan realizarse en el momento procesal generalmente previsto o cuya realizaci贸n presente graves dificultades en dicho momento, incluido el examen de testigos cuando por la edad avanzada de alguno de 茅stos, peligro inminente de su vida, proximidad de una ausencia o estancia en un lugar con el que sean imposibles o dif铆ciles las comunicaciones o cualquier otro motivo grave y justificado, sea presumible que no va a ser posible mantener su derecho por falta de justificaci贸n.
2. Cualquiera de las partes una vez iniciado el proceso, pero en todo caso sin dar lugar a suspensi贸n del acto de juicio, podr谩 solicitar la pr谩ctica anticipada de pruebas que no puedan ser realizadas en el acto del juicio, o cuya realizaci贸n presente graves dificultades en dicho momento. El juez o tribunal decidir谩 lo pertinente para su pr谩ctica en los t茅rminos previstos por la norma que regule el medio de prueba correspondiente y con sujeci贸n en lo dem谩s, en cuanto resulte aplicable, a lo dispuesto en los art铆culos 293 a 297 y apartado 1 del art铆culo 298 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Contra la resoluci贸n denegatoria no cabr谩 recurso alguno, sin perjuicio del que, por este motivo, pueda interponerse en su d铆a contra la sentencia.
SECCI脫N 3.陋-Medidas cautelares
Art铆culo 79. R茅gimen aplicable para la adopci贸n de medidas cautelares
1. Las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera acordarse en sentencia se regir谩n por lo dispuesto en los art铆culos 721 a 747 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la necesaria adaptaci贸n a las particularidades del proceso social y o铆das las partes, si bien podr谩 anticiparse en forma motivada la efectividad de las medidas cuando el solicitante as铆 lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar.
Cuando el proceso verse sobre la impugnaci贸n de actos de Administraciones p煤blicas en materia laboral y de seguridad social, la adopci贸n de medidas cautelares se regir谩, en lo no previsto en esta Ley, por lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa, en sus art铆culos 129 a 136.
Los trabajadores y beneficiarios de prestaciones de Seguridad Social y los sindicatos, en cuanto ostentan la representaci贸n colectiva de sus intereses, as铆 como las asociaciones representativas de los trabajadores aut贸nomos econ贸micamente dependientes, estar谩n exentos de la prestaci贸n de cauciones, garant铆as e indemnizaciones relacionadas con las medidas cautelares que pudieran acordarse.
2. El 贸rgano judicial, de oficio o a instancia de parte interesada o del Fondo de Garant铆a Salarial, en los casos en que pueda derivarse su responsabilidad, podr谩 decretar el embargo preventivo de bienes del demandado en cuant铆a suficiente para cubrir lo reclamado en la demanda y lo que se calcule para las costas de ejecuci贸n, cuando por aqu茅l se realicen cualesquiera actos de los que pueda presumirse que pretende situarse en estado de insolvencia o impedir la efectividad de la sentencia.
3. El 贸rgano judicial podr谩 requerir al solicitante del embargo, en el t茅rmino de una audiencia, para que presente documentos, informaci贸n testifical o cualquier otra prueba que justifique la situaci贸n alegada. En los casos en que pueda derivarse responsabilidad del Fondo de Garant铆a Salarial, 茅ste deber谩 ser citado a fin de se帽alar bienes.
4. La solicitud de embargo preventivo podr谩 ser presentada en cualquier momento del proceso antes de la sentencia, sin que por ello se suspenda el curso de las actuaciones.
5. En reclamaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, sin perjuicio de las medidas anteriores, podr谩n acordarse las referidas en el apartado 1 del art铆culo 142 en relaci贸n con el aseguramiento empresarial al respecto, as铆 como el embargo preventivo y dem谩s medidas cautelares previstas en este art铆culo respecto de cualquier clase de responsabilidades empresariales y de terceros derivadas de dichas contingencias.
6. En procedimientos referidos a las resoluciones de la autoridad laboral sobre paralizaci贸n de trabajos por riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, as铆 como en caso de responsabilidad empresarial sobre enfermedades profesionales por falta de reconocimientos m茅dicos, podr谩n adoptarse las medidas a que se refiere el apartado anterior de este art铆culo a efectos del aseguramiento de las responsabilidades empresariales derivadas, conforme a lo dispuesto en el art铆culo 195 y apartado 2 del art铆culo 197 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
7. En los procesos en los que se ejercite la acci贸n de extinci贸n del contrato de trabajo a instancia del trabajador con fundamento en el art铆culo 50 del Estatuto de los Trabajadores en aquellos casos en los que se justifique que la conducta empresarial perjudica la dignidad o la integridad f铆sica o moral de trabajador, pueda comportar una posible vulneraci贸n de sus dem谩s derechos fundamentales o libertades p煤blicas o posibles consecuencias de tal gravedad que pudieran hacer inexigible la continuidad de la prestaci贸n en su forma anterior, podr谩 acordarse, a instancia del demandante, alguna de las medidas cautelares contempladas en el apartado 4 del art铆culo 180 de esta Ley, con mantenimiento del deber empresarial de cotizar y de abonar los salarios sin perjuicio de lo que pueda resolverse en la sentencia.
CAP脥TULO II-Del proceso ordinario
SECCI脫N 1.陋-Demanda
Art铆culo 80. Forma y contenido de la demanda
1. La demanda se formular谩 por escrito, pudiendo utilizar los formularios y procedimientos facilitados al efecto en la oficina judicial donde deba presentarse, y habr谩 de contener los siguientes requisitos generales:
a) La designaci贸n del 贸rgano ante quien se presente, as铆 como la expresi贸n de la modalidad procesal a trav茅s de la cual entienda que deba enjuiciarse su pretensi贸n.
b) La designaci贸n del demandante, en los t茅rminos del art铆culo 16 de esta Ley, con expresi贸n del n煤mero del documento nacional de identidad o del n煤mero y tipo de documento de identificaci贸n de los ciudadanos extranjeros, y de aquellos otros interesados que deban ser llamados al proceso y sus domicilios, indicando el nombre y apellidos de las personas f铆sicas y la denominaci贸n social de las personas jur铆dicas. Si la demanda se dirigiese contra una masa patrimonial, patrimonio separado, entidad o grupo carente de personalidad, adem谩s de identificarlos suficientemente, habr谩 de hacerse constar el nombre y apellidos de quienes aparezcan como administradores, organizadores, directores, gestores, socios o part铆cipes, y sus domicilios, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la masa patrimonial, entidad o grupo y de sus gestores e integrantes.
c) La enumeraci贸n clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensi贸n y de todos aquellos que, seg煤n la legislaci贸n sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas. En ning煤n caso podr谩n alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliaci贸n o mediaci贸n ni introducirse respecto de la v铆a administrativa previa variaciones sustanciales en los t茅rminos prevenidos en el art铆culo 72, salvo los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad.
d) La s煤plica correspondiente, en los t茅rminos adecuados al contenido de la pretensi贸n ejercitada.
e) Si el demandante litigase por s铆 mismo, designar谩 un domicilio, de ser posible en la localidad donde resida el juzgado o tribunal, en el que se practicar谩n todas las diligencias que hayan de entenderse con 茅l. La designaci贸n deber谩 efectuarse con indicaci贸n completa de todos los datos de identificaci贸n del domicilio facilitado, as铆 como n煤mero de fax, tel茅fono y direcci贸n electr贸nica si dispone de ellos, para la pr谩ctica de toda clase de comunicaciones por dichos medios. Si designa letrado, graduado social colegiado o procurador deber谩 ir suscrita por el profesional, que se entender谩 asume su representaci贸n con plenas facultades procesales y facilitar谩 los mismos datos anteriores, sin perjuicio de la ratificaci贸n posterior en juicio del demandante salvo que con anterioridad otorgue poder en forma, por alguno de los medios admitidos en derecho o que, con posterioridad, se efect煤e revocaci贸n o renuncia comunicada de forma efectiva.
f) Fecha y firma.
2. De la demanda y documentos que la acompa帽en se presentar谩n por el actor tantas copias como demandados y dem谩s interesados en el proceso haya, as铆 como para el Ministerio Fiscal, en los casos en que legalmente deba intervenir, as铆 como de los dem谩s documentos requeridos seg煤n la modalidad procesal aplicable.
3. A la demanda se acompa帽ar谩 la documentaci贸n justificativa de haber intentado la previa conciliaci贸n o mediaci贸n, o de haber transcurrido el plazo exigible para su realizaci贸n sin que se hubiesen celebrado, o del agotamiento de la v铆a administrativa, cuando proceda, o alegaci贸n de no ser necesarias 茅stas, as铆 como los restantes documentos de aportaci贸n preceptiva con la demanda seg煤n la modalidad procesal aplicable.
Art铆culo 81. Admisi贸n de la demanda
1. El secretario judicial, dentro de los tres d铆as siguientes a la recepci贸n de la demanda, dar谩 cuenta al juez o tribunal, si entendiera que concurren los supuestos de falta de jurisdicci贸n o competencia o, en otro caso, sin perjuicio de los procedimientos de se帽alamiento inmediato que puedan establecerse, resolver谩 sobre la admisi贸n a tr谩mite de aqu茅lla, con se帽alamiento de juicio en la forma prevista en el art铆culo siguiente, o advertir谩 a la parte de los defectos u omisiones en que haya incurrido al redactar la demanda en relaci贸n con los presupuestos procesales necesarios que pudieran impedir la v谩lida prosecuci贸n y t茅rmino del proceso, as铆 como en relaci贸n con los documentos de preceptiva aportaci贸n con la misma, salvo lo dispuesto en el apartado 3 de este mismo art铆culo para la conciliaci贸n o mediaci贸n previa, a fin de que los subsane dentro del plazo de cuatro d铆as.
2. Realizada la subsanaci贸n, el secretario judicial dentro de los tres d铆as siguientes admitir谩 la demanda. En otro caso, dar谩 cuenta al juez o tribunal para que por el mismo se resuelva, dentro de los tres d铆as siguientes, sobre su admisibilidad.
3. Si a la demanda no se acompa帽ara certificaci贸n del acto de conciliaci贸n o mediaci贸n previa, o de la papeleta de conciliaci贸n o de la solicitud de mediaci贸n, de no haberse celebrado en plazo legal, el secretario judicial, sin perjuicio de resolver sobre la admisi贸n y proceder al se帽alamiento, advertir谩 al demandante que ha de acreditar la celebraci贸n o el intento del expresado acto en el plazo de quince d铆as, contados a partir del d铆a siguiente a la recepci贸n de la notificaci贸n, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin efecto el se帽alamiento efectuado.
4. Si la demanda fuera admisible, o una vez subsanada la misma, y en ella se solicitasen diligencias de preparaci贸n de la prueba a practicar en juicio, as铆 como en los casos de solicitud posterior dentro del plazo legal de tales diligencias o de cualquier otra diligencia de anticipaci贸n o aseguramiento de la prueba, se dar谩 cuenta al juez o tribunal para que resuelva lo procedente, dentro de los tres d铆as siguientes, debiendo notificarse la resoluci贸n correspondiente junto con la admisi贸n a tramite de la demanda y la notificaci贸n del se帽alamiento.
Art铆culo 82. Se帽alamiento de los actos de conciliaci贸n y juicio
1. De ser admitida la demanda, una vez verificada la concurrencia de los requisitos exigidos, en la misma resoluci贸n de admisi贸n a tr谩mite el secretario judicial se帽alar谩 el d铆a y la hora en que hayan de tener lugar sucesivamente los actos de conciliaci贸n y juicio, debiendo mediar un m铆nimo de diez d铆as entre la citaci贸n y la efectiva celebraci贸n de dichos actos, salvo en los supuestos en que la Ley disponga otro distinto y en los supuestos de nuevo se帽alamiento despu茅s de una suspensi贸n.
En el se帽alamiento de las vistas y juicios el secretario judicial atender谩 a los criterios establecidos en el art铆culo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y procurar谩, en la medida de lo posible, se帽alar en un mismo d铆a los que se refieran a los mismos interesados y no puedan ser acumulados, as铆 como relacionar los se帽alamientos de los procesos en los que se deba intentar la conciliaci贸n previa por parte del secretario judicial con los exentos de dicho tr谩mite. En especial, las audiencias y vistas que requieran la presencia del representante del Ministerio Fiscal, abogado del Estado, letrados de las Cortes Generales, letrados de la Administraci贸n de la Seguridad Social, de las Comunidades Aut贸nomas o de la Administraci贸n Local, ser谩n agrupadas, se帽al谩ndose de forma consecutiva.
2. La celebraci贸n de los actos de conciliaci贸n y juicio, el primero ante el secretario judicial y el segundo ante el juez o Magistrado, tendr谩 lugar en 煤nica convocatoria pero en sucesivos actos, debiendo hacerse a este efecto la citaci贸n en forma, con entrega a los demandados, a los interesados y, en su caso, al Ministerio Fiscal, de copia de la demanda y dem谩s documentos; as铆 como requiriendo de la Administraci贸n p煤blica la remisi贸n del expediente administrativo, cuando proceda, dentro de los diez d铆as siguientes a la notificaci贸n.
3. En las c茅dulas de citaci贸n se har谩 constar que los actos de conciliaci贸n y juicio no podr谩n suspenderse por incomparecencia del demandado, as铆 como que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podr谩n formalizar conciliaci贸n en evitaci贸n del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del se帽alamiento, as铆 como someter la cuesti贸n a los procedimientos de mediaci贸n que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el art铆culo 63 de esta Ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello d茅 lugar a la suspensi贸n, salvo que de com煤n acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisi贸n a la mediaci贸n, y por el tiempo m谩ximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no podr谩 exceder de quince d铆as.
4. De oficio o a petici贸n de parte, podr谩 requerirse el previo traslado entre las partes o la aportaci贸n anticipada, en soporte preferiblemente inform谩tico, con cinco d铆as de antelaci贸n al acto de juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su examen previo al momento de la pr谩ctica de la prueba.
5. Cuando la representaci贸n y defensa en juicio sea atribuida al abogado del Estado, se le conceder谩 un plazo de veintid贸s d铆as para la consulta a la Abogac铆a General del Estado鈥揇irecci贸n del Servicio Jur铆dico del Estado. Cuando la representaci贸n y defensa en juicio sea atribuida al letrado de la Administraci贸n de la Seguridad Social, se le conceder谩 igualmente un plazo de veintid贸s d铆as para la consulta a la Direcci贸n del Servicio Jur铆dico de la Administraci贸n de la Seguridad Social. Este mismo plazo se entender谩, respecto de las Comunidades Aut贸nomas, para consulta al organismo que establezca su legislaci贸n propia, as铆 como cuando la representaci贸n y presencia en juicio sea atribuida al letrado de las Cortes Generales. El se帽alamiento del juicio se har谩 de modo que tenga lugar en fecha posterior al indicado plazo.
SECCI脫N 2.陋-Conciliaci贸n y juicio
Art铆culo 83. Suspensi贸n de los actos de conciliaci贸n y juicio
1. S贸lo a petici贸n de ambas partes o por motivos justificados, acreditados ante el secretario judicial, podr谩 茅ste suspender, por una sola vez, los actos de conciliaci贸n y juicio, se帽al谩ndose nuevamente dentro de los diez d铆as siguientes a la fecha de la suspensi贸n. Excepcionalmente y por circunstancias trascendentes adecuadamente probadas, podr谩 acordarse una segunda suspensi贸n.
En caso de coincidencia de se帽alamientos, de no ser posible la sustituci贸n dentro de la misma representaci贸n o defensa, una vez justificados los requisitos del ordinal 6潞 del apartado 1 del art铆culo 188 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, previa comunicaci贸n por el solicitante a los dem谩s profesionales siempre que consten sus datos en el procedimiento, se procurar谩, ante todo, acomodar el se帽alamiento dentro de la misma fecha y, en su defecto, habilitar nuevo se帽alamiento, adoptando las medidas necesarias para evitar nuevas coincidencias.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensi贸n del acto de conciliaci贸n o del juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendr谩n por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedir谩 la celebraci贸n de los actos de conciliaci贸n y juicio, continuando 茅ste sin necesidad de declarar su rebeld铆a.
Art铆culo 84. Celebraci贸n del acto de conciliaci贸n
1. El secretario judicial intentar谩 la conciliaci贸n, llevando a cabo la labor mediadora que le es propia, y advertir谩 a las partes de los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles. Si las partes alcanzan la avenencia, dictar谩 decreto aprob谩ndola y acordando, adem谩s, el archivo de las actuaciones. Del mismo modo, corresponder谩 al secretario judicial la aprobaci贸n del acuerdo alcanzado por las partes antes del d铆a se帽alado para los actos de conciliaci贸n y juicio. La conciliaci贸n y la resoluci贸n aprobatoria, oral o escrita, se documentar谩n en la propia acta de comparecencia.
La conciliaci贸n alcanzada ante el secretario judicial y los acuerdos logrados entre las partes aprobados por aqu茅l tendr谩n, a todos los efectos legales, la consideraci贸n de conciliaci贸n judicial.
2. Si el secretario judicial estimare que lo convenido es constitutivo de lesi贸n grave para alguna de las partes o para terceros, de fraude de ley o de abuso de derecho o contrario al inter茅s p煤blico, no aprobar谩 el acuerdo, advirtiendo a las partes que deben comparecer a presencia judicial para la celebraci贸n del acto del juicio.
3. En caso de no haber avenencia ante el secretario judicial y procederse a la celebraci贸n del juicio, la aprobaci贸n del acuerdo conciliatorio que, en su caso, alcanzasen las partes en dicho momento corresponder谩 al juez o tribunal ante el que se hubiere obtenido mediante resoluci贸n oral o escrita documentada en el propio acuerdo. S贸lo cabr谩 nueva intervenci贸n del secretario judicial aprobando un acuerdo entre las partes si el acto del juicio se llegase a suspender por cualquier causa.
4. Del acto de conciliaci贸n se extender谩 la correspondiente acta.
5. La conciliaci贸n y los acuerdos entre las partes aprobados por el secretario judicial o, en su caso, por el juez o tribunal se llevar谩n a efecto por los tr谩mites de la ejecuci贸n de sentencias.
6. La acci贸n para impugnar la validez de la conciliaci贸n se ejercitar谩 ante el mismo juzgado o tribunal al que hubiera correspondido la demanda, por los tr谩mites y con los recursos establecidos en esta Ley. La acci贸n caducar谩 a los treinta d铆as de la fecha de su celebraci贸n. Para los terceros perjudicados el plazo contar谩 desde que pudieran haber conocido el acuerdo. Las partes podr谩n ejercitar la acci贸n de nulidad por las causas que invalidan los contratos y la impugnaci贸n por los posibles terceros perjudicados podr谩 fundamentarse en ilegalidad o lesividad.
Art铆culo 85. Celebraci贸n del juicio
1. Si no hubiera avenencia en conciliaci贸n, se pasar谩 seguidamente a juicio y se dar谩 cuenta de lo actuado.
Con car谩cter previo se resolver谩, motivadamente, en forma oral y o铆das las partes, sobre las cuestiones previas que se puedan formular en ese acto, as铆 como sobre los recursos u otras incidencias pendientes de resoluci贸n, sin perjuicio de la ulterior sucinta fundamentaci贸n en la sentencia, cuando proceda. Igualmente ser谩n o铆das las partes y, en su caso, se resolver谩, motivadamente y en forma oral, lo procedente sobre las cuestiones que el juez o tribunal pueda plantear en ese momento sobre su competencia, los presupuestos de la demanda o el alcance y l铆mites de la pretensi贸n formulada, respetando las garant铆as procesales de las partes y sin prejuzgar el fondo del asunto.
A continuaci贸n, el demandante ratificar谩 o ampliar谩 su demanda, aunque en ning煤n caso podr谩 hacer en ella variaci贸n sustancial.
2. El demandado contestar谩 afirmando o negando concretamente los hechos de la demanda, y alegando cuantas excepciones estime procedentes.
3. 脷nicamente podr谩 formular reconvenci贸n cuando la hubiese anunciado en la conciliaci贸n previa al proceso o en la contestaci贸n a la reclamaci贸n previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o resoluci贸n que agote la v铆a administrativa, y hubiese expresado en esencia los hechos en que se funda y la petici贸n en que se concreta. No se admitir谩 la reconvenci贸n, si el 贸rgano judicial no es competente, si la acci贸n que se ejercita ha de ventilarse en modalidad procesal distinta y la acci贸n no fuera acumulable, y cuando no exista conexi贸n entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal.
No ser谩 necesaria reconvenci贸n para alegar compensaci贸n de deudas, siempre que sean vencidas y exigibles y no se formule pretensi贸n de condena reconvencional, y en general cuando el demandado esgrima una pretensi贸n que tienda exclusivamente a ser absuelto de la pretensi贸n o pretensiones objeto de la demanda principal, siendo suficiente que se alegue en la contestaci贸n a la demanda. Si la obligaci贸n precisa de determinaci贸n judicial por no ser l铆quida con antelaci贸n al juicio, ser谩 necesario expresar concretamente los hechos que fundamenten la excepci贸n y la forma de liquidaci贸n de la deuda, as铆 como haber anunciado la misma en la conciliaci贸n o mediaci贸n previas, o en la reclamaci贸n en materia de prestaciones de Seguridad Social o resoluci贸n que agoten la v铆a administrativa. Formulada la reconvenci贸n, se dar谩 traslado a las dem谩s partes para su contestaci贸n en los t茅rminos establecidos para la demanda. El mismo tr谩mite de traslado se acordar谩 para dar respuesta a las excepciones procesales, caso de ser alegadas.
4. Las partes har谩n uso de la palabra cuantas veces el juez o tribunal lo estime necesario.
5. Asimismo, en este acto, las partes podr谩n alegar cuanto estimen conveniente a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 del art铆culo 191, ofreciendo, para el momento procesal oportuno, los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus alegaciones. No ser谩 preciso aportar prueba sobre esta concreta cuesti贸n cuando el hecho de que el proceso afecta a muchos trabajadores o beneficiarios sea notorio por su propia naturaleza.
6. Si no se suscitasen cuestiones procesales o si, suscitadas, se hubieran contestado, las partes o sus defensores con el tribunal fijar谩n los hechos sobre los que exista conformidad o disconformidad de los litigantes, consign谩ndose en caso necesario en el acta o, en su caso, por diligencia, sucinta referencia a aquellos extremos esenciales conformes, a efectos de ulterior recurso. Igualmente podr谩n facilitar las partes unas notas breves de c谩lculo o resumen de datos num茅ricos.
7. En caso de allanamiento total o parcial ser谩 aprobado por el 贸rgano jurisdiccional, o铆das las dem谩s partes, de no incurrir en renuncia prohibida de derechos, fraude de ley o perjuicio a terceros, o ser contrario al inter茅s p煤blico, mediante resoluci贸n que podr谩 dictarse en forma oral. Si el allanamiento fuese total se dictar谩 sentencia condenatoria de acuerdo con las pretensiones del actor. Cuando el allanamiento sea parcial, podr谩 dictarse auto aprobatorio, que podr谩 llevarse a efecto por los tr谩mites de la ejecuci贸n definitiva parcial, siempre que por la naturaleza de las pretensiones objeto de allanamiento, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuar谩 el acto de juicio.
8. El juez o tribunal, una vez practicada la prueba y antes de las conclusiones, salvo que exista oposici贸n de alguna de las partes, podr谩 suscitar la posibilidad de llegar a un acuerdo y de no alcanzarse el mismo en ese momento proseguir谩 la celebraci贸n del juicio.
Precepto modificado por L 39/2015, de 1 de Octubre, con entrada en vigor a partir del 2-10-2016
路 Modificado art铆culo 85
Redacci贸n hasta el 2-10-2016
1. Si no hubiera avenencia en conciliaci贸n, se pasar谩 seguidamente a juicio y se dar谩 cuenta de lo actuado.
Con car谩cter previo se resolver谩, motivadamente, en forma oral y o铆das las partes, sobre las cuestiones previas que se puedan formular en ese acto, as铆 como sobre los recursos u otras incidencias pendientes de resoluci贸n, sin perjuicio de la ulterior sucinta fundamentaci贸n en la sentencia, cuando proceda. Igualmente ser谩n o铆das las partes y, en su caso, se resolver谩, motivadamente y en forma oral, lo procedente sobre las cuestiones que el juez o tribunal pueda plantear en ese momento sobre su competencia, los presupuestos de la demanda o el alcance y l铆mites de la pretensi贸n formulada, respetando las garant铆as procesales de las partes y sin prejuzgar el fondo del asunto.
A continuaci贸n, el demandante ratificar谩 o ampliar谩 su demanda, aunque en ning煤n caso podr谩 hacer en ella variaci贸n sustancial.
2. El demandado contestar谩 afirmando o negando concretamente los hechos de la demanda, y alegando cuantas excepciones estime procedentes.
3. 脷nicamente podr谩 formular reconvenci贸n cuando la hubiese anunciado en la conciliaci贸n previa al proceso o en la contestaci贸n a la reclamaci贸n previa o resoluci贸n que agote la v铆a administrativa, y hubiese expresado en esencia los hechos en que se funda y la petici贸n en que se concreta. No se admitir谩 la reconvenci贸n, si el 贸rgano judicial no es competente, si la acci贸n que se ejercita ha de ventilarse en modalidad procesal distinta y la acci贸n no fuera acumulable, y cuando no exista conexi贸n entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal.
No ser谩 necesaria reconvenci贸n para alegar compensaci贸n de deudas, siempre que sean vencidas y exigibles y no se formule pretensi贸n de condena reconvencional, y en general cuando el demandado esgrima una pretensi贸n que tienda exclusivamente a ser absuelto de la pretensi贸n o pretensiones objeto de la demanda principal, siendo suficiente que se alegue en la contestaci贸n a la demanda. Si la obligaci贸n precisa de determinaci贸n judicial por no ser l铆quida con antelaci贸n al juicio, ser谩 necesario expresar concretamente los hechos que fundamenten la excepci贸n y la forma de liquidaci贸n de la deuda, as铆 como haber anunciado la misma en la conciliaci贸n o mediaci贸n previas, o en la reclamaci贸n o resoluci贸n que agoten la v铆a administrativa. Formulada la reconvenci贸n, se dar谩 traslado a las dem谩s partes para su contestaci贸n en los t茅rminos establecidos para la demanda. El mismo tr谩mite de traslado se acordar谩 para dar respuesta a las excepciones procesales, caso de ser alegadas.
4. Las partes har谩n uso de la palabra cuantas veces el juez o tribunal lo estime necesario.
5. Asimismo, en este acto, las partes podr谩n alegar cuanto estimen conveniente a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 del art铆culo 191, ofreciendo, para el momento procesal oportuno, los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus alegaciones. No ser谩 preciso aportar prueba sobre esta concreta cuesti贸n cuando el hecho de que el proceso afecta a muchos trabajadores o beneficiarios sea notorio por su propia naturaleza.
6. Si no se suscitasen cuestiones procesales o si, suscitadas, se hubieran contestado, las partes o sus defensores con el tribunal fijar谩n los hechos sobre los que exista conformidad o disconformidad de los litigantes, consign谩ndose en caso necesario en el acta o, en su caso, por diligencia, sucinta referencia a aquellos extremos esenciales conformes, a efectos de ulterior recurso. Igualmente podr谩n facilitar las partes unas notas breves de c谩lculo o resumen de datos num茅ricos.
7. En caso de allanamiento total o parcial ser谩 aprobado por el 贸rgano jurisdiccional, o铆das las dem谩s partes, de no incurrir en renuncia prohibida de derechos, fraude de ley o perjuicio a terceros, o ser contrario al inter茅s p煤blico, mediante resoluci贸n que podr谩 dictarse en forma oral. Si el allanamiento fuese total se dictar谩 sentencia condenatoria de acuerdo con las pretensiones del actor. Cuando el allanamiento sea parcial, podr谩 dictarse auto aprobatorio, que podr谩 llevarse a efecto por los tr谩mites de la ejecuci贸n definitiva parcial, siempre que por la naturaleza de las pretensiones objeto de allanamiento, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuar谩 el acto de juicio.
8. El juez o tribunal, una vez practicada la prueba y antes de las conclusiones, salvo que exista oposici贸n de alguna de las partes, podr谩 suscitar la posibilidad de llegar a un acuerdo y de no alcanzarse el mismo en ese momento proseguir谩 la celebraci贸n del juicio.
Art铆culo 86. Prejudicialidad penal y social
1. En ning煤n caso se suspender谩 el procedimiento por seguirse causa criminal sobre los hechos debatidos.
2. En el supuesto de que fuese alegada por una de las partes la falsedad de un documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito, porque no pueda prescindirse de la resoluci贸n de la causa criminal para la debida decisi贸n o condicione directamente el contenido de 茅sta, continuar谩 el acto de juicio hasta el final, y en el caso de que el juez o tribunal considere que el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto, acordar谩 la suspensi贸n de las actuaciones posteriores y conceder谩 un plazo de ocho d铆as al interesado para que aporte el documento que acredite haber presentado la querella. La suspensi贸n durar谩 hasta que se dicte sentencia o auto de sobreseimiento en la causa criminal, hecho que deber谩 ser puesto en conocimiento del juez o tribunal por cualquiera de las partes.
3. Si cualquier otra cuesti贸n prejudicial penal diera lugar a sentencia absolutoria por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo, quedar谩 abierta contra la sentencia dictada por el juez o Sala de lo Social la v铆a de la revisi贸n regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. La tramitaci贸n de otro procedimiento ante el orden social no dar谩 lugar a la suspensi贸n del proceso salvo en los supuestos previstos en la presente Ley, sin perjuicio de los efectos propios de la litispendencia cuando se aprecie la concurrencia de dicha situaci贸n procesal. No obstante, a solicitud de ambas partes, podr谩 suspenderse el procedimiento hasta que recaiga resoluci贸n firme en otro procedimiento distinto, cuando en 茅ste deba resolverse la que constituya objeto principal del primer proceso.
Art铆culo 87. Pr谩ctica de la prueba en el acto de juicio
1. Se admitir谩n las pruebas que se formulen y puedan practicarse en el acto, respecto de los hechos sobre los que no hubiere conformidad salvo en los casos en que la materia objeto del proceso est茅 fuera del poder de disposici贸n de los litigantes, siempre que aqu茅llas sean 煤tiles y directamente pertinentes a lo que sea el objeto del juicio y a las alegaciones o motivos de oposici贸n previamente formulados por las partes en el tr谩mite de ratificaci贸n o de contestaci贸n de la demanda. Podr谩n admitirse tambi茅n aquellas que requieran la traslaci贸n del juez o tribunal fuera del local de la audiencia, si se estimasen imprescindibles. En este caso, se suspender谩 el juicio por el tiempo estrictamente necesario.
2. El juez o tribunal resolver谩 sobre la pertinencia de las pruebas propuestas y determinar谩 la naturaleza y clase de medio de prueba de cada una de ellas seg煤n lo previsto en el art铆culo 299 del la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la presente Ley. Asimismo resolver谩 sobre las posibles diligencias complementarias o de adveraci贸n de las pruebas admitidas y sobre las preguntas que puedan formular las partes.
La parte proponente podr谩 hacer constar su protesta en el acto contra la inadmisi贸n de cualquier medio de prueba, diligencia o pregunta, consign谩ndose en el acta la pregunta o la prueba solicitada, la resoluci贸n denegatoria, la fundamentaci贸n razonada de la denegaci贸n y la protesta, todo a efectos del correspondiente recurso contra la sentencia.
Una vez comenzada la pr谩ctica de una prueba admitida, si renunciase a ella la parte que la propuso, podr谩 el 贸rgano judicial, sin ulterior recurso, acordar que contin煤e.
3. El 贸rgano judicial podr谩 hacer, tanto a las partes como a los peritos y testigos, las preguntas que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Los litigantes y los defensores podr谩n ejercitar el mismo derecho.
El juez o tribunal, sin apartarse de las pretensiones y causa de pedir que expresen las partes en la demanda y contestaci贸n, podr谩 someter a las partes para alegaciones durante el juicio cuantas cuestiones deban ser resueltas de oficio o resulten de la fundamentaci贸n jur铆dica aplicable, aun cuando hubiera sido alegada de modo incompleto o incorrecto. Igualmente podr谩 solicitar alegaciones sobre los posibles pronunciamientos derivados que por mandato legal, o por conexi贸n o consecuencia, resulten necesariamente de las pretensiones formuladas por las partes. Si el acto de juicio hubiere quedado concluso, la audiencia a este respecto se sustanciar谩 por el plazo com煤n de tres d铆as, mediante alegaciones escritas y preferiblemente por medio inform谩tico o telem谩tico, sigui茅ndose el tr谩mite del apartado 6 de este mismo art铆culo.
4. Practicada la prueba, las partes o sus defensores o representantes, en su caso, formular谩n oralmente sus conclusiones de un modo concreto y preciso, determinando en virtud del resultado de la prueba, de manera l铆quida y sin alterar los puntos fundamentales y los motivos de pedir invocados en la demanda o en la reconvenci贸n, si la hubiere, las cantidades que, por cualquier concepto, sean objeto de petici贸n de condena principal o subsidiaria; o bien, en su caso, formular谩n la solicitud concreta y precisa de las medidas con que puede ser satisfecha la pretensi贸n ejercitada. Si las partes no lo hicieran en este tr谩mite, el juez o tribunal deber谩 requerirles para que lo hagan, sin que en ning煤n caso pueda reservarse tal determinaci贸n para la ejecuci贸n de sentencia.
5. Si el 贸rgano judicial no se considerase suficientemente ilustrado sobre las cuestiones de cualquier g茅nero objeto del debate, conceder谩 a ambas partes el tiempo que crea conveniente, para que informen o den explicaciones sobre los particulares que les designe.
6. Si las pruebas documentales o periciales practicadas resultasen de extraordinario volumen o complejidad, el juez o tribunal podr谩 conceder a las partes la posibilidad de efectuar sucintas conclusiones complementarias, por escrito y preferiblemente por medios telem谩ticos, sobre los particulares que indique, en relaci贸n exclusiva con dichos elementos de prueba, dentro de los tres d铆as siguientes, justificando haber efectuado previa remisi贸n a las dem谩s partes comparecidas por los mismos medios. Durante el referido per铆odo, los documentos o pericias estar谩n a disposici贸n de las partes en la oficina judicial y una vez transcurrido, h谩yanse presentado o no alegaciones, se iniciar谩 el plazo para dictar sentencia.
Art铆culo 88. Diligencias finales
1. Terminado el juicio, dentro del plazo para dictar sentencia, el juez o tribunal podr谩 acordar la pr谩ctica de cuantas pruebas estime necesarias, como diligencias finales, con intervenci贸n de las partes y en la forma establecida para las pruebas de su clase. En la misma providencia se fijar谩 el plazo dentro del cual haya de practicarse la prueba, que no exceder谩 de veinte d铆as, o se se帽alar谩 comparecencia para la pr谩ctica de la misma y valoraci贸n por las partes del resultado. De no haber se帽alado comparecencia, el resultado de la diligencia final se pondr谩 de manifiesto durante tres d铆as a las partes en la oficina judicial para alegaciones sobre su alcance e importancia, salvo que pueda darse traslado por v铆a telem谩tica a los mismos fines y por igual plazo.
2. Transcurrido el plazo inicial de pr谩ctica sin haberse podido llevar a efecto, el 贸rgano judicial dictar谩 un nuevo prove铆do, fijando nuevo plazo no superior a diez d铆as para la ejecuci贸n del acuerdo y librando las comunicaciones oportunas. Si dentro de 茅ste tampoco se hubiera podido practicar la prueba, el juez o tribunal, previa audiencia de las partes, acordar谩 que los autos queden definitivamente conclusos para sentencia.
3. Si la diligencia consistiere en el interrogatorio de parte o en la aportaci贸n de alg煤n documento por alguna de las partes y 茅sta no compareciese o no lo presentase sin causa justificada en el plazo fijado, podr谩n estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relaci贸n con la prueba acordada.
Art铆culo 89. Documentaci贸n del acto de juicio
1. El desarrollo de las sesiones del juicio oral se registrar谩 en soporte apto para la grabaci贸n y reproducci贸n del sonido y de la imagen. El secretario judicial deber谩 custodiar el documento electr贸nico que sirva de soporte a la grabaci贸n. Las partes podr谩n pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.
2. Siempre que se cuente con los medios tecnol贸gicos necesarios, el secretario judicial garantizar谩 la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilizaci贸n de la firma electr贸nica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garant铆as. En este caso, la celebraci贸n del acto no requerir谩 la presencia en la sala del secretario judicial salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos d铆as antes de la celebraci贸n de la vista, o que excepcionalmente lo considere necesario el secretario judicial, atendiendo a la complejidad del asunto, al n煤mero y naturaleza de las pruebas a practicar, al n煤mero de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen, supuesto en el cual el secretario judicial extender谩 acta sucinta en los t茅rminos previstos en el apartado siguiente.
3. Si los mecanismos de garant铆a previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar, el secretario judicial deber谩 consignar en el acta, al menos, los siguientes datos: lugar y fecha de celebraci贸n, juez o tribunal que preside el acto, peticiones y propuestas de las partes, medios de prueba propuestos por ellas, declaraci贸n de su pertinencia o impertinencia, resoluciones que adopte el juez o tribunal, as铆 como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte.
4. Cuando los medios de registro previstos en este art铆culo no se pudiesen utilizar por cualquier causa, el secretario judicial extender谩 acta de cada sesi贸n, en la que se har谩 constar:
a) Lugar, fecha, juez o tribunal que preside el acto, partes comparecientes, representantes y defensores que les asisten.
b) Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba propuestos por ellas, declaraci贸n expresa de su pertinencia o impertinencia, razones de la negaci贸n y protesta, en su caso.
c) En cuanto a las pruebas admitidas y practicadas:
1.潞 Resumen suficiente de las de interrogatorio de parte y de testigos.
2.潞 Relaci贸n circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que permitan identificarlos, en el caso de que su excesivo n煤mero haga desaconsejable la citada relaci贸n.
3.潞 Relaci贸n de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental.
4.潞 Resumen suficiente de los informes periciales, as铆 como tambi茅n de la resoluci贸n del juez o tribunal en torno a las recusaciones propuestas de los peritos.
5.潞 Resumen de las declaraciones de los asesores, en el caso de que el dictamen de 茅stos no haya sido elaborado por escrito e incorporado a los autos.
d) Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes; en caso de que fueran de condena a cantidad, deber谩n expresarse en el acta las cantidades que fueran objeto de ella.
e) Declaraci贸n hecha por el juez o tribunal de conclusi贸n de los autos, mandando traerlos a la vista para sentencia.
5. El acta prevista en los apartados 3 y 4 de este art铆culo se extender谩 por procedimientos inform谩ticos, sin que pueda ser manuscrita m谩s que en las ocasiones en que la sala o el lugar en que se est茅 celebrando la actuaci贸n carecieran de medios inform谩ticos. El secretario judicial resolver谩, sin ulterior recurso, cualquier observaci贸n que se hiciera sobre el contenido del acta. El acta ser谩 firmada por el juez o tribunal en uni贸n de las partes o de sus representantes o defensores y de los peritos, haciendo constar si alguno de ellos no firma por no poder, no querer hacerlo o no estar presente, firm谩ndola por 煤ltimo el secretario.
6. Del acta del juicio deber谩 entregarse copia a quienes hayan sido partes en el proceso, si lo solicitaren.
7. La acreditaci贸n de la identidad de las partes y de su representaci贸n procesal se efectuar谩 ante el secretario judicial en la comparecencia de conciliaci贸n, o de no ser preceptiva la misma, mediante diligencia.
SECCI脫N 3.陋-De las pruebas
Art铆culo 90. Admisibilidad de los medios de prueba
1. Las partes, previa justificaci贸n de la utilidad y pertinencia de las diligencias propuestas, podr谩n servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba, incluidos los procedimientos de reproducci贸n de la palabra, de la imagen y del sonido o de archivo y reproducci贸n de datos, que deber谩n ser aportados por medio de soporte adecuado y poniendo a disposici贸n del 贸rgano jurisdiccional los medios necesarios para su reproducci贸n y posterior constancia en autos.
2. No se admitir谩n pruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violaci贸n de derechos fundamentales o libertades p煤blicas. Esta cuesti贸n podr谩 ser suscitada por cualquiera de las partes o de oficio por el tribunal en el momento de la proposici贸n de la prueba, salvo que se pusiese de manifiesto durante la pr谩ctica de la prueba una vez admitida. A tal efecto, se oir谩 a las partes y, en su caso, se practicar谩n las diligencias que se puedan practicar en el acto sobre este concreto extremo, recurriendo a diligencias finales solamente cuando sea estrictamente imprescindible y la cuesti贸n aparezca suficientemente fundada. Contra la resoluci贸n que se dicte sobre la pertinencia de la pr谩ctica de la prueba y en su caso de la uni贸n a los autos de su resultado o del elemento material que incorpore la misma, s贸lo cabr谩 recurso de reposici贸n, que se interpondr谩, se dar谩 traslado a las dem谩s partes y se resolver谩 oralmente en el mismo acto del juicio o comparecencia, quedando a salvo el derecho de las partes a reproducir la impugnaci贸n de la prueba il铆cita en el recurso que, en su caso, procediera contra la sentencia.
3. Podr谩n asimismo solicitar, al menos con cinco d铆as de antelaci贸n a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citaci贸n o requerimiento, salvo cuando el se帽alamiento se deba efectuar con antelaci贸n menor, en cuyo caso el plazo ser谩 de tres d铆as.
4. Cuando sea necesario a los fines del proceso el acceso a documentos o archivos, en cualquier tipo de soporte, que pueda afectar a la intimidad personal u otro derecho fundamental, el juez o tribunal, siempre que no existan medios de prueba alternativos, podr谩 autorizar dicha actuaci贸n, mediante auto, previa ponderaci贸n de los intereses afectados a trav茅s de juicio de proporcionalidad y con el m铆nimo sacrificio, determinando las condiciones de acceso, garant铆as de conservaci贸n y aportaci贸n al proceso, obtenci贸n y entrega de copias e intervenci贸n de las partes o de sus representantes y expertos, en su caso.
5. Igualmente, de no mediar consentimiento del afectado, podr谩n adoptarse las medidas de garant铆a oportunas cuando la emisi贸n de un dictamen pericial m茅dico o psicol贸gico requiera el sometimiento a reconocimientos cl铆nicos, obtenci贸n de muestras o recogida de datos personales relevantes, bajo reserva de confidencialidad y exclusiva utilizaci贸n procesal, pudiendo acompa帽arse el interesado de especialista de su elecci贸n y facilit谩ndole copia del resultado.
No ser谩 necesaria autorizaci贸n judicial si la actuaci贸n viniera exigida por las normas de prevenci贸n de riesgos laborales, por la gesti贸n o colaboraci贸n en la gesti贸n de la Seguridad Social, por la espec铆fica normativa profesional aplicable o por norma legal o convencional aplicable en la materia.
6. Si como resultado de las medidas anteriores se obtuvieran datos innecesarios, ajenos a los fines del proceso o que pudieran afectar de manera injustificada o desproporcionada a derechos fundamentales o a libertades p煤blicas, se resolver谩 lo necesario para preservar y garantizar adecuada y suficientemente los intereses y derechos que pudieran resultar afectados.
7. En caso de negativa injustificada de la persona afectada a la realizaci贸n de las actuaciones acordadas por el 贸rgano jurisdiccional, la parte interesada podr谩 solicitar la adopci贸n de las medidas que fueran procedentes, pudiendo igualmente valorarse en la sentencia dicha conducta para tener por probados los hechos que se pretend铆a acreditar a trav茅s de la pr谩ctica de dichas pruebas, as铆 como a efectos de apreciar temeridad o mala fe procesal.
Art铆culo 91. Interrogatorio de las partes
1. Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondr谩n verbalmente, sin admisi贸n de pliegos.
2. Si el llamado al interrogatorio no compareciese sin justa causa a la primera citaci贸n, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podr谩n considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijaci贸n como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte.
3. El interrogatorio de las personas jur铆dicas privadas se practicar谩 con quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio. Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deber谩 aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada podr谩 proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
4. En caso de que el interrogatorio de personas f铆sicas no se refiera a hechos personales, se admitir谩 que sea respondido en todo o en parte por un tercero que conozca personalmente los hechos, siempre que el tercero se encuentre a disposici贸n del juez o tribunal en ese momento, si la parte as铆 lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaraci贸n.
5. La declaraci贸n de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en nombre del empresario, cuando sea persona jur铆dica privada, bajo la responsabilidad de 茅ste, como administradores, gerentes o directivos, solamente podr谩 acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustituci贸n o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en funci贸n de la naturaleza de su intervenci贸n en los hechos y posici贸n dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar indefensi贸n, el juez o tribunal acuerde su declaraci贸n como testigos. Las referidas prevenciones deber谩n advertirse expresamente al efectuar la citaci贸n para el interrogatorio en juicio.
6. En los supuestos de interrogatorio a Administraciones o entidades p煤blicas se estar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 315 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Art铆culo 92. Interrogatorio de testigos
1. No se admitir谩n escritos de preguntas y repreguntas para la prueba de interrogatorio de testigos. Cuando el n煤mero de testigos fuese excesivo y, a criterio del 贸rgano judicial, sus manifestaciones pudieran constituir in煤til reiteraci贸n del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, aqu茅l podr谩 limitarlos discrecionalmente.
2. Los testigos no podr谩n ser tachados, y 煤nicamente en conclusiones, las partes podr谩n hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la declaraci贸n como testigos de personas vinculadas al empresario, trabajador o beneficiario, por relaci贸n de parentesco o an谩loga relaci贸n de afectividad, o con posible inter茅s real en la defensa de decisiones empresariales en las que hayan participado o por poder tener procedimientos an谩logos contra el mismo empresario o contra trabajadores en igual situaci贸n, solamente podr谩 proponerse cuando su testimonio tenga utilidad directa y presencial y no se disponga de otros medios de prueba, con la advertencia a los mismos, en todo caso, de que dichas circunstancias no ser谩n impedimento para las responsabilidades que de su declaraci贸n pudieren derivarse.
Art铆culo 93. Prueba pericial
1. La pr谩ctica de la prueba pericial se llevar谩 a cabo en el acto del juicio, presentando los peritos su informe y ratific谩ndolo. No ser谩 necesaria ratificaci贸n de los informes, de las actuaciones obrantes en expedientes y dem谩s documentaci贸n administrativa cuya aportaci贸n sea preceptiva seg煤n la modalidad procesal de que se trate.
2. El 贸rgano judicial, de oficio o a petici贸n de parte, podr谩 requerir la intervenci贸n de un m茅dico forense, en los casos en que sea necesario su informe en funci贸n de las circunstancias particulares del caso, de la especialidad requerida y de la necesidad de su intervenci贸n, a la vista de los reconocimientos e informes que constaren previamente en las actuaciones.
Art铆culo 94. Prueba documental
1. De la prueba documental aportada, que deber谩 estar adecuadamente presentada, ordenada y numerada, se dar谩 traslado a las partes en el acto del juicio, para su examen.
2. Los documentos y otros medios de obtener certeza sobre hechos relevantes que se encuentren en poder de las partes deber谩n aportarse al proceso si hubieran sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y admitida 茅sta por el juez o tribunal o cuando 茅ste haya requerido su aportaci贸n. Si no se presentaren sin causa justificada, podr谩n estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relaci贸n con la prueba acordada.
Art铆culo 95. Informes de expertos
1. Podr谩 el juez o tribunal, si lo estima procedente, o铆r el dictamen de una o varias personas expertas en la cuesti贸n objeto del pleito, en el momento del acto del juicio o, terminado 茅ste, como diligencia final.
2. Cuando en un proceso se discuta sobre la interpretaci贸n de un convenio colectivo, el 贸rgano judicial podr谩 o铆r o recabar informe de la comisi贸n paritaria del mismo.
3. Cuando en el proceso se haya suscitado una cuesti贸n de discriminaci贸n por raz贸n de sexo, orientaci贸n sexual, origen racial o 茅tnico, religi贸n o convicciones, discapacidad, edad o acoso, el juez o tribunal podr谩 recabar el dictamen de los organismos p煤blicos competentes.
4. En procesos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional, el 贸rgano judicial, si lo estima procedente, podr谩 recabar informe de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social y de los organismos p煤blicos competentes en materia de prevenci贸n y salud laboral, as铆 como de las entidades e instituciones legalmente habilitadas al efecto.
5. Cuando, sobre hechos relevantes para el proceso, sea pertinente que informen personas jur铆dicas y entidades p煤blicas en cuanto tales, por referirse esos hechos a su actividad, sin que quepa o sea necesario individualizar en personas f铆sicas determinadas el conocimiento de lo que para el proceso interese, la parte a quien convenga esta prueba podr谩 proponer que la persona jur铆dica o entidad, a requerimiento del tribunal, responda por escrito sobre los hechos en los diez d铆as anteriores al juicio. Dicho informe se presentar谩 hasta el momento del acto del juicio, sin previo traslado a las partes y sin perjuicio de que pueda acordarse como diligencia final su ampliaci贸n.
Art铆culo 96. Carga de la prueba en casos de discriminaci贸n y en accidentes de trabajo
1. En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminaci贸n por raz贸n de sexo, orientaci贸n o identidad sexual, origen racial o 茅tnico, religi贸n o convicciones, discapacidad, edad, acoso y en cualquier otro supuesto de vulneraci贸n de un derecho fundamental o libertad p煤blica, corresponder谩 al demandado la aportaci贸n de una justificaci贸n objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
2. En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponder谩 a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producci贸n del resultado lesivo probar la adopci贸n de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, as铆 como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podr谩 apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que 茅ste inspira.
SECCI脫N 4.陋-Sentencia
Art铆culo 97. Forma de la sentencia
1. El juez o tribunal dictar谩 sentencia en el plazo de cinco d铆as, public谩ndose inmediatamente y notific谩ndose a las partes o a sus representantes dentro de los dos d铆as siguientes.
2. La sentencia deber谩 expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicci贸n, declarar谩 expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusi贸n, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento p煤blico aportado al proceso respaldados por presunci贸n legal de certeza. Por 煤ltimo, deber谩 fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo.
3. La sentencia, motivadamente, podr谩 imponer al litigante que obr贸 de mala fe o con temeridad, as铆 como al que no acudi贸 al acto de conciliaci贸n injustificadamente, una sanci贸n pecuniaria dentro de los l铆mites que se fijan en el apartado 4 del art铆culo 75. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deber谩 abonar tambi茅n los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el l铆mite de seiscientos euros.
La imposici贸n de las anteriores medidas se efectuar谩 a solicitud de parte o de oficio, previa audiencia en el acto de la vista de las partes personadas. De considerarse de oficio la posibilidad de dicho pronunciamiento una vez concluido el acto de juicio, se conceder谩 a las partes un t茅rmino de dos d铆as para que puedan formular alegaciones escritas. En el caso de incomparecencia a los actos de conciliaci贸n o de mediaci贸n, incluida la conciliaci贸n ante el secretario judicial, sin causa justificada, se aplicar谩n por el juez o tribunal las medidas previstas en el apartado 3 del art铆culo 66.
4. En el texto de la sentencia se indicar谩 si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, el 贸rgano ante el que deben interponerse y el plazo y los requisitos para ello, as铆 como los dep贸sitos y las consignaciones que sean necesarios y la forma de efectuarlos.
Art铆culo 98. Principio de inmediaci贸n
1. Si el juez que presidi贸 el acto del juicio no pudiese dictar sentencia, deber谩 celebrarse 茅ste nuevamente.
2. En cuanto a las Salas de lo Social se estar谩 a lo dispuesto en la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
Art铆culo 99. Prohibici贸n de reservas de liquidaci贸n
En las sentencias en que se condene al abono de una cantidad, el juez o tribunal la determinar谩 expresamente, sin que en ning煤n caso pueda reservarse tal determinaci贸n para la ejecuci贸n.
No obstante cuando se reclamen prestaciones o cantidades peri贸dicas, la sentencia podr谩 incluir la condena a satisfacer esas cantidades que se devenguen con posterioridad al momento en que se dicte.
Art铆culo 100. Salarios por asistencia a actos procesales
El empresario vendr谩 obligado a abonar al demandante que personalmente hubiese comparecido, el importe de los salarios correspondientes al tiempo necesario para la asistencia a los actos de conciliaci贸n y juicio y a cualquier comparecencia judicial, as铆 como a la conciliaci贸n o mediaci贸n previa en su caso, salvo cuando fuera preceptivo otorgar representaci贸n conforme al art铆culo 19 de esta Ley y no fuere requerido de asistencia personal, o cuando se haya declarado que obr贸 de mala fe o con temeridad.
SECCI脫N 5.陋-Proceso monitorio
Art铆culo 101. Proceso monitorio
En reclamaciones frente a empresarios que no se encuentren en situaci贸n de concurso, referidas a cantidades vencidas, exigibles y de cuant铆a determinada, derivadas de su relaci贸n laboral, excluyendo las reclamaciones de car谩cter colectivo que se pudieran formular por la representaci贸n de los trabajadores, as铆 como las que se interpongan contra las Entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social, que no excedan de seis mil euros, cuando conste la posibilidad de su notificaci贸n por los procedimientos previstos en los art铆culos 56 y 57 de esta Ley, el trabajador podr谩 formular su pretensi贸n en la forma siguiente:
a) El proceso monitorio comenzar谩 por petici贸n inicial en la que se expresar谩n la identidad completa y precisa del empresario deudor, datos de identificaci贸n fiscal, domicilio completo y dem谩s datos de localizaci贸n, y en su caso de comunicaci贸n, por medios inform谩ticos y telef贸nicos, tanto del demandante como del demandado, as铆 como el detalle y desglose de los concretos conceptos, cuant铆as y per铆odos reclamados. Deber谩 acompa帽arse copia del contrato, recibos de salarios, comunicaci贸n empresarial o reconocimiento de deuda, certificado o documento de cotizaci贸n o informe de vida laboral, u otros documentos an谩logos de los que resulte un principio de prueba de la relaci贸n laboral y de la cuant铆a de la deuda, as铆 como documentaci贸n justificativa de haber intentado la previa conciliaci贸n o mediaci贸n cuando 茅stas sean exigibles. La solicitud se presentar谩, preferentemente, por medios inform谩ticos, de disponerse de ellos, pudiendo extenderse en el modelo o formulario que se facilite al efecto.
b) El secretario judicial proceder谩 a la comprobaci贸n de los requisitos anteriores, completando, en su caso, los indicados en la solicitud con otros domicilios, datos de identificaci贸n o que afecten a la situaci贸n empresarial, utilizando a tal fin los medios de que disponga el juzgado, y conceder谩 tr谩mite de subsanaci贸n por cuatro d铆as de cualquier defecto que apreciare, salvo que sean insubsanables. En caso de apreciar defectos insubsanables, o de no subsanarse en plazo los apreciados, dar谩 cuenta al juez para que resuelva sobre la admisi贸n o inadmisi贸n de la petici贸n.
De ser admisible la petici贸n, requerir谩 al empresario para que, en el plazo de diez d铆as, pague al trabajador, acredit谩ndolo ante el juzgado, o comparezca ante 茅ste y alegue sucintamente, en escrito de oposici贸n, las razones por las que a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada, con apercibimiento de que de no pagar la cantidad reclamada ni comparecer alegando las razones de la negativa al pago, se despachar谩 ejecuci贸n contra 茅l. Este requerimiento no podr谩 practicarse mediante edictos.
Del requerimiento se dar谩 traslado por igual plazo al Fondo de Garant铆a Salarial, plazo que se ampliar谩 respecto del mismo por otros diez d铆as m谩s, si manifestase que necesita efectuar averiguaciones sobre los hechos de la solicitud, en especial sobre la solvencia empresarial.
c) Transcurrido el plazo conferido en el requerimiento, de haberse abonado o consignado el total importe se archivar谩 el proceso, previa entrega de la cantidad al solicitante.
De no haber mediado en dicho plazo oposici贸n, por escrito y en forma motivada, del empresario o del Fondo de Garant铆a Salarial, el secretario judicial dictar谩 decreto dando por terminado el proceso monitorio y dar谩 traslado al demandante para que inste el despacho de ejecuci贸n, bastando para ello con la mera solicitud. Desde la fecha de este decreto se devengar谩 el inter茅s procesal del apartado 2 del art铆culo 251 de esta Ley. Contra el auto de despacho de la ejecuci贸n, conteniendo la orden general de ejecuci贸n, proceder谩 oposici贸n seg煤n lo previsto en el apartado 4 del art铆culo 239 de esta Ley y pudiendo alegarse a tal efecto la falta de notificaci贸n del requerimiento. Contra el auto resolutorio de la oposici贸n no proceder谩 recuso de suplicaci贸n.
d) En caso de insolvencia o concurso posteriores, el auto de despacho de la ejecuci贸n servir谩 de t铆tulo bastante, a los fines de la garant铆a salarial que proceda seg煤n la naturaleza originaria de la deuda; si bien no tendr谩 eficacia de cosa juzgada, aunque excluir谩 litigio ulterior entre empresario y trabajador con id茅ntico objeto y sin perjuicio de la determinaci贸n de la naturaleza salarial o indemnizatoria de la deuda y dem谩s requisitos en el expediente administrativo oportuno frente a la instituci贸n de garant铆a, en su caso.
e) Si se formulase oposici贸n en el plazo y la forma expresada en la letra b) anterior, se dar谩 traslado a la parte actora, que podr谩, en los cuatro d铆as siguientes, presentar, ante el Juzgado de lo Social, demanda en la forma prevenida en este mismo art铆culo, en cuyo caso se proceder谩 seguidamente al se帽alamiento ulterior de los actos de conciliaci贸n y juicio en la forma ordinariamente prevista, sobreseyendo en caso contrario las actuaciones.
f) Si no hubiera sido posible notificar en la forma exigida el requerimiento de pago se proceder谩 a dar traslado al actor para que presente demanda en el mismo plazo, si a su derecho interesare, sigui茅ndose el mismo tr谩mite anterior.
g) Si se formulase oposici贸n s贸lo en cuanto a parte de la cantidad reclamada, el demandante podr谩 solicitar del juzgado que se dicte auto acogiendo la reclamaci贸n en cuanto a las cantidades reconocidas o no impugnadas. Este auto servir谩 de t铆tulo de ejecuci贸n, que el demandante podr谩 solicitar mediante simple escrito sin necesidad de esperar a la resoluci贸n que recaiga respecto de las cantidades controvertidas.
T脥TULO II-De las modalidades procesales
CAP脥TULO I-Disposici贸n general
Art铆culo 102. Modalidades procesales
1. En todo lo que no est茅 expresamente previsto en el presente T铆tulo, regir谩n las disposiciones establecidas para el proceso ordinario.
2. Se dar谩 al procedimiento la tramitaci贸n que resulte conforme a la modalidad procesal expresada en la demanda. No obstante, si en cualquier momento desde la presentaci贸n de la demanda se advirtiere la inadecuaci贸n del procedimiento seguido, se proceder谩 a dar al asunto la tramitaci贸n que corresponda a la naturaleza de las pretensiones ejercitadas, sin vinculaci贸n necesaria a la modalidad elegida por las partes y completando, en su caso, los tr谩mites que fueren procedentes seg煤n la modalidad procesal adecuada, con aplicaci贸n del r茅gimen de recursos que corresponda a la misma. No proceder谩 el sobreseimiento del proceso o la absoluci贸n en la instancia por inadecuaci贸n de la modalidad procesal, salvo cuando no sea posible completar la tramitaci贸n seguida hasta ese momento o cuando la parte actora persista en la modalidad procesal inadecuada.
3. Las acciones del trabajador aut贸nomo econ贸micamente dependiente cuyo conocimiento corresponda al orden social se ejercitar谩n a trav茅s del proceso ordinario o de la modalidad procesal adecuada a la naturaleza de las pretensiones formuladas, dentro del plazo de prescripci贸n o de caducidad previsto en su caso para la misma o que resulte de la modalidad procesal aplicable, y en su defecto, regir谩 el plazo de prescripci贸n de un a帽o desde que pudieran ser ejercitadas.
CAP脥TULO II-De los despidos y sanciones
SECCI脫N 1.陋-Despido disciplinario
Art铆culo 103. Presentaci贸n de la demanda por despido
1. El trabajador podr谩 reclamar contra el despido, dentro de los veinte d铆as h谩biles siguientes a aqu茅l en que se hubiera producido. Dicho plazo ser谩 de caducidad a todos los efectos y no se computar谩n los s谩bados, domingos y los festivos en la sede del 贸rgano jurisdiccional.
2. Si se promoviese papeleta de conciliaci贸n o solicitud de mediaci贸n o demanda por despido contra una persona a la que err贸neamente se hubiere atribuido la cualidad de empresario, y se acreditase con posterioridad, sea en el juicio o en otro momento anterior del proceso, que lo era un tercero, el trabajador podr谩 promover nueva demanda contra 茅ste, o ampliar la demanda si no se hubiera celebrado el juicio, sin que comience el c贸mputo del plazo de caducidad hasta el momento en que conste qui茅n sea el empresario.
3. Las normas del presente cap铆tulo ser谩n de aplicaci贸n a la impugnaci贸n de las decisiones empresariales de extinci贸n de contrato con las especialidades necesarias, sin perjuicio de lo previsto en el art铆culo 120 y de las consecuencias sustantivas de cada tipo de extinci贸n contractual.
Precepto modificado por L 39/2015, de 1 de Octubre, con entrada en vigor a partir del 2-10-2016
路 Modificado art铆culo 103
Redacci贸n hasta el 2-10-2016
1. El trabajador podr谩 reclamar contra el despido, dentro de los veinte d铆as h谩biles siguientes a aqu茅l en que se hubiera producido. Dicho plazo ser谩 de caducidad a todos los efectos y no se computar谩n los s谩bados, domingos y los festivos en la sede del 贸rgano jurisdiccional.
2. Si se promoviese papeleta de conciliaci贸n o solicitud de mediaci贸n, reclamaci贸n previa o demanda por despido contra una persona a la que err贸neamente se hubiere atribuido la cualidad de empresario, y se acreditase con posterioridad, sea en el juicio o en otro momento anterior del proceso, que lo era un tercero, el trabajador podr谩 promover nueva demanda contra 茅ste, o ampliar la demanda si no se hubiera celebrado el juicio, sin que comience el c贸mputo del plazo de caducidad hasta el momento en que conste qui茅n sea el empresario.
3. Las normas del presente Cap铆tulo ser谩n de aplicaci贸n a la impugnaci贸n de las decisiones empresariales de extinci贸n de contrato con las especialidades necesarias, sin perjuicio de lo previsto en el art铆culo 120 y de las consecuencias sustantivas de cada tipo de extinci贸n contractual.
Art铆culo 104. Requisitos de la demanda por despido
Las demandas por despido, adem谩s de los requisitos generales previstos, deber谩n contener los siguientes:
a) Antig眉edad, concretando los per铆odos en que hayan sido prestados los servicios; categor铆a profesional; salario, tiempo y forma de pago; lugar de trabajo; modalidad y duraci贸n del contrato; jornada; categor铆a profesional; caracter铆sticas particulares, si las hubiere, del trabajo que se realizaba antes de producirse el despido.
b) Fecha de efectividad del despido, forma en que se produjo y hechos alegados por el empresario, acompa帽ando la comunicaci贸n recibida, en su caso, o haciendo menci贸n suficiente de su contenido.
c) Si el trabajador ostenta, o ha ostentado en el a帽o anterior al despido, la cualidad de representante legal o sindical de los trabajadores, as铆 como cualquier otra circunstancia relevante para la declaraci贸n de nulidad o improcedencia o para la titularidad de la opci贸n derivada, en su caso.
d) Si el trabajador se encuentra afiliado a alg煤n sindicato, en el supuesto de que alegue la improcedencia del despido por haberse realizado 茅ste sin la previa audiencia de los delegados sindicales, si los hubiera.
Art铆culo 105. Posici贸n de las partes
1. Ratificada, en su caso, la demanda, tanto en la fase de alegaciones como en la pr谩ctica de la prueba, y en la fase de conclusiones corresponder谩 al demandado exponer sus posiciones en primer lugar. Asimismo, le corresponder谩 la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo.
2. Para justificar el despido, al demandado no se le admitir谩n en el juicio otros motivos de oposici贸n a la demanda que los contenidos en la comunicaci贸n escrita de dicho despido.
3. .....
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Derogado apartado 3 del art铆culo 105
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
1. Ratificada, en su caso, la demanda, tanto en la fase de alegaciones como en la pr谩ctica de la prueba, y en la fase de conclusiones corresponder谩 al demandado exponer sus posiciones en primer lugar. Asimismo, le corresponder谩 la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo.
2. Para justificar el despido, al demandado no se le admitir谩n en el juicio otros motivos de oposici贸n a la demanda que los contenidos en la comunicaci贸n escrita de dicho despido.
3. .....
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Derogado apartado 3 del art铆culo 105
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
1. Ratificada, en su caso, la demanda, tanto en la fase de alegaciones como en la pr谩ctica de la prueba, y en la fase de conclusiones corresponder谩 al demandado exponer sus posiciones en primer lugar. Asimismo, le corresponder谩 la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo.
2. Para justificar el despido, al demandado no se le admitir谩n en el juicio otros motivos de oposici贸n a la demanda que los contenidos en la comunicaci贸n escrita de dicho despido.
3. El reconocimiento de la improcedencia del despido, efectuado en la carta de despido o en cualquier momento posterior, conforme al apartado 2 del art铆culo 56 del Estatuto de los Trabajadores, vincula al empresario, que no podr谩 alterar esta calificaci贸n ni el importe reconocido salvo error material de c谩lculo o subsanaci贸n en forma. Si se apreciare en sentencia un error no sustancial o excusable del empresario respecto de la cantidad debida como indemnizaci贸n y, en su caso, salarios de tramitaci贸n, la sentencia declarar谩 la improcedencia del despido y se limitar谩 a condenar al empresario a abonar la diferencia entre lo abonado o depositado y la cuant铆a que corresponda, con los dem谩s efectos del citado apartado 2 del art铆culo 56 del Estatuto de los Trabajadores. Cuando la diferencia en la cantidad abonada o consignada responda a un error sustancial o inexcusable, la sentencia condenar谩 al empresario a optar entre readmisi贸n o indemnizaci贸n en la cuant铆a que se declare procedente, con abono de los salarios dejados de percibir, en los t茅rminos del apartado 1 del art铆culo 56 del Estatuto de los Trabajadores. La percepci贸n por el trabajador del importe ofrecido por el empresario o la retirada del importe consignado a su favor no le impiden impugnar la extinci贸n contractual.
Art铆culo 106. Garant铆as del proceso
1. En los supuestos previstos en el apartado 1 del art铆culo 32 habr谩n de respetarse las garant铆as que, respecto de las alegaciones, prueba y conclusiones, se establecen para el proceso de despido disciplinario.
2. En los despidos de miembros de comit茅 de empresa, delegados de personal o delegados sindicales habr谩 de aportarse por la demandada el expediente contradictorio legalmente exigido.
Art铆culo 107. Hechos probados
En los hechos que se estimen probados en la sentencia deber谩n hacerse constar las siguientes circunstancias:
a) Antig眉edad, concretando los per铆odos en que hayan sido prestados los servicios; categor铆a profesional; salario, tiempo y forma de pago; lugar de trabajo; modalidad y duraci贸n del contrato; jornada; caracter铆sticas particulares, si las hubiere, del trabajo que se realizaba antes de producirse el despido.
b) Fecha y forma del despido, causas invocadas para el mismo, en su caso, y hechos acreditados en relaci贸n con dichas causas.
c) Si el trabajador ostenta o ha ostentado en el a帽o anterior al despido, la condici贸n de delegado de personal, miembro del comit茅 de empresa o delegado sindical, as铆 como cualquier otra circunstancia relevante para la declaraci贸n de nulidad o improcedencia o para la titularidad de la opci贸n derivada, en su caso.
Art铆culo 108. Calificaci贸n del despido por la sentencia
1. En el fallo de la sentencia, el juez calificar谩 el despido como procedente, improcedente o nulo.
Ser谩 calificado como procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en el escrito de comunicaci贸n. En caso contrario, o en el supuesto en que se hubieren incumplido los requisitos de forma establecidos en el n煤mero 1 del art铆culo 55 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ser谩 calificado como improcedente.
En caso de improcedencia del despido por no apreciarse que los hechos acreditados hubieran revestido gravedad suficiente, pero constituyeran infracci贸n de menor entidad seg煤n las normas alegadas por las partes, el juez podr谩 autorizar la imposici贸n de una sanci贸n adecuada a la gravedad de la falta, de no haber prescrito la de menor gravedad antes de la imposici贸n empresarial de la sanci贸n de despido; sanci贸n que el empresario podr谩 imponer en el plazo de caducidad de los diez d铆as siguientes a la firmeza de la sentencia, previa readmisi贸n del trabajador y siempre que 茅sta se haya efectuado en debida forma. La decisi贸n empresarial ser谩 revisable a instancia del trabajador, en el plazo, igualmente de caducidad, de los veinte d铆as siguientes a su notificaci贸n, a trav茅s de incidente de ejecuci贸n de la sentencia de despido, conforme al art铆culo 238.
2. Ser谩 nulo el despido que tenga como m贸vil alguna de las causas de discriminaci贸n prevista en la Constituci贸n y en la ley, o se produzca con violaci贸n de derechos fundamentales y libertades p煤blicas del trabajador.
Ser谩 tambi茅n nulo el despido en los siguientes supuestos:
a) El de los trabajadores durante el per铆odo de suspensi贸n del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopci贸n o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apartado 1 del art铆culo 45 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho per铆odo.
b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del per铆odo de suspensi贸n a que se refiere la letra a), y el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del art铆culo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o est茅n disfrutando de ellos, o hayan solicitado o est茅n disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del art铆culo 46 de la misma Ley; y el de las trabajadoras v铆ctimas de violencia de g茅nero por el ejercicio de los derechos de reducci贸n o reordenaci贸n de su tiempo de trabajo, de movilidad geogr谩fica, de cambio de centro de trabajo o de suspensi贸n de la relaci贸n laboral en los t茅rminos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.
c) El de los trabajadores despu茅s de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los per铆odos de suspensi贸n del contrato por maternidad, adopci贸n o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido m谩s de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopci贸n o acogimiento del hijo.
Lo establecido en las letras anteriores ser谩 de aplicaci贸n, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencias se帽alados.
3. Si se acreditara que el m贸vil del despido obedeciera a alguna de las causas del n煤mero anterior, el juez se pronunciar谩 sobre ella, con independencia de cu谩l haya sido la forma del mismo.
Art铆culo 109. Efectos del despido procedente
Si se estima el despido procedente se declarar谩 convalidada la extinci贸n del contrato que aqu茅l produjo, sin derecho a indemnizaci贸n ni a salarios de tramitaci贸n.
Art铆culo 110. Efectos del despido improcedente
1. Si el despido se declara improcedente, se condenar谩 al empresario a la readmisi贸n del trabajador en las mismas condiciones que reg铆an antes de producirse el despido, as铆 como al abono de los salarios de tramitaci贸n a los que se refiere el apartado 2 del art铆culo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o, a elecci贸n de aqu茅l, a que le abone una indemnizaci贸n, cuya cuant铆a se fijar谩 de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del art铆culo 56 de dicha Ley, con las siguientes particularidades:
a) En el acto de juicio, la parte titular de la opci贸n entre readmisi贸n o indemnizaci贸n podr谩 anticipar su opci贸n, para el caso de declaraci贸n de improcedencia, mediante expresa manifestaci贸n en tal sentido, sobre la que se pronunciar谩 el juez en la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los art铆culos 111 y 112.
b) A solicitud de la parte demandante, si constare no ser realizable la readmisi贸n, podr谩 acordarse, en caso de improcedencia del despido, tener por hecha la opci贸n por la indemnizaci贸n en la sentencia, declarando extinguida la relaci贸n en la propia sentencia y condenando al empresario a abonar la indemnizaci贸n por despido, calculada hasta la fecha de la sentencia.
c) En los despidos improcedentes de trabajadores cuya relaci贸n laboral sea de car谩cter especial, la cuant铆a de la indemnizaci贸n ser谩 la establecida, en su caso, por la norma que regule dicha relaci贸n especial.
2. En caso de que se declarase improcedente el despido de un representante legal o sindical de los trabajadores, la opci贸n prevista en el n煤mero anterior corresponder谩 al trabajador.
3. La opci贸n deber谩 ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina del Juzgado de lo Social, dentro del plazo de cinco d铆as desde la notificaci贸n de la sentencia que declare el despido improcedente, sin esperar a la firmeza de la misma, si fuera la de instancia.
4. Cuando el despido fuese declarado improcedente por incumplimiento de los requisitos de forma establecidos y se hubiese optado por la readmisi贸n, podr谩 efectuarse un nuevo despido dentro del plazo de siete d铆as desde la notificaci贸n de la sentencia. Dicho despido no constituir谩 una subsanaci贸n del primitivo acto extintivo, sino un nuevo despido, que surtir谩 efectos desde su fecha.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 110
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
1. Si el despido se declara improcedente, se condenar谩 al empresario a la readmisi贸n del trabajador en las mismas condiciones que reg铆an antes de producirse el despido, as铆 como al abono de los salarios de tramitaci贸n a los que se refiere el apartado 2 del art铆culo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o, a elecci贸n de aqu茅l, a que le abone una indemnizaci贸n, cuya cuant铆a se fijar谩 de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del art铆culo 56 de dicha Ley, con las siguientes particularidades:
a) En el acto de juicio, la parte titular de la opci贸n entre readmisi贸n o indemnizaci贸n podr谩 anticipar su opci贸n, para el caso de declaraci贸n de improcedencia, mediante expresa manifestaci贸n en tal sentido, sobre la que se pronunciar谩 el juez en la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los art铆culos 111 y 112.
b) A solicitud de la parte demandante, si constare no ser realizable la readmisi贸n, podr谩 acordarse, en caso de improcedencia del despido, tener por hecha la opci贸n por la indemnizaci贸n en la sentencia, declarando extinguida la relaci贸n en la propia sentencia y condenando al empresario a abonar la indemnizaci贸n por despido, calculada hasta la fecha de la sentencia.
c) En los despidos improcedentes de trabajadores cuya relaci贸n laboral sea de car谩cter especial, la cuant铆a de la indemnizaci贸n ser谩 la establecida, en su caso, por la norma que regule dicha relaci贸n especial.
2. En caso de que se declarase improcedente el despido de un representante legal o sindical de los trabajadores, la opci贸n prevista en el n煤mero anterior corresponder谩 al trabajador.
3. La opci贸n deber谩 ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina del Juzgado de lo Social, dentro del plazo de cinco d铆as desde la notificaci贸n de la sentencia que declare el despido improcedente, sin esperar a la firmeza de la misma, si fuera la de instancia.
4. Cuando el despido fuese declarado improcedente por incumplimiento de los requisitos de forma establecidos y se hubiese optado por la readmisi贸n, podr谩 efectuarse un nuevo despido dentro del plazo de siete d铆as desde la notificaci贸n de la sentencia. Dicho despido no constituir谩 una subsanaci贸n del primitivo acto extintivo, sino un nuevo despido, que surtir谩 efectos desde su fecha.
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 110
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
1. Si el despido se declara improcedente, se condenar谩 al empresario a la readmisi贸n del trabajador en las mismas condiciones que reg铆an antes de producirse el despido o, a elecci贸n de aqu茅l, a que le abone una indemnizaci贸n, cuya cuant铆a se fijar谩 de acuerdo con lo previsto en la letra a) del apartado 1 del art铆culo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con las siguientes particularidades:
a) La condena comprender谩, tambi茅n, el abono de la cantidad a que se refiere la letra b) del apartado 1 del art铆culo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con las limitaciones, en su caso, previstas por el apartado 2 de dicho art铆culo y sin perjuicio de lo establecido en el art铆culo 57 de la misma Ley.
b) En el acto de juicio, la parte titular de la opci贸n entre readmisi贸n o indemnizaci贸n podr谩 anticipar su opci贸n, para el caso de declaraci贸n de improcedencia, mediante expresa manifestaci贸n en tal sentido, sobre la que se pronunciar谩 el juez en la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los art铆culos 111 y 112.
c) A solicitud de la parte demandante, si constare no ser realizable la readmisi贸n, podr谩 acordarse, en caso de improcedencia del despido, tener por hecha la opci贸n por la indemnizaci贸n en la sentencia, declarando extinguida la relaci贸n en la propia sentencia y condenando al empresario a abonar la indemnizaci贸n por despido, calculada hasta la fecha de la sentencia, y los salarios de tramitaci贸n, cuando procedan, hasta dicha fecha.
d) En los despidos improcedentes de trabajadores cuya relaci贸n laboral sea de car谩cter especial, la cuant铆a de la indemnizaci贸n ser谩 la establecida, en su caso, por la norma que regule dicha relaci贸n especial.
2. En caso de que se declarase improcedente el despido de un representante legal o sindical de los trabajadores, la opci贸n prevista en el n煤mero anterior corresponder谩 al trabajador.
3. La opci贸n deber谩 ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina del Juzgado de lo Social, dentro del plazo de cinco d铆as desde la notificaci贸n de la sentencia que declare el despido improcedente, sin esperar a la firmeza de la misma, si fuera la de instancia.
4. Cuando el despido fuese declarado improcedente por incumplimiento de los requisitos de forma establecidos y se hubiese optado por la readmisi贸n, podr谩 efectuarse un nuevo despido dentro del plazo de siete d铆as desde la notificaci贸n de la sentencia. Dicho despido no constituir谩 una subsanaci贸n del primitivo acto extintivo, sino un nuevo despido, que surtir谩 efectos desde su fecha.
Art铆culo 111. Efectos del recurso contra la sentencia de declaraci贸n de improcedencia del despido
1. Si la sentencia que declarase la improcedencia del despido fuese recurrida, la opci贸n ejercitada por el empresario tendr谩 los siguientes efectos:
a) Si se hubiere optado por la readmisi贸n, cualquiera que fuera el recurrente, 茅sta se llevar谩 a efecto de forma provisional en los t茅rminos establecidos por el art铆culo 297.
b) Cuando la opci贸n del empresario hubiera sido por la indemnizaci贸n, tanto en el supuesto de que el recurso fuere interpuesto por 茅ste como por el trabajador, no proceder谩 la readmisi贸n mientras penda el recurso, si bien durante la tramitaci贸n del recurso el trabajador se considerar谩 en situaci贸n legal de desempleo involuntario seg煤n lo dispuesto en el apartado 3 del art铆culo 208 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Si la sentencia que resuelva el recurso que hubiera interpuesto el trabajador elevase la cuant铆a de la indemnizaci贸n, el empresario, dentro de los cinco d铆as siguientes al de su notificaci贸n, podr谩 cambiar el sentido de su opci贸n y, en tal supuesto, la readmisi贸n retrotraer谩 sus efectos econ贸micos a la fecha en que tuvo lugar la primera elecci贸n, deduci茅ndose de las cantidades que por tal concepto se abonen las que, en su caso, hubiera percibido el trabajador en concepto de prestaci贸n por desempleo. La citada cantidad, as铆 como la correspondiente a la aportaci贸n empresarial a la Seguridad Social por dicho trabajador, habr谩 de ser ingresada por el empresario en la Entidad gestora.
A efectos del reconocimiento de un futuro derecho a la protecci贸n por desempleo, el per铆odo al que se refiere el p谩rrafo anterior se considerar谩 de ocupaci贸n cotizada.
2. Cualquiera que sea el sentido de la opci贸n ejercitada, 茅sta se tendr谩 por no hecha si el tribunal superior, al resolver el recurso, declarase nulo el despido. Cuando se confirme la sentencia recurrida, el sentido de la opci贸n no podr谩 ser alterado.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificada letra b) del apartado 1 del art铆culo 111
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
1. Si la sentencia que declarase la improcedencia del despido fuese recurrida, la opci贸n ejercitada por el empresario tendr谩 los siguientes efectos:
a) Si se hubiere optado por la readmisi贸n, cualquiera que fuera el recurrente, 茅sta se llevar谩 a efecto de forma provisional en los t茅rminos establecidos por el art铆culo 297.
b) Cuando la opci贸n del empresario hubiera sido por la indemnizaci贸n, tanto en el supuesto de que el recurso fuere interpuesto por 茅ste como por el trabajador, no proceder谩 la readmisi贸n mientras penda el recurso, si bien durante la tramitaci贸n del recurso el trabajador se considerar谩 en situaci贸n legal de desempleo involuntario seg煤n lo dispuesto en el apartado 3 del art铆culo 208 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Si la sentencia que resuelva el recurso que hubiera interpuesto el trabajador elevase la cuant铆a de la indemnizaci贸n, el empresario, dentro de los cinco d铆as siguientes al de su notificaci贸n, podr谩 cambiar el sentido de su opci贸n y, en tal supuesto, la readmisi贸n retrotraer谩 sus efectos econ贸micos a la fecha en que tuvo lugar la primera elecci贸n, deduci茅ndose de las cantidades que por tal concepto se abonen las que, en su caso, hubiera percibido el trabajador en concepto de prestaci贸n por desempleo. La citada cantidad, as铆 como la correspondiente a la aportaci贸n empresarial a la Seguridad Social por dicho trabajador, habr谩 de ser ingresada por el empresario en la Entidad gestora.
A efectos del reconocimiento de un futuro derecho a la protecci贸n por desempleo, el per铆odo al que se refiere el p谩rrafo anterior se considerar谩 de ocupaci贸n cotizada.
2. Cualquiera que sea el sentido de la opci贸n ejercitada, 茅sta se tendr谩 por no hecha si el tribunal superior, al resolver el recurso, declarase nulo el despido. Cuando se confirme la sentencia recurrida, el sentido de la opci贸n no podr谩 ser alterado.
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Modificada letra b) del apartado 1 del art铆culo 111
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
1. Si la sentencia que declarase la improcedencia del despido fuese recurrida, la opci贸n ejercitada por el empresario tendr谩 los siguientes efectos:
a) Si se hubiere optado por la readmisi贸n, cualquiera que fuera el recurrente, 茅sta se llevar谩 a efecto de forma provisional en los t茅rminos establecidos por el art铆culo 297.
b) Cuando la opci贸n del empresario hubiera sido por la indemnizaci贸n, tanto en el supuesto de que el recurso fuere interpuesto por 茅ste como por el trabajador, no proceder谩 la readmisi贸n ni el abono de salarios mientras penda el recurso, si bien durante la tramitaci贸n del recurso el trabajador se considerar谩 en situaci贸n legal de desempleo involuntario seg煤n lo dispuesto en el apartado 3 del art铆culo 208 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Si la sentencia que resuelva el recurso que hubiera interpuesto el trabajador elevase la cuant铆a de la indemnizaci贸n, el empresario, dentro de los cinco d铆as siguientes al de su notificaci贸n, podr谩 cambiar el sentido de su opci贸n y, en tal supuesto, la readmisi贸n retrotraer谩 sus efectos econ贸micos a la fecha en que tuvo lugar la primera elecci贸n, deduci茅ndose de las cantidades que por tal concepto se abonen las que, en su caso, hubiera percibido el trabajador en concepto de prestaci贸n por desempleo. La citada cantidad, as铆 como la correspondiente a la aportaci贸n empresarial a la Seguridad Social por dicho trabajador, habr谩 de ser ingresada por el empresario en la Entidad gestora.
A efectos del reconocimiento de un futuro derecho a la protecci贸n por desempleo, el per铆odo al que se refiere el p谩rrafo anterior se considerar谩 de ocupaci贸n cotizada.
2. Cualquiera que sea el sentido de la opci贸n ejercitada, 茅sta se tendr谩 por no hecha si el tribunal superior, al resolver el recurso, declarase nulo el despido. Cuando se confirme la sentencia recurrida, el sentido de la opci贸n no podr谩 ser alterado.
Art铆culo 112. Efectos del recurso contra la sentencia de declaraci贸n de improcedencia del despido de un representante legal o sindical de los trabajadores
1. Cuando la sentencia que declarase la improcedencia del despido de un representante legal o sindical de los trabajadores fuese recurrida, la opci贸n ejercitada por dichos representantes tendr谩 las siguientes consecuencias:
a) Cuando el trabajador hubiese optado por la readmisi贸n, cualquiera que sea la parte que recurra, habr谩 de estarse a lo dispuesto por el art铆culo 297.
b) De haberse optado por la indemnizaci贸n, tanto si recurre el trabajador como el empresario, no proceder谩 la readmisi贸n ni el abono de salarios mientras est茅 pendiente el recurso, si bien durante la sustanciaci贸n del recurso el trabajador se considerar谩 en situaci贸n legal de desempleo involuntario. Si la sentencia que resuelva el recurso interpuesto por el empresario disminuyera la cuant铆a de la indemnizaci贸n, el trabajador, dentro de los cinco d铆as siguientes al de su notificaci贸n, podr谩 cambiar el sentido de su opci贸n y, en tal caso, la readmisi贸n retrotraer谩 a sus efectos econ贸micos a la fecha en que tuvo lugar la primera elecci贸n, deduci茅ndose de las cantidades que por tal concepto se abonen las que, en su caso, hubiera percibido el trabajador en concepto de prestaci贸n por desempleo. La citada cantidad, as铆 como la correspondiente a la aportaci贸n empresarial a la Seguridad Social por dicho trabajador, habr谩 de ser ingresada por el empresario en la Entidad gestora.
A efectos del reconocimiento de un futuro derecho a la protecci贸n por desempleo, el per铆odo al que se refiere el p谩rrafo anterior se considerar谩 de ocupaci贸n cotizada.
2. Cualquiera que sea el sentido de la opci贸n ejercitada, 茅sta se tendr谩 por no hecha si el tribunal superior, al resolver el recurso, declarase nulo el despido. Cuando se confirme la sentencia recurrida, el sentido de la opci贸n no podr谩 ser alterado.
Art铆culo 113. Efectos de la declaraci贸n de nulidad del despido
Si el despido fuera declarado nulo se condenar谩 a la inmediata readmisi贸n del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir. La sentencia ser谩 ejecutada de forma provisional en los t茅rminos establecidos por el art铆culo 297, tanto si fuera recurrida por el empresario como si lo fuera por el trabajador.
SECCI脫N 2.陋-Proceso de impugnaci贸n de sanciones
Art铆culo 114. Impugnaci贸n de sanciones
1. El trabajador podr谩 impugnar la sanci贸n que le hubiere sido impuesta mediante demanda, que habr谩 de ser presentada dentro del plazo se帽alado en el art铆culo 103.
2. En los procesos de impugnaci贸n de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la condici贸n de representante legal o sindical, la parte demandada habr谩 de aportar el expediente contradictorio legalmente establecido.
3. Corresponder谩 al empresario probar la realidad de los hechos imputados al trabajador, y su entidad, sin que puedan ser admitidos otros motivos de oposici贸n a la demanda que los alegados en su momento para justificar la sanci贸n. Las alegaciones, pruebas y conclusiones deber谩n ser realizadas por las partes en el orden establecido para los despidos disciplinarios.
Art铆culo 115. Contenido de la sentencia
1. La sentencia contendr谩 alguno de los pronunciamientos siguientes:
a) Confirmar la sanci贸n, cuando se haya acreditado el cumplimiento de las exigencias de forma y la realidad del incumplimiento imputado al trabajador, as铆 como su entidad, valorada seg煤n la graduaci贸n de faltas y sanciones prevista en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable.
b) Revocarla totalmente, cuando no haya sido probada la realidad de los hechos imputados al trabajador o 茅stos no sean constitutivos de falta, condenando al empresario al pago de los salarios que hubieran dejado de abonarse en cumplimiento de la sanci贸n.
c) Revocarla en parte, con an谩logo pronunciamiento de condena econ贸mica por el per铆odo de exceso en su caso, cuando la falta cometida no haya sido adecuadamente calificada, pero los hechos constituyan infracci贸n de menor entidad seg煤n las normas alegadas por las partes, de no haber prescrito la falta de menor gravedad antes de la imposici贸n de la sanci贸n m谩s grave. En este caso, el juez podr谩 autorizar la imposici贸n, en el plazo de caducidad de los diez d铆as siguientes a notificaci贸n de sentencia firme, de una sanci贸n adecuada a la gravedad de la falta, y la decisi贸n empresarial ser谩 revisable a instancia del trabajador, en el plazo igualmente de caducidad de los veinte d铆as siguientes a su notificaci贸n, por medio del incidente de ejecuci贸n de dicha sentencia previsto en el art铆culo 238.
d) Declararla nula, si hubiese sido impuesta sin observar los requisitos formales establecidos legal, convencional o contractualmente, o cuando 茅stos presenten defectos de tal gravedad que no permitan alcanzar la finalidad para la que fueron requeridos, as铆 como cuando tenga como m贸vil alguna de las causas de discriminaci贸n prevista en la Constituci贸n y en la ley, o se produzca con violaci贸n de derechos fundamentales y libertades p煤blicas del trabajador, incluidos, en su caso, los dem谩s supuestos que comportan la declaraci贸n de nulidad del despido en el apartado 2 del art铆culo 108. Tambi茅n ser谩 nula la sanci贸n cuando consista en alguna de las legalmente prohibidas o no estuviera tipificada en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable.
2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior ser谩n nulas las sanciones impuestas a los representantes legales de los trabajadores o a los delegados sindicales por faltas graves o muy graves, sin la previa audiencia de los restantes integrantes de la representaci贸n a que el trabajador perteneciera as铆 como a los trabajadores afiliados a un sindicato, sin dar audiencia a los delegados sindicales.
3. Contra las sentencias dictadas en estos procesos no cabr谩 recurso alguno, salvo en los casos de sanciones por faltas muy graves, apreciadas judicialmente.
CAP脥TULO III-De la reclamaci贸n al Estado del pago de salarios de tramitaci贸n en juicios por despido
Art铆culo 116. Reclamaci贸n del pago de salarios de tramitaci贸n
1. Si, desde la fecha en que se tuvo por presentada la demanda por despido, hasta la sentencia del juzgado o tribunal que por primera vez declare su improcedencia, hubiesen transcurrido m谩s de noventa d铆as h谩biles, el empresario, una vez firme la sentencia, podr谩 reclamar al Estado los salarios pagados al trabajador que excedan de dicho plazo.
2. En el supuesto de insolvencia provisional del empresario, el trabajador podr谩 reclamar directamente al Estado los salarios a los que se refiere el apartado anterior, que no le hubieran sido abonados por aqu茅l.
Precepto modificado por RD-Ley 20/2012, de 13 de Julio, con entrada en vigor a partir del 15-7-2012
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 116
Redacci贸n hasta el 15-7-2012
1. Si, desde la fecha en que se tuvo por presentada la demanda por despido, hasta la sentencia del juzgado o tribunal que por primera vez declare su improcedencia, hubiesen transcurrido m谩s de sesenta d铆as h谩biles, el empresario, una vez firme la sentencia, podr谩 reclamar al Estado los salarios pagados al trabajador que excedan de dicho plazo.
2. En el supuesto de insolvencia provisional del empresario, el trabajador podr谩 reclamar directamente al Estado los salarios a los que se refiere el apartado anterior, que no le hubieran sido abonados por aqu茅l.
Art铆culo 117. Requisito del agotamiento de la v铆a administrativa previa a la v铆a judicial
1. Para demandar al Estado por los salarios de tramitaci贸n, ser谩 requisito previo haber reclamado en v铆a administrativa en la forma y plazos establecidos, contra cuya denegaci贸n el empresario o, en su caso, el trabajador, podr谩 promover la oportuna acci贸n ante el juzgado que conoci贸 en la instancia del proceso de despido.
2. A la demanda habr谩 de acompa帽arse copia de la resoluci贸n administrativa denegatoria o de la instancia de solicitud de pago.
3. El plazo de prescripci贸n de esta acci贸n es el previsto en el apartado 2 del art铆culo 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, inici谩ndose el c贸mputo del mismo, en caso de reclamaci贸n efectuada por el empresario, desde el momento en que 茅ste sufre la disminuci贸n patrimonial ocasionada por el abono de los salarios de tramitaci贸n y, en caso de reclamaci贸n por el trabajador, desde la fecha de notificaci贸n al mismo del auto judicial que haya declarado la insolvencia del empresario.
Precepto modificado por L 39/2015, de 1 de Octubre, con entrada en vigor a partir del 2-10-2016
路 Modificado art铆culo 117
Redacci贸n hasta el 2-10-2016
Art铆culo 117. Requisito de la reclamaci贸n administrativa previa
1. Para demandar al Estado por los salarios de tramitaci贸n, ser谩 requisito previo haber reclamado en v铆a administrativa en la forma y plazos establecidos, contra cuya denegaci贸n el empresario o, en su caso, el trabajador, podr谩 promover la oportuna acci贸n ante el juzgado que conoci贸 en la instancia del proceso de despido.
2. A la demanda habr谩 de acompa帽arse copia de la resoluci贸n administrativa denegatoria o de la instancia de solicitud de pago.
3. El plazo de prescripci贸n de esta acci贸n es el previsto en el apartado 2 del art铆culo 59 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, inici谩ndose el c贸mputo del mismo, en caso de reclamaci贸n efectuada por el empresario, desde el momento en que 茅ste sufre la disminuci贸n patrimonial ocasionada por el abono de los salarios de tramitaci贸n y, en caso de reclamaci贸n por el trabajador, desde la fecha de notificaci贸n al mismo del auto judicial que haya declarado la insolvencia del empresario.
Art铆culo 118. Celebraci贸n del acto de juicio
1. Admitida la demanda, el secretario judicial se帽alar谩 d铆a para el juicio en los cinco siguientes, citando al efecto al trabajador, al empresario y al abogado del Estado, sin que se suspenda el procedimiento para que 茅ste pueda elevar consulta a la Direcci贸n General del Servicio Jur铆dico del Estado.
2. El juicio versar谩 tan s贸lo sobre la procedencia y cuant铆a de la reclamaci贸n, y no se admitir谩n pruebas encaminadas a revisar las declaraciones probadas en la sentencia de despido.
Art铆culo 119. C贸mputo del tiempo
1. A efectos del c贸mputo de tiempo que exceda de los sesenta d铆as h谩biles a que se refiere el art铆culo 116, ser谩n excluidos del mismo los per铆odos siguientes:
a) El tiempo invertido en la subsanaci贸n de la demanda, por no haber acreditado la celebraci贸n de la conciliaci贸n, de la mediaci贸n o de la reclamaci贸n administrativa previa, o por defectos, omisiones o imprecisiones en aqu茅lla.
b) El per铆odo en que estuviesen suspendidos los autos, a petici贸n de parte, por suspensi贸n del acto del juicio en los t茅rminos previstos en el art铆culo 83.
c) El tiempo que dure la suspensi贸n para acreditar la presentaci贸n de la querella, en los casos en que cualquiera de las partes alegase la falsedad de un documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito.
2. En los supuestos enunciados anteriormente el juez, apreciando las pruebas aportadas, decidir谩 si los salarios correspondientes al tiempo invertido han de correr a cargo del Estado o del empresario. Excepcionalmente, podr谩 privar al trabajador de su percepci贸n, si apreciase que en su actuaci贸n procesal ha incurrido en manifiesto abuso de derecho.
Nota
T茅ngase en cuenta la modificaci贸n introducida por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (SP/LEG/9713); la nueva redacci贸n del art铆culo 116 se refiere a noventa d铆as h谩biles.
CAP脥TULO IV-De la extinci贸n del contrato por causas objetivas, por despido colectivo y otras causas de extinci贸n
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificada r煤brica Cap铆tulo IV del T铆tulo II del Libro Segundo
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
CAP脥TULO IV-De la extinci贸n del contrato por causas objetivas, por despido colectivo y otras causas de extinci贸n
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Modificada r煤brica Cap铆tulo IV del T铆tulo II del Libro Segundo
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
CAP脥TULO IV-De la extinci贸n del contrato por causas objetivas y otras causas de extinci贸n
SECCI脫N 1.陋-Extinci贸n por causas objetivas
Art铆culo 120. Tramitaci贸n
Los procesos derivados de la extinci贸n del contrato de trabajo por causas objetivas, se ajustar谩n a las normas contenidas en el Cap铆tulo relativo a los procesos por despidos y sanciones sin perjuicio de las especialidades que se enuncian en los art铆culos siguientes.
Art铆culo 121. Plazo de ejercicio de la acci贸n. Carga de la prueba
1. El plazo para ejercitar la acci贸n de impugnaci贸n de la decisi贸n extintiva ser谩 de veinte d铆as, que en todo caso comenzar谩 a contarse a partir del d铆a siguiente a la fecha de extinci贸n del contrato de trabajo. El trabajador podr谩 anticipar el ejercicio de su acci贸n a partir del momento en que reciba la comunicaci贸n empresarial de preaviso.
2. La percepci贸n por el trabajador de la indemnizaci贸n ofrecida por el empresario o el uso del permiso para buscar nuevo puesto de trabajo no enervan el ejercicio de la acci贸n ni suponen conformidad con la decisi贸n empresarial.
3. Cuando el trabajador vinculado por la empresa con un contrato de fomento de la contrataci贸n indefinida alegue que la utilizaci贸n por la empresa del procedimiento de despido objetivo no se ajusta a derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, corresponder谩 al mismo la carga de la prueba sobre esta cuesti贸n.
Art铆culo 122. Calificaci贸n de la extinci贸n del contrato
1. Se declarar谩 procedente la decisi贸n extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido los requisitos formales exigibles, acredite la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicaci贸n escrita. Si no la acreditase, se calificar谩 de improcedente.
2. La decisi贸n extintiva ser谩 nula:
a) Cuando resulte discriminatoria o contraria a los derechos fundamentales y libertades p煤blicas del trabajador.
b) Cuando se haya efectuado en fraude de ley eludiendo las normas establecidas por los despidos colectivos, en los casos a que se refiere el 煤ltimo p谩rrafo del apartado 1 del art铆culo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
c) La de los trabajadores durante el per铆odo de suspensi贸n del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopci贸n o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apartado 1 del art铆culo 45 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho per铆odo.
d) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del per铆odo de suspensi贸n a que se refiere la letra c), y la de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del art铆culo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o est茅n disfrutando de ellos, o hayan solicitado o est茅n disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del art铆culo 46 de la misma Ley; y la de las trabajadoras v铆ctimas de violencia de g茅nero por el ejercicio de los derechos de reducci贸n o reordenaci贸n de su tiempo de trabajo, de movilidad geogr谩fica, de cambio de centro de trabajo o de suspensi贸n de la relaci贸n laboral, en los t茅rminos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.
e) La de los trabajadores despu茅s de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los per铆odos de suspensi贸n del contrato por maternidad, adopci贸n o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido m谩s de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopci贸n o acogimiento del hijo.
Lo establecido en las letras c), d) y e) ser谩 de aplicaci贸n, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia de la decisi贸n extintiva por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencias se帽alados.
3. La decisi贸n extintiva se calificar谩 de improcedente cuando no se hubieren cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 del art铆culo 53 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante, la no concesi贸n del preaviso o el error excusable en el c谩lculo de la indemnizaci贸n no determinar谩 la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligaci贸n del empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho per铆odo o al pago de la indemnizaci贸n en la cuant铆a correcta, con independencia de los dem谩s efectos que procedan.
Art铆culo 123. Efectos de la sentencia
1. Si la sentencia estimase procedente la decisi贸n del empresario, se declarar谩 extinguido el contrato de trabajo, condenando al empresario, en su caso, a satisfacer al trabajador las diferencias que pudieran existir, tanto entre la indemnizaci贸n que ya hubiese percibido y la que legalmente le corresponda, como las relativas a los salarios del per铆odo de preaviso, en los supuestos en que 茅ste no se hubiera cumplido.
2. Cuando se declare improcedente o nula la decisi贸n extintiva, se condenar谩 al empresario en los t茅rminos previstos para el despido disciplinario, sin que los salarios de tramitaci贸n puedan deducirse de los correspondientes al per铆odo de preaviso.
3. En los supuestos en que proceda la readmisi贸n, el trabajador habr谩 de reintegrar la indemnizaci贸n recibida una vez sea firme la sentencia.
4. El juez acordar谩, en su caso, la compensaci贸n entre la indemnizaci贸n percibida y la que fije la sentencia.
SECCI脫N 2.陋-Despidos colectivos por causas econ贸micas, organizativas, t茅cnicas o de producci贸n o derivadas de fuerza mayor
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificada r煤brica Secci贸n 2.陋 del Cap铆tulo IV del T铆tulo II del Libro Segundo
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
SECCI脫N 2.陋-Despidos colectivos por causas econ贸micas, organizativas, t茅cnicas o de producci贸n o derivadas de fuerza mayor
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Modificada r煤brica Secci贸n 2.陋 del Cap铆tulo IV del T铆tulo II del Libro Segundo
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
SECCI脫N 2.陋-Despidos colectivos por causas econ贸micas, organizativas, t茅cnicas o de producci贸n
Art铆culo 124. Despidos colectivos por causas econ贸micas, organizativas, t茅cnicas o de producci贸n o derivadas de fuerza mayor
1. La decisi贸n empresarial podr谩 impugnarse por los representantes legales de los trabajadores a trav茅s del proceso previsto en los apartados siguientes. Cuando la impugnaci贸n sea formulada por los representantes sindicales, 茅stos deber谩n tener implantaci贸n suficiente en el 谩mbito del despido colectivo.
2. La demanda podr谩 fundarse en los siguientes motivos:
a) Que no concurre la causa legal indicada en la comunicaci贸n escrita.
b) Que no se ha realizado el per铆odo de consultas o entregado la documentaci贸n prevista en el art铆culo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no se ha respetado el procedimiento establecido en el art铆culo 51.7 del mismo texto legal.
c) Que la decisi贸n extintiva se ha adoptado con fraude, dolo, coacci贸n o abuso de derecho.
d) Que la decisi贸n extintiva se ha efectuado vulnerando derechos fundamentales y libertades p煤blicas.
En ning煤n caso podr谩n ser objeto de este proceso las pretensiones relativas a la inaplicaci贸n de las reglas de prioridad de permanencia previstas legal o convencionalmente o establecidas en el acuerdo adoptado en el per铆odo de consultas. Tales pretensiones se plantear谩n a trav茅s del procedimiento individual al que se refiere el apartado 11 del presente art铆culo.
3. Cuando la decisi贸n extintiva no se haya impugnado por los sujetos a los que se refiere el apartado 1 o por la autoridad laboral de acuerdo con el art铆culo 148.b) de esta ley, una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte d铆as para el ejercicio de la acci贸n por los representantes de los trabajadores, el empresario, en el plazo de veinte d铆as desde la finalizaci贸n del plazo anterior, podr谩 interponer demanda con la finalidad de que se declare ajustada a derecho su decisi贸n extintiva. Estar谩n legitimados pasivamente los representantes legales de los trabajadores, y la sentencia que se dicte tendr谩 naturaleza declarativa y producir谩 efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales en los t茅rminos del apartado 5 del art铆culo 160 de esta ley.
La presentaci贸n de la demanda por el empresario suspender谩 el plazo de caducidad de la acci贸n individual del despido.
4. En caso de que el per铆odo de consultas regulado en el art铆culo 51 del Estatuto de los Trabajadores hubiera finalizado con acuerdo, tambi茅n deber谩 demandarse a los firmantes del mismo.
5. Para presentar la demanda no ser谩 necesario agotar ninguna de las formas de evitaci贸n del proceso contempladas en el T铆tulo V del Libro I de la presente Ley.
6. La demanda deber谩 presentarse en el plazo de caducidad de veinte d铆as desde la fecha del acuerdo alcanzado en el per铆odo de consultas o de la notificaci贸n a los representantes de los trabajadores de la decisi贸n empresarial de despido colectivo.
7. Si una vez iniciado el proceso por los representantes de los trabajadores se plantease demanda de oficio de conformidad con lo previsto en el art铆culo 148.b) de esta Ley, se suspender谩 茅sta hasta la resoluci贸n de aqu茅l. En este supuesto, la autoridad laboral estar谩 legitimada para ser parte en el proceso incoado por los representantes de los trabajadores o por el empresario. La sentencia, una vez firme, tendr谩 eficacia de cosa juzgada sobre el proceso de oficio pendiente de resoluci贸n.
8. Este proceso tendr谩 car谩cter urgente. La preferencia en el despacho de estos asuntos ser谩 absoluta sobre cualesquiera otros, salvo los de tutela de los derechos fundamentales y libertades p煤blicas. Contra las resoluciones de tramitaci贸n que se dicten no cabr谩 recurso, salvo el de declaraci贸n inicial de incompetencia.
9. Admitida a tr谩mite la demanda, el secretario judicial dar谩 traslado de la misma al empresario demandado y le requerir谩 para que en el plazo de cinco d铆as presente, preferiblemente en soporte inform谩tico, la documentaci贸n y las actas del per铆odo de consultas y la comunicaci贸n a la autoridad laboral del resultado del mismo.
En ese mismo requerimiento, el secretario judicial ordenar谩 al empresario que, en el plazo de cinco d铆as, notifique a los trabajadores que pudieran resultar afectados por el despido colectivo la existencia del proceso planteado por los representantes de los trabajadores, para que en el plazo de quince d铆as comuniquen al 贸rgano judicial un domicilio a efectos de notificaci贸n de la sentencia.
En caso de negativa injustificada del empresario a remitir estos documentos o a informar a los trabajadores que pudieran resultar afectados, el secretario judicial reiterar谩 por la v铆a urgente su inmediata remisi贸n en el plazo de tres d铆as, con apercibimiento de que de no cumplirse en plazo este segundo requerimiento se impondr谩n las medidas a las que se refiere el apartado 5 del art铆culo 75, y se podr谩n tener por ciertos a los efectos del juicio posterior los hechos que pretende acreditar la parte demandante.
Al admitirse la demanda, el secretario judicial acordar谩 recabar de la Autoridad Laboral copia del expediente administrativo relativo al despido colectivo.
10. En la misma resoluci贸n de admisi贸n a tr谩mite, el secretario judicial se帽alar谩 el d铆a y la hora en que haya de tener lugar la celebraci贸n del acto del juicio, que deber谩 tener lugar en 煤nica convocatoria dentro de los quince d铆as siguientes a la admisi贸n a tr谩mite de la demanda. En la citaci贸n se acordar谩 de oficio el previo traslado entre las partes o la aportaci贸n anticipada, en soporte preferiblemente inform谩tico, con cinco d铆as de antelaci贸n al acto de juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su examen previo al momento de la pr谩ctica de la prueba.
11. La sentencia se dictar谩 dentro de los cinco d铆as siguientes a la celebraci贸n del juicio y ser谩 recurrible en casaci贸n ordinaria.
Se declarar谩 ajustada a derecho la decisi贸n extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido lo previsto en los art铆culos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida.
La sentencia declarar谩 no ajustada a Derecho la decisi贸n extintiva cuando el empresario no haya acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicaci贸n extintiva.
La sentencia declarar谩 nula la decisi贸n extintiva 煤nicamente cuando el empresario no haya realizado el per铆odo de consultas o entregado la documentaci贸n prevista en el art铆culo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el art铆culo 51.7 del mismo texto legal u obtenido la autorizaci贸n judicial del juez del concurso en los supuestos en que est茅 legalmente prevista, as铆 como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneraci贸n de derechos fundamentales y libertades p煤blicas. En este supuesto la sentencia declarar谩 el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporaci贸n a su puesto de trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del art铆culo 123 de esta ley.
12. Una vez firme la sentencia, se notificar谩 a quienes hubieran sido parte y a los trabajadores que pudieran resultar afectados por el despido colectivo que hubiesen puesto en conocimiento del 贸rgano judicial un domicilio a efectos de notificaciones, a los efectos previstos en la letra b) del apartado 13 de este art铆culo.
La sentencia firme se notificar谩 para su conocimiento a la autoridad laboral, la entidad gestora de la prestaci贸n por desempleo y la Administraci贸n de la Seguridad Social cuando no hubieran sido parte en el proceso.
13. El trabajador individualmente afectado por el despido podr谩 impugnar el mismo a trav茅s del procedimiento previsto en los art铆culos 120 a 123 de esta ley, con las especialidades que a continuaci贸n se se帽alan.
a) Cuando el despido colectivo no haya sido impugnado a trav茅s del procedimiento regulado en los apartados anteriores, ser谩n de aplicaci贸n al proceso individual de despido las siguientes reglas espec铆ficas:
1.陋 El plazo para la impugnaci贸n individual dar谩 comienzo una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte d铆as para el ejercicio de la acci贸n por los representantes de los trabajadores.
2.陋 Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, 茅stos tambi茅n deber谩n ser demandados.
3.陋 El despido ser谩 nulo, adem谩s de por los motivos recogidos en el art铆culo 122.2 de esta ley, 煤nicamente cuando el empresario no haya realizado el periodo de consultas o entregado la documentaci贸n prevista en el art铆culo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el art铆culo 51.7 del mismo texto legal, o cuando no se hubiese obtenido la autorizaci贸n judicial del juez del concurso, en los supuestos en que est茅 legalmente prevista.
4.陋 Tambi茅n ser谩 nula la extinci贸n del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectar谩 a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.
b) Cuando el despido colectivo haya sido impugnado a trav茅s del procedimiento regulado en los apartados anteriores de este art铆culo, ser谩n de aplicaci贸n las siguientes reglas:
1.陋 El plazo de caducidad para la impugnaci贸n individual comenzar谩 a computar desde la firmeza de la sentencia dictada en el proceso colectivo, o, en su caso, desde la conciliaci贸n judicial.
2.陋 La sentencia firme o el acuerdo de conciliaci贸n judicial tendr谩n eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales, por lo que el objeto de dichos procesos quedar谩 limitado a aquellas cuestiones de car谩cter individual que no hayan sido objeto de la demanda formulada a trav茅s del proceso regulado en los apartados anteriores.
3.陋 Ser谩 nula la extinci贸n del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectar谩 a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.
Precepto modificado por L 1/2014, de 28 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 2-3-2014
Efecto: se aplica respecto de los procesos por despidos colectivos que se inicien a partir del 4-8-2013
路 Modificados apartados 3, 6, 11 y 13 del art铆culo 124
Redacci贸n hasta el 2-3-2014
1. La decisi贸n empresarial podr谩 impugnarse por los representantes legales de los trabajadores a trav茅s del proceso previsto en los apartados siguientes. Cuando la impugnaci贸n sea formulada por los representantes sindicales, 茅stos deber谩n tener implantaci贸n suficiente en el 谩mbito del despido colectivo.
2. La demanda podr谩 fundarse en los siguientes motivos:
a) Que no concurre la causa legal indicada en la comunicaci贸n escrita.
b) Que no se ha realizado el per铆odo de consultas o entregado la documentaci贸n prevista en el art铆culo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no se ha respetado el procedimiento establecido en el art铆culo 51.7 del mismo texto legal.
c) Que la decisi贸n extintiva se ha adoptado con fraude, dolo, coacci贸n o abuso de derecho.
d) Que la decisi贸n extintiva se ha efectuado vulnerando derechos fundamentales y libertades p煤blicas.
En ning煤n caso podr谩n ser objeto de este proceso las pretensiones relativas a la inaplicaci贸n de las reglas de prioridad de permanencia previstas legal o convencionalmente o establecidas en el acuerdo adoptado en el per铆odo de consultas. Tales pretensiones se plantear谩n a trav茅s del procedimiento individual al que se refiere el apartado 11 del presente art铆culo.
3. Cuando la decisi贸n extintiva no se haya impugnado por los sujetos a los que se refiere el apartado 1 o por la Autoridad Laboral de acuerdo con el art铆culo 148.b) de esta Ley, una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte d铆as para el ejercicio de la acci贸n por los representantes de los trabajadores, el empresario, en el plazo de veinte d铆as desde la finalizaci贸n del plazo anterior, podr谩 interponer demanda con la finalidad de que se declare ajustada a derecho su decisi贸n extintiva. Estar谩n legitimados pasivamente los representantes legales de los trabajadores, y la sentencia que se dicte tendr谩 naturaleza declarativa y producir谩 efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales en los t茅rminos del apartado 5 del art铆culo 160 de esta ley.
La presentaci贸n de la demanda por el empresario suspender谩 el plazo de caducidad de la acci贸n individual del despido.
4. En caso de que el per铆odo de consultas regulado en el art铆culo 51 del Estatuto de los Trabajadores hubiera finalizado con acuerdo, tambi茅n deber谩 demandarse a los firmantes del mismo.
5. Para presentar la demanda no ser谩 necesario agotar ninguna de las formas de evitaci贸n del proceso contempladas en el T铆tulo V del Libro I de la presente Ley.
6. La demanda deber谩 presentarse en el plazo de caducidad de veinte d铆as desde la fecha del acuerdo alcanzado en el per铆odo de consultas o de la notificaci贸n a los representantes de los trabajadores de la decisi贸n empresarial de despido colectivo.
7. Si una vez iniciado el proceso por los representantes de los trabajadores se plantease demanda de oficio de conformidad con lo previsto en el art铆culo 148.b) de esta Ley, se suspender谩 茅sta hasta la resoluci贸n de aqu茅l. En este supuesto, la autoridad laboral estar谩 legitimada para ser parte en el proceso incoado por los representantes de los trabajadores o por el empresario. La sentencia, una vez firme, tendr谩 eficacia de cosa juzgada sobre el proceso de oficio pendiente de resoluci贸n.
8. Este proceso tendr谩 car谩cter urgente. La preferencia en el despacho de estos asuntos ser谩 absoluta sobre cualesquiera otros, salvo los de tutela de los derechos fundamentales y libertades p煤blicas. Contra las resoluciones de tramitaci贸n que se dicten no cabr谩 recurso, salvo el de declaraci贸n inicial de incompetencia.
9. Admitida a tr谩mite la demanda, el secretario judicial dar谩 traslado de la misma al empresario demandado y le requerir谩 para que en el plazo de cinco d铆as presente, preferiblemente en soporte inform谩tico, la documentaci贸n y las actas del per铆odo de consultas y la comunicaci贸n a la autoridad laboral del resultado del mismo.
En ese mismo requerimiento, el secretario judicial ordenar谩 al empresario que, en el plazo de cinco d铆as, notifique a los trabajadores que pudieran resultar afectados por el despido colectivo la existencia del proceso planteado por los representantes de los trabajadores, para que en el plazo de quince d铆as comuniquen al 贸rgano judicial un domicilio a efectos de notificaci贸n de la sentencia.
En caso de negativa injustificada del empresario a remitir estos documentos o a informar a los trabajadores que pudieran resultar afectados, el secretario judicial reiterar谩 por la v铆a urgente su inmediata remisi贸n en el plazo de tres d铆as, con apercibimiento de que de no cumplirse en plazo este segundo requerimiento se impondr谩n las medidas a las que se refiere el apartado 5 del art铆culo 75, y se podr谩n tener por ciertos a los efectos del juicio posterior los hechos que pretende acreditar la parte demandante.
Al admitirse la demanda, el secretario judicial acordar谩 recabar de la Autoridad Laboral copia del expediente administrativo relativo al despido colectivo.
10. En la misma resoluci贸n de admisi贸n a tr谩mite, el secretario judicial se帽alar谩 el d铆a y la hora en que haya de tener lugar la celebraci贸n del acto del juicio, que deber谩 tener lugar en 煤nica convocatoria dentro de los quince d铆as siguientes a la admisi贸n a tr谩mite de la demanda. En la citaci贸n se acordar谩 de oficio el previo traslado entre las partes o la aportaci贸n anticipada, en soporte preferiblemente inform谩tico, con cinco d铆as de antelaci贸n al acto de juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su examen previo al momento de la pr谩ctica de la prueba.
11. La sentencia se dictar谩 dentro de los cinco d铆as siguientes a la celebraci贸n del juicio y ser谩 recurrible en casaci贸n ordinaria.
Se declarar谩 ajustada a derecho la decisi贸n extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido lo previsto en los art铆culos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida.
La sentencia declarar谩 no ajustada a Derecho la decisi贸n extintiva cuando el empresario no haya acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicaci贸n extintiva.
La sentencia declarar谩 nula la decisi贸n extintiva 煤nicamente cuando el empresario no haya realizado el per铆odo de consultas o entregado la documentaci贸n prevista en el art铆culo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el art铆culo 51.7 del mismo texto legal u obtenido la autorizaci贸n judicial del juez del concurso en los supuestos en que est茅 legalmente prevista, as铆 como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneraci贸n de derechos fundamentales y libertades p煤blicas. En este supuesto la sentencia declarar谩 el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporaci贸n a su puesto de trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del art铆culo 123 de esta Ley.
12. Una vez firme la sentencia, se notificar谩 a quienes hubieran sido parte y a los trabajadores que pudieran resultar afectados por el despido colectivo que hubiesen puesto en conocimiento del 贸rgano judicial un domicilio a efectos de notificaciones, a los efectos previstos en la letra b) del apartado 13 de este art铆culo.
La sentencia firme se notificar谩 para su conocimiento a la autoridad laboral, la entidad gestora de la prestaci贸n por desempleo y la Administraci贸n de la Seguridad Social cuando no hubieran sido parte en el proceso.
13. El trabajador individualmente afectado por el despido podr谩 impugnar el mismo a trav茅s del procedimiento previsto en los art铆culos 120 a 123 de esta Ley, con las especialidades que a continuaci贸n se se帽alan.
a) Cuando el despido colectivo no haya sido impugnado a trav茅s del procedimiento regulado en los apartados anteriores, ser谩n de aplicaci贸n al proceso individual de despido las siguientes reglas espec铆ficas:
1.陋) El plazo para la impugnaci贸n individual dar谩 comienzo una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte d铆as para el ejercicio de la acci贸n por los representantes de los trabajadores.
2.陋) Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, 茅stos tambi茅n deber谩n ser demandados.
3.陋) El despido ser谩 nulo, adem谩s de por los motivos recogidos en el art铆culo 122.2 de esta Ley, 煤nicamente cuando el empresario no haya realizado el periodo de consultas o entregado la documentaci贸n prevista en el art铆culo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el art铆culo 51.7 del mismo texto legal, o cuando no se hubiese obtenido la autorizaci贸n judicial del juez del concurso, en los supuestos en que est茅 legalmente prevista.
4.陋) Tambi茅n ser谩 nula la extinci贸n del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectar谩 a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.
b) Cuando el despido colectivo haya sido impugnado a trav茅s del procedimiento regulado en los apartados anteriores de este art铆culo, ser谩n de aplicaci贸n las siguientes reglas:
1.陋) El plazo de caducidad para la impugnaci贸n individual comenzar谩 a computar desde la firmeza de la sentencia dictada en el proceso colectivo, o, en su caso, desde la conciliaci贸n judicial.
2.陋) La sentencia firme o el acuerdo de conciliaci贸n judicial tendr谩n eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales, por lo que el objeto de dichos procesos quedar谩 limitado a aquellas cuestiones de car谩cter individual que no hayan sido objeto de la demanda formulada a trav茅s del proceso regulado en los apartados anteriores.
3.陋) Ser谩 nula la extinci贸n del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectar谩 a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.
Precepto modificado por RD-Ley 11/2013, de 2 de Agosto, con entrada en vigor a partir del 4-8-2013
路 Modificados apartados 3, 6, 11 y 13 del art铆culo 124
Redacci贸n hasta el 4-8-2013
1. La decisi贸n empresarial podr谩 impugnarse por los representantes legales de los trabajadores a trav茅s del proceso previsto en los apartados siguientes. Cuando la impugnaci贸n sea formulada por los representantes sindicales, 茅stos deber谩n tener implantaci贸n suficiente en el 谩mbito del despido colectivo.
2. La demanda podr谩 fundarse en los siguientes motivos:
a) Que no concurre la causa legal indicada en la comunicaci贸n escrita.
b) Que no se ha realizado el per铆odo de consultas o entregado la documentaci贸n prevista en el art铆culo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no se ha respetado el procedimiento establecido en el art铆culo 51.7 del mismo texto legal.
c) Que la decisi贸n extintiva se ha adoptado con fraude, dolo, coacci贸n o abuso de derecho.
d) Que la decisi贸n extintiva se ha efectuado vulnerando derechos fundamentales y libertades p煤blicas.
En ning煤n caso podr谩n ser objeto de este proceso las pretensiones relativas a la inaplicaci贸n de las reglas de prioridad de permanencia previstas legal o convencionalmente o establecidas en el acuerdo adoptado en el per铆odo de consultas. Tales pretensiones se plantear谩n a trav茅s del procedimiento individual al que se refiere el apartado 11 del presente art铆culo.
3. Cuando la decisi贸n extintiva no se haya impugnado por los sujetos a los que se refiere el apartado 1 o por la Autoridad Laboral de acuerdo con el art铆culo 148.b) de esta Ley, una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte d铆as para el ejercicio de la acci贸n por los representantes de los trabajadores, el empresario, en el plazo de veinte d铆as desde la finalizaci贸n del plazo anterior, podr谩 interponer demanda con la finalidad de que se declare ajustada a derecho su decisi贸n extintiva. Estar谩n legitimados pasivamente los representantes legales de los trabajadores, y la sentencia que se dicte tendr谩 naturaleza declarativa y producir谩 efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales en los t茅rminos del apartado 5 del art铆culo 160 de esta Ley.
4. En caso de que el per铆odo de consultas regulado en el art铆culo 51 del Estatuto de los Trabajadores hubiera finalizado con acuerdo, tambi茅n deber谩 demandarse a los firmantes del mismo.
5. Para presentar la demanda no ser谩 necesario agotar ninguna de las formas de evitaci贸n del proceso contempladas en el T铆tulo V del Libro I de la presente Ley.
6. La demanda deber谩 presentarse en el plazo de caducidad de veinte d铆as desde la fecha del acuerdo alcanzado en el per铆odo de consultas o de la notificaci贸n a los representantes de los trabajadores de la decisi贸n empresarial de despido colectivo.
La presentaci贸n de la demanda por los representantes de los trabajadores o por el empresario suspender谩 el plazo de caducidad de la acci贸n individual del despido.
7. Si una vez iniciado el proceso por los representantes de los trabajadores se plantease demanda de oficio de conformidad con lo previsto en el art铆culo 148.b) de esta Ley, se suspender谩 茅sta hasta la resoluci贸n de aqu茅l. En este supuesto, la autoridad laboral estar谩 legitimada para ser parte en el proceso incoado por los representantes de los trabajadores o por el empresario. La sentencia, una vez firme, tendr谩 eficacia de cosa juzgada sobre el proceso de oficio pendiente de resoluci贸n.
8. Este proceso tendr谩 car谩cter urgente. La preferencia en el despacho de estos asuntos ser谩 absoluta sobre cualesquiera otros, salvo los de tutela de los derechos fundamentales y libertades p煤blicas. Contra las resoluciones de tramitaci贸n que se dicten no cabr谩 recurso, salvo el de declaraci贸n inicial de incompetencia.
9. Admitida a tr谩mite la demanda, el secretario judicial dar谩 traslado de la misma al empresario demandado y le requerir谩 para que en el plazo de cinco d铆as presente, preferiblemente en soporte inform谩tico, la documentaci贸n y las actas del per铆odo de consultas y la comunicaci贸n a la autoridad laboral del resultado del mismo.
En ese mismo requerimiento, el secretario judicial ordenar谩 al empresario que, en el plazo de cinco d铆as, notifique a los trabajadores que pudieran resultar afectados por el despido colectivo la existencia del proceso planteado por los representantes de los trabajadores, para que en el plazo de quince d铆as comuniquen al 贸rgano judicial un domicilio a efectos de notificaci贸n de la sentencia.
En caso de negativa injustificada del empresario a remitir estos documentos o a informar a los trabajadores que pudieran resultar afectados, el secretario judicial reiterar谩 por la v铆a urgente su inmediata remisi贸n en el plazo de tres d铆as, con apercibimiento de que de no cumplirse en plazo este segundo requerimiento se impondr谩n las medidas a las que se refiere el apartado 5 del art铆culo 75, y se podr谩n tener por ciertos a los efectos del juicio posterior los hechos que pretende acreditar la parte demandante.
Al admitirse la demanda, el secretario judicial acordar谩 recabar de la Autoridad Laboral copia del expediente administrativo relativo al despido colectivo.
10. En la misma resoluci贸n de admisi贸n a tr谩mite, el secretario judicial se帽alar谩 el d铆a y la hora en que haya de tener lugar la celebraci贸n del acto del juicio, que deber谩 tener lugar en 煤nica convocatoria dentro de los quince d铆as siguientes a la admisi贸n a tr谩mite de la demanda. En la citaci贸n se acordar谩 de oficio el previo traslado entre las partes o la aportaci贸n anticipada, en soporte preferiblemente inform谩tico, con cinco d铆as de antelaci贸n al acto de juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su examen previo al momento de la pr谩ctica de la prueba.
11. La sentencia se dictar谩 dentro de los cinco d铆as siguientes a la celebraci贸n del juicio y ser谩 recurrible en casaci贸n ordinaria.
Se declarar谩 ajustada a derecho la decisi贸n extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido lo previsto en los art铆culos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida.
La sentencia declarar谩 no ajustada a Derecho la decisi贸n extintiva cuando el empresario no haya acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicaci贸n extintiva.
La sentencia declarar谩 nula la decisi贸n extintiva cuando el empresario no haya realizado el per铆odo de consultas o entregado la documentaci贸n prevista en el art铆culo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el art铆culo 51.7 del mismo texto legal u obtenido la autorizaci贸n judicial del juez del concurso en los supuestos en que est茅 legalmente prevista, as铆 como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneraci贸n de derechos fundamentales y libertades p煤blicas. En este supuesto la sentencia declarar谩 el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporaci贸n a su puesto de trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del art铆culo 123 de esta Ley.
12. Una vez firme la sentencia, se notificar谩 a quienes hubieran sido parte y a los trabajadores que pudieran resultar afectados por el despido colectivo que hubiesen puesto en conocimiento del 贸rgano judicial un domicilio a efectos de notificaciones, a los efectos previstos en la letra b) del apartado 13 de este art铆culo.
La sentencia firme se notificar谩 para su conocimiento a la autoridad laboral, la entidad gestora de la prestaci贸n por desempleo y la Administraci贸n de la Seguridad Social cuando no hubieran sido parte en el proceso.
13. Cuando el objeto del proceso sea la impugnaci贸n individual de la extinci贸n del contrato de trabajo ante el Juzgado de lo Social, se estar谩 a lo previsto en los art铆culos 120 a 123 de esta Ley, con las siguientes especialidades:
a) Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, 茅stos tambi茅n deber谩n ser demandados.
Igualmente deber谩n ser demandados los representantes de los trabajadores cuando la medida cuente con la conformidad de aqu茅llos, siempre que no se haya impugnado la decisi贸n extintiva, de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, por los representantes de los trabajadores no firmantes del acuerdo.
b) Si una vez iniciado el proceso individual se plantease demanda por los representantes de los trabajadores contra la decisi贸n empresarial a tenor de lo dispuesto en los apartados anteriores, aquel proceso se suspender谩 hasta la resoluci贸n de la demanda formulada por los representantes de los trabajadores, que una vez firme tendr谩 eficacia de cosa juzgada sobre el proceso individual en los t茅rminos del apartado 5 del art铆culo 160 de esta Ley.
c) El despido ser谩 nulo, adem谩s de por los motivos recogidos en el art铆culo 122.2 de esta Ley, cuando el empresario no haya realizado el per铆odo de consultas o entregado la documentaci贸n prevista en el art铆culo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el art铆culo 51.7 del mismo texto legal, o cuando no se hubiese obtenido la autorizaci贸n judicial del juez del concurso, en los supuestos en que est茅 legalmente prevista.
Tambi茅n ser谩 nula la extinci贸n del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el per铆odo de consultas. Esta nulidad no afectar谩 a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificado art铆culo 124
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
1. La decisi贸n empresarial podr谩 impugnarse por los representantes legales o sindicales de los trabajadores a trav茅s del proceso previsto en los apartados siguientes.
2. La demanda podr谩 fundarse en los siguientes motivos:
a) Que no concurre la causa legal indicada en la comunicaci贸n escrita.
b) Que no se ha respetado lo previsto en los art铆culos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores.
c) Que la decisi贸n extintiva se ha adoptado con fraude, dolo, coacci贸n o abuso de derecho.
En ning煤n caso podr谩n ser objeto de este proceso las pretensiones relativas a la inaplicaci贸n de las reglas de prioridad de permanencia previstas legal o convencionalmente o establecidas en el acuerdo adoptado en el per铆odo de consultas. Tales pretensiones se plantear谩n a trav茅s del procedimiento individual al que se refiere el apartado 11 del presente art铆culo.
3. En caso de que el per铆odo de consultas regulado en el art铆culo 51 del Estatuto de los Trabajadores hubiera finalizado con acuerdo, tambi茅n deber谩 demandarse a los firmantes del mismo.
4. Para presentar la demanda no ser谩 necesario agotar ninguna de las formas de evitaci贸n del proceso contempladas en el T铆tulo V del Libro I de la presente Ley.
5. La demanda deber谩 presentarse en el plazo de caducidad de veinte d铆as desde la notificaci贸n a los representantes de los trabajadores de la decisi贸n de despido colectivo adoptada por el empresario al finalizar el per铆odo de consultas del art铆culo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
6. Este proceso tendr谩 car谩cter urgente. La preferencia en el despacho de estos asuntos ser谩 absoluta sobre cualesquiera otros, salvo los de tutela de los derechos fundamentales y libertades p煤blicas. Contra las resoluciones de tramitaci贸n que se dicten no cabr谩 recurso, salvo el de declaraci贸n inicial de incompetencia.
7. Admitida a tr谩mite la demanda, el secretario judicial dar谩 traslado de la misma al empresario demandado y le requerir谩 para que en el plazo de cinco d铆as presente, preferiblemente en soporte inform谩tico, la documentaci贸n y las actas del per铆odo de consultas y la comunicaci贸n a la autoridad laboral del resultado del mismo.
En ese mismo requerimiento, el secretario judicial ordenar谩 al empresario que, en el plazo de cinco d铆as, notifique a los trabajadores que pudieran resultar afectados por el despido colectivo la existencia del proceso planteado por los representantes de los trabajadores, para que en el plazo de quince d铆as comuniquen al 贸rgano judicial un domicilio a efectos de notificaci贸n de la sentencia.
En caso de negativa injustificada del empresario a remitir estos documentos o a informar a los trabajadores que pudieran resultar afectados, el secretario judicial reiterar谩 por la v铆a urgente su inmediata remisi贸n en el plazo de tres d铆as, con apercibimiento de que de no cumplirse en plazo este segundo requerimiento se impondr谩n las medidas a las que se refiere el apartado 5 del art铆culo 75, y se podr谩n tener por ciertos a los efectos del juicio posterior los hechos que pretende acreditar la parte demandante.
Al admitirse la demanda, el secretario judicial acordar谩 recabar de la Autoridad Laboral copia del expediente administrativo relativo al despido colectivo.
8. Transcurrido el plazo de diez d铆as h谩biles desde la finalizaci贸n del plazo para interponer la demanda, el secretario judicial citar谩 a las partes al acto del juicio, que deber谩 tener lugar en 煤nica convocatoria dentro de los 15 d铆as siguientes. En la citaci贸n se acordar谩 de oficio el previo traslado entre las partes o la aportaci贸n anticipada, en soporte preferiblemente inform谩tico, con cinco d铆as de antelaci贸n al acto de juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su examen previo al momento de la pr谩ctica de la prueba.
9. La sentencia se dictar谩 dentro de los cinco d铆as siguientes a la celebraci贸n del juicio y ser谩 recurrible en casaci贸n ordinaria.
Se declarar谩 ajustada a derecho la decisi贸n extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido lo previsto en los art铆culos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida.
La sentencia declarar谩 nula la decisi贸n extintiva cuando no se haya respetado lo previsto en los art铆culos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, u obtenido la autorizaci贸n judicial del juez del concurso en los supuestos en que est茅 legalmente prevista, as铆 como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneraci贸n de derechos fundamentales y libertades p煤blicas o con fraude, dolo, coacci贸n o abuso de derecho.
La sentencia declarar谩 no ajustada a Derecho, la decisi贸n extintiva cuando el empresario no haya acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicaci贸n extintiva.
10. Una vez firme la sentencia, se notificar谩 a quienes hubieran sido parte y a los trabajadores que pudieran ser afectados por el despido colectivo que hubiesen puesto en conocimiento del 贸rgano judicial un domicilio a efectos de notificaciones, a los efectos previstos en la letra b) del apartado 11 de este art铆culo.
La sentencia firme se notificar谩 para su conocimiento a la autoridad laboral, la entidad gestora de la prestaci贸n por desempleo y la Administraci贸n de la Seguridad Social cuando no hubieran sido parte en el proceso.
11. Cuando el objeto del proceso sea la impugnaci贸n individual de la extinci贸n del contrato de trabajo ante el Juzgado de lo Social, se estar谩 a lo previsto en los art铆culos 120 a 123 de esta Ley, con las siguientes especialidades:
a) Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, 茅stos tambi茅n deber谩n ser demandados. Igualmente deber谩n ser demandados los representantes de los trabajadores cuando la medida cuente con la conformidad de aqu茅llos.
b) Si una vez iniciado el proceso individual se plantease demanda por los representantes de los trabajadores contra la decisi贸n empresarial a tenor de lo dispuesto en los apartados anteriores, aquel proceso se suspender谩 hasta la resoluci贸n de la demanda formulada por los representantes de los trabajadores, que una vez firme tendr谩 eficacia de cosa juzgada sobre el proceso individual en los t茅rminos del apartado 3 del art铆culo 160.
c) El despido ser谩 nulo, adem谩s de por los motivos recogidos en el art铆culo 122.2 de esta Ley, cuando se incumpla lo previsto en los art铆culos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, o cuando no se hubiese obtenido la autorizaci贸n judicial del juez del concurso, en los supuestos en que est茅 legalmente prevista.
Tambi茅n ser谩 nula la extinci贸n del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el per铆odo de consultas. Esta nulidad no afectar谩 a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
Efecto: de aplicaci贸n a despidos colectivos iniciados con posterioridad al 12-2-2012
路 Modificado art铆culo 124
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
Art铆culo 124. Nulidad de la extinci贸n colectiva de contratos
El 贸rgano judicial declarar谩 nula, de oficio o a instancia de parte, la decisi贸n empresarial de extinci贸n colectiva de contratos de trabajo por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n, fuerza mayor o extinci贸n de la personalidad jur铆dica del empresario, si no se hubiese tramitado la previa autorizaci贸n administrativa u obtenido la autorizaci贸n judicial del juez del concurso, en los supuestos en que est茅 legalmente prevista, as铆 como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneraci贸n de derechos fundamentales y libertades p煤blicas. En tales casos la condena a imponer ser谩 la que establece el art铆culo 113.
CAP脥TULO V-Vacaciones, materia electoral, movilidad geogr谩fica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente
SECCI脫N 1.陋-Vacaciones
Art铆culo 125. Fijaci贸n de vacaciones
El procedimiento para la fijaci贸n individual o plural de la fecha de disfrute de las vacaciones se regir谩 por las reglas siguientes:
a) Cuando la fecha est茅 precisada en convenio colectivo, o por acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores, o hubiera sido fijada unilateralmente por aqu茅l, el trabajador dispondr谩 de un plazo de veinte d铆as, a partir de aquel en que tuviera conocimiento de dicha fecha, para presentar la demanda en el Juzgado de lo Social.
b) Cuando no estuviera se帽alada la fecha de disfrute de las vacaciones, la demanda deber谩 presentarse, al menos, con dos meses de antelaci贸n a la fecha de disfrute pretendida por el trabajador.
c) Si una vez iniciado el proceso se produjera la fijaci贸n de las fechas de disfrute de conformidad con lo previsto en el art铆culo 38 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, no se interrumpir谩 la continuaci贸n del procedimiento.
d) Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, 茅stos tambi茅n deber谩n ser demandados.
Art铆culo 126. Urgencia del procedimiento
El procedimiento ser谩 urgente y se le dar谩 tramitaci贸n preferente. El acto de la vista habr谩 de se帽alarse por el secretario judicial dentro de los cinco d铆as siguientes al de la admisi贸n de la demanda. La sentencia, que no tendr谩 recurso, deber谩 ser dictada en el plazo de tres d铆as.
SECCI脫N 2.陋-Materia electoral
SUBSECCI脫N 1.陋-Impugnaci贸n de los laudos
Art铆culo 127. Supuestos, legitimaci贸n y plazo
1. Los laudos arbitrales previstos en el art铆culo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, podr谩n ser impugnados a trav茅s del proceso previsto en los art铆culos siguientes.
2. Se someter谩n a dicho arbitraje todas las impugnaciones relativas al proceso electoral desde la promoci贸n de las elecciones, incluida la validez de la comunicaci贸n a la oficina p煤blica del prop贸sito de celebrar las mismas, as铆 como todas las actuaciones electorales previas y posteriores a la constituci贸n de la Mesa Electoral y las decisiones de 茅sta, y la atribuci贸n de los resultados, hasta la entrada de las actas en la oficina p煤blica dependiente de la autoridad administrativa o laboral.
3. La impugnaci贸n podr谩 plantearse por quienes tengan inter茅s leg铆timo, incluida la empresa cuando en ella concurra dicho inter茅s, en el plazo de tres d铆as, contados desde que tuvieron conocimiento del mismo.
Art铆culo 128. Fundamento de la demanda
La demanda s贸lo podr谩 fundarse en:
a) Indebida apreciaci贸n o no apreciaci贸n de cualquiera de las causas contempladas en el apartado 2 del art铆culo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, siempre que la misma haya sido alegada por el promotor en el curso del arbitraje.
b) Haber resuelto el laudo aspectos no sometidos al arbitraje o que, de haberlo sido, no puedan ser objeto del mismo. En estos casos la anulaci贸n afectar谩 s贸lo a los aspectos no sometidos a decisi贸n o no susceptibles de arbitraje, siempre que los mismos tengan sustantividad propia y no aparezcan indisolublemente unidos a la cuesti贸n principal.
c) Promover el arbitraje fuera de los plazos estipulados en el art铆culo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
d) No haber concedido el 谩rbitro a las partes la oportunidad de ser o铆das o de presentar pruebas.
Art铆culo 129. Legitimaci贸n pasiva
1. La demanda deber谩 dirigirse contra las personas y sindicatos que fueron partes en el procedimiento arbitral, as铆 como frente a cualesquiera otros afectados por el laudo objeto de impugnaci贸n.
2. En ning煤n caso tendr谩n la consideraci贸n de demandados los comit茅s de empresa, los delegados de personal, o la mesa electoral.
Art铆culo 130. Litisconsorcio pasivo necesario
Si examinada la demanda el secretario judicial estima que puede no haber sido dirigida contra todos los afectados, citar谩 a las partes para que comparezcan ante el 贸rgano judicial, dentro del d铆a siguiente, a una audiencia preliminar en la que 茅ste, oyendo a las partes sobre la posible situaci贸n de litisconsorcio pasivo necesario, resolver谩 sobre la misma en el acto.
Art铆culo 131. Legitimaci贸n de sindicatos y empresario
En estos procesos podr谩n comparecer como parte, cuando tengan inter茅s leg铆timo, los sindicatos, el empresario y los componentes de candidaturas no presentadas por sindicatos.
Art铆culo 132. Especialidades del proceso
1. Este proceso se tramitar谩 con urgencia y tendr谩 las siguientes especialidades:
a) Al admitir la demanda, se acordar谩 recabar de la oficina p煤blica texto del laudo arbitral, as铆 como copia del expediente administrativo relativo al proceso electoral. La documentaci贸n referida deber谩 ser enviada por el requerido dentro del d铆a siguiente.
b) El acto del juicio habr谩 de celebrarse dentro de los cinco d铆as siguientes a la admisi贸n de la demanda. La sentencia, contra la que no cabe recurso, habr谩 de dictarse en el plazo de tres d铆as, debiendo ser comunicada a las partes y a la oficina p煤blica.
c) La sustanciaci贸n de este proceso no suspender谩 el desarrollo del procedimiento electoral, salvo que se acuerde motivadamente por el juez, a petici贸n de parte, caso de concurrir causa justificativa y en la forma establecida en el art铆culo 180.
2. Cuando el demandante hubiera sido la empresa y el juez apreciase que la demanda ten铆a por objeto obstaculizar o retrasar el proceso electoral, la sentencia que resuelva la pretensi贸n impugnatoria impondr谩 la sanci贸n prevista en el apartado 4 del art铆culo 75 y en el apartado 3 del art铆culo 97.
SUBSECCI脫N 2.陋-Impugnaci贸n de la resoluci贸n administrativa que deniegue el registro y de la certificaci贸n de la representatividad sindical
Art铆culo 133. Denegaci贸n del registro de actas. Competencia territorial y legitimaci贸n
1. Ante el Juzgado de lo Social en cuya circunscripci贸n se encuentre la oficina p煤blica se podr谩 impugnar la denegaci贸n por 茅sta del registro de las actas relativas a elecciones de delegados de personal y miembros de comit茅s de empresa. Podr谩n ser demandantes quienes hubiesen obtenido alg煤n representante en el acta de elecciones.
2. La Administraci贸n a la que est茅 adscrita la oficina p煤blica ser谩 siempre parte, dirigi茅ndose la demanda tambi茅n contra quienes hayan presentado candidatos a las elecciones objeto de la resoluci贸n administrativa.
Art铆culo 134. Plazo
El plazo de ejercicio de la acci贸n de impugnaci贸n ser谩 de diez d铆as, contados a partir de aquel en que se reciba la notificaci贸n.
Art铆culo 135. Especialidades del proceso
1. Este proceso se tramitar谩 con urgencia. En la resoluci贸n por la que se admita la demanda se requerir谩 a la oficina p煤blica competente el env铆o del expediente administrativo, que habr谩 de ser remitido en el plazo de dos d铆as.
2. El acto del juicio habr谩 de celebrarse dentro de los cinco d铆as siguientes a la recepci贸n del expediente.
3. La sentencia, contra la que no cabe recurso, habr谩 de dictarse en el plazo de tres d铆as, debiendo ser comunicada a las partes y a la oficina p煤blica. De estimar la demanda, la sentencia ordenar谩 de inmediato el registro del acta electoral.
Art铆culo 136. Certificaci贸n de capacidad representativa sindical
1. Las resoluciones de la oficina p煤blica dependiente de la autoridad administrativa o laboral relativas a la expedici贸n de certificaciones de la capacidad representativa de los sindicatos o de los resultados electorales podr谩n ser impugnadas por el sindicato o sindicatos interesados, ante el Juzgado de lo Social en cuya circunscripci贸n se encuentre la oficina p煤blica correspondiente, dentro del plazo de diez d铆as siguientes a la expedici贸n o denegaci贸n de la certificaci贸n, dirigi茅ndose en su caso la demanda contra los dem谩s sindicatos a los que afecte la declaraci贸n pretendida.
2. La resoluci贸n que admita a tr谩mite la demanda se帽alar谩 el juicio con car谩cter urgente dentro del plazo de los diez d铆as siguientes y dispondr谩 la reclamaci贸n del expediente administrativo de la oficina p煤blica para su remisi贸n al juzgado dentro de los dos d铆as siguientes.
3. La sentencia habr谩 de dictarse en el plazo de tres d铆as y resolver谩 sobre los t茅rminos de la certificaci贸n emitida en funci贸n de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. Contra dicha resoluci贸n, que se notificar谩 a la oficina p煤blica y a las partes, cabr谩 recurso de suplicaci贸n.
SECCI脫N 3.陋-Clasificaci贸n profesional
Art铆culo 137. Reclamaci贸n de categor铆a o grupo profesional
1. La demanda que inicie este proceso ser谩 acompa帽ada de informe emitido por el comit茅 de empresa o, en su caso, por los delegados de personal sobre las funciones superiores alegadas y la correspondencia de las mismas dentro del sistema de clasificaci贸n aplicable. En el caso de que estos 贸rganos no hubieran emitido el informe en el plazo de quince d铆as, al demandante le bastar谩 acreditar que lo ha solicitado.
2. En la resoluci贸n por la que se admita la demanda, se recabar谩 informe de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social, remiti茅ndole copia de la demanda y documentos que la acompa帽en. El informe versar谩 sobre los hechos invocados, en relaci贸n con el sistema de clasificaci贸n aplicable, y dem谩s circunstancias concurrentes relativas a la actividad del actor, y deber谩 emitirse en el plazo de quince d铆as.
3. A la acci贸n de reclamaci贸n de la categor铆a o grupo profesional ser谩 acumulable la reclamaci贸n de las diferencias salariales correspondientes. Contra la sentencia que recaiga no se dar谩 recurso alguno, salvo que las diferencias salariales reclamadas alcancen la cuant铆a requerida para el recurso de suplicaci贸n.
SECCI脫N 4.陋-Movilidad geogr谩fica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, suspensi贸n del contrato y reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n o derivadas de fuerza mayor
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificada r煤brica Secci贸n 4.陋 del Cap铆tulo V del T铆tulo II del Libro Segundo
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
SECCI脫N 4.陋-Movilidad geogr谩fica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, suspensi贸n del contrato y reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n o derivadas de fuerza mayor
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Modificada r煤brica Secci贸n 4.陋 del Cap铆tulo V del T铆tulo II del Libro Segundo
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
SECCI脫N 4.陋-Movilidad geogr谩fica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo
Art铆culo 138. Tramitaci贸n
1. El proceso se iniciar谩 por demanda de los trabajadores afectados por la decisi贸n empresarial, aunque no se haya seguido el procedimiento de los art铆culos 40, 41 y 47 del Estatuto de los Trabajadores. La demanda deber谩 presentarse en el plazo de caducidad de los veinte d铆as h谩biles siguientes a la notificaci贸n por escrito de la decisi贸n a los trabajadores o a sus representantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del art铆culo 59 del Estatuto de los Trabajadores, plazo que no comenzar谩 a computarse hasta que tenga lugar dicha notificaci贸n, sin perjuicio de la prescripci贸n en todo caso de las acciones derivadas por el transcurso del plazo previsto en el apartado 2 del art铆culo 59 del Estatuto de los Trabajadores.
2. Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, 茅stos tambi茅n deber谩n ser demandados. Igualmente deber谩n ser demandados los representantes de los trabajadores cuando, trat谩ndose de traslados, modificaciones, suspensiones o reducciones de car谩cter colectivo, la medida cuente con la conformidad de aqu茅llos.
3. El 贸rgano jurisdiccional podr谩 recabar informe urgente de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social, remiti茅ndole copia de la demanda y documentos que la acompa帽en. El informe versar谩 sobre los hechos invocados como justificativos de la decisi贸n empresarial en relaci贸n con la modificaci贸n acordada y dem谩s circunstancias concurrentes.
4. Si una vez iniciado el proceso se plantease demanda de conflicto colectivo contra la decisi贸n empresarial, aquel proceso se suspender谩 hasta la resoluci贸n de la demanda de conflicto colectivo, que una vez firme tendr谩 eficacia de cosa juzgada sobre el proceso individual en los t茅rminos del apartado 3 del art铆culo 160.
No obstante, el acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores que pudiera recaer una vez iniciado el proceso no interrumpir谩 la continuaci贸n del procedimiento.
5. El procedimiento ser谩 urgente y se le dar谩 tramitaci贸n preferente. El acto de la vista habr谩 de se帽alarse dentro de los cinco d铆as siguientes al de la admisi贸n de la demanda, de no haberse recabado el informe previsto en el apartado 3 de este art铆culo.
6. La sentencia deber谩 ser dictada en el plazo de cinco d铆as y ser谩 inmediatamente ejecutiva. Contra la misma no proceder谩 ulterior recurso, salvo en los supuestos de movilidad geogr谩fica previstos en el apartado 2 del art铆culo 40 del Estatuto de los Trabajadores, en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo cuando tengan car谩cter colectivo de conformidad con el apartado 4 del art铆culo 41 del referido Estatuto, y en las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el art铆culo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un n煤mero de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del art铆culo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
7. La sentencia declarar谩 justificada o injustificada la decisi贸n empresarial, seg煤n hayan quedado acreditadas o no, respecto de los trabajadores afectados, las razones invocadas por la empresa.
La sentencia que declare justificada la decisi贸n empresarial reconocer谩 el derecho del trabajador a extinguir el contrato de trabajo en los supuestos previstos en el apartado 1 del art铆culo 40 y en el apartado 3 del art铆culo 41 del Estatuto de los Trabajadores, concedi茅ndole al efecto el plazo de quince d铆as.
La sentencia que declare injustificada la medida reconocer谩 el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo, as铆 como al abono de los da帽os y perjuicios que la decisi贸n empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos.
Se declarar谩 nula la decisi贸n adoptada en fraude de Ley, eludiendo las normas relativas al periodo de consultas establecido en los art铆culos 40.2, 41.4 y 47 del Estatuto de los Trabajadores, as铆 como cuando tenga como m贸vil alguna de las causas de discriminaci贸n previstas en la Constituci贸n y en la Ley, o se produzca con violaci贸n de derechos fundamentales y libertades p煤blicas del trabajador, incluidos, en su caso, los dem谩s supuestos que comportan la declaraci贸n de nulidad del despido en el apartado 2 del art铆culo 108.
8. Cuando el empresario no procediere a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo o lo hiciere de modo irregular, el trabajador podr谩 solicitar la ejecuci贸n del fallo ante el Juzgado de lo Social y la extinci贸n del contrato por causa de lo previsto en la letra c) del apartado 1 del art铆culo 50 del Estatuto de los Trabajadores, conforme a lo establecido en los art铆culos 279, 280 y 281.
9. Si la sentencia declarara la nulidad de la medida empresarial, su ejecuci贸n se efectuar谩 en sus propios t茅rminos, salvo que el trabajador inste la ejecuci贸n prevista en el apartado anterior. En todo caso ser谩n de aplicaci贸n los plazos establecidos en el mismo.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificado art铆culo 138
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
1. El proceso se iniciar谩 por demanda de los trabajadores afectados por la decisi贸n empresarial, aunque no se haya seguido el procedimiento de los art铆culos 40, 41 y 47 del Estatuto de los Trabajadores. La demanda deber谩 presentarse en el plazo de caducidad de los veinte d铆as h谩biles siguientes a la notificaci贸n por escrito de la decisi贸n a los trabajadores o a sus representantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del art铆culo 59 del Estatuto de los Trabajadores, plazo que no comenzar谩 a computarse hasta que tenga lugar dicha notificaci贸n, sin perjuicio de la prescripci贸n en todo caso de las acciones derivadas por el transcurso del plazo previsto en el apartado 2 del art铆culo 59 del Estatuto de los Trabajadores.
2. Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, 茅stos tambi茅n deber谩n ser demandados. Igualmente deber谩n ser demandados los representantes de los trabajadores cuando, trat谩ndose de traslados, modificaciones, suspensiones o reducciones de car谩cter colectivo, la medida cuente con la conformidad de aqu茅llos.
3. El 贸rgano jurisdiccional podr谩 recabar informe urgente de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social, remiti茅ndole copia de la demanda y documentos que la acompa帽en. El informe versar谩 sobre los hechos invocados como justificativos de la decisi贸n empresarial en relaci贸n con la modificaci贸n acordada y dem谩s circunstancias concurrentes.
4. Si una vez iniciado el proceso se plantease demanda de conflicto colectivo contra la decisi贸n empresarial, aquel proceso se suspender谩 hasta la resoluci贸n de la demanda de conflicto colectivo, que una vez firme tendr谩 eficacia de cosa juzgada sobre el proceso individual en los t茅rminos del apartado 3 del art铆culo 160.
No obstante, el acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores que pudiera recaer una vez iniciado el proceso no interrumpir谩 la continuaci贸n del procedimiento.
5. El procedimiento ser谩 urgente y se le dar谩 tramitaci贸n preferente. El acto de la vista habr谩 de se帽alarse dentro de los cinco d铆as siguientes al de la admisi贸n de la demanda, de no haberse recabado el informe previsto en el apartado 3 de este art铆culo.
6. La sentencia deber谩 ser dictada en el plazo de cinco d铆as y ser谩 inmediatamente ejecutiva. Contra la misma no proceder谩 ulterior recurso, salvo en los supuestos de movilidad geogr谩fica previstos en el apartado 2 del art铆culo 40 del Estatuto de los Trabajadores, en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo cuando tengan car谩cter colectivo de conformidad con el apartado 4 del art铆culo 41 del referido Estatuto, y en las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el art铆culo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un n煤mero de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del art铆culo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
7. La sentencia declarar谩 justificada o injustificada la decisi贸n empresarial, seg煤n hayan quedado acreditadas o no, respecto de los trabajadores afectados, las razones invocadas por la empresa.
La sentencia que declare justificada la decisi贸n empresarial reconocer谩 el derecho del trabajador a extinguir el contrato de trabajo en los supuestos previstos en el apartado 1 del art铆culo 40 y en el apartado 3 del art铆culo 41 del Estatuto de los Trabajadores, concedi茅ndole al efecto el plazo de quince d铆as.
La sentencia que declare injustificada la medida reconocer谩 el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo, as铆 como al abono de los da帽os y perjuicios que la decisi贸n empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos.
Se declarar谩 nula la decisi贸n adoptada en fraude de Ley, eludiendo las normas relativas al periodo de consultas establecido en los art铆culos 40.2, 41.4 y 47 del Estatuto de los Trabajadores, as铆 como cuando tenga como m贸vil alguna de las causas de discriminaci贸n previstas en la Constituci贸n y en la Ley, o se produzca con violaci贸n de derechos fundamentales y libertades p煤blicas del trabajador, incluidos, en su caso, los dem谩s supuestos que comportan la declaraci贸n de nulidad del despido en el apartado 2 del art铆culo 108.
8. Cuando el empresario no procediere a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo o lo hiciere de modo irregular, el trabajador podr谩 solicitar la ejecuci贸n del fallo ante el Juzgado de lo Social y la extinci贸n del contrato por causa de lo previsto en la letra c) del apartado 1 del art铆culo 50 del Estatuto de los Trabajadores, conforme a lo establecido en los art铆culos 279, 280 y 281.
9. Si la sentencia declarara la nulidad de la medida empresarial, su ejecuci贸n se efectuar谩 en sus propios t茅rminos, salvo que el trabajador inste la ejecuci贸n prevista en el apartado anterior. En todo caso ser谩n de aplicaci贸n los plazos establecidos en el mismo.
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Modificado art铆culo 138
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
1. El proceso se iniciar谩 por demanda de los trabajadores afectados por la decisi贸n empresarial, aunque no se haya seguido el procedimiento de los art铆culos 40 y 41 del Estatuto de los Trabajadores. La demanda deber谩 presentarse en el plazo de caducidad de los veinte d铆as h谩biles siguientes a la notificaci贸n por escrito de la decisi贸n a los trabajadores o a sus representantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del art铆culo 59 del Estatuto de los Trabajadores, plazo que no comenzar谩 a computarse hasta que tenga lugar dicha notificaci贸n, sin perjuicio de la prescripci贸n en todo caso de las acciones derivadas por el transcurso del plazo previsto en el apartado 2 del art铆culo 59 del Estatuto de los Trabajadores.
2. Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, 茅stos tambi茅n deber谩n ser demandados. Igualmente deber谩n ser demandados los representantes de los trabajadores cuando, trat谩ndose de traslados o modificaciones de car谩cter colectivo, la medida cuente con la conformidad de aqu茅llos.
3. El 贸rgano jurisdiccional podr谩 recabar informe urgente de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social, remiti茅ndole copia de la demanda y documentos que la acompa帽en. El informe versar谩 sobre los hechos invocados como justificativos de la decisi贸n empresarial en relaci贸n con la modificaci贸n acordada y dem谩s circunstancias concurrentes.
4. Si una vez iniciado el proceso se plantease demanda de conflicto colectivo contra la decisi贸n empresarial, aquel proceso se suspender谩 hasta la resoluci贸n de la demanda de conflicto colectivo, que una vez firme tendr谩 eficacia de cosa juzgada sobre el proceso individual en los t茅rminos del apartado 3 del art铆culo 160.
No obstante, el acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores que pudiera recaer una vez iniciado el proceso no interrumpir谩 la continuaci贸n del procedimiento.
5. El procedimiento ser谩 urgente y se le dar谩 tramitaci贸n preferente. El acto de la vista habr谩 de se帽alarse dentro de los cinco d铆as siguientes al de la admisi贸n de la demanda, de no haberse recabado el informe previsto en el apartado 3 de este art铆culo.
6. La sentencia deber谩 ser dictada en el plazo de cinco d铆as y ser谩 inmediatamente ejecutiva. Contra la misma no proceder谩 ulterior recurso, salvo en los supuestos de movilidad geogr谩fica previstos en el apartado 2 del art铆culo 40 del Estatuto de los Trabajadores y en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo cuando tengan car谩cter colectivo de conformidad con el apartado 2 del art铆culo 41 del referido Estatuto.
7. La sentencia declarar谩 justificada o injustificada la decisi贸n empresarial, seg煤n hayan quedado acreditadas o no, respecto de los trabajadores afectados, las razones invocadas por la empresa.
La sentencia que declare justificada la decisi贸n empresarial reconocer谩 el derecho del trabajador a extinguir el contrato de trabajo en los supuestos previstos en el apartado 1 del art铆culo 40 y en el apartado 3 del art铆culo 41 del Estatuto de los Trabajadores, concedi茅ndole al efecto el plazo de quince d铆as.
La sentencia que declare injustificada la medida reconocer谩 el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo, as铆 como al abono de los da帽os y perjuicios que la decisi贸n empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos.
Se declarar谩 nula la decisi贸n adoptada en fraude de ley, eludiendo las normas establecidas para las de car谩cter colectivo en los art铆culos 40 y 41 del Estatuto de los Trabajadores, as铆 como cuando tenga como m贸vil alguna de las causas de discriminaci贸n prevista en la Constituci贸n y en la Ley, o se produzca con violaci贸n de derechos fundamentales y libertades p煤blicas del trabajador, incluidos, en su caso, los dem谩s supuestos que comportan la declaraci贸n de nulidad del despido en el apartado 2 del art铆culo 108.
8. Cuando el empresario no procediere a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo o lo hiciere de modo irregular, el trabajador podr谩 solicitar la ejecuci贸n del fallo ante el Juzgado de lo Social y la extinci贸n del contrato por causa de lo previsto en la letra c) del apartado 1 del art铆culo 50 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, conforme a lo establecido en los art铆culos 279, 280 y 281.
9. Si la sentencia declarara la nulidad de la medida empresarial, su ejecuci贸n se efectuar谩 en sus propios t茅rminos, salvo que el trabajador inste la ejecuci贸n prevista en el apartado anterior. En todo caso ser谩n de aplicaci贸n los plazos establecidos en el mismo.
SECCI脫N 5.陋-Derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente
Art铆culo 139. Tramitaci贸n
1. El procedimiento para el ejercicio de los derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral, reconocidos legal o convencionalmente, se regir谩 por las siguientes reglas:
a) El trabajador dispondr谩 de un plazo de veinte d铆as, a partir de que el empresario le comunique su negativa o su disconformidad con la propuesta realizada por el trabajador, para presentar demanda ante el Juzgado de lo Social.
En la demanda del derecho a la medida de conciliaci贸n podr谩 acumularse la acci贸n de da帽os y perjuicios causados al trabajador, exclusivamente por los derivados de la negativa del derecho o de la demora en la efectividad de la medida, de los que el empresario podr谩 exonerarse si hubiere dado cumplimiento, al menos provisional, a la medida propuesta por el trabajador.
El empresario y el trabajador deber谩n llevar sus respectivas propuestas y alternativas de concreci贸n a los actos de conciliaci贸n previa al juicio y al propio acto de juicio, que podr谩n acompa帽ar, en su caso, de informe de los 贸rganos paritarios o de seguimiento de los planes de igualdad de la empresa para su consideraci贸n en la sentencia.
b) El procedimiento ser谩 urgente y se le dar谩 tramitaci贸n preferente. El acto de la vista habr谩 de se帽alarse dentro de los cinco d铆as siguientes al de la admisi贸n de la demanda. La sentencia se dictar谩 en el plazo de tres d铆as. Contra la misma no proceder谩 recurso, salvo cuando se haya acumulado pretensi贸n de resarcimiento de perjuicios que por su cuant铆a pudiera dar lugar a recurso de suplicaci贸n, en cuyo caso el pronunciamiento sobre las medidas de conciliaci贸n ser谩 ejecutivo desde que se dicte la sentencia.
2. El procedimiento anterior ser谩 aplicable igualmente al ejercicio de los derechos de la trabajadora v铆ctima de violencia de g茅nero establecidos en la ley, a la reducci贸n de la jornada de trabajo con disminuci贸n proporcional del salario y a la reordenaci贸n del tiempo de trabajo, a trav茅s de la adaptaci贸n del horario, de la aplicaci贸n del horario flexible o de otras formas de ordenaci贸n del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. Podr谩 acumularse a la referida demanda la acci贸n de da帽os y perjuicios directamente causados a la trabajadora por la negativa o demora del derecho. Podr谩 instarse, en su caso, la adopci贸n de las medidas cautelares reguladas en el apartado 4 del art铆culo 180.
CAP脥TULO VI-De las prestaciones de la Seguridad Social
Art铆culo 140. Tramitaci贸n. Impugnaci贸n de altas m茅dicas
1. En las demandas formuladas en materia de prestaciones de Seguridad Social contra organismos gestores y entidades colaboradoras en la gesti贸n se acreditar谩 haber agotado la v铆a administrativa correspondiente, incluidas aquellas en las que se haya acumulado la alegaci贸n de la lesi贸n de un derecho fundamental o libertad p煤blica y salvo que se opte por ejercitar exclusivamente esta 煤ltima mediante la modalidad procesal de tutela. No ser谩 exigible el previo agotamiento de la v铆a administrativa, en los procesos de impugnaci贸n de altas m茅dicas emitidas por los 贸rganos competentes de las Entidades gestoras de la Seguridad Social al agotarse el plazo de duraci贸n de trescientos sesenta y cinco d铆as de la prestaci贸n de incapacidad temporal.
2. En caso de omitirse, el secretario judicial dispondr谩 que se subsane el defecto en el plazo de cuatro d铆as. Realizada la subsanaci贸n, se admitir谩 la demanda. En otro caso, dar谩 cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisi贸n de la demanda.
3. El proceso de impugnaci贸n de alta m茅dica tendr谩 las siguientes especialidades:
a) La demanda se dirigir谩 exclusivamente contra la Entidad gestora y, en su caso, contra la colaboradora en la gesti贸n. No existir谩 necesidad de demandar al servicio p煤blico de salud, salvo cuando se impugne el alta emitida por los servicios m茅dicos del mismo, ni a la empresa salvo cuando se cuestione la contingencia.
b) Ser谩 urgente y se le dar谩 tramitaci贸n preferente.
c) El acto de la vista habr谩 de se帽alarse dentro de los cinco d铆as siguientes a la admisi贸n de la demanda, y la sentencia, que no tendr谩 recurso, se dictar谩 en el plazo de tres d铆as y sus efectos se limitar谩n al alta m茅dica impugnada, sin condicionar otros procesos diversos, sea en lo relativo a la contingencia, a la base reguladora, a las prestaciones derivadas o a cualquier otro extremo.
d) No podr谩n acumularse otras acciones, ni siquiera la reclamaci贸n de diferencias de prestaci贸n econ贸mica por incapacidad temporal, si bien la sentencia que estime indebida el alta dispondr谩 la reposici贸n del beneficiario en la prestaci贸n que hubiera venido percibiendo, en tanto no concurra causa de extinci贸n de la misma, por el transcurso del tiempo por el que hubiere sido reconocida o por otra causa legal de extinci贸n.
Art铆culo 141. Legitimaci贸n de las Entidades gestoras y Tesorer铆a General de la Seguridad Social
1. Las entidades u organismos gestores y la Tesorer铆a General de la Seguridad Social, podr谩n personarse y ser tenidas por parte, con plenitud de posibilidades de alegaci贸n y defensa, incluida la de interponer el recurso o remedio procesal que pudiera proceder, en los pleitos en materia de prestaciones de Seguridad Social y, en general, en los procedimientos en los que tengan inter茅s por raz贸n del ejercicio de sus competencias, sin que tal intervenci贸n haga retroceder ni detener el curso de las actuaciones.
A tal efecto el secretario judicial deber谩 efectuar las actuaciones precisas para constatar la posible existencia de las situaciones anteriores y acordar, en su caso, que les sean notificadas las resoluciones de admisi贸n a tr谩mite, se帽alamiento de la vista o incidente y dem谩s resoluciones, incluida la que ponga fin al tr谩mite correspondiente.
2. El 贸rgano jurisdiccional podr谩 solicitar de dichas entidades y organismos los antecedentes de que dispongan en relaci贸n con los hechos objeto del procedimiento y los mismos podr谩n igualmente aportar dichos antecedentes, est茅n o no personados en las actuaciones, en cuanto pudieran afectar a las prestaciones que gestionen, a los fines de completar los elementos de conocimiento del 贸rgano jurisdiccional en la resoluci贸n del asunto.
Art铆culo 142. Documentaci贸n en procesos por accidente de trabajo o enfermedad profesional
1. Si en las demandas por accidente de trabajo o enfermedad profesional no se consignara el nombre de la Entidad gestora o, en su caso, de la Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, el secretario judicial, antes del se帽alamiento del juicio, requerir谩 al empresario demandado para que en plazo de cuatro d铆as presente el documento acreditativo de la cobertura de riesgo. Si transcurrido este plazo no lo presentara, vistas las circunstancias que concurran y oyendo a la Tesorer铆a General de la Seguridad Social, el juez acordar谩 el embargo de bienes del empresario en cantidad suficiente para asegurar el resultado del juicio y cuantas medidas cautelares se consideren necesarias.
Iguales medidas se adoptar谩n, en el procedimiento correspondiente, en relaci贸n con el aseguramiento del riesgo y el documento de cobertura de las mejoras voluntarias o complementarias de seguridad social y de otras posibles responsabilidades del empresario o de terceros por accidente de trabajo y enfermedad profesional, a cuyo efecto el empresario o el tercero deber谩n aportar en el plazo antes indicado y previo requerimiento al efecto, el documento de aseguramiento y los datos de la entidad aseguradora que cubra el mismo, con apercibimiento de adoptarse la medida de embargo preventivo prevista anteriormente u otras medidas cautelares id贸neas.
2. En los procesos para la determinaci贸n de contingencia o de la falta de medidas de seguridad en accidentes de trabajo y enfermedad profesional, y en los dem谩s supuestos en que lo estime necesario, la resoluci贸n en la que se admita la demanda a tr谩mite deber谩 interesar de la Inspecci贸n Provincial de Trabajo y Seguridad Social, si no figurase ya en el expediente o en los autos, informe relativo a las circunstancias en que sobrevino el accidente o enfermedad, trabajo que realizaba el accidentado o enfermo, salario que percib铆a y base de cotizaci贸n, que ser谩 expedido necesariamente en el plazo m谩ximo de diez d铆as. Con antelaci贸n de al menos cinco d铆as a la celebraci贸n del juicio, el secretario judicial deber谩 reiterar la remisi贸n de dicho informe si 茅ste no hubiere tenido todav铆a entrada en los autos.
Art铆culo 143. Remisi贸n del expediente administrativo
1. Al admitirse a tr谩mite la demanda se reclamar谩 a la Entidad gestora o al organismo gestor o colaborador la remisi贸n del expediente o de las actuaciones administrativas practicadas en relaci贸n con el objeto de la misma, en original o copia, en soporte escrito o preferentemente inform谩tico, y, en su caso, informe de los antecedentes que posea en relaci贸n con el contenido de la demanda, en plazo de diez d铆as. El expediente se enviar谩 completo, foliado y, en su caso, autentificado y acompa帽ado de un 铆ndice de los documentos que contenga. Si se remitiera el expediente original, el secretario judicial lo devolver谩 a la entidad de procedencia, firme que sea la sentencia, dejando en los autos nota de ello.
2. Al solicitarse la referida remisi贸n de expediente o actuaciones se requerir谩 igualmente al correspondiente organismo y 茅ste, en su caso, deber谩 poner de oficio en conocimiento del juzgado o tribunal, informe de si tiene conocimiento de la existencia de otras demandas en las que se deduzcan pretensiones en relaci贸n con el mismo acto o actuaci贸n, a los efectos de posibilitar, en su caso, la acumulaci贸n de oficio o a instancia de parte.
3. A la vista del expediente, el Tribunal dispondr谩 el emplazamiento de las personas que pudieran ostentar un inter茅s leg铆timo en el proceso o resultar afectadas por el mismo, para que puedan comparecer en el acto de juicio y ser tenidas por parte en el proceso y formular sus pretensiones, procurando que tal emplazamiento se entienda con los interesados con al menos cinco d铆as h谩biles de antelaci贸n al se帽alamiento a juicio y sin necesidad de que, en este caso, se cumplan los plazos generales previstos para la citaci贸n de las partes demandadas en el art铆culo 82.
4. En el proceso no podr谩n aducirse por ninguna de las partes hechos distintos de los alegados en el expediente administrativo, salvo en cuanto a los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad.
Art铆culo 144. Efectos de la falta de remisi贸n del expediente administrativo
1. Cumplido el plazo de remisi贸n del expediente sin que se hubiera recibido el mismo, el secretario judicial reiterar谩 por la v铆a urgente su inmediata remisi贸n. El juicio se celebrar谩 en el d铆a se帽alado, aunque la entidad correspondiente no hubiera remitido el expediente o su copia, salvo que justificara suficientemente la omisi贸n.
2. Si al demandante le conviniera la aportaci贸n del expediente a sus propios fines, podr谩 solicitar la suspensi贸n del juicio, para que se reitere la orden de remisi贸n del expediente en un nuevo plazo de diez d铆as con apercibimiento de imposici贸n de las medidas a las que se refiere el apartado 5 del art铆culo 75.
Dicho plazo ser谩 de cinco d铆as en los procesos de impugnaci贸n de altas m茅dicas a los que se refiere el apartado 3 del art铆culo 140.
3. Si llegada la fecha del nuevo se帽alamiento no se hubiera remitido el expediente, podr谩n tenerse por probados aquellos hechos alegados por el demandante cuya prueba fuera imposible o de dif铆cil demostraci贸n por medios distintos de aqu茅l.
Art铆culo 145. Responsabilidad disciplinaria por la falta de remisi贸n del expediente administrativo
La falta de remisi贸n del expediente y cualquier otro incumplimiento de las obligaciones de colaboraci贸n con el proceso se notificar谩 por el secretario judicial al director de la entidad gestora u organismo gestor, a los efectos de la posible exigencia de responsabilidades disciplinarias, sin perjuicio de dem谩s medidas que puedan ser procedentes.
Art铆culo 146. Revisi贸n de actos declarativos de derechos
1. Las Entidades, 贸rganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garant铆a Salarial no podr谩n revisar por s铆 mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisi贸n ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigir谩 contra el beneficiario del derecho reconocido.
2. Se except煤an de lo dispuesto en el apartado anterior:
a) La rectificaci贸n de errores materiales o de hecho y los aritm茅ticos, as铆 como las revisiones motivadas por la constataci贸n de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, as铆 como la reclamaci贸n de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.
b) Las revisiones de los actos en materia de protecci贸n por desempleo, y por cese de actividad de los trabajadores aut贸nomos, siempre que se efect煤en dentro del plazo m谩ximo de un a帽o desde la resoluci贸n administrativa o del 贸rgano gestor que no hubiere sido impugnada, sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 147.
c) La revisi贸n de los actos de reconocimiento del derecho a una prestaci贸n de muerte y supervivencia, motivada por la condena al beneficiario, mediante sentencia firme, por la comisi贸n de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la v铆ctima fuera el sujeto causante de la prestaci贸n, que podr谩 efectuarse en cualquier momento, as铆 como la reclamaci贸n de las cantidades que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto.
3. La acci贸n de revisi贸n a la que se refiere el apartado uno prescribir谩 a los cuatro a帽os.
4. La sentencia que declare la revisi贸n del acto impugnado ser谩 inmediatamente ejecutiva.
Precepto modificado por L 26/2015, de 28 de Julio, con entrada en vigor a partir del 18-8-2015
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 146
Redacci贸n hasta el 18-8-2015
1. Las Entidades, 贸rganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garant铆a Salarial no podr谩n revisar por s铆 mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisi贸n ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigir谩 contra el beneficiario del derecho reconocido.
2. Se except煤an de lo dispuesto en el apartado anterior la rectificaci贸n de errores materiales o de hecho y los aritm茅ticos, as铆 como las revisiones motivadas por la constataci贸n de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario. Se except煤an tambi茅n las revisiones de los actos en materia de protecci贸n por desempleo, y por cese de actividad de los trabajadores aut贸nomos, siempre que se efect煤en dentro del plazo m谩ximo de un a帽o desde la resoluci贸n administrativa o del 脫rgano gestor que no hubiere sido impugnada, sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 147.
3. La acci贸n de revisi贸n a la que se refiere el apartado uno prescribir谩 a los cuatro a帽os.
4. La sentencia que declare la revisi贸n del acto impugnado ser谩 inmediatamente ejecutiva.
Nota
T茅ngase en cuenta que la modificaci贸n introducida por la Ley 26/2015 (SP/LEG/18211) es de aplicaci贸n a los hechos causantes de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social y del R茅gimen especial de Clases Pasivas del Estado producidos a partir de la fecha de su entrada en vigor, siempre que los hechos delictivos hayan ocurrido, asimismo, a partir de la misma fecha, conforme establece la disposici贸n final decimocuarta.
Art铆culo 147. Impugnaci贸n de prestaciones por desempleo
1. Cuando la Entidad u Organismo Gestor de las prestaciones por desempleo constate que, en los cuatro a帽os inmediatamente anteriores a una solicitud de prestaciones, el trabajador hubiera percibido prestaciones por finalizaci贸n de varios contratos temporales con una misma empresa, podr谩 dirigirse de oficio a la autoridad judicial demandando que el empresario sea declarado responsable del abono de las mismas, salvo de la prestaci贸n correspondiente al 煤ltimo contrato temporal, si la reiterada contrataci贸n temporal fuera abusiva o fraudulenta, as铆 como la condena al empresario a la devoluci贸n a la Entidad Gestora de aquellas prestaciones junto con las cotizaciones correspondientes.
A la comunicaci贸n, que tendr谩 la consideraci贸n de demanda, deber谩 acompa帽arse copia del expediente o expedientes administrativos en que se fundamente, y en la misma se consignar谩n los requisitos generales exigidos por la presente Ley para las demandas de los procesos ordinarios.
La comunicaci贸n podr谩 dirigirse a la autoridad judicial en el plazo de los seis meses siguientes a la fecha en que se hubiera formulado la 煤ltima solicitud de prestaciones en tiempo y forma.
Lo dispuesto en este apartado no conllevar谩 la revisi贸n de las resoluciones que hubieran reconocido el derecho a las prestaciones por desempleo derivadas de la finalizaci贸n de los reiterados contratos temporales, que se considerar谩n debidas al trabajador.
2. El secretario judicial examinar谩 la demanda, al efecto de comprobar si re煤ne todos los requisitos exigidos, advirtiendo a la entidad gestora, en su caso, de los defectos u omisiones de car谩cter formal de que adolezca, a fin de que sean subsanados en el t茅rmino de diez d铆as. Realizada la subsanaci贸n, se admitir谩 la demanda. En otro caso, dar谩 cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisi贸n de la demanda.
3. Admitida a tr谩mite la demanda, continuar谩 el procedimiento con arreglo a las normas generales, con las especialidades siguientes:
a) El empresario y el trabajador que hubieran celebrado los reiterados contratos temporales tendr谩n la consideraci贸n de parte en el proceso, si bien no podr谩n solicitar su suspensi贸n. Aun sin su asistencia, el procedimiento se seguir谩 de oficio.
b) Las afirmaciones de hechos que se contengan en la comunicaci贸n base del proceso har谩n fe, salvo prueba en contrario, incumbiendo la carga de la prueba al empresario demandado.
4. La sentencia que estime la demanda de la Entidad Gestora ser谩 inmediatamente ejecutiva.
5. Cuando la sentencia adquiera firmeza se comunicar谩 a la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social.
CAP脥TULO VII-Del procedimiento de oficio y del de impugnaci贸n de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social no prestacionales
SECCI脫N 1.陋-Del procedimiento de oficio
Art铆culo 148. 脕mbito de aplicaci贸n
El proceso podr谩 iniciarse de oficio como consecuencia:
a) De las certificaciones de las resoluciones firmes que dicte la autoridad laboral derivadas de las actas de infracci贸n de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social en las que se aprecien perjuicios econ贸micos para los trabajadores afectados.
b) De los acuerdos de la autoridad laboral competente, cuando 茅sta apreciara fraude, dolo, coacci贸n o abuso de derecho en la conclusi贸n de los acuerdos de suspensi贸n, reducci贸n de la jornada o extinci贸n a que se refieren el art铆culo 47 y el apartado 6 del art铆culo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y los remitiera a la autoridad judicial a efectos de su posible declaraci贸n de nulidad. Del mismo modo actuar谩 la autoridad laboral cuando la entidad gestora de la prestaci贸n por desempleo hubiese informado que la decisi贸n extintiva de la empresa pudiera tener por objeto la obtenci贸n indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados, por inexistencia de la causa motivadora de la situaci贸n legal de desempleo.
c) De las actas de infracci贸n o comunicaciones de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social acerca de la constataci贸n de una discriminaci贸n por raz贸n de sexo y en las que se recojan las bases de los perjuicios estimados para el trabajador, a los efectos de la determinaci贸n de la indemnizaci贸n correspondiente.
Igualmente se iniciar谩 el procedimiento como consecuencia de las correspondientes comunicaciones y a los mismos efectos en los supuestos de discriminaci贸n por raz贸n de origen racial o 茅tnico, religi贸n y convicciones, discapacidad, edad u orientaci贸n sexual u otros legalmente previstos.
d) De las comunicaciones de la autoridad laboral cuando cualquier acta de infracci贸n o de liquidaci贸n levantada por la Inspecci贸n de Trabajo y de Seguridad Social, relativa a las materias de Seguridad Social excluidas del conocimiento del orden social en la letra f) del art铆culo 3, haya sido impugnada por el sujeto responsable con base en alegaciones y pruebas que, a juicio de la autoridad laboral, puedan desvirtuar la naturaleza laboral de la relaci贸n jur铆dica objeto de la actuaci贸n inspectora.
A la demanda de oficio a la que se refiere el p谩rrafo anterior, la autoridad laboral acompa帽ar谩 copia del expediente administrativo. La admisi贸n de la demanda producir谩 la suspensi贸n del expediente administrativo. A este proceso de oficio le ser谩n aplicables las reglas de las letras a) y d) del apartado 2 del art铆culo 150. Cuando se entienda que las alegaciones o actuaci贸n del sujeto responsable pretenden la dilaci贸n de la actuaci贸n administrativa, el 贸rgano judicial impondr谩 la multa que se帽alan los apartados 4 del art铆culo 75 y 3 del art铆culo 97, as铆 como cuando tal conducta la efectuara el empresario, deber谩 abonar tambi茅n los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, dentro de los l铆mites establecidos para la instancia, suplicaci贸n y casaci贸n. La sentencia firme se comunicar谩 a la autoridad laboral y vincular谩 en los extremos en ella resueltos a la autoridad laboral y a los 贸rganos de la jurisdicci贸n contencioso-administrativa ante los que se impugne el acta de infracci贸n o de liquidaci贸n.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificada letra b) del art铆culo 148
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
El proceso podr谩 iniciarse de oficio como consecuencia:
a) De las certificaciones de las resoluciones firmes que dicte la autoridad laboral derivadas de las actas de infracci贸n de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social en las que se aprecien perjuicios econ贸micos para los trabajadores afectados.
b) De los acuerdos de la autoridad laboral competente, cuando 茅sta apreciara fraude, dolo, coacci贸n o abuso de derecho en la conclusi贸n de los acuerdos de suspensi贸n, reducci贸n de la jornada o extinci贸n a que se refieren el art铆culo 47 y el apartado 5 del art铆culo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y los remitiera a la autoridad judicial a efectos de su posible declaraci贸n de nulidad, dejando en suspenso el plazo para dictar resoluci贸n administrativa. Del mismo modo actuar谩 la autoridad laboral cuando, de oficio o a petici贸n de la entidad gestora de la prestaci贸n por desempleo, estimase que el acuerdo pudiera tener por objeto la obtenci贸n indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situaci贸n legal de desempleo.
c) De las actas de infracci贸n o comunicaciones de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social acerca de la constataci贸n de una discriminaci贸n por raz贸n de sexo y en las que se recojan las bases de los perjuicios estimados para el trabajador, a los efectos de la determinaci贸n de la indemnizaci贸n correspondiente.
Igualmente se iniciar谩 el procedimiento como consecuencia de las correspondientes comunicaciones y a los mismos efectos en los supuestos de discriminaci贸n por raz贸n de origen racial o 茅tnico, religi贸n y convicciones, discapacidad, edad u orientaci贸n sexual u otros legalmente previstos.
d) De las comunicaciones de la autoridad laboral cuando cualquier acta de infracci贸n o de liquidaci贸n levantada por la Inspecci贸n de Trabajo y de Seguridad Social, relativa a las materias de Seguridad Social excluidas del conocimiento del orden social en la letra f) del art铆culo 3, haya sido impugnada por el sujeto responsable con base en alegaciones y pruebas que, a juicio de la autoridad laboral, puedan desvirtuar la naturaleza laboral de la relaci贸n jur铆dica objeto de la actuaci贸n inspectora.
A la demanda de oficio a la que se refiere el p谩rrafo anterior, la autoridad laboral acompa帽ar谩 copia del expediente administrativo. La admisi贸n de la demanda producir谩 la suspensi贸n del expediente administrativo. A este proceso de oficio le ser谩n aplicables las reglas de las letras a) y d) del apartado 2 del art铆culo 150. Cuando se entienda que las alegaciones o actuaci贸n del sujeto responsable pretenden la dilaci贸n de la actuaci贸n administrativa, el 贸rgano judicial impondr谩 la multa que se帽alan los apartados 4 del art铆culo 75 y 3 del art铆culo 97, as铆 como cuando tal conducta la efectuara el empresario, deber谩 abonar tambi茅n los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, dentro de los l铆mites establecidos para la instancia, suplicaci贸n y casaci贸n. La sentencia firme se comunicar谩 a la autoridad laboral y vincular谩 en los extremos en ella resueltos a la autoridad laboral y a los 贸rganos de la jurisdicci贸n contencioso-administrativa ante los que se impugne el acta de infracci贸n o de liquidaci贸n.
Art铆culo 149. Requisitos de la demanda
1. En la demanda de oficio se consignar谩n los requisitos generales exigidos por la presente Ley para las demandas de los procesos ordinarios, expresando las personas contra las que se dirige y la concreta condena que se pida frente a ellas seg煤n el contenido de la pretensi贸n, los hechos que resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas y, en concreto, aqu茅llos que se estiman constitutivos de discriminaci贸n o de otro incumplimiento laboral. Asimismo se consignar谩, en su caso, el acuerdo de suspensi贸n, reducci贸n de jornada o extinci贸n impugnado y la causa invocada, junto con la identificaci贸n de las partes que intervinieron en el mismo, precisando la concreta pretensi贸n declarativa o de condena que se pide del 贸rgano jurisdiccional, con expresi贸n, de proceder, de los perjuicios estimados o de las bases para la determinaci贸n de la indemnizaci贸n correspondiente, as铆 como de los datos identificativos de los trabajadores afectados y sus domicilios.
2. Siempre que las expresadas demandas afecten a m谩s de diez trabajadores, el secretario judicial les requerir谩 para que designen representantes en la forma prevista en el art铆culo 19.
Art铆culo 150. Admisi贸n de la demanda y tramitaci贸n
1. El secretario judicial examinar谩 la demanda, al efecto de comprobar si re煤ne todos los requisitos exigidos, advirtiendo a la autoridad laboral, en su caso, los defectos u omisiones de que adolezca a fin de que sean subsanados en el t茅rmino de diez d铆as. Realizada la subsanaci贸n, admitir谩 la demanda. En otro caso, dar谩 cuenta al tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisi贸n de la demanda.
2. Admitida a tr谩mite la demanda, continuar谩 el procedimiento con arreglo a las normas generales del presente texto, con las especialidades siguientes:
a) El procedimiento se seguir谩 de oficio, aun sin asistencia de los trabajadores perjudicados, a los que se emplazar谩 al efecto y una vez comparecidos tendr谩n la consideraci贸n de parte, si bien no podr谩n desistir ni solicitar la suspensi贸n del proceso.
b) La conciliaci贸n tan s贸lo podr谩 autorizarse por el secretario judicial o en su caso por el juez o tribunal, cuando fuera cumplidamente satisfecha la totalidad de los perjuicios causados por la infracci贸n.
c) Los pactos entre trabajadores y empresarios posteriores al acta de infracci贸n tan s贸lo tendr谩n eficacia en el supuesto de que hayan sido celebrados en presencia del inspector de trabajo que levant贸 el acta o de la autoridad laboral.
d) Las afirmaciones de hechos que se contengan en la resoluci贸n o comunicaci贸n base del proceso har谩n fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda la carga de la prueba a la parte demandada.
e) Las sentencias que se dicten en estos procesos habr谩n de ejecutarse siempre de oficio.
SECCI脫N 2.陋-Del procedimiento de impugnaci贸n de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social excluidos los prestacionales
Art铆culo 151. Tramitaci贸n
1. De no existir regulaci贸n especial, el procedimiento iniciado por demanda en impugnaci贸n de los actos administrativos en materia laboral dirigida contra el Estado, Comunidades Aut贸nomas, Entidades Locales u otras Administraciones u Organismos p煤blicos se regir谩 por los principios y reglas del proceso ordinario laboral, con las especialidades contenidas en esta Secci贸n. En lo no expresamente previsto ser谩n de aplicaci贸n las normas reguladoras de la jurisdicci贸n contencioso-administrativa, en cuanto sean compatibles con los principios del proceso social.
2. Con la demanda deber谩 acreditarse, en su caso, el agotamiento de la v铆a administrativa en la forma y plazos que correspondan seg煤n la normativa aplicable a la Administraci贸n autora del acto, en la forma establecida en el art铆culo 69 de esta Ley, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del art铆culo 70 de la misma y en el art铆culo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa, que ser谩 de aplicaci贸n a los litigios entre Administraciones p煤blicas ante el orden jurisdiccional social.
3. En la demanda se identificar谩 con precisi贸n el acto o resoluci贸n objeto de impugnaci贸n y la Administraci贸n p煤blica o Entidad de derecho p煤blico contra cuya actividad se dirija el recurso y se har谩 indicaci贸n, en su caso, de las personas o entidades cuyos derechos o intereses leg铆timos pudieran quedar afectados por la estimaci贸n de las pretensiones del demandante.
4. En caso de omitirse los requisitos anteriores, el secretario judicial dispondr谩 que se subsane el defecto en el plazo de cuatro d铆as. Realizada la subsanaci贸n, se admitir谩 la demanda. En otro caso, dar谩 cuenta al tribunal para que por el mismo se resuelva sobre su admisi贸n.
5. Estar谩n legitimados para promover el proceso, los destinatarios del acto o resoluci贸n impugnada o quienes ostenten derechos o intereses leg铆timos en su revocaci贸n o anulaci贸n. La legitimaci贸n pasiva corresponde a la Administraci贸n o Entidad p煤blica autora del acto.
Los empresarios y los trabajadores afectados o los causahabientes de ambos, as铆 como aquellos terceros a los que pudieran alcanzar las responsabilidades derivadas de los hechos considerados por el acto objeto de impugnaci贸n y quienes pudieran haber resultado perjudicados por los mismos, podr谩n comparecer como parte en el procedimiento y ser谩n emplazados al efecto, en especial cuando se trate de enjuiciar hechos que pudieran ser constitutivos de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
En los litigios sobre sanciones administrativas en materia de acoso laboral sexual o por raz贸n de sexo, la v铆ctima estar谩 legitimada para comparecer en el procedimiento seg煤n su libre decisi贸n y no podr谩 ser demandada o emplazada de comparecencia contra su voluntad. Si se requiriese el testimonio de la v铆ctima el 贸rgano jurisdiccional velar谩 por las condiciones de su pr谩ctica en t茅rminos compatibles con su situaci贸n personal y con las restricciones de publicidad e intervenci贸n de las partes y de sus representantes que sean necesarias.
6. Los sindicatos y asociaciones empresariales m谩s representativos, as铆 como aquellos con implantaci贸n en el 谩mbito de efectos del litigio, y el empresario y la representaci贸n unitaria de los trabajadores en el 谩mbito de la empresa, podr谩n personarse y ser tenidos como parte en los procesos en los que tengan inter茅s en defensa de los intereses econ贸micos y sociales que les son propios o en su funci贸n de velar por el cumplimiento de las normas vigentes, sin que tal intervenci贸n haga detener o retroceder el curso de las actuaciones.
7. El plazo de interposici贸n de la demanda ser谩 el previsto en los art铆culos 69 y 70 o el expresamente se帽alado, en su caso, seg煤n la modalidad procesal aplicable, siendo de aplicaci贸n a este respecto, lo previsto en el art铆culo 73 de esta Ley.
8. En orden al se帽alamiento del juicio, reclamaci贸n del expediente administrativo, emplazamiento de los posibles interesados, congruencia con el expediente administrativo y dem谩s aspectos relacionados se estar谩 a lo dispuesto en los art铆culos 143 a 145.
Los hechos constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracci贸n observando los requisitos legales pertinentes, tendr谩n presunci贸n de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor probatorio tendr谩n los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconoce la condici贸n de autoridad, y que se formalicen en documento p煤blico observando los requisitos legales pertinentes.
9. La sentencia efectuar谩 los pronunciamientos que correspondan seg煤n las pretensiones oportunamente formuladas por las partes y, en concreto:
a) Declarar谩 la inadmisibilidad de la demanda por carencia de jurisdicci贸n, por no ser susceptible de impugnaci贸n el acto recurrido, haberse formulado aqu茅lla fuera del plazo establecido o cuando se aprecie la falta de cualquier otro presupuesto procesal, as铆 como cuando se impugnen actos que sean reproducci贸n de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
b) Desestimar谩 la demanda cuando se ajuste a derecho el acto impugnado.
c) Estimar谩 la demanda si se aprecia infracci贸n del ordenamiento jur铆dico, incluida la desviaci贸n de poder por haberse utilizado las potestades administrativas para fines distintos de los legalmente previstos. En este caso, la sentencia declarar谩 no conforme a derecho el acto impugnado y lo anular谩 total o parcialmente y, cuando as铆 proceda, ordenar谩 el cese o la modificaci贸n de la actuaci贸n impugnada o impondr谩 el reconocimiento de una determinada situaci贸n jur铆dica individualizada.
d) En caso de declaraci贸n de nulidad del acto o resoluci贸n por omisi贸n de requisitos de forma subsanables de car谩cter esencial que hayan ocasionado indefensi贸n, podr谩 disponerse la nulidad del procedimiento seguido a los solos efectos de retrotraerlo al momento de producci贸n. La declaraci贸n de la caducidad del expediente, no impedir谩 la nueva iniciaci贸n de la actuaci贸n administrativa si por su naturaleza no estuviera sujeta a un plazo extintivo de cualquier clase, sin que el procedimiento caducado tenga eficacia interruptiva de dicho plazo.
10. La Administraci贸n autora de un acto administrativo declarativo de derechos cuyo conocimiento corresponda a este orden jurisdiccional, est谩 legitimada para impugnarlo ante este mismo orden, previa su declaraci贸n de lesividad para el inter茅s p煤blico en los t茅rminos legalmente establecidos y en el plazo de dos meses a contar desde el d铆a siguiente a la fecha de declaraci贸n de lesividad. La revisi贸n de actos declarativos de derechos de sus beneficiarios por las entidades u organismos gestores y servicios comunes en materia de Seguridad Social y desempleo se regir谩 por lo dispuesto en los art铆culos 146 y 147.
11. La sentencia que deje sin efecto una resoluci贸n administrativa en virtud de la cual se hubieren producido extinciones de la relaci贸n de trabajo derivadas de fuerza mayor declarar谩 el derecho de los trabajadores afectados a reincorporarse en su puesto de trabajo.
Salvo que el empresario dentro de los cinco d铆as siguientes a la firmeza de la sentencia opte, por escrito ante el 贸rgano judicial, por indemnizar a los trabajadores con la indemnizaci贸n establecida para el despido improcedente, deber谩 comunicar por escrito a dichos trabajadores la fecha de su reincorporaci贸n al trabajo dentro de los quince d铆as siguientes a la referida firmeza. El trabajador, en su caso y de conformidad con lo dispuesto en el art铆culo 110.1 de esta Ley, tendr谩 derecho a los salarios dejados de percibir, con deducci贸n de los que hubiere recibido desde la extinci贸n y con devoluci贸n o deducci贸n de las cantidades percibidas como indemnizaci贸n, seg煤n lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del art铆culo 123 de esta Ley. De no readmitir el empresario al trabajador o de efectuarse la readmisi贸n de modo irregular, 茅ste podr谩 instar la ejecuci贸n de la sentencia en los veinte d铆as siguientes conforme, en lo dem谩s, a lo establecido en los art铆culos 279 a 281 de esta Ley.
De dejarse sin efecto la resoluci贸n administrativa por apreciarse vulneraci贸n de derechos fundamentales o libertades p煤blicas, los trabajadores tendr谩n derecho a la inmediata readmisi贸n y al abono de los salarios dejados de percibir y podr谩n, en su caso, instar la ejecuci贸n conforme a los art铆culos 282 y siguientes de esta Ley.
De haber percibido el trabajador prestaciones por desempleo, se aplicar谩n las disposiciones del apartado 5 del art铆culo 209 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en funci贸n de que haya tenido lugar o no la readmisi贸n del trabajador.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 A帽adido apartado 11 del art铆culo 151
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
1. De no existir regulaci贸n especial, el procedimiento iniciado por demanda en impugnaci贸n de los actos administrativos en materia laboral dirigida contra el Estado, Comunidades Aut贸nomas, Entidades Locales u otras Administraciones u Organismos p煤blicos se regir谩 por los principios y reglas del proceso ordinario laboral, con las especialidades contenidas en esta Secci贸n. En lo no expresamente previsto ser谩n de aplicaci贸n las normas reguladoras de la jurisdicci贸n contencioso-administrativa, en cuanto sean compatibles con los principios del proceso social.
2. Con la demanda deber谩 acreditarse, en su caso, el agotamiento de la v铆a administrativa en la forma y plazos que correspondan seg煤n la normativa aplicable a la Administraci贸n autora del acto, en la forma establecida en el art铆culo 69 de esta Ley, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del art铆culo 70 de la misma y en el art铆culo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa, que ser谩 de aplicaci贸n a los litigios entre Administraciones p煤blicas ante el orden jurisdiccional social.
3. En la demanda se identificar谩 con precisi贸n el acto o resoluci贸n objeto de impugnaci贸n y la Administraci贸n p煤blica o Entidad de derecho p煤blico contra cuya actividad se dirija el recurso y se har谩 indicaci贸n, en su caso, de las personas o entidades cuyos derechos o intereses leg铆timos pudieran quedar afectados por la estimaci贸n de las pretensiones del demandante.
4. En caso de omitirse los requisitos anteriores, el secretario judicial dispondr谩 que se subsane el defecto en el plazo de cuatro d铆as. Realizada la subsanaci贸n, se admitir谩 la demanda. En otro caso, dar谩 cuenta al tribunal para que por el mismo se resuelva sobre su admisi贸n.
5. Estar谩n legitimados para promover el proceso, los destinatarios del acto o resoluci贸n impugnada o quienes ostenten derechos o intereses leg铆timos en su revocaci贸n o anulaci贸n. La legitimaci贸n pasiva corresponde a la Administraci贸n o Entidad p煤blica autora del acto.
Los empresarios y los trabajadores afectados o los causahabientes de ambos, as铆 como aquellos terceros a los que pudieran alcanzar las responsabilidades derivadas de los hechos considerados por el acto objeto de impugnaci贸n y quienes pudieran haber resultado perjudicados por los mismos, podr谩n comparecer como parte en el procedimiento y ser谩n emplazados al efecto, en especial cuando se trate de enjuiciar hechos que pudieran ser constitutivos de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
En los litigios sobre sanciones administrativas en materia de acoso laboral sexual o por raz贸n de sexo, la v铆ctima estar谩 legitimada para comparecer en el procedimiento seg煤n su libre decisi贸n y no podr谩 ser demandada o emplazada de comparecencia contra su voluntad. Si se requiriese el testimonio de la v铆ctima el 贸rgano jurisdiccional velar谩 por las condiciones de su pr谩ctica en t茅rminos compatibles con su situaci贸n personal y con las restricciones de publicidad e intervenci贸n de las partes y de sus representantes que sean necesarias.
6. Los sindicatos y asociaciones empresariales m谩s representativos, as铆 como aquellos con implantaci贸n en el 谩mbito de efectos del litigio, y el empresario y la representaci贸n unitaria de los trabajadores en el 谩mbito de la empresa, podr谩n personarse y ser tenidos como parte en los procesos en los que tengan inter茅s en defensa de los intereses econ贸micos y sociales que les son propios o en su funci贸n de velar por el cumplimiento de las normas vigentes, sin que tal intervenci贸n haga detener o retroceder el curso de las actuaciones.
7. El plazo de interposici贸n de la demanda ser谩 el previsto en los art铆culos 69 y 70 o el expresamente se帽alado, en su caso, seg煤n la modalidad procesal aplicable, siendo de aplicaci贸n a este respecto, lo previsto en el art铆culo 73 de esta Ley.
8. En orden al se帽alamiento del juicio, reclamaci贸n del expediente administrativo, emplazamiento de los posibles interesados, congruencia con el expediente administrativo y dem谩s aspectos relacionados se estar谩 a lo dispuesto en los art铆culos 143 a 145.
Los hechos constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracci贸n observando los requisitos legales pertinentes, tendr谩n presunci贸n de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor probatorio tendr谩n los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconoce la condici贸n de autoridad, y que se formalicen en documento p煤blico observando los requisitos legales pertinentes.
9. La sentencia efectuar谩 los pronunciamientos que correspondan seg煤n las pretensiones oportunamente formuladas por las partes y, en concreto:
a) Declarar谩 la inadmisibilidad de la demanda por carencia de jurisdicci贸n, por no ser susceptible de impugnaci贸n el acto recurrido, haberse formulado aqu茅lla fuera del plazo establecido o cuando se aprecie la falta de cualquier otro presupuesto procesal, as铆 como cuando se impugnen actos que sean reproducci贸n de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
b) Desestimar谩 la demanda cuando se ajuste a derecho el acto impugnado.
c) Estimar谩 la demanda si se aprecia infracci贸n del ordenamiento jur铆dico, incluida la desviaci贸n de poder por haberse utilizado las potestades administrativas para fines distintos de los legalmente previstos. En este caso, la sentencia declarar谩 no conforme a derecho el acto impugnado y lo anular谩 total o parcialmente y, cuando as铆 proceda, ordenar谩 el cese o la modificaci贸n de la actuaci贸n impugnada o impondr谩 el reconocimiento de una determinada situaci贸n jur铆dica individualizada.
d) En caso de declaraci贸n de nulidad del acto o resoluci贸n por omisi贸n de requisitos de forma subsanables de car谩cter esencial que hayan ocasionado indefensi贸n, podr谩 disponerse la nulidad del procedimiento seguido a los solos efectos de retrotraerlo al momento de producci贸n. La declaraci贸n de la caducidad del expediente, no impedir谩 la nueva iniciaci贸n de la actuaci贸n administrativa si por su naturaleza no estuviera sujeta a un plazo extintivo de cualquier clase, sin que el procedimiento caducado tenga eficacia interruptiva de dicho plazo.
10. La Administraci贸n autora de un acto administrativo declarativo de derechos cuyo conocimiento corresponda a este orden jurisdiccional, est谩 legitimada para impugnarlo ante este mismo orden, previa su declaraci贸n de lesividad para el inter茅s p煤blico en los t茅rminos legalmente establecidos y en el plazo de dos meses a contar desde el d铆a siguiente a la fecha de declaraci贸n de lesividad. La revisi贸n de actos declarativos de derechos de sus beneficiarios por las entidades u organismos gestores y servicios comunes en materia de Seguridad Social y desempleo se regir谩 por lo dispuesto en los art铆culos 146 y 147.
11. .....
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Suprimido apartado 11 del art铆culo 151
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
1. De no existir regulaci贸n especial, el procedimiento iniciado por demanda en impugnaci贸n de los actos administrativos en materia laboral dirigida contra el Estado, Comunidades Aut贸nomas, Entidades Locales u otras Administraciones u Organismos p煤blicos se regir谩 por los principios y reglas del proceso ordinario laboral, con las especialidades contenidas en esta Secci贸n. En lo no expresamente previsto ser谩n de aplicaci贸n las normas reguladoras de la jurisdicci贸n contencioso-administrativa, en cuanto sean compatibles con los principios del proceso social.
2. Con la demanda deber谩 acreditarse, en su caso, el agotamiento de la v铆a administrativa en la forma y plazos que correspondan seg煤n la normativa aplicable a la Administraci贸n autora del acto, en la forma establecida en el art铆culo 69 de esta Ley, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del art铆culo 70 de la misma y en el art铆culo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa, que ser谩 de aplicaci贸n a los litigios entre Administraciones p煤blicas ante el orden jurisdiccional social.
3. En la demanda se identificar谩 con precisi贸n el acto o resoluci贸n objeto de impugnaci贸n y la Administraci贸n p煤blica o Entidad de derecho p煤blico contra cuya actividad se dirija el recurso y se har谩 indicaci贸n, en su caso, de las personas o entidades cuyos derechos o intereses leg铆timos pudieran quedar afectados por la estimaci贸n de las pretensiones del demandante.
4. En caso de omitirse los requisitos anteriores, el secretario judicial dispondr谩 que se subsane el defecto en el plazo de cuatro d铆as. Realizada la subsanaci贸n, se admitir谩 la demanda. En otro caso, dar谩 cuenta al tribunal para que por el mismo se resuelva sobre su admisi贸n.
5. Estar谩n legitimados para promover el proceso, los destinatarios del acto o resoluci贸n impugnada o quienes ostenten derechos o intereses leg铆timos en su revocaci贸n o anulaci贸n. La legitimaci贸n pasiva corresponde a la Administraci贸n o Entidad p煤blica autora del acto.
Los empresarios y los trabajadores afectados o los causahabientes de ambos, as铆 como aquellos terceros a los que pudieran alcanzar las responsabilidades derivadas de los hechos considerados por el acto objeto de impugnaci贸n y quienes pudieran haber resultado perjudicados por los mismos, podr谩n comparecer como parte en el procedimiento y ser谩n emplazados al efecto, en especial cuando se trate de enjuiciar hechos que pudieran ser constitutivos de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
En los litigios sobre sanciones administrativas en materia de acoso laboral sexual o por raz贸n de sexo, la v铆ctima estar谩 legitimada para comparecer en el procedimiento seg煤n su libre decisi贸n y no podr谩 ser demandada o emplazada de comparecencia contra su voluntad. Si se requiriese el testimonio de la v铆ctima el 贸rgano jurisdiccional velar谩 por las condiciones de su pr谩ctica en t茅rminos compatibles con su situaci贸n personal y con las restricciones de publicidad e intervenci贸n de las partes y de sus representantes que sean necesarias.
6. Los sindicatos y asociaciones empresariales m谩s representativos, as铆 como aquellos con implantaci贸n en el 谩mbito de efectos del litigio, y el empresario y la representaci贸n unitaria de los trabajadores en el 谩mbito de la empresa, podr谩n personarse y ser tenidos como parte en los procesos en los que tengan inter茅s en defensa de los intereses econ贸micos y sociales que les son propios o en su funci贸n de velar por el cumplimiento de las normas vigentes, sin que tal intervenci贸n haga detener o retroceder el curso de las actuaciones.
7. El plazo de interposici贸n de la demanda ser谩 el previsto en los art铆culos 69 y 70 o el expresamente se帽alado, en su caso, seg煤n la modalidad procesal aplicable, siendo de aplicaci贸n a este respecto, lo previsto en el art铆culo 73 de esta Ley.
8. En orden al se帽alamiento del juicio, reclamaci贸n del expediente administrativo, emplazamiento de los posibles interesados, congruencia con el expediente administrativo y dem谩s aspectos relacionados se estar谩 a lo dispuesto en los art铆culos 143 a 145.
Los hechos constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracci贸n observando los requisitos legales pertinentes, tendr谩n presunci贸n de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor probatorio tendr谩n los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconoce la condici贸n de autoridad, y que se formalicen en documento p煤blico observando los requisitos legales pertinentes.
9. La sentencia efectuar谩 los pronunciamientos que correspondan seg煤n las pretensiones oportunamente formuladas por las partes y, en concreto:
a) Declarar谩 la inadmisibilidad de la demanda por carencia de jurisdicci贸n, por no ser susceptible de impugnaci贸n el acto recurrido, haberse formulado aqu茅lla fuera del plazo establecido o cuando se aprecie la falta de cualquier otro presupuesto procesal, as铆 como cuando se impugnen actos que sean reproducci贸n de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
b) Desestimar谩 la demanda cuando se ajuste a derecho el acto impugnado.
c) Estimar谩 la demanda si se aprecia infracci贸n del ordenamiento jur铆dico, incluida la desviaci贸n de poder por haberse utilizado las potestades administrativas para fines distintos de los legalmente previstos. En este caso, la sentencia declarar谩 no conforme a derecho el acto impugnado y lo anular谩 total o parcialmente y, cuando as铆 proceda, ordenar谩 el cese o la modificaci贸n de la actuaci贸n impugnada o impondr谩 el reconocimiento de una determinada situaci贸n jur铆dica individualizada.
d) En caso de declaraci贸n de nulidad del acto o resoluci贸n por omisi贸n de requisitos de forma subsanables de car谩cter esencial que hayan ocasionado indefensi贸n, podr谩 disponerse la nulidad del procedimiento seguido a los solos efectos de retrotraerlo al momento de producci贸n. La declaraci贸n de la caducidad del expediente, no impedir谩 la nueva iniciaci贸n de la actuaci贸n administrativa si por su naturaleza no estuviera sujeta a un plazo extintivo de cualquier clase, sin que el procedimiento caducado tenga eficacia interruptiva de dicho plazo.
10. La Administraci贸n autora de un acto administrativo declarativo de derechos cuyo conocimiento corresponda a este orden jurisdiccional, est谩 legitimada para impugnarlo ante este mismo orden, previa su declaraci贸n de lesividad para el inter茅s p煤blico en los t茅rminos legalmente establecidos y en el plazo de dos meses a contar desde el d铆a siguiente a la fecha de declaraci贸n de lesividad. La revisi贸n de actos declarativos de derechos de sus beneficiarios por las entidades u organismos gestores y servicios comunes en materia de Seguridad Social y desempleo se regir谩 por lo dispuesto en los art铆culos 146 y 147.
11. La sentencia que deje sin efecto una resoluci贸n administrativa en virtud de la cual se hubieren producido extinciones de la relaci贸n de trabajo declarar谩 el derecho de los trabajadores afectados a reincorporarse en su puesto de trabajo.
Salvo que el empresario dentro de los cinco d铆as siguientes a la firmeza de la sentencia opte, por escrito ante el 贸rgano judicial, por indemnizar a los trabajadores con la indemnizaci贸n establecida para el despido improcedente, deber谩 comunicar por escrito a dichos trabajadores la fecha de su reincorporaci贸n al trabajo dentro de los quince d铆as siguientes a la referida firmeza. En cualquiera de los casos anteriores, el trabajador tendr谩 derecho a los salarios dejados de percibir, con deducci贸n de los que hubiere recibido desde la extinci贸n y con devoluci贸n o deducci贸n de las cantidades percibidas como indemnizaci贸n, seg煤n lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del art铆culo 123 de esta Ley. De no readmitir el empresario al trabajador o de efectuarse la readmisi贸n de modo irregular, 茅ste podr谩 instar la ejecuci贸n de la sentencia en los veinte d铆as siguientes conforme, en lo dem谩s, a lo establecido en los art铆culos 279 a 281 de esta Ley.
De dejarse sin efecto la resoluci贸n administrativa por apreciarse vulneraci贸n de derechos fundamentales o libertades publicas, los trabajadores tendr谩n derecho a la inmediata readmisi贸n y al abono de los salarios dejados de percibir y podr谩n, en su caso, instar la ejecuci贸n conforme a los art铆culos 282 y siguientes de esta Ley.
De haber percibido el trabajador prestaciones por desempleo, se aplicar谩n las disposiciones del apartado 5 del art铆culo 209 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en funci贸n de que haya tenido lugar o no la readmisi贸n del trabajador.
Art铆culo 152. Adopci贸n de medidas cautelares
1. Los interesados podr谩n solicitar, en cualquier estado del proceso, la suspensi贸n del acto o resoluci贸n administrativos recurridos y en general cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia, cuando la ejecuci贸n del acto impugnado pudiera hacer perder su finalidad leg铆tima a la demanda. El juez o tribunal dictar谩 seguidamente auto, resolviendo sobre la suspensi贸n, una vez o铆das las partes por tres d铆as, salvo que concurran razones de especial urgencia, en cuyo caso se podr谩 anticipar la medida sin perjuicio de la posterior audiencia de las partes. La medida cautelar podr谩 denegarse cuando de 茅sta pudiera seguirse perturbaci贸n grave de los intereses generales o de terceros que el juez o tribunal ponderar谩 en forma circunstanciada.
2. En procedimientos de impugnaci贸n de resoluciones de la autoridad laboral sobre paralizaci贸n de trabajos por riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud, el trabajador o trabajadores afectados, su representaci贸n unitaria o sindical y el empresario interesado podr谩n solicitar el alzamiento, mantenimiento o adopci贸n de la medida en los t茅rminos del apartado anterior. A tal efecto se citar谩 al empresario y a los trabajadores afectados o a sus representantes a una audiencia preliminar en el d铆a y hora que se se帽ale dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, debiendo el juez o tribunal requerir de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social la aportaci贸n dentro del mismo plazo de las actuaciones que hubiera practicado al respecto y, en caso de considerarlo necesario, la presencia en la audiencia del funcionario que hubiera ordenado la paralizaci贸n, as铆 como de los t茅cnicos que le hubieren asistido. En el procedimiento podr谩n personarse las entidades gestoras, colaboradoras y servicios p煤blicos de salud, en relaci贸n con las responsabilidades empresariales conforme al art铆culo 195 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en caso de incumplimiento de la paralizaci贸n de los trabajos acordada por la autoridad laboral y solicitar las medidas cautelares que procedan en orden al aseguramiento de las prestaciones que deban dispensar o anticipar las citadas entidades. Los trabajadores y su representaci贸n unitaria o sindical podr谩n igualmente solicitar la adopci贸n de las mismas medidas cautelares en relaci贸n con el referido aseguramiento.
CAP脥TULO VIII-Del proceso de conflictos colectivos
Art铆culo 153. 脕mbito de aplicaci贸n
1. Se tramitar谩n a trav茅s del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo gen茅rico de trabajadores o a un colectivo gen茅rico susceptible de determinaci贸n individual y que versen sobre la aplicaci贸n e interpretaci贸n de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisi贸n empresarial de car谩cter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del art铆culo 40, el apartado 2 del art铆culo 41, y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el art铆culo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un n煤mero de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del art铆culo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o de una pr谩ctica de empresa y de los acuerdos de inter茅s profesional de los trabajadores aut贸nomos econ贸micamente dependientes, as铆 como la impugnaci贸n directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el art铆culo 163 de esta Ley. Las decisiones empresariales de despidos colectivos se tramitar谩n de conformidad con lo previsto en el art铆culo 124 de esta Ley.
2. Tambi茅n se tramitar谩 en este proceso la impugnaci贸n de convenios colectivos y de los laudos arbitrales sustitutivos de 茅stos, de conformidad con lo dispuesto en el Cap铆tulo IX del presente T铆tulo.
3. Asimismo, se tramitar谩 conforme a este proceso la impugnaci贸n de las decisiones de la empresa de atribuir car谩cter reservado o de no comunicar determinadas informaciones a los representantes de los trabajadores, as铆 como los litigios relativos al cumplimiento por los representantes de los trabajadores y los expertos que les asistan de su obligaci贸n de sigilo.
El juez o Sala deber谩 adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el car谩cter reservado o secreto de la informaci贸n de que se trate.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 153
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
1. Se tramitar谩n a trav茅s del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo gen茅rico de trabajadores o a un colectivo gen茅rico susceptible de determinaci贸n individual y que versen sobre la aplicaci贸n e interpretaci贸n de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisi贸n empresarial de car谩cter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del art铆culo 40, el apartado 2 del art铆culo 41, y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el art铆culo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un n煤mero de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del art铆culo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o de una pr谩ctica de empresa y de los acuerdos de inter茅s profesional de los trabajadores aut贸nomos econ贸micamente dependientes, as铆 como la impugnaci贸n directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el art铆culo 163 de esta Ley.
Las decisiones empresariales de despidos colectivos se tramitar谩n de conformidad con lo previsto en el art铆culo 124 de esta Ley.
2. Tambi茅n se tramitar谩 en este proceso la impugnaci贸n de convenios colectivos y de los laudos arbitrales sustitutivos de 茅stos, de conformidad con lo dispuesto en el Cap铆tulo IX del presente T铆tulo.
3. Asimismo, se tramitar谩 conforme a este proceso la impugnaci贸n de las decisiones de la empresa de atribuir car谩cter reservado o de no comunicar determinadas informaciones a los representantes de los trabajadores, as铆 como los litigios relativos al cumplimiento por los representantes de los trabajadores y los expertos que les asistan de su obligaci贸n de sigilo.
El juez o Sala deber谩 adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el car谩cter reservado o secreto de la informaci贸n de que se trate.
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 153
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
1. Se tramitar谩n a trav茅s del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo gen茅rico de trabajadores o a un colectivo gen茅rico susceptible de determinaci贸n individual y que versen sobre la aplicaci贸n e interpretaci贸n de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisi贸n empresarial de car谩cter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del art铆culos 40 y apartado 2 del art铆culo 41 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o de una pr谩ctica de empresa y de los acuerdos de inter茅s profesional de los trabajadores aut贸nomos econ贸micamente dependientes, as铆 como la impugnaci贸n directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el art铆culo 163 de esta Ley.
2. Tambi茅n se tramitar谩 en este proceso la impugnaci贸n de convenios colectivos y de los laudos arbitrales sustitutivos de 茅stos, de conformidad con lo dispuesto en el Cap铆tulo IX del presente T铆tulo.
3. Asimismo, se tramitar谩 conforme a este proceso la impugnaci贸n de las decisiones de la empresa de atribuir car谩cter reservado o de no comunicar determinadas informaciones a los representantes de los trabajadores, as铆 como los litigios relativos al cumplimiento por los representantes de los trabajadores y los expertos que les asistan de su obligaci贸n de sigilo.
El juez o Sala deber谩 adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el car谩cter reservado o secreto de la informaci贸n de que se trate.
Art铆culo 154. Legitimaci贸n activa
Estar谩n legitimados para promover procesos sobre conflictos colectivos:
a) Los sindicatos cuyo 谩mbito de actuaci贸n se corresponda o sea m谩s amplio que el del conflicto.
b) Las asociaciones empresariales cuyo 谩mbito de actuaci贸n se corresponda o sea m谩s amplio que el del conflicto, siempre que se trate de conflictos de 谩mbito superior a la empresa.
c) Los empresarios y los 贸rganos de representaci贸n legal o sindical de los trabajadores, cuando se trate de conflictos de empresa o de 谩mbito inferior.
d) Las Administraciones p煤blicas empleadoras incluidas en el 谩mbito del conflicto y los 贸rganos de representaci贸n del personal laboral al servicio de las anteriores.
e) Las asociaciones representativas de los trabajadores aut贸nomos econ贸micamente dependientes y los sindicatos representativos de estos, para el ejercicio de las acciones colectivas relativas a su r茅gimen profesional, siempre que re煤nan el requisito de la letra a) anterior, as铆 como las empresas para las que ejecuten su actividad y las asociaciones empresariales de 茅stas siempre que su 谩mbito de actuaci贸n sea al menos igual al del conflicto.
Art铆culo 155. Intervenci贸n de sindicatos, asociaciones empresariales y 贸rganos de representaci贸n
En todo caso, los sindicatos representativos, de conformidad con los art铆culos 6 y 7 de la Ley Org谩nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, las asociaciones empresariales representativas en los t茅rminos del art铆culo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y los 贸rganos de representaci贸n legal o sindical podr谩n personarse como partes en el proceso, aun cuando no lo hayan promovido, siempre que su 谩mbito de actuaci贸n se corresponda o sea m谩s amplio que el del conflicto.
Art铆culo 156. Intento de conciliaci贸n o de mediaci贸n
1. Ser谩 requisito necesario para la tramitaci贸n del proceso el intento de conciliaci贸n o de mediaci贸n en los t茅rminos previstos en el art铆culo 63.
2. Lo acordado en conciliaci贸n o mediaci贸n tendr谩, seg煤n su naturaleza, la misma eficacia atribuida a los convenios colectivos por el art铆culo 82 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, siempre que las partes que concilien, ostenten la legitimaci贸n y adopten el acuerdo conforme a los requisitos exigidos por las citadas normas. En tal caso se enviar谩 copia de la misma a la autoridad laboral. En el caso de los trabajadores aut贸nomos econ贸micamente dependientes, el acuerdo alcanzado tendr谩 la eficacia correspondiente a los acuerdos de inter茅s profesional regulados en el art铆culo 13 de la Ley del Estatuto del trabajo aut贸nomo.
Art铆culo 157. Contenido de la demanda
1. El proceso se iniciar谩 mediante demanda dirigida al juzgado o tribunal competente que, adem谩s de los requisitos generales, contendr谩:
a) La designaci贸n general de los trabajadores y empresas afectados por el conflicto y, cuando se formulen pretensiones de condena que aunque referidas a un colectivo gen茅rico, sean susceptibles de determinaci贸n individual ulterior sin necesidad de nuevo litigio, habr谩n de consignarse los datos, caracter铆sticas y requisitos precisos para una posterior individualizaci贸n de los afectados por el objeto del conflicto y el cumplimiento de la sentencia respecto de ellas.
b) La designaci贸n concreta del demandado o demandados, con expresi贸n del empresario, asociaci贸n empresarial, sindicato o representaci贸n unitaria a quienes afecten las pretensiones ejercitadas.
c) Una referencia sucinta a los fundamentos jur铆dicos de la pretensi贸n formulada.
d) Las pretensiones interpretativas, declarativas, de condena o de otra naturaleza concretamente ejercitadas seg煤n el objeto del conflicto.
2. A la demanda deber谩 acompa帽arse certificaci贸n de haberse intentado la conciliaci贸n o mediaci贸n previa a la que se refiere el art铆culo anterior o alegaci贸n de no ser necesaria 茅sta.
Art铆culo 158. Iniciaci贸n por la autoridad laboral
El proceso podr谩 iniciarse tambi茅n mediante comunicaci贸n de la autoridad laboral, a instancia de las representaciones referidas en el art铆culo 154. En dicha comunicaci贸n se contendr谩n id茅nticos requisitos a los exigidos para la demanda en el art铆culo anterior. El secretario judicial advertir谩 a la autoridad laboral de los defectos u omisiones que pudiera contener la comunicaci贸n, a fin de que se subsanen en el plazo de diez d铆as.
Art铆culo 159. Urgencia y preferencia del proceso
Este proceso tendr谩 car谩cter urgente. La preferencia en el despacho de estos asuntos ser谩 absoluta sobre cualesquiera otros, salvo los de tutela de los derechos fundamentales y libertades p煤blicas.
Art铆culo 160. Celebraci贸n del juicio y sentencia
1. Una vez admitida la demanda o la comunicaci贸n de la autoridad laboral, el secretario judicial citar谩 a las partes para la celebraci贸n del acto del juicio, que deber谩 tener lugar, en 煤nica convocatoria, dentro de los cinco d铆as siguientes a la admisi贸n a tr谩mite de la demanda.
2. La sentencia se dictar谩 dentro de los tres d铆as siguientes, notific谩ndose, en su caso, a la autoridad laboral competente.
3. De ser estimatoria de una pretensi贸n de condena susceptible de ejecuci贸n individual, deber谩 contener, en su caso, la concreci贸n de los datos, caracter铆sticas y requisitos precisos para una posterior individualizaci贸n de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por la condena y especificar la repercusi贸n directa sobre los mismos del pronunciamiento dictado. Asimismo deber谩 contener, en su caso, la declaraci贸n de que la condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente.
4. La sentencia ser谩 ejecutiva desde el momento en que se dicte, no obstante el recurso que contra la misma pueda interponerse.
5. La sentencia firme producir谩 efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resoluci贸n o que puedan plantearse, que versen sobre id茅ntico objeto o en relaci贸n de directa conexidad con aqu茅l, tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo, que quedar谩n en suspenso durante la tramitaci贸n del conflicto colectivo. La suspensi贸n se acordar谩 aunque hubiere reca铆do sentencia de instancia y estuviere pendiente el recurso de suplicaci贸n y de casaci贸n, vinculando al tribunal correspondiente la sentencia firme reca铆da en el proceso de conflicto colectivo, incluso aunque en el recurso de casaci贸n unificadora no se hubiere invocado aqu茅lla como sentencia contradictoria.
6. La iniciaci贸n del proceso de conflicto colectivo interrumpir谩 la prescripci贸n de las acciones individuales en igual relaci贸n con el objeto del referido conflicto.
Art铆culo 161. Inimpugnabilidad de las resoluciones de tramitaci贸n
Contra las resoluciones que se dicten en su tramitaci贸n no cabr谩 recurso, salvo el de declaraci贸n inicial de incompetencia.
Art铆culo 162. Archivo de actuaciones
De recibirse en el juzgado o tribunal comunicaci贸n de las partes de haber quedado solventado el conflicto, se proceder谩 por el secretario judicial sin m谩s al archivo de las actuaciones, cualquiera que sea el estado de su tramitaci贸n anterior a la sentencia.
CAP脥TULO IX-De la impugnaci贸n de convenios colectivos
Art铆culo 163. Iniciaci贸n
1. La impugnaci贸n de un convenio colectivo de los regulados en el T铆tulo III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de los laudos arbitrales sustitutivos de 茅stos, por considerar que conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el inter茅s de terceros, podr谩 promoverse de oficio ante el juzgado o Sala competente, mediante comunicaci贸n remitida por la autoridad correspondiente.
2. Si el convenio colectivo no hubiera sido a煤n registrado ante la oficina p煤blica correspondiente conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del art铆culo 90 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los representantes legales o sindicales de los trabajadores o los empresarios que sostuvieran la ilegalidad del convenio o los terceros lesionados que la invocaran, deber谩n solicitar previamente de la autoridad laboral que curse al juzgado o Sala su comunicaci贸n de oficio.
3. Si la autoridad laboral no contestara la solicitud a la que se refiere el apartado anterior en el plazo de quince d铆as, la desestimara o el convenio colectivo ya hubiere sido registrado, la impugnaci贸n de 茅stos podr谩 instarse directamente por los legitimados para ello por los tr谩mites del proceso de conflicto colectivo, mientras subsista la vigencia de la correspondiente norma convencional.
4. La falta de impugnaci贸n directa de un convenio colectivo de los mencionados en el apartado 1 de este art铆culo no impide la impugnaci贸n de los actos que se produzcan en su aplicaci贸n, a trav茅s de los conflictos colectivos o individuales posteriores que pudieran promoverse por los legitimados para ello, fundada en que las disposiciones contenidas en los mismos no son conformes a Derecho. El juez o tribunal que en dichos procedimientos apreciara la ilegalidad de alguna de las referidas disposiciones lo pondr谩 en conocimiento del Ministerio Fiscal para que, en su caso, pueda plantear su ilegalidad a trav茅s de la modalidad procesal de impugnaci贸n de convenios colectivos.
Art铆culo 164. Requisitos de la comunicaci贸n de oficio
1. La comunicaci贸n de oficio que sostenga la ilegalidad del convenio, pacto o acuerdo habr谩 de contener los requisitos siguientes:
a) La concreci贸n de la legislaci贸n y los extremos de ella que se consideren conculcados por el convenio.
b) Una referencia sucinta a los fundamentos jur铆dicos de la ilegalidad.
c) La relaci贸n de las representaciones integrantes de la comisi贸n o mesa negociadora del convenio impugnado.
2. La comunicaci贸n de oficio que sostenga la lesividad del convenio habr谩 de contener, adem谩s del requisito mencionado en la letra c) del apartado anterior, relaci贸n de los terceros reclamantes, presuntamente lesionados, e indicaci贸n del inter茅s de los mismos que se trata de proteger.
3. El secretario judicial advertir谩 a la autoridad remitente de los defectos u omisiones que pudiera contener la comunicaci贸n, a fin de que se subsanen en el plazo de diez d铆as.
4. El proceso se seguir谩, adem谩s de con las representaciones integrantes de la Comisi贸n o Mesa negociadora del convenio, con los denunciantes o terceros presuntamente lesionados.
5. Cuando la impugnaci贸n procediera de la autoridad laboral y no hubiera denunciantes, tambi茅n ser谩 citada la representaci贸n legal de dicha autoridad.
6. El Ministerio Fiscal ser谩 parte siempre en estos procesos.
7. A la comunicaci贸n de oficio se acompa帽ar谩 el convenio impugnado y copias del mismo para cuantos sean parte en el proceso.
Art铆culo 165. Legitimaci贸n
1. La legitimaci贸n activa para impugnar un convenio colectivo, por los tr谩mites del proceso de conflicto colectivo corresponde:
a) Si la impugnaci贸n se fundamenta en la ilegalidad, a los 贸rganos de representaci贸n legal o sindical de los trabajadores, sindicatos y asociaciones empresariales interesadas, as铆 como al Ministerio Fiscal, a la Administraci贸n General del Estado y a la Administraci贸n de las Comunidades Aut贸nomas su respectivo 谩mbito. A los efectos de impugnar las cl谩usulas que pudieran contener discriminaciones directas o indirectas por raz贸n de sexo, est谩n tambi茅n legitimados el Instituto de la Mujer y los organismos correspondientes de las Comunidades Aut贸nomas.
b) Si el motivo de la impugnaci贸n fuera la lesividad, a los terceros cuyo inter茅s haya resultado gravemente lesionado. No se tendr谩 por terceros a los trabajadores y empresarios incluidos en el 谩mbito de aplicaci贸n del convenio.
2. Estar谩n pasivamente legitimadas todas las representaciones integrantes de la comisi贸n o mesa negociadora del convenio.
3. La demanda contendr谩, adem谩s de los requisitos generales, los particulares que para la comunicaci贸n de oficio se prev茅n en el art铆culo anterior, debiendo, asimismo, acompa帽arse el convenio y sus copias.
4. El Ministerio Fiscal ser谩 siempre parte en estos procesos.
Art铆culo 166. Celebraci贸n del juicio y sentencia
1. Admitida a tr谩mite la comunicaci贸n de oficio o la demanda, el secretario judicial se帽alar谩 para juicio, con citaci贸n del Ministerio Fiscal y, en su caso, de las partes a las que se refiere el apartado 4 del art铆culo 164. En su comparecencia a juicio, dichas partes alegar谩n en primer t茅rmino la postura procesal que adopten, de conformidad u oposici贸n, respecto de la pretensi贸n interpuesta.
2. La sentencia, que se dictar谩 dentro de los tres d铆as siguientes, se comunicar谩 a la autoridad laboral, y ser谩 ejecutiva desde el momento en que se dicte, no obstante el recurso que contra ella pudiera interponerse. Una vez firme producir谩 efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resoluci贸n o que puedan plantearse en todos los 谩mbitos de la jurisdicci贸n sobre los preceptos convalidados, anulados o interpretados objeto del proceso.
3. Cuando la sentencia sea anulatoria, en todo o en parte, del convenio colectivo impugnado y 茅ste hubiera sido publicado, tambi茅n se publicar谩 en el Bolet铆n Oficial en que aqu茅l se hubiere insertado.
CAP脥TULO X-De las impugnaciones relativas a los estatutos de los sindicatos y de las asociaciones empresariales o a su modificaci贸n
SECCI脫N 1.陋-Impugnaci贸n de la resoluci贸n administrativa que deniegue el dep贸sito
Art铆culo 167. Legitimaci贸n
1. Los promotores de los sindicatos de trabajadores en fase de constituci贸n, y los firmantes del acta de constituci贸n de los mismos, podr谩n impugnar las resoluciones de las oficinas p煤blicas que rechacen el dep贸sito de los estatutos presentados para su publicidad.
2. La Administraci贸n p煤blica a la que est茅 adscrita la oficina de dep贸sito de estatutos autora de la resoluci贸n impugnada, as铆 como el Ministerio Fiscal, ser谩n siempre parte en estos procesos.
Art铆culo 168. Plazo
El plazo para el ejercicio de la acci贸n de impugnaci贸n ser谩 de diez d铆as h谩biles, contados a partir de aqu茅l en que sea recibida la notificaci贸n de la resoluci贸n denegatoria expresa o transcurra un mes desde la presentaci贸n de los estatutos sin que hubieren notificado a los promotores defectos a subsanar.
Art铆culo 169. Contenido de la demanda
A la demanda deber谩n acompa帽arse copias de los estatutos y de la resoluci贸n denegatoria, de haber 茅sta reca铆do expresamente, o bien copia acreditativa de la presentaci贸n de dichos estatutos.
Art铆culo 170. Remisi贸n del expediente
Dentro del siguiente d铆a h谩bil a la admisi贸n de la demanda, el secretario judicial requerir谩 de la oficina p煤blica competente el env铆o del expediente, que habr谩 de ser remitido en el plazo de cinco d铆as.
Art铆culo 171. Efectos de la sentencia estimatoria
La sentencia, de estimar la demanda, ordenar谩 de inmediato el dep贸sito del estatuto sindical en la correspondiente oficina p煤blica.
Art铆culo 172. Impugnaci贸n de la resoluci贸n administrativa denegatoria del dep贸sito de la modificaci贸n de estatutos
1. Las reglas establecidas en la presente Secci贸n ser谩n de aplicaci贸n a los procesos de impugnaci贸n de la resoluci贸n denegatoria del dep贸sito de los estatutos de los sindicatos, en los casos de modificaci贸n de los mismos, as铆 como respecto de las modificaciones de los estatutos de los sindicatos que ya tuvieran personalidad jur铆dica.
2. Estar谩n legitimados para impugnar la resoluci贸n administrativa los representantes del sindicato, pudiendo comparecer como coadyuvantes sus afiliados.
SECCI脫N 2.陋-Impugnaci贸n de los estatutos de los sindicatos
Art铆culo 173. Legitimaci贸n
1. El Ministerio Fiscal y quienes acrediten un inter茅s directo, personal y leg铆timo podr谩n solicitar la declaraci贸n judicial de no ser conformes a Derecho los estatutos de los sindicatos, o sus modificaciones, que hayan sido objeto de dep贸sito y publicaci贸n, tanto en el caso de que est茅n en fase de constituci贸n como en el de que hayan adquirido personalidad jur铆dica.
2. Estar谩n pasivamente legitimados los promotores del sindicato y los firmantes del acta de constituci贸n, as铆 como quienes legalmente representen al sindicato, caso de haber ya adquirido 茅ste personalidad jur铆dica.
3. El Ministerio Fiscal ser谩 siempre parte en estos procesos.
Art铆culo 174. Remisi贸n del expediente
Admitida la demanda, el secretario judicial requerir谩 a la oficina p煤blica correspondiente la remisi贸n de la copia autorizada del expediente, debiendo dicha oficina enviarla en el plazo de cinco d铆as.
Art铆culo 175. Efectos de la sentencia
1. Caso de ser estimatoria, la sentencia declarar谩 la nulidad de las cl谩usulas estatutarias que no sean conformes a Derecho o de los estatutos en su integridad.
2. La sentencia deber谩 ser comunicada a la oficina p煤blica correspondiente.
SECCI脫N 3.陋-Estatutos de las asociaciones empresariales
Art铆culo 176. Tramitaci贸n
Los procesos de impugnaci贸n de las resoluciones administrativas que denieguen el dep贸sito de los estatutos de las asociaciones empresariales, o de sus modificaciones, as铆 como las de declaraci贸n de no ser conforme a Derecho dichos estatutos, o sus modificaciones, se sustanciar谩n, respectivamente, por los tr谩mites de las modalidades procesales reguladas en las secciones anteriores. El Ministerio Fiscal ser谩 siempre parte en dichos procesos, con independencia de su legitimaci贸n activa para promover los mismos.
CAP脥TULO XI-De la tutela de los derechos fundamentales y libertades p煤blicas
Art铆culo 177. Legitimaci贸n
1. Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o inter茅s leg铆timo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades p煤blicas, incluida la prohibici贸n de tratamiento discriminatorio y del acoso, podr谩 recabar su tutela a trav茅s de este procedimiento cuando la pretensi贸n se suscite en el 谩mbito de las relaciones jur铆dicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexi贸n directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier t铆tulo, cuando la vulneraci贸n alegada tenga conexi贸n directa con la prestaci贸n de servicios.
2. En aquellos casos en los que corresponda al trabajador, como sujeto lesionado, la legitimaci贸n activa como parte principal, podr谩n personarse como coadyuvantes el sindicato al que 茅ste pertenezca, cualquier otro sindicato que ostente la condici贸n de m谩s representativo, as铆 como, en supuestos de discriminaci贸n, las entidades p煤blicas o privadas entre cuyos fines se encuentre la promoci贸n y defensa de los intereses leg铆timos afectados, si bien no podr谩n personarse, recurrir ni continuar el proceso contra la voluntad del trabajador perjudicado.
3. El Ministerio Fiscal ser谩 siempre parte en estos procesos en defensa de los derechos fundamentales y de las libertades p煤blicas, velando especialmente por la integridad de la reparaci贸n de las v铆ctimas e interesando la adopci贸n, en su caso, de las medidas necesarias para la depuraci贸n de las conductas delictivas.
4. La v铆ctima del acoso o de la lesi贸n de derechos fundamentales y libertades p煤blicas con motivo u ocasi贸n de las relaciones jur铆dicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexi贸n directa con las mismas, podr谩 dirigir pretensiones, tanto contra el empresario como contra cualquier otro sujeto que resulte responsable, con independencia del tipo de v铆nculo que le una al empresario. Corresponder谩 a la v铆ctima, que ser谩 la 煤nica legitimada en esta modalidad procesal, elegir la clase de tutela que pretende dentro de las previstas en la ley, sin que deba ser demandado necesariamente con el empresario el posible causante directo de la lesi贸n, salvo cuando la v铆ctima pretenda la condena de este 煤ltimo o pudiera resultar directamente afectado por la resoluci贸n que se dictare; y si se requiriese su testimonio el 贸rgano jurisdiccional velar谩 por las condiciones de su pr谩ctica en t茅rminos compatibles con su situaci贸n personal y con las restricciones de publicidad e intervenci贸n de las partes y de sus representantes que sean necesarias.
Art铆culo 178. No acumulaci贸n con acciones de otra naturaleza
1. El objeto del presente proceso queda limitado al conocimiento de la lesi贸n del derecho fundamental o libertad p煤blica, sin posibilidad de acumulaci贸n con acciones de otra naturaleza o con id茅ntica pretensi贸n basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad.
2. Cuando la tutela del derecho deba necesariamente realizarse a trav茅s de las modalidades procesales a que se refiere el art铆culo 184, se aplicar谩n en cuanto a las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas las reglas y garant铆as previstas en este Cap铆tulo, incluida la citaci贸n como parte al Ministerio Fiscal.
Art铆culo 179. Tramitaci贸n
1. La tramitaci贸n de estos procesos tendr谩 car谩cter urgente a todos los efectos, siendo preferente respecto de todos los que se sigan en el juzgado o tribunal. Los recursos que se interpongan se resolver谩n por el Tribunal con igual preferencia.
2. La demanda habr谩 de interponerse dentro del plazo general de prescripci贸n o caducidad de la acci贸n previsto para las conductas o actos sobre los que se concrete la lesi贸n del derecho fundamental o libertad p煤blica.
3. La demanda, adem谩s de los requisitos generales establecidos en la presente Ley, deber谩 expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneraci贸n, el derecho o libertad infringidos y la cuant铆a de la indemnizaci贸n pretendida, en su caso, con la adecuada especificaci贸n de los diversos da帽os y perjuicios, a los efectos de lo dispuesto en los art铆culos 182 y 183, y que, salvo en el caso de los da帽os morales unidos a la vulneraci贸n del derecho fundamental cuando resulte dif铆cil su estimaci贸n detallada, deber谩 establecer las circunstancias relevantes para la determinaci贸n de la indemnizaci贸n solicitada, incluyendo la gravedad, duraci贸n y consecuencias del da帽o, o las bases de c谩lculo de los perjuicios estimados para el trabajador.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 81, el juez o tribunal rechazar谩 de plano las demandas que no deban tramitarse con arreglo a las disposiciones de este Cap铆tulo y no sean susceptibles de subsanaci贸n, advirtiendo al demandante del derecho que le asiste a promover la acci贸n por el cauce procesal correspondiente. No obstante, el juez o la Sala dar谩 a la demanda la tramitaci贸n ordinaria o especial si para el procedimiento adecuado fuese competente y la demanda reuniese los requisitos exigidos por la ley para tal clase de procedimiento.
Art铆culo 180. Medidas cautelares
1. En el mismo escrito de interposici贸n de la demanda el actor podr谩 solicitar la suspensi贸n de los efectos del acto impugnado, as铆 como las dem谩s medidas necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera acordarse en sentencia.
2. El juez o tribunal podr谩 acordar la suspensi贸n de los efectos del acto impugnado cuando su ejecuci贸n produzca al demandante perjuicios que pudieran hacer perder a la pretensi贸n de tutela su finalidad, siempre y cuando la suspensi贸n no ocasione perturbaci贸n grave y desproporcionada a otros derechos y libertades o intereses superiores constitucionalmente protegidos.
No obstante lo anterior, en el caso de que se invoque vulneraci贸n de la libertad sindical, s贸lo se podr谩 deducir la suspensi贸n de los efectos del acto impugnado cuando las presuntas lesiones impidan la participaci贸n de candidatos en el proceso electoral o el ejercicio de la funci贸n representativa o sindical respecto de la negociaci贸n colectiva, reestructuraci贸n de plantillas u otras cuestiones de importancia trascendental que afecten al inter茅s general de los trabajadores y que puedan causar da帽os de imposible reparaci贸n.
3. Podr谩 solicitarse la adopci贸n de medidas cautelares cuando, en caso de huelga, se impugnen exclusivamente los actos de determinaci贸n del personal laboral adscrito a los m铆nimos necesarios para garantizar los servicios esenciales de la comunidad, as铆 como cuando se impugnen los actos de designaci贸n del personal laboral adscrito a los servicios de seguridad y mantenimiento precisos para la reanudaci贸n ulterior de las tareas. El 贸rgano jurisdiccional resolver谩 manteniendo, modificando o revocando la designaci贸n de personal adscrito a dichos servicios conforme a las propuestas que, en su caso, formulen al respecto las partes.
4. Cuando la demanda se refiera a protecci贸n frente al acoso, as铆 como en los procesos seguidos a instancia de la trabajadora v铆ctima de la violencia de g茅nero para el ejercicio de los derechos que le sean reconocidos en tal situaci贸n, podr谩n solicitarse, adem谩s, la suspensi贸n de la relaci贸n o la exoneraci贸n de prestaci贸n de servicios, el traslado de puesto o de centro de trabajo, la reordenaci贸n o reducci贸n del tiempo de trabajo y cuantas otras tiendan a preservar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse, incluidas, en su caso, aqu茅llas que pudieran afectar al presunto acosador o vulnerador de los derechos o libertades objeto de la tutela pretendida, en cuyo supuesto deber谩 ser o铆do 茅ste.
5. De haberse solicitado medidas cautelares, dentro del d铆a siguiente a la admisi贸n de la demanda o a la solicitud, el secretario judicial citar谩 a las partes y al Ministerio Fiscal para que, en el d铆a y hora que se se帽ale dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, comparezcan a una audiencia preliminar, en la que s贸lo se admitir谩n alegaciones y pruebas sobre la justificaci贸n y proporcionalidad de las medidas, en relaci贸n con el derecho fundamental y el riesgo para la efectividad de la resoluci贸n que deba recaer, debiendo aportar la parte solicitante el necesario principio de prueba al respecto. En supuestos de urgencia excepcional, la adopci贸n de las medidas cautelares podr谩 efectuarse por el juez o Sala al admitirse a tr谩mite la demanda, sin perjuicio de que se celebre ulteriormente la comparecencia prevista en este n煤mero.
6. El 贸rgano judicial resolver谩 al t茅rmino de la audiencia sobre las medidas cautelares solicitadas mediante auto dictado de viva voz, adoptando, en su caso, las medidas oportunas para reparar la situaci贸n.
Art铆culo 181. Conciliaci贸n y juicio
1. Admitida a tr谩mite la demanda, el secretario judicial citar谩 a las partes para los actos de conciliaci贸n y juicio conforme a los criterios establecidos en el apartado 1 del art铆culo 82, que habr谩n de tener lugar dentro del plazo improrrogable de los cinco d铆as siguientes al de la admisi贸n de la demanda. En todo caso, habr谩 de mediar un m铆nimo de dos d铆as entre la citaci贸n y la efectiva celebraci贸n de aquellos actos.
2. En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violaci贸n del derecho fundamental o libertad p煤blica, corresponder谩 al demandado la aportaci贸n de una justificaci贸n objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
3. El juez o la Sala dictar谩 sentencia en el plazo de tres d铆as desde la celebraci贸n del acto del juicio public谩ndose y notific谩ndose inmediatamente a las partes o a sus representantes.
Art铆culo 182. Sentencia
1. La sentencia declarar谩 haber lugar o no al amparo judicial solicitado y, en caso de estimaci贸n de la demanda, seg煤n las pretensiones concretamente ejercitadas:
a) Declarar谩 la existencia o no de vulneraci贸n de derechos fundamentales y libertades p煤blicas, as铆 como el derecho o libertad infringidos, seg煤n su contenido constitucionalmente declarado, dentro de los l铆mites del debate procesal y conforme a las normas y doctrina constitucionales aplicables al caso, hayan sido o no acertadamente invocadas por los litigantes.
b) Declarar谩 la nulidad radical de la actuaci贸n del empleador, asociaci贸n patronal, Administraci贸n p煤blica o cualquier otra persona, entidad o corporaci贸n p煤blica o privada.
c) Ordenar谩 el cese inmediato de la actuaci贸n contraria a derechos fundamentales o a libertades p煤blicas, o en su caso, la prohibici贸n de interrumpir una conducta o la obligaci贸n de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles seg煤n la naturaleza del derecho o libertad vulnerados.
d) Dispondr谩 el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposici贸n de la situaci贸n al momento anterior a producirse la lesi贸n del derecho fundamental, as铆 como la reparaci贸n de las consecuencias derivadas de la acci贸n u omisi贸n del sujeto responsable, incluida la indemnizaci贸n que procediera en los t茅rminos se帽alados en el art铆culo 183.
2. En la sentencia se dispondr谩 lo procedente sobre las medidas cautelares que se hubieran adoptado previamente.
Art铆culo 183. Indemnizaciones
1. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneraci贸n, el juez deber谩 pronunciarse sobre la cuant铆a de la indemnizaci贸n que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminaci贸n u otra lesi贸n de sus derechos fundamentales y libertades p煤blicas, en funci贸n tanto del da帽o moral unido a la vulneraci贸n del derecho fundamental, como de los da帽os y perjuicios adicionales derivados.
2. El tribunal se pronunciar谩 sobre la cuant铆a del da帽o, determin谩ndolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado dif铆cil o costosa, para resarcir suficientemente a la v铆ctima y restablecer a 茅sta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situaci贸n anterior a la lesi贸n, as铆 como para contribuir a la finalidad de prevenir el da帽o.
3. Esta indemnizaci贸n ser谩 compatible, en su caso, con la que pudiera corresponder al trabajador por la modificaci贸n o extinci贸n del contrato de trabajo o en otros supuestos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y dem谩s normas laborales.
4. Cuando se haya ejercitado la acci贸n de da帽os y perjuicios derivada de delito o falta en un procedimiento penal no podr谩 reiterarse la petici贸n indemnizatoria ante el orden jurisdiccional social, mientras no se desista del ejercicio de aqu茅lla o quede sin resolverse por sobreseimiento o absoluci贸n en resoluci贸n penal firme, quedando mientras tanto interrumpido el plazo de prescripci贸n de la acci贸n en v铆a social.
Art铆culo 184. Demandas de ejercicio necesario a trav茅s de la modalidad procesal correspondiente
No obstante lo dispuesto en los art铆culos anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del art铆culo 178, las demandas por despido y por las dem谩s causas de extinci贸n del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de suspensi贸n del contrato y reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n o derivadas de fuerza mayor, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnaci贸n de estatutos de los sindicatos o de su modificaci贸n, las de movilidad geogr谩fica, las de derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el art铆culo 139, las de impugnaci贸n de convenios colectivos y las de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores en que se invoque lesi贸n de derechos fundamentales y libertades p煤blicas se tramitar谩n inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, dando car谩cter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, seg煤n lo dispuesto en el apartado 2 del art铆culo 26, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas con las propias de la modalidad procesal respectiva.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificado art铆culo 184
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
No obstante lo dispuesto en los art铆culos anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del art铆culo 178, las demandas por despido y por las dem谩s causas de extinci贸n del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de suspensi贸n del contrato y reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n o derivadas de fuerza mayor, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnaci贸n de estatutos de los sindicatos o de su modificaci贸n, las de movilidad geogr谩fica, las de derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el art铆culo 139, las de impugnaci贸n de convenios colectivos y las de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores en que se invoque lesi贸n de derechos fundamentales y libertades p煤blicas se tramitar谩n inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, dando car谩cter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, seg煤n lo dispuesto en el apartado 2 del art铆culo 26, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas con las propias de la modalidad procesal respectiva.
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Modificado art铆culo 184
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
No obstante lo dispuesto en los art铆culos anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del art铆culo 178, las demandas por despido y por las dem谩s causas de extinci贸n del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnaci贸n de estatutos de los sindicatos o de su modificaci贸n, las de movilidad geogr谩fica, las de derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el art铆culo 139, las de impugnaci贸n de convenios colectivos y las de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores en que se invoque lesi贸n de derechos fundamentales y libertades p煤blicas se tramitar谩n inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, dando car谩cter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, seg煤n lo dispuesto en el apartado 2 del art铆culo 26, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas con las propias de la modalidad procesal respectiva.
T脥TULO III-De la audiencia al demandado rebelde
Art铆culo 185. Especialidades
A los procesos seguidos sin que haya comparecido el demandado, les ser谩n de aplicaci贸n las normas contenidas en el T铆tulo V del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades siguientes:
1. No ser谩 necesaria la declaraci贸n de rebeld铆a del demandado que, citado en forma, no comparezca al juicio.
2. A petici贸n del demandante se podr谩 decretar el embargo de bienes muebles e inmuebles u otras medidas cautelares en lo necesario para asegurar el suplico.
3. El plazo para solicitar la audiencia ser谩 de veinte d铆as desde la notificaci贸n personal de la sentencia o desde que conste el conocimiento procesal o extraprocesal de la misma y en todo caso de cuatro meses desde la notificaci贸n de la sentencia en el Bolet铆n Oficial correspondiente, en los supuestos y condiciones previstos en el art铆culo 501 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. La petici贸n de audiencia se formular谩 ante el 贸rgano judicial que hubiere dictado la sentencia firme que se pretende rescindir.
5. La audiencia al demandado se sustanciar谩 ante el 贸rgano que conoci贸 del litigio en instancia.
6. En ambos supuestos se seguir谩n los tr谩mites del proceso ordinario regulado en esta Ley, con aplicaci贸n de lo previsto en el apartado 2 del art铆culo 504 y regla 3.陋, del apartado 1 del art铆culo 507 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con exclusi贸n de los tr谩mites de las reglas 1.陋 y 2.陋 del apartado 1 del art铆culo 507 de la referida Ley.
7. La pretensi贸n de nulidad de la sentencia o resoluci贸n firme por defectos de forma que hayan causado indefensi贸n deber谩 plantearse, de concurrir los presupuestos para ello, por la v铆a del incidente de nulidad de actuaciones regulado en el art铆culo 241 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
LIBRO TERCERO-De los medios de impugnaci贸n
T脥TULO I-De los recursos contra providencias, autos, diligencias de ordenaci贸n y decretos
Art铆culo 186. Recurso de reposici贸n
1. Contra las diligencias de ordenaci贸n y decretos no definitivos cabr谩 recurso de reposici贸n ante el secretario judicial que dict贸 la resoluci贸n recurrida, excepto en los casos en que la ley prevea recurso directo de revisi贸n.
2. Contra todas las providencias y autos cabr谩 recurso de reposici贸n ante el mismo juez o tribunal que dict贸 la resoluci贸n recurrida.
3. La interposici贸n del recurso de reposici贸n no tendr谩 efectos suspensivos respecto de la resoluci贸n recurrida.
4. No habr谩 lugar al recurso de reposici贸n contra providencias, autos, diligencias de ordenaci贸n y decretos que se dicten en los procesos de conflictos colectivos, en los procesos en materia electoral, cuando versen sobre el ejercicio de conciliaci贸n de la vida personal familiar y laboral, y en los procesos de impugnaci贸n de convenios colectivos, sin perjuicio, en su caso, de poder efectuar la alegaci贸n correspondiente en el acto de la vista.
Art铆culo 187. Tramitaci贸n
1. El recurso de reposici贸n deber谩 interponerse en el plazo de tres d铆as contra las resoluciones dictadas en procedimientos seguidos ante un 贸rgano unipersonal y de cinco d铆as contra las resoluciones dictadas en procedimientos seguidos ante un 贸rgano colegiado, expres谩ndose la infracci贸n en que la resoluci贸n hubiera incurrido a juicio del recurrente.
2. Si no se cumplieran los requisitos establecidos en el apartado anterior, se inadmitir谩, mediante providencia no susceptible de recurso, la reposici贸n interpuesta frente a providencias y autos, y mediante decreto, directamente recurrible en revisi贸n, la formulada contra diligencias de ordenaci贸n y decretos no definitivos.
3. Admitido a tr谩mite el recurso de reposici贸n, por el secretario judicial se conceder谩 a las dem谩s partes personadas un plazo com煤n de tres o cinco d铆as, seg煤n el car谩cter unipersonal o colegiado del 贸rgano en el que se haya dictado la resoluci贸n recurrida, para impugnarlo, si lo estiman conveniente.
4. Transcurrido el plazo de impugnaci贸n, h谩yanse o no presentado escritos, el juez o tribunal, si se tratara de reposici贸n interpuesta frente a providencias o autos, o el secretario judicial si hubiera sido formulada frente a diligencias de ordenaci贸n o decretos, resolver谩n sin m谩s tr谩mites mediante auto o decreto, respectivamente, en un plazo de tres o de cinco d铆as, seg煤n el car谩cter unipersonal o colegiado del 贸rgano.
5. Contra el auto resolutorio del recurso de reposici贸n no se dar谩 nuevo recurso, salvo en los supuestos expresamente establecidos en la presente Ley, sin perjuicio de poder efectuar la alegaci贸n correspondiente en el acto de la vista, en su caso, o de la responsabilidad civil que en otro caso proceda.
Art铆culo 188. Impugnaci贸n de la resoluci贸n del recurso de reposici贸n
1. Contra el decreto resolutivo de la reposici贸n no se dar谩 recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuesti贸n al recurrir, si fuere procedente, la resoluci贸n definitiva.
Cabr谩 recurso directo de revisi贸n contra los decretos que pongan fin al procedimiento o impidan su continuaci贸n. Dicho recurso carecer谩 de efectos suspensivos sin que, en ning煤n caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto.
Cabr谩 interponer igualmente recurso directo de revisi贸n contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea.
2. El recurso directo de revisi贸n deber谩 interponerse en el plazo de tres o cinco d铆as, seg煤n el car谩cter unipersonal o colegiado del 贸rgano en el que se haya dictado la resoluci贸n recurrida, mediante escrito en el que deber谩 fundamentarse la infracci贸n en que la resoluci贸n hubiera incurrido.
Cumplidos los anteriores requisitos, el secretario judicial, mediante diligencia de ordenaci贸n, admitir谩 el recurso, concediendo a las dem谩s partes personadas un plazo com煤n de tres o cinco d铆as, seg煤n el car谩cter unipersonal o colegiado del 贸rgano en el que se haya dictado la resoluci贸n recurrida, para impugnarlo si lo estiman conveniente.
Si no se cumplieran los requisitos de admisibilidad del recurso, el juez o tribunal lo inadmitir谩 mediante providencia.
Transcurrido el plazo para impugnaci贸n, h谩yanse presentado o no escritos, el juez o tribunal resolver谩 sin m谩s tr谩mites, mediante auto, en un plazo de tres o de cinco d铆as, seg煤n el car谩cter unipersonal o colegiado del 贸rgano.
Contra las resoluciones sobre admisi贸n o inadmisi贸n no cabr谩 recurso alguno.
3. Contra el auto dictado resolviendo el recurso de revisi贸n, 煤nicamente cabr谩 recurso de suplicaci贸n o de casaci贸n cuando as铆 expresamente se prevea en esta Ley.
Art铆culo 189. Recurso de queja
Los recursos de queja de que conozcan las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia o la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, seg煤n los casos, se tramitar谩n de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para recurrir en queja.
T脥TULO II-Del recurso de suplicaci贸n
Art铆culo 190. Competencia
1. Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocer谩n de los recursos de suplicaci贸n que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de su circunscripci贸n, as铆 como contra los autos y sentencias que puedan dictar los Jueces de lo Mercantil que se encuentren en su circunscripci贸n y que afecten al derecho laboral.
2. Proceder谩 dicho recurso contra las resoluciones que se determinan en esta Ley y por los motivos que en ella se establecen.
Art铆culo 191. 脕mbito de aplicaci贸n
1. Son recurribles en suplicaci贸n las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en los procesos que ante ellos se tramiten, cualquiera que sea la naturaleza del asunto, salvo cuando la presente Ley disponga lo contrario.
2. No proceder谩 recurso de suplicaci贸n en los procesos relativos a las siguientes materias:
a) Impugnaci贸n de sanci贸n por falta que no sea muy grave, as铆 como por falta muy grave no confirmada judicialmente.
b) Procesos relativos a la fecha de disfrute de las vacaciones.
c) Materia electoral, salvo en el caso del art铆culo 136.
d) Procesos de clasificaci贸n profesional, salvo en el caso previsto en el apartado 3 del art铆culo 137.
e) Procesos de movilidad geogr谩fica distintos de los previstos en el apartado 2 del art铆culo 40 del Estatuto de los Trabajadores; en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, salvo cuando tengan car谩cter colectivo de conformidad con el apartado 2 del art铆culo 41 del referido Estatuto; y en los de cambio de puesto o movilidad funcional, salvo cuando fuera posible acumular a estos otra acci贸n susceptible de recurso de suplicaci贸n; y en las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el art铆culo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un n煤mero de trabajadores inferior a los umbrales previstos en el apartado 1 del art铆culo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
f) Procedimientos relativos a los derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral previstos en el art铆culo 139, salvo cuando se haya acumulado pretensi贸n de resarcimiento de da帽os y perjuicios que por su cuant铆a pudiera dar lugar a recurso de suplicaci贸n.
g) Reclamaciones cuya cuant铆a litigiosa no exceda de 3.000 euros. Tampoco proceder谩 recurso en procesos de impugnaci贸n de alta m茅dica cualquiera que sea la cuant铆a de las prestaciones de incapacidad temporal que viniere percibiendo el trabajador.
3. Proceder谩 en todo caso la suplicaci贸n:
a) En procesos por despido o extinci贸n del contrato, salvo en los procesos por despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores.
b) En reclamaciones, acumuladas o no, cuando la cuesti贸n debatida afecte a todos o a un gran n煤mero de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de afectaci贸n general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes.
c) En los procesos que versen sobre reconocimiento o denegaci贸n del derecho a obtener prestaciones de Seguridad Social, as铆 como sobre el grado de incapacidad permanente aplicable.
d) Cuando el recurso tenga por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisi贸n del intento de conciliaci贸n o de mediaci贸n obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma y hayan producido indefensi贸n. Si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los l铆mites de la suplicaci贸n, la sentencia resolver谩 s贸lo sobre el defecto procesal invocado.
e) Contra las sentencias que decidan sobre la falta de jurisdicci贸n por raz贸n de la materia o de competencia territorial o funcional. Si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los l铆mites de la suplicaci贸n la sentencia, resolver谩 s贸lo sobre la jurisdicci贸n o competencia.
f) Contra las sentencias dictadas en materias de conflictos colectivos, impugnaci贸n de convenios colectivos, impugnaci贸n de los estatutos de los sindicatos, procedimientos de oficio y tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas.
g) Contra las sentencias dictadas en procesos de impugnaci贸n de actos administrativos en materia laboral no comprendidos en los apartados anteriores, cuando no sean susceptibles de valoraci贸n econ贸mica o cuando la cuant铆a litigiosa exceda de dieciocho mil euros.
4. Podr谩 interponerse recurso de suplicaci贸n contra las siguientes resoluciones:
a) Los autos que resuelvan el recurso de reposici贸n interpuesto contra la resoluci贸n en que el 贸rgano jurisdiccional, antes del acto del juicio, declare la falta de jurisdicci贸n o de competencia por raz贸n de la materia, de la funci贸n o del territorio.
b) Los autos y sentencias que se dicten por los Juzgados de lo Mercantil en el proceso concursal en cuestiones de car谩cter laboral. En dichas resoluciones deber谩n consignarse expresamente y por separado, los hechos que se estimen probados.
c) Los autos que resuelvan el recurso de reposici贸n, o en su caso de revisi贸n, interpuesto contra la resoluci贸n que disponga la terminaci贸n anticipada del proceso en los siguientes supuestos:
1.潞 Satisfacci贸n extraprocesal o p茅rdida sobrevenida de objeto.
2.潞 Falta de subsanaci贸n de los defectos advertidos en la demanda no imputable a la parte o a su representaci贸n procesal o incomparecencia injustificada a los actos de conciliaci贸n y juicio, siempre que, por caducidad de la acci贸n o de la instancia o por otra causa legal, no fuera jur铆dicamente posible su reproducci贸n ulterior.
d) Los autos que decidan el recurso de reposici贸n interpuesto contra los que dicten los Juzgados de lo Social y los autos que decidan el recurso de revisi贸n interpuesto contra los decretos del secretario judicial, dictados unos y otros en ejecuci贸n definitiva de sentencia u otros t铆tulos, siempre que la sentencia hubiere sido recurrible en suplicaci贸n o que, de tratarse de ejecuci贸n derivada de otro t铆tulo, haya reca铆do en asunto en el que, de haber dado lugar a sentencia, la misma hubiere sido recurrible en suplicaci贸n, en los siguientes supuestos:
1.潞 Cuando denieguen el despacho de ejecuci贸n.
2.潞 Cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado.
3.潞 Cuando pongan fin al procedimiento incidental en la ejecuci贸n decidiendo cuestiones sustanciales no resueltas o no contenidas en el t铆tulo ejecutivo.
4.潞 En los mismos casos, proceder谩 tambi茅n recurso de suplicaci贸n en ejecuci贸n provisional si se hubieran excedido materialmente los l铆mites de la misma o se hubiera declarado la falta de jurisdicci贸n o competencia del orden social.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificada letra e) del apartado 2 del art铆culo 191
路 Modificada letra a) del apartado 3 del art铆culo 191
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
1. Son recurribles en suplicaci贸n las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en los procesos que ante ellos se tramiten, cualquiera que sea la naturaleza del asunto, salvo cuando la presente Ley disponga lo contrario.
2. No proceder谩 recurso de suplicaci贸n en los procesos relativos a las siguientes materias:
a) Impugnaci贸n de sanci贸n por falta que no sea muy grave, as铆 como por falta muy grave no confirmada judicialmente.
b) Procesos relativos a la fecha de disfrute de las vacaciones.
c) Materia electoral, salvo en el caso del art铆culo 136.
d) Procesos de clasificaci贸n profesional, salvo en el caso previsto en el apartado 3 del art铆culo 137.
e) Procesos de movilidad geogr谩fica distintos de los previstos en el apartado 2 del art铆culo 40 del Estatuto de Trabajadores; en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, salvo cuando tengan car谩cter colectivo de conformidad con el apartado 2 del art铆culo 41 del referido Estatuto; y en los de cambio de puesto o movilidad funcional, salvo cuando fuera posible acumular a estos otra acci贸n susceptible de recurso de suplicaci贸n; y en las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el art铆culo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un n煤mero de trabajadores inferior a los umbrales previstos en el apartado 1 del art铆culo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
f) Procedimientos relativos a los derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral previstos en el art铆culo 139, salvo cuando se haya acumulado pretensi贸n de resarcimiento de da帽os y perjuicios que por su cuant铆a pudiera dar lugar a recurso de suplicaci贸n.
g) Reclamaciones cuya cuant铆a litigiosa no exceda de 3.000 euros. Tampoco proceder谩 recurso en procesos de impugnaci贸n de alta m茅dica cualquiera que sea la cuant铆a de las prestaciones de incapacidad temporal que viniere percibiendo el trabajador.
3. Proceder谩 en todo caso la suplicaci贸n:
a) En procesos por despido o extinci贸n del contrato, salvo en los proceso por despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores.
b) En reclamaciones, acumuladas o no, cuando la cuesti贸n debatida afecte a todos o a un gran n煤mero de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de afectaci贸n general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes.
c) En los procesos que versen sobre reconocimiento o denegaci贸n del derecho a obtener prestaciones de Seguridad Social, as铆 como sobre el grado de incapacidad permanente aplicable.
d) Cuando el recurso tenga por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisi贸n del intento de conciliaci贸n o de mediaci贸n obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma y hayan producido indefensi贸n. Si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los l铆mites de la suplicaci贸n, la sentencia resolver谩 s贸lo sobre el defecto procesal invocado.
e) Contra las sentencias que decidan sobre la falta de jurisdicci贸n por raz贸n de la materia o de competencia territorial o funcional. Si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los l铆mites de la suplicaci贸n la sentencia, resolver谩 s贸lo sobre la jurisdicci贸n o competencia.
f) Contra las sentencias dictadas en materias de conflictos colectivos, impugnaci贸n de convenios colectivos, impugnaci贸n de los estatutos de los sindicatos, procedimientos de oficio y tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas.
g) Contra las sentencias dictadas en procesos de impugnaci贸n de actos administrativos en materia laboral no comprendidos en los apartados anteriores, cuando no sean susceptibles de valoraci贸n econ贸mica o cuando la cuant铆a litigiosa exceda de dieciocho mil euros.
4. Podr谩 interponerse recurso de suplicaci贸n contra las siguientes resoluciones:
a) Los autos que resuelvan el recurso de reposici贸n interpuesto contra la resoluci贸n en que el 贸rgano jurisdiccional, antes del acto del juicio, declare la falta de jurisdicci贸n o de competencia por raz贸n de la materia, de la funci贸n o del territorio.
b) Los autos y sentencias que se dicten por los Juzgados de lo Mercantil en el proceso concursal en cuestiones de car谩cter laboral. En dichas resoluciones deber谩n consignarse expresamente y por separado, los hechos que se estimen probados.
c) Los autos que resuelvan el recurso de reposici贸n, o en su caso de revisi贸n, interpuesto contra la resoluci贸n que disponga la terminaci贸n anticipada del proceso en los siguientes supuestos:
1.潞 Satisfacci贸n extraprocesal o p茅rdida sobrevenida de objeto.
2.潞 Falta de subsanaci贸n de los defectos advertidos en la demanda no imputable a la parte o a su representaci贸n procesal o incomparecencia injustificada a los actos de conciliaci贸n y juicio, siempre que, por caducidad de la acci贸n o de la instancia o por otra causa legal, no fuera jur铆dicamente posible su reproducci贸n ulterior.
d) Los autos que decidan el recurso de reposici贸n interpuesto contra los que dicten los Juzgados de lo Social y los autos que decidan el recurso de revisi贸n interpuesto contra los decretos del secretario judicial, dictados unos y otros en ejecuci贸n definitiva de sentencia u otros t铆tulos, siempre que la sentencia hubiere sido recurrible en suplicaci贸n o que, de tratarse de ejecuci贸n derivada de otro t铆tulo, haya reca铆do en asunto en el que, de haber dado lugar a sentencia, la misma hubiere sido recurrible en suplicaci贸n, en los siguientes supuestos:
1.潞 Cuando denieguen el despacho de ejecuci贸n.
2.潞 Cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado.
3.潞 Cuando pongan fin al procedimiento incidental en la ejecuci贸n decidiendo cuestiones sustanciales no resueltas o no contenidas en el t铆tulo ejecutivo.
4.潞 En los mismos casos, proceder谩 tambi茅n recurso de suplicaci贸n en ejecuci贸n provisional si se hubieran excedido materialmente los l铆mites de la misma o se hubiera declarado la falta de jurisdicci贸n o competencia del orden social.
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Modificada letra e) del apartado 2 del art铆culo 191
路 Modificada letra a) del apartado 3 del art铆culo 191
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
1. Son recurribles en suplicaci贸n las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en los procesos que ante ellos se tramiten, cualquiera que sea la naturaleza del asunto, salvo cuando la presente Ley disponga lo contrario.
2. No proceder谩 recurso de suplicaci贸n en los procesos relativos a las siguientes materias:
a) Impugnaci贸n de sanci贸n por falta que no sea muy grave, as铆 como por falta muy grave no confirmada judicialmente.
b) Procesos relativos a la fecha de disfrute de las vacaciones.
c) Materia electoral, salvo en el caso del art铆culo 136.
d) Procesos de clasificaci贸n profesional, salvo en el caso previsto en el apartado 3 del art铆culo 137.
e) Procesos de movilidad geogr谩fica distintos de los previstos en el apartado 2 del art铆culo 40 del Estatuto de Trabajadores; en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, salvo cuando tengan car谩cter colectivo de conformidad con el apartado 2 del art铆culo 41 del referido Estatuto; y en los de cambio de puesto o movilidad funcional, salvo cuando fuera posible acumular a estos otra acci贸n susceptible de recurso de suplicaci贸n.
f) Procedimientos relativos a los derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral previstos en el art铆culo 139, salvo cuando se haya acumulado pretensi贸n de resarcimiento de da帽os y perjuicios que por su cuant铆a pudiera dar lugar a recurso de suplicaci贸n.
g) Reclamaciones cuya cuant铆a litigiosa no exceda de 3.000 euros. Tampoco proceder谩 recurso en procesos de impugnaci贸n de alta m茅dica cualquiera que sea la cuant铆a de las prestaciones de incapacidad temporal que viniere percibiendo el trabajador.
3. Proceder谩 en todo caso la suplicaci贸n:
a) En procesos por despido o extinci贸n de contrato.
b) En reclamaciones, acumuladas o no, cuando la cuesti贸n debatida afecte a todos o a un gran n煤mero de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de afectaci贸n general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes.
c) En los procesos que versen sobre reconocimiento o denegaci贸n del derecho a obtener prestaciones de Seguridad Social, as铆 como sobre el grado de incapacidad permanente aplicable.
d) Cuando el recurso tenga por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisi贸n del intento de conciliaci贸n o de mediaci贸n obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma y hayan producido indefensi贸n. Si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los l铆mites de la suplicaci贸n, la sentencia resolver谩 s贸lo sobre el defecto procesal invocado.
e) Contra las sentencias que decidan sobre la falta de jurisdicci贸n por raz贸n de la materia o de competencia territorial o funcional. Si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los l铆mites de la suplicaci贸n la sentencia, resolver谩 s贸lo sobre la jurisdicci贸n o competencia.
f) Contra las sentencias dictadas en materias de conflictos colectivos, impugnaci贸n de convenios colectivos, impugnaci贸n de los estatutos de los sindicatos, procedimientos de oficio y tutela de derechos fundamentales y libertades p煤blicas.
g) Contra las sentencias dictadas en procesos de impugnaci贸n de actos administrativos en materia laboral no comprendidos en los apartados anteriores, cuando no sean susceptibles de valoraci贸n econ贸mica o cuando la cuant铆a litigiosa exceda de dieciocho mil euros.
4. Podr谩 interponerse recurso de suplicaci贸n contra las siguientes resoluciones:
a) Los autos que resuelvan el recurso de reposici贸n interpuesto contra la resoluci贸n en que el 贸rgano jurisdiccional, antes del acto del juicio, declare la falta de jurisdicci贸n o de competencia por raz贸n de la materia, de la funci贸n o del territorio.
b) Los autos y sentencias que se dicten por los Juzgados de lo Mercantil en el proceso concursal en cuestiones de car谩cter laboral. En dichas resoluciones deber谩n consignarse expresamente y por separado, los hechos que se estimen probados.
c) Los autos que resuelvan el recurso de reposici贸n, o en su caso de revisi贸n, interpuesto contra la resoluci贸n que disponga la terminaci贸n anticipada del proceso en los siguientes supuestos:
1.潞 Satisfacci贸n extraprocesal o p茅rdida sobrevenida de objeto.
2.潞 Falta de subsanaci贸n de los defectos advertidos en la demanda no imputable a la parte o a su representaci贸n procesal o incomparecencia injustificada a los actos de conciliaci贸n y juicio, siempre que, por caducidad de la acci贸n o de la instancia o por otra causa legal, no fuera jur铆dicamente posible su reproducci贸n ulterior.
d) Los autos que decidan el recurso de reposici贸n interpuesto contra los que dicten los Juzgados de lo Social y los autos que decidan el recurso de revisi贸n interpuesto contra los decretos del secretario judicial, dictados unos y otros en ejecuci贸n definitiva de sentencia u otros t铆tulos, siempre que la sentencia hubiere sido recurrible en suplicaci贸n o que, de tratarse de ejecuci贸n derivada de otro t铆tulo, haya reca铆do en asunto en el que, de haber dado lugar a sentencia, la misma hubiere sido recurrible en suplicaci贸n, en los siguientes supuestos:
1.潞 Cuando denieguen el despacho de ejecuci贸n.
2.潞 Cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado.
3.潞 Cuando pongan fin al procedimiento incidental en la ejecuci贸n decidiendo cuestiones sustanciales no resueltas o no contenidas en el t铆tulo ejecutivo.
4.潞 En los mismos casos, proceder谩 tambi茅n recurso de suplicaci贸n en ejecuci贸n provisional si se hubieran excedido materialmente los l铆mites de la misma o se hubiera declarado la falta de jurisdicci贸n o competencia del orden social.
Art铆culo 192. Determinaci贸n de la cuant铆a del proceso
1. Si fuesen varios los demandantes o alg煤n demandado reconviniese, la cuant铆a litigiosa a efectos de la procedencia o no del recurso, la determinar谩 la reclamaci贸n cuantitativa mayor sin intereses ni recargos por mora.
2. Si el actor formulase varias pretensiones y reclamare cantidad por cada una de ellas, se sumar谩n todas para establecer la cuant铆a.
Cuando en un mismo proceso se ejerciten una o m谩s acciones acumuladas de las que solamente alguna sea recurrible en suplicaci贸n, proceder谩 igualmente dicho recurso, salvo expresa disposici贸n en contrario.
3. Cuando la reclamaci贸n verse sobre prestaciones econ贸micas peri贸dicas de cualquier naturaleza o diferencias sobre ellas, la cuant铆a litigiosa a efectos de recurso vendr谩 determinada por el importe de la prestaci贸n b谩sica o de las diferencias reclamadas, ambas en c贸mputo anual, sin tener en cuenta las actualizaciones o mejoras que pudieran serle aplicables, ni los intereses o recargos por mora. La misma regla se aplicar谩 a las reclamaciones de reconocimiento de derechos, siempre que tengan traducci贸n econ贸mica.
4. En impugnaci贸n de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social se atender谩, a efectos de recurso, al contenido econ贸mico de la pretensi贸n o del acto objeto del proceso cuando sea susceptible de tal valoraci贸n y, en su caso, en c贸mputo anual. Cuando se pretenda el reconocimiento de un derecho o situaci贸n jur铆dica individualizada, la cuant铆a vendr谩 determinada por el valor econ贸mico de lo reclamado o, en su caso, por la diferencia respecto de lo previamente reconocido en v铆a administrativa. Cuando se pretenda la anulaci贸n de un acto, incluidos los de car谩cter sancionador, se atender谩 al contenido econ贸mico del mismo. En ambos casos no se tendr谩n en cuenta los intereses o recargos por mora. En materia de prestaciones de Seguridad Social igualmente valorables econ贸micamente, se estar谩 a la regla del apartado 3 de este mismo art铆culo, comput谩ndose exclusivamente a estos fines las diferencias reclamadas sobre el importe reconocido previamente en v铆a administrativa.
Art铆culo 193. Objeto del recurso de suplicaci贸n
El recurso de suplicaci贸n tendr谩 por objeto:
a) Reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracci贸n de normas o garant铆as del procedimiento que haya producido indefensi贸n.
b) Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.
c) Examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.
Art铆culo 194. Anuncio del recurso
El recurso de suplicaci贸n deber谩 anunciarse dentro de los cinco d铆as siguientes a la notificaci贸n de la sentencia, bastando para ello la mera manifestaci贸n de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante, al hacerle la notificaci贸n de aqu茅lla, de su prop贸sito de entablarlo. Tambi茅n podr谩 anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o graduado social colegiado, o representante ante el juzgado que dict贸 la resoluci贸n impugnada, dentro del indicado plazo.
Art铆culo 195. Interposici贸n del recurso
1. Si la resoluci贸n fuera recurrible en suplicaci贸n y la parte hubiera anunciado el recurso en tiempo y forma y cumplido las dem谩s prevenciones establecidas en esta Ley, el secretario judicial tendr谩 por anunciado el recurso y acordar谩 poner los autos a disposici贸n del letrado o graduado social colegiado designado por la parte recurrente, por el orden de anuncio, en la forma dispuesta en el apartado 1 del art铆culo 48, para que interponga el recurso, dentro de los diez d铆as siguientes a que se notifique la puesta a disposici贸n, debiendo sustituirse el traslado material de las actuaciones por la entrega de soporte inform谩tico o mediante acceso telem谩tico, si se dispusiera de los medios necesarios para ello. Este plazo correr谩 cualquiera que sea el momento en que el letrado o el graduado social colegiado examinara o recogiera los autos.
Si el 贸rgano jurisdiccional dispusiera de los medios para dar simult谩neo traslado o acceso a las actuaciones a todas las partes recurrentes, se dispondr谩 que tanto la puesta a disposici贸n de las actuaciones, como la interposici贸n del recurso, se efect煤en dentro de un plazo com煤n a todos los recurrentes.
2. Si la resoluci贸n impugnada no fuera recurrible en suplicaci贸n, si el recurso no se hubiera anunciado en tiempo o si el recurrente hubiera incumplido los requisitos necesarios para el anuncio del recurso de modo insubsanable o no hubiera subsanado dichos requisitos dentro del t茅rmino conferido al efecto, seg煤n lo dispuesto en el apartado 5 del art铆culo 230, el 贸rgano judicial declarar谩, mediante auto, tener por no anunciado el recurso, quedando firme en su caso la sentencia impugnada. Contra este auto podr谩 recurrirse en queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.
Art铆culo 196. Escrito de interposici贸n
1. El escrito interponiendo el recurso de suplicaci贸n se presentar谩 ante el juzgado que dict贸 la resoluci贸n impugnada, con tantas copias cuantas sean las partes recurridas.
2. En el escrito de interposici贸n del recurso, junto con las alegaciones sobre su procedencia y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, se expresar谩n, con suficiente precisi贸n y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, cit谩ndose las normas del ordenamiento jur铆dico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonar谩 la pertinencia y fundamentaci贸n de los motivos.
3. Tambi茅n habr谩n de se帽alarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisi贸n de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulaci贸n alternativa que se pretende.
Art铆culo 197. Traslado a las otras partes
1. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el secretario judicial proveer谩 en el plazo de dos d铆as dando traslado del mismo para su impugnaci贸n, a la parte o partes recurridas por un plazo com煤n de cinco d铆as para todas ellas. En los escritos de impugnaci贸n, que se presentar谩n acompa帽ados de tantas copias como sean las dem谩s partes para su traslado a las mismas, podr谩n alegarse motivos de inadmisibilidad del recurso, as铆 como eventuales rectificaciones de hecho o causas de oposici贸n subsidiarias aunque no hubieran sido estimadas en la sentencia, con an谩logos requisitos a los indicados en el art铆culo anterior.
2. Del escrito o escritos de impugnaci贸n se dar谩 traslado a las partes. De haberse formulado en dichos escritos alegaciones sobre inadmisibilidad del recurso o los motivos a que se refiere el apartado anterior, las dem谩s partes podr谩n presentar directamente sus alegaciones al respecto, junto con las correspondientes copias para su traslado a las dem谩s partes, dentro de los dos d铆as siguientes a recibir el traslado del escrito de impugnaci贸n.
3. Transcurrido el plazo de impugnaci贸n y en su caso el de alegaciones del apartado anterior, h谩yanse presentado o no escritos en tal sentido y previo traslado de las alegaciones si se hubieran presentado, se elevar谩n los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, junto con el recurso y escritos presentados, dentro de los dos d铆as siguientes.
Art铆culo 198. Determinaci贸n de domicilio
Las partes recurrentes y recurridas deber谩n hacer constar, en los escritos de interposici贸n del recurso y de impugnaci贸n del mismo, un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia a efectos de notificaciones, de no haberlo consignado previamente, con los efectos del apartado 2 del art铆culo 53.
Art铆culo 199. Subsanaci贸n
Recibidos los autos en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, si el secretario judicial apreciara defectos u omisiones subsanables en el recurso, conceder谩 a la parte el plazo de cinco d铆as para que se aporten los documentos omitidos o se subsanen los defectos apreciados. De no efectuarse, la Sala dictar谩 auto declarando la inadmisi贸n del recurso y la firmeza de la resoluci贸n recurrida, con devoluci贸n del dep贸sito constituido y la remisi贸n de las actuaciones al juzgado de procedencia. Contra dicho auto s贸lo cabe recurso de reposici贸n.
Art铆culo 200. Inadmisi贸n del recurso
1. Instruido de los autos por tres d铆as el Magistrado ponente, dar谩 cuenta a la Sala del recurso interpuesto y 茅sta, identificando de forma sucinta las circunstancias justificativas, podr谩 o铆r al recurrente por tres d铆as sobre la inadmisi贸n del recurso por haberse incumplido de manera manifiesta e insubsanable los requisitos para recurrir o por existir doctrina jurisprudencial unificada del Tribunal Supremo en el mismo sentido que la sentencia recurrida.
2. Si la Sala estimara que concurre alguna de las causas de inadmisi贸n referidas dictar谩, en el plazo de tres d铆as, auto, contra el que no cabr谩 recurso, declarando la inadmisi贸n del recurso y la firmeza de la resoluci贸n recurrida con imposici贸n de las costas al recurrente y con p茅rdida del dep贸sito necesario para recurrir, d谩ndose a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda y notificando la resoluci贸n a las partes y al Ministerio Fiscal.
Cuando la inadmisi贸n se refiera solamente a alguno de los motivos aducidos o a alguno de los recursos interpuestos, mediante auto, no susceptible de recurso, se dispondr谩 la continuaci贸n del tr谩mite de los restantes recursos o motivos no afectados por el auto de inadmisi贸n parcial.
Art铆culo 201. Sentencia
1. De no haberse acordado la inadmisi贸n por el tr谩mite del art铆culo anterior, previo se帽alamiento para deliberaci贸n, votaci贸n y fallo, la Sala dictar谩 sentencia dentro del plazo de diez d铆as, que se notificar谩 a las partes y a la Fiscal铆a de la Comunidad Aut贸noma, resolviendo sobre la estimaci贸n o desestimaci贸n del recurso, as铆 como, en su caso, sobre las cuestiones oportunamente suscitadas en impugnaci贸n, o apreciando su inadmisibilidad y desestim谩ndolo en consecuencia. La estimaci贸n del recurso dar谩 lugar a la anulaci贸n o revocaci贸n de la sentencia recurrida en los t茅rminos establecidos en el art铆culo siguiente y la desestimaci贸n del mismo determinar谩 la confirmaci贸n de la resoluci贸n recurrida.
2. Firme la sentencia, el secretario judicial acordar谩 la devoluci贸n de los autos, junto con la certificaci贸n de aqu茅lla, al juzgado de procedencia.
Art铆culo 202. Efectos de la estimaci贸n del recurso
1. Cuando la revocaci贸n de la resoluci贸n de instancia se funde en la infracci贸n de normas o garant铆as del procedimiento que haya producido indefensi贸n, de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del art铆culo 193, la Sala, sin entrar en el fondo de la cuesti贸n, mandar谩 reponer los autos al estado en que se encontraban en el momento de cometerse la infracci贸n, y si 茅sta se hubiera producido en el acto del juicio, al momento de su se帽alamiento.
2. Si la infracci贸n cometida versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, la estimaci贸n del motivo obligar谩 a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los t茅rminos en que aparezca planteado el debate. Pero si no pudiera hacerlo, por ser insuficiente el relato de hechos probados de la resoluci贸n recurrida y por no poderse completar por el cauce procesal correspondiente, acordar谩 la nulidad en todo o en parte de dicha resoluci贸n y de las siguientes actuaciones procesales, concretando en caso de nulidad parcial los extremos de la resoluci贸n impugnada que conservan su firmeza, y mandar谩 reponer lo actuado al momento de dictar sentencia, para que se salven las deficiencias advertidas y sigan los autos su curso legal.
3. De estimarse alguno de los restantes motivos comprendidos en el art铆culo 193, la Sala resolver谩 lo que corresponda, con preferencia de la resoluci贸n de fondo del litigio, dentro de los t茅rminos en que aparezca planteado el debate, incluso sobre extremos no resueltos en su momento en la sentencia recurrida por haber apreciado alguna circunstancia obstativa, as铆 como, en su caso, sobre las alegaciones deducidas en los escritos de impugnaci贸n, siempre y cuando el relato de hechos probados y dem谩s antecedentes no cuestionados obrantes en autos resultaran suficientes.
Art铆culo 203. Estimaci贸n total y parcial del recurso
1. Cuando la Sala revoque totalmente la sentencia de instancia y el recurrente haya consignado en met谩lico la cantidad importe de la condena o asegurado la misma conforme a lo prevenido en esta Ley, as铆 como constituido el dep贸sito para recurrir, el fallo dispondr谩 la devoluci贸n de todas las consignaciones y del dep贸sito y la cancelaci贸n de los aseguramientos prestados, una vez firme la sentencia.
2. Si estimado el recurso de suplicaci贸n se condenara a una cantidad inferior a la reconocida por la resoluci贸n recurrida, el fallo dispondr谩 la devoluci贸n parcial de las consignaciones, en la cuant铆a que corresponda a la diferencia de las dos condenas, y la cancelaci贸n tambi茅n parcial de los aseguramientos prestados, una vez firme la sentencia.
3. En todos los supuestos de estimaci贸n parcial del recurso de suplicaci贸n, el fallo dispondr谩 la devoluci贸n de la totalidad del dep贸sito.
Art铆culo 204. P茅rdida de cantidades consignadas
1. Cuando la Sala confirme la sentencia y el recurrente haya consignado las cantidades a las que se refiere la presente Ley, el fallo condenar谩 a la p茅rdida de las consignaciones, a las que se dar谩 el destino que corresponda cuando la sentencia sea firme.
2. En el caso de que el juez haya impuesto a la parte que obr贸 con mala fe o temeridad la multa que se帽alan el apartado 4 del art铆culo 75 y el apartado 3 del art铆culo 97, la sentencia de la Sala confirmar谩 o no, en todo o en parte, dicha multa, pronunci谩ndose asimismo, cuando el condenado fuere el empresario, sobre los honorarios de los abogados o de los graduados sociales impuestos en la sentencia recurrida. La Sala podr谩 imponer dichas sanciones y medidas a los recurrentes de apreciarse temeridad o mala fe en la actuaci贸n de las partes o su representaci贸n procesal durante el recurso.
3. Si el recurrente hubiera asegurado el importe de la condena conforme a lo prevenido en esta Ley mandar谩 la Sala en su fallo confirmatorio que se mantengan los aseguramientos prestados, hasta que el condenado cumpla la sentencia o hasta que en cumplimiento de la sentencia resuelva la realizaci贸n de dichos aseguramientos.
4. Si el recurrente hubiera constituido el dep贸sito necesario para recurrir, la sentencia confirmatoria dispondr谩 su p茅rdida, lo que se realizar谩 cuando la sentencia sea firme.
T脥TULO III-Del recurso de casaci贸n y dem谩s procesos atribuidos al conocimiento del Tribunal Supremo
Art铆culo 205. Competencia y tramitaci贸n
1. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocer谩, en los supuestos y por los motivos establecidos en esta Ley, de los recursos de casaci贸n interpuestos contra las sentencias y otras resoluciones dictadas en 煤nica instancia por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
2. Tambi茅n conocer谩 de los procesos de impugnaci贸n de actos administrativos en los supuestos de la letra a) del art铆culo 9. Se iniciar谩 mediante escrito que deber谩 presentarse, en el plazo de dos meses siguientes a la notificaci贸n del acto impugnado o de los dos meses siguientes a la desestimaci贸n expresa o presunta del recurso de reposici贸n potestativo, en su caso, solicitando se tenga por anunciada la impugnaci贸n jurisdiccional, acompa帽ando copia del acto impugnado. En su tramitaci贸n se observar谩n las reglas siguientes:
a) De no concurrir causa de inadmisi贸n y una vez subsanados en el plazo de diez d铆as los defectos apreciados, se proceder谩 a la reclamaci贸n del expediente administrativo de la Administraci贸n autora del acto y una vez recibido, con simult谩neo emplazamiento de los interesados que resulten del expediente, se pondr谩 a disposici贸n del recurrente o recurrentes en la oficina judicial, mediante acceso inform谩tico o soporte electr贸nico de disponerse de tales medios, para que en el plazo com煤n de quince d铆as procedan a la formalizaci贸n de la demanda, con expresi贸n de las infracciones formales y sustantivas en que hubiera incurrido el acuerdo recurrido.
b) Del escrito o escritos de demanda presentados se dar谩 traslado a la representaci贸n de la Administraci贸n del Estado y dem谩s partes personadas para contestaci贸n a la demanda en plazo com煤n de quince d铆as. La prueba documental distinta de la que obre en el expediente administrativo se aportar谩 con los escritos de demanda y contestaci贸n, pudiendo solicitarse la pr谩ctica de otras diligencias de prueba cuando exista disconformidad en los hechos y lo estime necesario el Tribunal, que se帽alar谩 a tal efecto una vista 煤nica para la pr谩ctica de la prueba, pudiendo delegar en uno de sus Magistrados o en una Sala o juzgado a estos fines, en funci贸n de las circunstancias concurrentes.
c) De haberse practicado prueba, el Tribunal resolver谩 dar traslado para conclusiones por un plazo com煤n de diez d铆as a todas las partes, salvo que estime necesaria la celebraci贸n de vista.
d) Los autos se se帽alar谩n para votaci贸n y fallo en el plazo de los diez d铆as siguientes a la presentaci贸n de la contestaci贸n de la demanda o, en su caso, de la presentaci贸n de conclusiones o de la celebraci贸n de la vista.
e) La sentencia se dictar谩 en el plazo de los diez d铆as siguientes a la votaci贸n y fallo, y en ella se efectuar谩n los pronunciamientos que correspondan en los t茅rminos establecidos en el apartado 9 del art铆culo 151, y contra ella no cabr谩 ulterior recurso.
Art铆culo 206. Resoluciones procesales recurribles en casaci贸n
Son recurribles en casaci贸n:
1. Son recurribles en casaci贸n las sentencias dictadas en 煤nica instancia por las Salas a las que se refiere el apartado 1 del art铆culo anterior, excepto las sentencias dictadas en procesos de impugnaci贸n de actos de las Administraciones p煤blicas atribuidos al orden social en las letras n) y s) del art铆culo 2 que sean susceptibles de valoraci贸n econ贸mica cuando la cuant铆a litigiosa no exceda de ciento cincuenta mil euros.
En todo caso ser谩n recurribles en casaci贸n las sentencias dictadas en procesos de impugnaci贸n de la resoluci贸n administrativa reca铆da en los procedimientos previstos en el apartado 7 del art铆culo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
2. Los autos que resuelvan el recurso de reposici贸n interpuesto contra la resoluci贸n en que la Sala, antes del acto de juicio, declare la falta de jurisdicci贸n o competencia.
3. Los autos dictados por dichas Salas que resuelvan el recurso de reposici贸n, o de revisi贸n, en su caso, interpuesto contra la resoluci贸n que disponga la terminaci贸n anticipada del proceso:
a) Por satisfacci贸n extraprocesal o p茅rdida sobrevenida de objeto.
b) Por falta de subsanaci贸n de los defectos advertidos en la demanda no imputable a la parte o a su representaci贸n procesal o por incomparecencia injustificada a los actos de conciliaci贸n y juicio, siempre que por caducidad de la acci贸n o de la instancia u otra causa legal no fuera jur铆dicamente posible su reproducci贸n ulterior.
4. Los autos que decidan el recurso de reposici贸n interpuesto contra los que dicten dichas Salas y los autos que decidan el recurso de revisi贸n interpuesto contra los decretos del secretario judicial, dictados unos y otros en ejecuci贸n definitiva de sentencia, en los siguientes casos:
a) Cuando denieguen el despacho de ejecuci贸n.
b) Cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado.
c) Cuando pongan fin al procedimiento incidental en la ejecuci贸n decidiendo cuestiones sustanciales no resueltas o no contenidas en el t铆tulo ejecutivo. En los mismos casos, proceder谩 tambi茅n recurso de casaci贸n en ejecuci贸n provisional cuando excedan materialmente de los l铆mites de la misma o declaren la falta de jurisdicci贸n o competencia del orden social.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 206
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
Son recurribles en casaci贸n:
1. Son recurribles en casaci贸n las sentencias dictadas en 煤nica instancia por las Salas a las que se refiere el apartado 1 del art铆culo anterior, excepto las sentencias dictadas en procesos de impugnaci贸n de actos de las Administraciones p煤blicas atribuidos al orden social en las letras n) y s) del art铆culo 2 que sean susceptibles de valoraci贸n econ贸mica cuando la cuant铆a litigiosa no exceda de ciento cincuenta mil euros.
2. Los autos que resuelvan el recurso de reposici贸n interpuesto contra la resoluci贸n en que la Sala, antes del acto de juicio, declare la falta de jurisdicci贸n o competencia.
3. Los autos dictados por dichas Salas que resuelvan el recurso de reposici贸n, o de revisi贸n, en su caso, interpuesto contra la resoluci贸n que disponga la terminaci贸n anticipada del proceso:
a) Por satisfacci贸n extraprocesal o p茅rdida sobrevenida de objeto.
b) Por falta de subsanaci贸n de los defectos advertidos en la demanda no imputable a la parte o a su representaci贸n procesal o por incomparecencia injustificada a los actos de conciliaci贸n y juicio, siempre que por caducidad de la acci贸n o de la instancia u otra causa legal no fuera jur铆dicamente posible su reproducci贸n ulterior.
4. Los autos que decidan el recurso de reposici贸n interpuesto contra los que dicten dichas Salas y los autos que decidan el recurso de revisi贸n interpuesto contra los decretos del secretario judicial, dictados unos y otros en ejecuci贸n definitiva de sentencia, en los siguientes casos:
a) Cuando denieguen el despacho de ejecuci贸n.
b) Cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado.
c) Cuando pongan fin al procedimiento incidental en la ejecuci贸n decidiendo cuestiones sustanciales no resueltas o no contenidas en el t铆tulo ejecutivo. En los mismos casos, proceder谩 tambi茅n recurso de casaci贸n en ejecuci贸n provisional cuando excedan materialmente de los l铆mites de la misma o declaren la falta de jurisdicci贸n o competencia del orden social.
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 206
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
Son recurribles en casaci贸n:
1. Las sentencias dictadas en 煤nica instancia por las Salas a las que se refiere el apartado 1 del art铆culo anterior, excepto las siguientes:
a) Las sentencias dictadas en procesos de impugnaci贸n de actos de las Administraciones p煤blicas atribuidos al orden social en las letras n) y s) del art铆culo 2 que sean susceptibles de valoraci贸n econ贸mica cuando la cuant铆a litigiosa no exceda de ciento cincuenta mil euros.
b) Las sentencias dictadas en relaci贸n con expedientes de regulaci贸n de empleo, de extinci贸n de contratos de trabajo, suspensi贸n del contrato o reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n, cualquiera que sea la cuant铆a, cuando afecten a menos de cincuenta trabajadores.
2. Los autos que resuelvan el recurso de reposici贸n interpuesto contra la resoluci贸n en que la Sala, antes del acto de juicio, declare la falta de jurisdicci贸n o competencia.
3. Los autos dictados por dichas Salas que resuelvan el recurso de reposici贸n, o de revisi贸n, en su caso, interpuesto contra la resoluci贸n que disponga la terminaci贸n anticipada del proceso:
a) Por satisfacci贸n extraprocesal o p茅rdida sobrevenida de objeto.
b) Por falta de subsanaci贸n de los defectos advertidos en la demanda no imputable a la parte o a su representaci贸n procesal o por incomparecencia injustificada a los actos de conciliaci贸n y juicio, siempre que por caducidad de la acci贸n o de la instancia u otra causa legal no fuera jur铆dicamente posible su reproducci贸n ulterior.
4. Los autos que decidan el recurso de reposici贸n interpuesto contra los que dicten dichas Salas y los autos que decidan el recurso de revisi贸n interpuesto contra los decretos del secretario judicial, dictados unos y otros en ejecuci贸n definitiva de sentencia, en los siguientes casos:
a) Cuando denieguen el despacho de ejecuci贸n.
b) Cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado.
c) Cuando pongan fin al procedimiento incidental en la ejecuci贸n decidiendo cuestiones sustanciales no resueltas o no contenidas en el t铆tulo ejecutivo. En los mismos casos, proceder谩 tambi茅n recurso de casaci贸n en ejecuci贸n provisional cuando excedan materialmente de los l铆mites de la misma o declaren la falta de jurisdicci贸n o competencia del orden social.
Art铆culo 207. Motivos del recurso de casaci贸n
El recurso de casaci贸n habr谩 de fundarse en alguno de los siguientes motivos:
a) Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicci贸n.
b) Incompetencia o inadecuaci贸n de procedimiento.
c) Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracci贸n de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garant铆as procesales, siempre que, en este 煤ltimo caso, se haya producido indefensi贸n para la parte.
d) Error en la apreciaci贸n de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocaci贸n del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.
e) Infracci贸n de las normas del ordenamiento jur铆dico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.
Art铆culo 208. Preparaci贸n del recurso
1. El recurso de casaci贸n deber谩 prepararse en el plazo de los cinco d铆as siguientes a la notificaci贸n de la sentencia, bastando para considerarlo preparado la mera manifestaci贸n de las partes o de su abogado, graduado social colegiado o representante, al hacerle la notificaci贸n de aqu茅lla, de su prop贸sito de entablarlo.
2. Tambi茅n podr谩 prepararse por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado, graduado social colegiado o representante, dentro del mismo plazo se帽alado en el n煤mero anterior, ante la Sala que dict贸 la resoluci贸n que se impugna.
Art铆culo 209. Resoluci贸n sobre la preparaci贸n del recurso
1. Cumplidos los requisitos establecidos para recurrir, el secretario judicial tendr谩 por preparado el recurso de casaci贸n. Contra esta resoluci贸n la parte recurrida no podr谩 interponer recurso alguno, pero podr谩 oponerse a la admisi贸n del recurso de casaci贸n en el tr谩mite previsto en el apartado 1 del art铆culo 211 de esta Ley.
Si el secretario judicial apreciara la existencia de defectos subsanables, requerir谩 su subsanaci贸n conforme al apartado 5 del art铆culo 230, dando cuenta a la Sala si 茅sta no se produjera para que resuelva lo que proceda.
2. Si la resoluci贸n impugnada no fuera recurrible en casaci贸n, si el recurso no se hubiera preparado dentro de plazo, o si el recurrente hubiera incumplido los requisitos necesarios para la preparaci贸n del recurso de modo insubsanable o no hubiera subsanado dichos requisitos dentro del t茅rmino conferido al efecto, en la forma dispuesta en el apartado 5 del art铆culo 230, la Sala de instancia declarar谩, mediante auto, tener por no preparado el recurso, quedando firme, en su caso, la resoluci贸n impugnada. Contra este auto podr谩 recurrirse en queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
3. Preparado el recurso, el secretario judicial conceder谩 a la parte o partes recurrentes, por el orden de preparaci贸n, el plazo de quince d铆as para formalizar el recurso, durante cuyo plazo, a partir de la notificaci贸n de la resoluci贸n al letrado designado, los autos se encontrar谩n a su disposici贸n en la oficina judicial de la Sala para su entrega o su examen, en la forma dispuesta en el apartado 1 del art铆culo 48, en soporte convencional o mediante acceso inform谩tico o soporte electr贸nico de disponerse de tales medios. Este plazo correr谩 cualquiera que sea el momento en que el letrado recogiera o examinara los autos puestos a su disposici贸n. Si la Sala dispusiera de medios para dar simult谩neo traslado o acceso a las actuaciones a todas las partes recurrentes, dispondr谩 que tanto la puesta a disposici贸n de las mismas, como la formalizaci贸n del recurso, se efect煤en dentro de un plazo com煤n a todos los recurrentes.
Art铆culo 210. Interposici贸n del recurso
1. El escrito de formalizaci贸n se presentar谩 ante la Sala que dict贸 la resoluci贸n impugnada, por el abogado designado al efecto quien, de no indicarse otra cosa, asumir谩 desde ese momento la representaci贸n de la parte en el recurso, con tantas copias como partes recurridas y designando un domicilio a efectos de notificaciones, con todos los datos necesarios para su pr谩ctica, con los efectos del apartado 2 del art铆culo 53.
2. En el escrito se expresar谩n por separado, con el necesario rigor y claridad, cada uno de los motivos de casaci贸n, por el orden se帽alado en el art铆culo 207, razonando la pertinencia y fundamentaci贸n de los mismos y el contenido concreto de la infracci贸n o vulneraci贸n cometidas, haciendo menci贸n precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas, as铆 como, en el caso de invocaci贸n de quebranto de doctrina jurisprudencial, de las concretas resoluciones que establezcan la doctrina invocada y, en particular, los siguientes extremos:
a) En los motivos basados en infracci贸n de las normas y garant铆as procesales, deber谩 consignarse la protesta, solicitud de subsanaci贸n o recurso destinados a subsanar la falta o trasgresi贸n en la instancia, de haber existido momento procesal oportuno para ello y el efecto de indefensi贸n producido.
b) En los motivos basados en error de hecho en la apreciaci贸n de la prueba deber谩n se帽alarse de modo preciso cada uno de los documentos en que se fundamente y el concreto extremo a que se refiere, ofreciendo la formulaci贸n alternativa de los hechos probados que se propugna.
3. Si el recurso no se hubiera formalizado dentro del plazo conferido al efecto o si en el escrito se hubiesen omitido de modo manifiesto los requisitos exigidos, la Sala dictar谩 auto poniendo fin al tr谩mite del recurso quedando firme, en cuanto a dicha parte recurrente, la sentencia o resoluci贸n impugnada. Contra dicho auto, previa reposici贸n ante la Sala, proceder谩 recurso de queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Art铆culo 211. Traslado a las otras partes
1. Una vez formalizado el recurso o recursos dentro del plazo concedido y con los requisitos exigidos, el secretario judicial proveer谩 en el plazo de dos d铆as dando traslado del mismo a las dem谩s partes por t茅rmino com煤n de diez d铆as para su impugnaci贸n.
El escrito de impugnaci贸n deber谩 presentarse acompa帽ado de tantas copias como sean las dem谩s partes para su traslado a las mismas. En el mismo se desarrollar谩n por separado los distintos motivos de impugnaci贸n, correlativos a los de casaci贸n formulados de contrario y las causas de inadmisi贸n que estime concurrentes, as铆 como, en su caso, otros motivos subsidiarios de fundamentaci贸n del fallo de la sentencia recurrida o eventuales rectificaciones de hechos que, con independencia de los fundamentos aplicados por 茅sta, pudieran igualmente sustentar la estimaci贸n de las pretensiones de la parte impugnante, observando an谩logos requisitos que los exigidos para la formalizaci贸n del recurso.
El escrito deber谩 estar suscrito por letrado, quien de no indicarse otra cosa asumir谩 desde ese momento la representaci贸n de la parte en el recurso, designando domicilio con todos los datos necesarios para notificaciones en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
2. Durante el plazo de impugnaci贸n los autos se encontrar谩n a disposici贸n de la parte o del letrado que designe a tal fin, en la oficina judicial de la Sala para su entrega o examen. En el caso de que la Sala disponga de los autos en soporte electr贸nico o pueda accederse a ellos por medios telem谩ticos, podr谩 sustituir el traslado material de las actuaciones por tales medios, conforme dispone el apartado 1 del art铆culo 48.
3. Del escrito o escritos de impugnaci贸n se dar谩 traslado a las partes. De haberse formulado en dichos escritos alegaciones sobre inadmisibilidad del recurso o los motivos subsidiarios de fundamentaci贸n de la sentencia recurrida a que se refiere el art铆culo anterior, las dem谩s partes, si lo estiman oportuno, podr谩n presentar directamente sus alegaciones al respecto, junto con las correspondientes copias para su traslado a las dem谩s partes, dentro de los cinco d铆as siguientes a recibir el escrito de impugnaci贸n.
Art铆culo 212. Remisi贸n de los autos
Transcurrido el plazo de impugnaci贸n y, en su caso, el de alegaciones del apartado 3 del art铆culo anterior, h谩yanse presentado o no escritos en tal sentido, y previo traslado de las alegaciones si se hubieran presentado, se elevar谩n los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro de los cinco d铆as siguientes.
Art铆culo 213. Decisi贸n sobre la admisi贸n del recurso
1. Recibidos los autos en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, si el secretario judicial apreciara defectos subsanables en el recurso, conceder谩 a la parte un plazo de cinco d铆as a tal efecto para la aportaci贸n de los documentos omitidos o subsanaci贸n de los defectos apreciados. De no efectuarse la subsanaci贸n en el tiempo y forma establecidos la Sala dictar谩 auto de inadmisi贸n del recurso declarando la firmeza en su caso de la resoluci贸n recurrida, con p茅rdida del dep贸sito constituido y remisi贸n de las actuaciones a la Sala de procedencia. Contra dicho auto s贸lo proceder谩 recurso de reposici贸n.
2. Si el secretario apreciare defectos insubsanables dar谩 cuenta a la Sala para que 茅sta adopte la resoluci贸n que proceda.
3. De no haber apreciado defectos el secretario, o una vez subsanados los advertidos, dar谩 cuenta al Magistrado ponente para instrucci贸n de los autos por tres d铆as. El Magistrado ponente dar谩 cuenta a la Sala del recurso interpuesto y 茅sta, si estima que concurre causa de inadmisi贸n, previo informe del Ministerio Fiscal por cinco d铆as, dictar谩 auto inadmitiendo el recurso. De no haberse alegado la causa de inadmisibilidad en la impugnaci贸n, con car谩cter previo oir谩 al recurrente sobre dicho extremo por cinco d铆as.
4. Son causas de inadmisi贸n, el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos para recurrir, la carencia sobrevenida del objeto del recurso, la falta de contenido casacional de la pretensi贸n y el haberse desestimado en el fondo otros recursos en supuestos sustancialmente iguales.
5. Si la Sala estimare que concurre alguna de las causas de inadmisi贸n referidas, dictar谩 en el plazo de tres d铆as auto declarando la firmeza de la resoluci贸n recurrida con imposici贸n de costas al recurrente en los t茅rminos establecidos en esta Ley y con p茅rdida del dep贸sito necesario para recurrir, d谩ndose a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda, notificando la resoluci贸n a las partes y al Ministerio Fiscal, sin que quepa recurso contra dicha resoluci贸n.
Cuando la inadmisi贸n se refiera solamente a alguno de los motivos aducidos o a alguno de los recursos interpuestos, mediante auto, no susceptible de recurso, se dispondr谩 la continuaci贸n del tr谩mite de los restantes recursos o motivos no afectados por el auto de inadmisi贸n parcial.
Art铆culo 214. Traslado al Ministerio Fiscal
1. De haberse admitido parcial o totalmente el recurso o recursos, el secretario pasar谩 seguidamente los autos a la Fiscal铆a de lo Social del Tribunal Supremo, en soporte convencional o electr贸nico, para que en el plazo de diez d铆as, informe sobre la procedencia o improcedencia de la casaci贸n pretendida. El referido traslado se efectuar谩 igualmente, a los estrictos fines de defensa de la legalidad, cuando el Ministerio Fiscal sea parte en el proceso.
2. Devueltos los autos por el Ministerio Fiscal junto con su informe, si la Sala lo estima necesario el secretario judicial se帽alar谩 d铆a y hora para la celebraci贸n de la vista. En otro caso, el Tribunal se帽alar谩 d铆a y hora para deliberaci贸n, votaci贸n y fallo, debiendo celebrarse una u otros dentro de los diez d铆as siguientes.
3. La Sala dictar谩 sentencia en el plazo de diez d铆as, contados desde el siguiente al de la terminaci贸n de la vista o al de la celebraci贸n de la votaci贸n.
Art铆culo 215. Efectos de la sentencia
La sentencia, si se estimare el recurso por todos o algunos de sus motivos, casando la resoluci贸n recurrida, resolver谩 conforme a Derecho, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) De estimarse la falta de jurisdicci贸n, la incompetencia o la inadecuaci贸n del procedimiento, se anular谩 la sentencia y se dejar谩 a salvo el derecho de ejercitar las pretensiones ante quien corresponda o por el procedimiento adecuado.
b) De estimarse las infracciones procesales previstas en la letra c) del art铆culo 207, se mandar谩n reponer las actuaciones al estado y momento en que se hubiera incurrido en la falta, salvo que la infracci贸n se hubiera producido durante la celebraci贸n del juicio, en cuyo caso se mandar谩n reponer al momento de su se帽alamiento.
Si la infracci贸n cometida versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, la estimaci贸n del motivo obligar谩 a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los t茅rminos en que aparezca planteado el debate. Pero si no pudiera hacerlo, por ser insuficiente el relato de hechos probados de la resoluci贸n recurrida y no poderse completar por el cauce procesal correspondiente, acordar谩 la nulidad en todo o en parte de dicha resoluci贸n y de las siguientes actuaciones procesales, concretando en caso de nulidad parcial los extremos de la resoluci贸n impugnada que conservan su firmeza, y mandar谩 reponer lo actuado al momento de dictar sentencia, para que se salven las deficiencias advertidas y sigan los autos su curso legal.
c) De estimarse alguno de los restantes motivos comprendidos en el art铆culo 207, la Sala resolver谩 lo que corresponda dentro de los t茅rminos en que aparezca planteado el debate, con preferencia de la resoluci贸n de fondo del litigio, incluso sobre extremos no resueltos en su momento en la sentencia recurrida por haber apreciado alguna circunstancia obstativa, as铆 como, en su caso, sobre las alegaciones deducidas en los escritos de impugnaci贸n, siempre y cuando el relato de hechos probados y dem谩s antecedentes no cuestionados obrantes en autos resultaran suficientes.
Art铆culo 216. Devoluci贸n de cantidades consignadas
1. Siempre que el recurso de casaci贸n sea estimado, si el recurrente hubiera consignado en met谩lico la cantidad importe de la condena o asegurado 茅sta conforme a lo prevenido en esta Ley, as铆 como constituido el dep贸sito necesario para recurrir, el fallo dispondr谩 la devoluci贸n de todas las consignaciones y del dep贸sito y la cancelaci贸n de los aseguramientos prestados.
2. Si estimado el recurso de casaci贸n se condenara a una cantidad inferior a la fijada en la resoluci贸n recurrida, el fallo dispondr谩 la devoluci贸n parcial de las consignaciones, en la cuant铆a que corresponda a la diferencia de las dos condenas, y la cancelaci贸n tambi茅n parcial de los aseguramientos realizados.
3. En todos los supuestos de estimaci贸n parcial del recurso de casaci贸n, el fallo dispondr谩 la devoluci贸n de la totalidad del dep贸sito.
Art铆culo 217. P茅rdida de las cantidades consignadas
1. Si el recurso fuese desestimado y el recurrente hubiese tenido que consignar en met谩lico la cantidad importe de la condena o asegurar la misma y constituir el dep贸sito, el fallo dispondr谩 la p茅rdida de las consignaciones a las que se dar谩 el destino que corresponda o el mantenimiento de los aseguramientos prestados hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, en su caso, la realizaci贸n de los mismos y la p茅rdida del citado dep贸sito.
2. En el caso de que la Sala de instancia haya impuesto a la parte que obr贸 con mala fe o temeridad la multa que se帽alan el apartado 4 del art铆culo 75 y el apartado 3 del art铆culo 97, la sentencia de la Sala se pronunciar谩 sobre dichos extremos, as铆 como sobre los honorarios de los abogados si hubieran sido impuestos en la sentencia recurrida. La Sala podr谩 imponer dichas sanciones y medidas a los recurrentes de apreciarse temeridad o mala fe en la actuaci贸n de las partes o su representaci贸n procesal durante el recurso.
T脥TULO IV-Del recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina
Art铆culo 218. Sentencias recurribles
Son recurribles en casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina, las sentencias dictadas en suplicaci贸n por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia.
Art铆culo 219. Finalidad del recurso. Legitimaci贸n del Ministerio Fiscal
1. El recurso tendr谩 por objeto la unificaci贸n de doctrina con ocasi贸n de sentencias dictadas en suplicaci贸n por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre s铆, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en id茅ntica situaci贸n donde, en m茅rito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos.
2. Podr谩 alegarse como doctrina de contradicci贸n la establecida en las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y los 贸rganos jurisdiccionales instituidos en los Tratados y Acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales ratificados por Espa帽a, siempre que se cumplan los presupuestos del n煤mero anterior referidos a la pretensi贸n de tutela de tales derechos y libertades. La sentencia que resuelva el recurso se limitar谩, en dicho punto de contradicci贸n, a conceder o denegar la tutela del derecho o libertad invocados, en funci贸n de la aplicabilidad de dicha doctrina al supuesto planteado.
Con iguales requisitos y alcance sobre su aplicabilidad, podr谩 invocarse la doctrina establecida en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea en interpretaci贸n del derecho comunitario.
3. El Ministerio Fiscal, en su funci贸n de defensa de la legalidad, de oficio o a instancia de los sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones representativas de los trabajadores aut贸nomos econ贸micamente dependientes o entidades p煤blicas que, por las competencias que tengan atribuidas, ostenten inter茅s leg铆timo en la unidad jurisprudencial sobre la cuesti贸n litigiosa, y con independencia de la facultad que ordinariamente tiene atribuida conforme al art铆culo siguiente de esta Ley, podr谩 interponer recurso de casaci贸n para unificaci贸n de doctrina. Dicho recurso podr谩 interponerse cuando, sin existir doctrina unificada en la materia de que se trate, se hayan dictado pronunciamientos distintos por los Tribunales Superiores de Justicia, en interpretaci贸n de unas mismas normas sustantivas o procesales y en circunstancias sustancialmente iguales, as铆 como cuando se constate la dificultad de que la cuesti贸n pueda acceder a unificaci贸n de doctrina seg煤n los requisitos ordinariamente exigidos o cuando las normas cuestionadas por parte de los tribunales del orden social sean de reciente vigencia o aplicaci贸n, por llevar menos de cinco a帽os en vigor en el momento de haberse iniciado el proceso en primera instancia, y no existieran a煤n resoluciones suficientes e id贸neas sobre todas las cuestiones discutidas que cumplieran los requisitos exigidos en el apartado 1 de este art铆culo.
El recurso podr谩 prepararlo la Fiscal铆a de Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro de los diez d铆as siguientes a la notificaci贸n a la Fiscal铆a de la Comunidad Aut贸noma de la sentencia impugnada, mediante escrito reducido a la manifestaci贸n del prop贸sito de entablar el recurso y exponiendo sucintamente la fundamentaci贸n que se propondr谩 desarrollar en el mismo.
El escrito se presentar谩 ante la Sala que dict贸 la resoluci贸n impugnada y del mismo se dar谩 traslado a las dem谩s partes, hayan o no preparado las mismas recurso. Las partes podr谩n dentro de los cinco d铆as siguientes, solicitar que en el recurso el Ministerio Fiscal interese la alteraci贸n de la situaci贸n jur铆dica particular resultante de la sentencia recurrida y el contenido de las pretensiones que el ministerio p煤blico habr铆a de formular en su nombre en tal caso.
Trascurrido el plazo anterior, aunque no se hubieran presentado escritos de las partes en el sentido expresado, dentro de los cinco d铆as siguientes se elevar谩n los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo junto con los escritos de preparaci贸n que se hubieran presentado y las actuaciones que se hubieren practicado hasta ese momento en el estado en que se encuentren, previo emplazamiento por el secretario judicial a las dem谩s partes que no hubieran recurrido para su personaci贸n por escrito por medio de letrado ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro del plazo de los diez d铆as siguientes, debiendo acreditarse la representaci贸n de la parte de no constar previamente en las actuaciones. La parte recurrente en su caso, y el Ministerio Fiscal se entender谩n personados de derecho con la remisi贸n de los autos.
Las actuaciones ulteriores se seguir谩n ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo conforme a las reglas establecidas en los art铆culos 222 a 228 con las adaptaciones necesarias teniendo en cuenta las especialidades de esta modalidad del recurso.
En caso de estimaci贸n del recurso, la sentencia fijar谩 en el fallo la doctrina jurisprudencial y podr谩 afectar a la situaci贸n jur铆dica particular derivada de la sentencia recurrida conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por el Ministerio Fiscal y por las partes comparecidas en el recurso que se hubieren adherido al mismo.
En defecto de solicitud de parte o en el caso de que las partes no hayan recurrido, la sentencia respetar谩 la situaci贸n jur铆dica particular derivada de la sentencia recurrida y en cuanto afecte a las pretensiones deducidas por el Ministerio Fiscal, de ser estimatoria, fijar谩 en el fallo la doctrina jurisprudencial. En este caso, el fallo se publicar谩 en el Bolet铆n Oficial del Estado y, a partir de su inserci贸n en 茅l, complementar谩 el ordenamiento jur铆dico, vinculando en tal concepto a todos los jueces y tribunales del orden jurisdiccional social diferentes al Tribunal Supremo.
Art铆culo 220. Preparaci贸n del recurso
1. El recurso podr谩 prepararlo cualquiera de las partes o el Ministerio Fiscal dentro de los diez d铆as siguientes a la notificaci贸n de la sentencia impugnada.
2. Durante el plazo referido en el apartado anterior, las partes, el Ministerio Fiscal o el letrado designado a tal fin, tendr谩n a su disposici贸n en la oficina judicial del Tribunal Superior de Justicia los autos para su examen, debiendo acceder a los mismos por los medios electr贸nicos o telem谩ticos, en caso de disponerse de ellos.
Art铆culo 221. Forma y contenido del escrito de preparaci贸n del recurso
1. El recurso se preparar谩 mediante escrito dirigido a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que dict贸 la sentencia de suplicaci贸n, con tantas copias como partes recurridas y designando un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de notificaciones, con todos los datos necesarios para su pr谩ctica y con los efectos del apartado 2 del art铆culo 53.
2. El escrito de preparaci贸n deber谩 estar firmado por abogado, acreditando la representaci贸n de la parte de no constar previamente en las actuaciones, y expresar谩 el prop贸sito de la parte de formalizar el recurso, con exposici贸n sucinta de la concurrencia de los requisitos exigidos. El escrito deber谩:
a) Exponer cada uno de los extremos del n煤cleo de la contradicci贸n, determinando el sentido y alcance de la divergencia existente entre las resoluciones comparadas, en atenci贸n a la identidad de la situaci贸n, a la igualdad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones y a la diferencia de pronunciamientos.
b) Hacer referencia detallada y precisa a los datos identificativos de la sentencia o sentencias que la parte pretenda utilizar para fundamentar cada uno de los puntos de contradicci贸n.
3. Las sentencias invocadas como doctrina de contradicci贸n deber谩n haber ganado firmeza a la fecha de finalizaci贸n del plazo de interposici贸n del recurso.
4. Las sentencias que no hayan sido objeto de expresa menci贸n en el escrito de preparaci贸n no podr谩n ser posteriormente invocadas en el escrito de interposici贸n.
Art铆culo 222. Resoluci贸n sobre la preparaci贸n del recurso
1. Cumplidos los requisitos establecidos para recurrir, el secretario judicial tendr谩 por preparado el recurso de casaci贸n. Contra esta resoluci贸n la parte recurrida no podr谩 interponer recurso alguno, pero podr谩 oponerse a la admisi贸n del recurso de casaci贸n al personarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Si el secretario judicial apreciara la existencia de defectos subsanables, requerir谩 su subsanaci贸n conforme al apartado 5 del art铆culo 230, dando cuenta a la Sala si 茅sta no se produjera para que resuelva lo que proceda.
2. Si la resoluci贸n impugnada no fuera recurrible en casaci贸n, si el recurso no se hubiera preparado dentro de plazo, si el escrito de preparaci贸n no contuviera las menciones exigidas para la fundamentaci贸n del recurso, o si el recurrente hubiera incumplido los requisitos necesarios para la preparaci贸n del recurso de modo insubsanable o no hubiera subsanado dichos requisitos dentro del t茅rmino conferido al efecto, en la forma dispuesta en el apartado 5 del art铆culo 230, la Sala de suplicaci贸n declarar谩, mediante auto, tener por no preparado el recurso, quedando firme, en su caso, la resoluci贸n impugnada. Contra este auto podr谩 recurrirse en queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Art铆culo 223. Interposici贸n del recurso
1. Preparado en tiempo y forma el recurso, el secretario judicial, dentro de los dos d铆as siguientes, conceder谩 a la parte o partes recurrentes el plazo com煤n de quince d铆as para interponer el recurso ante la misma Sala de suplicaci贸n, a partir de la notificaci贸n de la resoluci贸n al letrado o letrados designados, durante cuyo plazo los autos se encontrar谩n a su disposici贸n en la oficina judicial de la Sala para su entrega o examen, si lo estiman necesario. En el caso de que la Sala disponga de los autos en soporte electr贸nico o pueda accederse a ellos por medios telem谩ticos, podr谩 sustituir el traslado material de las actuaciones por tales medios, conforme dispone el apartado 1 del art铆culo 48.
2. El escrito de interposici贸n del recurso deber谩 ir firmado por abogado, con tantas copias como partes recurridas, y reunir los requisitos del art铆culo 224.
3. De no efectuarse la interposici贸n o si se hubiera efectuado fuera de plazo, quedar谩 desierto el recurso y firme la sentencia, con las consecuencias establecidas en el apartado 5 del art铆culo 225. Contra el auto que as铆 lo establezca, previa reposici贸n, podr谩 recurrirse en queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
4. Presentado en tiempo el escrito de interposici贸n, junto, en su caso, con las oportunas certificaciones de sentencias en la forma que posibilita el apartado 3 del art铆culo 224, el secretario judicial emplazar谩 a las dem谩s partes para su personaci贸n por escrito por medio de letrado ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro del plazo de los diez d铆as siguientes, con las menciones del apartado 1 del art铆culo 221 y debiendo acreditar la representaci贸n de la parte de no constar previamente en las actuaciones. La parte recurrente se entender谩 personada de derecho con la remisi贸n de los autos.
5. Los autos se remitir谩n por el secretario judicial dentro de los cinco d铆as siguientes al emplazamiento.
6. La preparaci贸n e interposici贸n del recurso se efectuar谩n por el letrado que hubiera asistido a la parte hasta ese momento, incluso en virtud de designaci贸n de oficio, salvo que se efect煤e nueva designaci贸n de letrado.
Art铆culo 224. Contenido del escrito de interposici贸n del recurso
1. El escrito de interposici贸n del recurso deber谩 contener:
a) Una relaci贸n precisa y circunstanciada de la contradicci贸n alegada en los t茅rminos de la letra a) del apartado 2 del art铆culo 221, evidenciando que concurre la sustancial contradicci贸n de sentencias y argumentando sobre la concurrencia de las identidades del art铆culo 219.
b) La fundamentaci贸n de la infracci贸n legal cometida en la sentencia impugnada y, en su caso, del quebranto producido en la unificaci贸n de la interpretaci贸n del derecho y la formaci贸n de la jurisprudencia.
2. Para dar cumplimiento a las exigencias del apartado b) del n煤mero anterior, en el escrito se expresar谩 separadamente, con la necesaria precisi贸n y claridad, la pertinencia de cada uno de los motivos de casaci贸n, en relaci贸n con los puntos de contradicci贸n a que se refiere el apartado a) precedente, por el orden se帽alado en el art铆culo 207, excepto el apartado d), que no ser谩 de aplicaci贸n, razonando la pertinencia y fundamentaci贸n de cada motivo y el contenido concreto de la infracci贸n o vulneraci贸n cometidas, haciendo menci贸n precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas, as铆 como, en el caso de que se invoque la unificaci贸n de la interpretaci贸n del derecho, haciendo referencia sucinta a los particulares aplicables de las resoluciones que establezcan la doctrina jurisprudencial invocada.
3. S贸lo podr谩 invocarse una sentencia por cada punto de contradicci贸n, que deber谩 elegirse necesariamente de entre las designadas en el escrito de preparaci贸n y ser firme en el momento de la finalizaci贸n del plazo de interposici贸n.
4. Con el escrito de interposici贸n, de no haberse aportado con anterioridad, podr谩 hacerse aportaci贸n certificada de la sentencia o sentencias contrarias, acreditando su firmeza en la fecha de expiraci贸n del plazo de interposici贸n, o con certificaci贸n posterior de que gan贸 firmeza dentro de dicho plazo la sentencia anteriormente aportada. Si la parte recurrente no aporta la certificaci贸n de la sentencia y de su firmeza en tiempo oportuno se reclamar谩 de oficio por la secretar铆a de la Sala.
Art铆culo 225. Decisi贸n sobre la admisi贸n del recurso
1. Recibidos los autos en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, si el secretario judicial apreciara el defecto insubsanable de haberse preparado o interpuesto fuera de plazo dictar谩 decreto poniendo fin al tr谩mite del recurso, contra el que s贸lo proceder谩 recurso de revisi贸n.
De apreciar defectos subsanables en la tramitaci贸n del recurso, o en su preparaci贸n e interposici贸n, conceder谩 a la parte un plazo de diez d铆as para la aportaci贸n de los documentos omitidos o la subsanaci贸n de los defectos apreciados.
De no efectuarse la subsanaci贸n en el tiempo y forma establecidos, dar谩 cuenta a la Sala para que resuelva lo que proceda y de dictarse auto poniendo fin al tr谩mite del recurso, declarar谩 la firmeza en su caso de la resoluci贸n recurrida, con p茅rdida del dep贸sito constituido y remisi贸n de las actuaciones a la Sala de procedencia. Contra dicho auto s贸lo proceder谩 recurso de reposici贸n.
2. De no haber apreciado defectos el secretario, o una vez subsanados los advertidos, o si el secretario apreciare defectos insubsanables, sea en la preparaci贸n o en la interposici贸n, distintos de los de su preparaci贸n o interposici贸n fuera de plazo, dar谩 cuenta al Magistrado ponente para instrucci贸n de los autos por tres d铆as.
3. El Magistrado ponente, dar谩 cuenta a la Sala del recurso interpuesto y de las causas de inadmisi贸n que apreciare, en su caso. Si la Sala estimare que concurre alguna de las causas de inadmisi贸n referidas, acordar谩 o铆r al recurrente sobre las mismas por un plazo de cinco d铆as, con ulterior informe del Ministerio Fiscal por otros cinco d铆as, de no haber interpuesto el recurso.
4. Son causas de inadmisi贸n el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos procesales para preparar o interponer el recurso, la carencia sobrevenida del objeto del recurso, la falta de contenido casacional de la pretensi贸n y el haberse desestimado en el fondo otros recursos en supuestos sustancialmente iguales.
5. Si la Sala estimara que concurre alguna de las causas de inadmisi贸n referidas dictar谩, en el plazo de tres d铆as, auto declarando la inadmisi贸n y la firmeza de la resoluci贸n recurrida, con imposici贸n al recurrente de las costas causadas, de haber comparecido en el recurso las partes recurridas, en los t茅rminos establecidos en esta Ley y sin que quepa recurso contra dicha resoluci贸n. El auto de inadmisi贸n comportar谩, en su caso, la p茅rdida del dep贸sito constituido, d谩ndose a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda, de acuerdo con la sentencia de suplicaci贸n.
Cuando la inadmisi贸n se refiera solamente a alguno de los motivos aducidos o a alguno de los recursos interpuestos, se dispondr谩 la continuaci贸n del tr谩mite de los restantes recursos o motivos no afectados por el auto de inadmisi贸n parcial.
6. Para el despacho ordinario y resoluci贸n de la inadmisi贸n de este recurso la Sala se constituir谩 con tres Magistrados.
Art铆culo 226. Tramitaci贸n
1. Si la parte o partes recurridas no se hubieran personado, el tr谩mite del recurso seguir谩 adelante sin su intervenci贸n.
2. De no haberse apreciado causa de inadmisi贸n en el recurso, el secretario judicial dar谩 traslado del escrito de interposici贸n a la parte o partes personadas para que formalicen su impugnaci贸n dentro del plazo com煤n de quince d铆as, durante el cual, a partir de la notificaci贸n de la resoluci贸n al letrado designado, los autos se encontrar谩n a su disposici贸n en la oficina judicial del Tribunal para su examen. En el caso de que la Sala disponga de los autos en soporte electr贸nico o pueda accederse a ellos por medios telem谩ticos en la misma Sala, se entender谩n puestos a disposici贸n de la representaci贸n procesal desde el momento de la entrega de la copia o soporte o de la puesta a disposici贸n por dichos medios de las actuaciones.
3. El secretario judicial dar谩 traslado seguidamente de los autos a la Fiscal铆a de lo Social del Tribunal Supremo, en soporte convencional o electr贸nico, h谩yanse presentado o no escritos de impugnaci贸n, para que en el plazo de diez d铆as informe sobre la procedencia o improcedencia de la casaci贸n pretendida. El referido traslado se efectuar谩 igualmente, a los estrictos fines de defensa de la legalidad, aunque el Ministerio Fiscal sea parte en el proceso. Cuando el recurso se hubiere interpuesto directamente por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad conforme al apartado 3 del art铆culo 219 no se efectuar谩 dicho traslado.
Art铆culo 227. Deliberaci贸n, votaci贸n y fallo
1. Devueltos los autos por el Ministerio Fiscal, junto con su informe, la Sala acordar谩 se帽alar, dentro de los diez d铆as siguientes, para deliberaci贸n, votaci贸n y fallo. La sentencia deber谩 dictarse en el plazo de diez d铆as, contados desde el siguiente al de la celebraci贸n de la votaci贸n.
2. Si la trascendencia o complejidad del asunto lo aconsejara, el presidente, por s铆 mismo, o a propuesta de la mayor铆a de los Magistrados de la Sala, podr谩 acordar que 茅sta se constituya con cinco Magistrados, o, motivadamente, en Pleno.
Art铆culo 228. Sentencia
1. Los pronunciamientos de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al resolver estos recursos, en ning煤n caso alcanzar谩n a las situaciones jur铆dicas creadas por las resoluciones precedentes a la impugnada.
2. Si la sentencia del Tribunal Supremo declarara que la recurrida quebranta la unidad de doctrina, casar谩 y anular谩 esta sentencia y resolver谩 el debate planteado en suplicaci贸n con pronunciamientos ajustados a dicha unidad de doctrina, alcanzando a las situaciones jur铆dicas particulares creadas por la sentencia impugnada. En la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se resolver谩 lo que proceda sobre consignaciones, aseguramientos, costas, honorarios y multas, en su caso, derivados del recurso de suplicaci贸n de acuerdo con lo prevenido en esta Ley. Si se hubiere constituido dep贸sito para recurrir, se acordar谩 la devoluci贸n de su importe.
3. La sentencia desestimatoria por considerar que la sentencia recurrida contiene la doctrina ajustada acarrear谩 la p茅rdida del dep贸sito para recurrir. El fallo dispondr谩 la cancelaci贸n o el mantenimiento total o parcial, en su caso, de las consignaciones o aseguramientos prestados, de acuerdo con sus pronunciamientos.
T脥TULO V-De las disposiciones comunes a los recursos de suplicaci贸n y casaci贸n
Art铆culo 229. Dep贸sito para recurrir
1. Todo el que, sin tener la condici贸n de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del r茅gimen p煤blico de la Seguridad Social, anuncie recurso de suplicaci贸n o prepare recurso de casaci贸n, consignar谩 como dep贸sito:
a) Trescientos euros, si se trata de recurso de suplicaci贸n.
b) Seiscientos euros, si el recurso fuera el de casaci贸n incluido el de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina.
2. Los dep贸sitos se constituir谩n en la cuenta de dep贸sitos y consignaciones correspondiente al 贸rgano que hubiere dictado la resoluci贸n recurrida. El secretario judicial verificar谩 en la cuenta la realizaci贸n del ingreso, debiendo quedar constancia de dicha actuaci贸n en el procedimiento.
3. Los dep贸sitos cuya p茅rdida hubiere sido acordada por sentencia se ingresar谩n en el Tesoro P煤blico.
4. El Estado, las Comunidades Aut贸nomas, las entidades locales y las entidades de derecho p煤blico con personalidad jur铆dica propia vinculadas o dependientes de los mismos, as铆 como las entidades de derecho p煤blico reguladas por su normativa espec铆fica y los 贸rganos constitucionales, estar谩n exentos de la obligaci贸n de constituir los dep贸sitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garant铆a previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedar谩n exentos de constituir el dep贸sito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en esta Ley.
Art铆culo 230. Consignaci贸n de cantidad
1. Cuando la sentencia impugnada hubiere condenado al pago de cantidad, ser谩 indispensable que el recurrente que no gozare del derecho de asistencia jur铆dica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicaci贸n o al preparar el recurso de casaci贸n, haber consignado en la oportuna entidad de cr茅dito y en la cuenta de dep贸sitos y consignaciones abierta a nombre del 贸rgano jurisdiccional, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignaci贸n en met谩lico por el aseguramiento mediante aval solidario de duraci贸n indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de cr茅dito. En este 煤ltimo caso, el documento de aseguramiento quedar谩 registrado y depositado en la oficina judicial. El secretario expedir谩 testimonio del mismo para su uni贸n a autos, facilitando el oportuno recibo.
En el caso de condena solidaria, la obligaci贸n de consignaci贸n o aseguramiento alcanzar谩 a todos los condenados con tal car谩cter, salvo que la consignaci贸n o el aseguramiento, aunque efectuado solamente por alguno de los condenados, tuviera expresamente car谩cter solidario respecto de todos ellos para responder 铆ntegramente de la condena que pudiera finalmente recaer frente a cualquiera de los mismos.
Cuando la condena se haya efectuado por primera vez en la sentencia de suplicaci贸n, o se haya incrementado en la misma la cuant铆a previamente reconocida en la sentencia de instancia, la consignaci贸n o aseguramiento regulados en el presente art铆culo se efectuar谩n por primera vez, o se complementar谩n en la medida correspondiente, al preparar el recurso de casaci贸n.
2. En materia de Seguridad Social se aplicar谩n las siguientes reglas:
a) Cuando en la sentencia se reconozca al beneficiario el derecho a percibir prestaciones, para que pueda recurrir el condenado al pago de dicha prestaci贸n ser谩 necesario que haya ingresado en la Tesorer铆a General de la Seguridad Social el capital coste de la pensi贸n o el importe de la prestaci贸n a la que haya sido condenado en el fallo, con objeto de abonarla a los beneficiarios durante la sustanciaci贸n del recurso, presentando en la oficina judicial el oportuno resguardo, que se testimoniar谩 en autos, quedando bajo la custodia del secretario.
El mismo ingreso deber谩 efectuar el declarado responsable del recargo por falta de medidas de seguridad, en cuanto al porcentaje que haya sido reconocido por primera vez en v铆a judicial y respecto de las pensiones causadas hasta ese momento, previa fijaci贸n por la Tesorer铆a General de la Seguridad Social del capital coste o importe del recargo correspondiente.
En los casos en los que no proceda el ingreso del capital coste o del importe de la prestaci贸n se estar谩 a las reglas generales del apartado 1 de este art铆culo.
b) Cuando proceda efectuar el ingreso del capital coste de la pensi贸n o del importe de la prestaci贸n conforme al apartado a) anterior, una vez anunciado o preparado el recurso, el secretario judicial dictar谩 diligencia ordenando que se d茅 traslado a la Tesorer铆a General de la Seguridad Social para que se fije el capital coste o importe de la prestaci贸n a percibir. Recibida esta comunicaci贸n, la notificar谩 al recurrente para que en el plazo de cinco d铆as efect煤e la consignaci贸n requerida en la Tesorer铆a General de la Seguridad Social, bajo apercibimiento de que de no hacerlo as铆 se pondr谩 fin al tr谩mite del recurso.
c) Si en la sentencia se condenara a la Entidad Gestora de la Seguridad Social, 茅sta quedar谩 exenta del ingreso prevenido en los apartados a) y b) anteriores, pero deber谩 presentar ante la oficina judicial, al anunciar o preparar su recurso, certificaci贸n acreditativa de que comienza el abono de la prestaci贸n y que lo proseguir谩 puntualmente durante la tramitaci贸n del recurso, hasta el l铆mite de su responsabilidad, salvo en prestaciones de pago 煤nico o correspondientes a un per铆odo ya agotado en el momento del anuncio. De no cumplirse efectivamente este abono se pondr谩 fin al tr谩mite del recurso.
d) Cuando la condena se refiera a mejoras voluntarias de la acci贸n protectora de la Seguridad Social, el condenado o declarado responsable vendr谩 obligado a efectuar la consignaci贸n o aseguramiento de la condena ante el juzgado en la forma establecida en el apartado 1 de este mismo art铆culo.
3. Los anteriores requisitos de consignaci贸n y aseguramiento de la condena deben justificarse, junto con la constituci贸n del dep贸sito necesario para recurrir, en su caso, en el momento del anuncio del recurso de suplicaci贸n o de la preparaci贸n del recurso de casaci贸n. Si el anuncio o la preparaci贸n del recurso se hubiere efectuado por medio de mera manifestaci贸n en el momento de la notificaci贸n de la sentencia, el dep贸sito y la consignaci贸n o aseguramiento podr谩 efectuarse hasta la expiraci贸n del plazo establecido para el anuncio o preparaci贸n del recurso, debiendo en este 煤ltimo caso acreditar dichos extremos dentro del mismo plazo ante la oficina judicial mediante los justificantes correspondientes.
4. Si el recurrente no hubiere efectuado la consignaci贸n o aseguramiento de la cantidad objeto de condena en la forma prevenida en los apartados anteriores, incluidas las especialidades en materia de Seguridad Social, el juzgado o la Sala tendr谩n por no anunciado o por no preparado el recurso de suplicaci贸n o de casaci贸n, seg煤n proceda, y declarar谩n la firmeza de la resoluci贸n mediante auto contra el que podr谩 recurrirse en queja ante la Sala que hubiera debido conocer del recurso.
5. El secretario judicial conceder谩 a la parte recurrente, con car谩cter previo a que se resuelva sobre el anuncio o preparaci贸n, un plazo de cinco d铆as para la subsanaci贸n de los defectos advertidos, si el recurrente hubiera incurrido en defectos consistentes en:
a) Insuficiencia de la consignaci贸n o del aseguramiento efectuados, incluidas las especialidades en materia de Seguridad Social.
b) Falta de aportaci贸n, en el momento del anuncio o preparaci贸n del recurso, de los justificantes de la consignaci贸n o del aseguramiento, siempre que el requisito se hubiera cumplimentado dentro del plazo de anuncio o preparaci贸n.
c) Defecto, omisi贸n o error en la constituci贸n del dep贸sito o en la justificaci贸n documental del mismo.
d) Falta de acreditaci贸n o acreditaci贸n insuficiente de la representaci贸n necesaria o de cualquier requisito formal de car谩cter subsanable necesario para el anuncio o preparaci贸n.
6. De no efectuarse la subsanaci贸n en tiempo y forma se dictar谩 auto poniendo fin al tr谩mite del recurso, quedando firme la resoluci贸n. Contra dicho auto podr谩 recurrirse en queja ante la Sala que hubiera debido conocer del recurso.
Art铆culo 231. Nombramiento de letrado o graduado social colegiado
1. Si el recurso que se entabla es el de suplicaci贸n, el nombramiento de letrado o de graduado social colegiado se efectuar谩 ante el juzgado en el momento de anunciar el recurso, entendi茅ndose que asume la representaci贸n y direcci贸n t茅cnica del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal car谩cter en la instancia, salvo que se efect煤e expresamente nueva designaci贸n.
2. En el recurso de casaci贸n ordinario, el nombramiento de letrado se realizar谩 por las partes ante la Sala de lo Social de procedencia dentro del plazo se帽alado para su preparaci贸n o impugnaci贸n, seg煤n proceda. En el recurso de casaci贸n para unificaci贸n de doctrina, el nombramiento se efectuar谩 por la parte recurrente al prepararlo ante la Sala de procedencia, y por las dem谩s partes ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro del t茅rmino del emplazamiento para su personaci贸n. Se entender谩, en ambos casos, que asume la representaci贸n del recurrente el mismo letrado que hubiera actuado con tal car谩cter ante la Sala de instancia o de suplicaci贸n, salvo que se efect煤e expresamente nueva designaci贸n.
3. La designaci贸n se podr谩 hacer por comparecencia o por escrito. En este 煤ltimo caso, aunque no se acompa帽e poder notarial, no habr谩 necesidad de ratificarse. Si no hubiere designaci贸n expresa de representante, se entender谩 que el letrado o el graduado social colegiado llevan tambi茅n la representaci贸n. En todo caso deber谩n facilitarse todos los datos del domicilio profesional, as铆 como la direcci贸n de correo electr贸nico, tel茅fono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representaci贸n de la parte durante el recurso, con las dem谩s cargas del apartado 2 del art铆culo 53.
4. Cuando el recurrente no hiciere designaci贸n expresa de letrado o de graduado social colegiado, si es un trabajador, beneficiario o un empresario que goce del derecho de asistencia jur铆dica gratuita, salvo que tuviere efectuada previamente designaci贸n de oficio, se le nombrar谩 letrado de dicho turno por el juzgado en el d铆a siguiente a aqu茅l en que concluya el plazo para anunciar el recurso de suplicaci贸n.
5. La designaci贸n de letrado de oficio efectuada para alguno de los litigantes mencionados en el n煤mero anterior en la instancia comprende los tr谩mites de anuncio, preparaci贸n, formalizaci贸n, interposici贸n o impugnaci贸n del respectivo recurso, sin necesidad de nueva designaci贸n de oficio, salvo en el caso del recurso de casaci贸n para unificaci贸n de doctrina, en el que el nombramiento de letrado de oficio de la parte recurrida, en los mismos casos, se efectuar谩 en el momento de la personaci贸n ante el Tribunal Supremo. En la casaci贸n ordinaria, en su caso, se efectuar谩 la oportuna designaci贸n de letrado de oficio para las actuaciones ulteriores de las partes que resulten necesarias durante la sustanciaci贸n del recurso ante dicho tribunal.
Cuando la competencia para el conocimiento de los recursos de suplicaci贸n o de casaci贸n corresponda a un 贸rgano jurisdiccional cuya sede se encuentre en la misma localidad que el juzgado o tribunal que hubiere dictado la resoluci贸n impugnada no ser谩 preciso el nombramiento de nuevo abogado de oficio para las actuaciones ante el tribunal que deba decidir el recurso.
Art铆culo 232. Designaci贸n de letrado de oficio
1. Si el letrado hubiera sido designado de oficio por primera vez para el correspondiente tr谩mite del recurso, los plazos de interposici贸n, formalizaci贸n o impugnaci贸n empezar谩n a correr desde la fecha en que se le notifique que est谩n los autos a su disposici贸n en la oficina judicial del tribunal para su examen, puesta a disposici贸n o entrega, seg煤n proceda. En el caso de que la Sala disponga de los autos en soporte electr贸nico o pueda accederse a ellos por medios telem谩ticos en la misma Sala, se entender谩n puestos a disposici贸n de la representaci贸n procesal desde el momento de la entrega de la copia o soporte o de la puesta a disposici贸n por dichos medios de las actuaciones.
2. Si el letrado designado de oficio estimase inviable la pretensi贸n, lo expondr谩 a la Sala por escrito sin razonar su opini贸n en el plazo de cinco d铆as, sin perjuicio de que aqu茅l proceda conforme al procedimiento previsto en los art铆culos 32 a 35 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jur铆dica Gratuita. El c贸mputo del plazo para la interposici贸n del recurso quedar谩 suspendido hasta tanto se resuelva materialmente la viabilidad de la pretensi贸n por la Comisi贸n de Asistencia Jur铆dica Gratuita. La parte comunicar谩 la designaci贸n de abogado al juzgado o a la Sala dentro del plazo de cinco d铆as, acordando 茅stos la puesta a disposici贸n de los autos al designado en la forma que se dispone en el apartado anterior. En otro caso, se pondr谩 fin al tr谩mite del recurso. Si el recurso que se entabla es el de suplicaci贸n, la parte tambi茅n podr谩 valerse para su representaci贸n t茅cnica de graduado social colegiado de su libre designaci贸n.
3. Si el letrado o letrados designados de oficio no efectuaran dentro del plazo antes indicado manifestaci贸n de ser improcedente la actuaci贸n de referencia, quedar谩n obligados a su realizaci贸n en el plazo legalmente establecido.
Art铆culo 233. Admisi贸n de documentos nuevos
1. La Sala no admitir谩 a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resoluci贸n judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resoluci贸n del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisi贸n por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneraci贸n de un derecho fundamental, la Sala, o铆da la parte contraria dentro del plazo de tres d铆as, dispondr谩 en los dos d铆as siguientes lo que proceda, mediante auto contra el que no cabr谩 recurso de reposici贸n, con devoluci贸n en su caso a la parte proponente de dichos documentos, de no acordarse su toma en consideraci贸n. De admitirse el documento, se dar谩 traslado a la parte proponente para que, en el plazo de cinco d铆as, complemente su recurso o su impugnaci贸n y por otros cinco d铆as a la parte contraria a los fines correlativos.
2. El tr谩mite al que se refiere el apartado anterior interrumpir谩 el que, en su caso, acuerde la Sala sobre la inadmisi贸n del propio recurso.
Art铆culo 234. Acumulaci贸n
1. La Sala acordar谩 en resoluci贸n motivada y sin ulterior recurso, de oficio o a instancia de parte, antes del se帽alamiento para votaci贸n y fallo o para vista, en su caso, la acumulaci贸n de los recursos en tr谩mite en los que exista identidad de objeto y de alguna de las partes. No obstante, podr谩 dejarse sin efecto la acumulaci贸n en todo o en parte si se evidenciaren posteriormente causas que justifiquen su tramitaci贸n separada.
2. Se designar谩 Magistrado ponente de los recursos acumulados al que, de ellos, hubiera sido primeramente nombrado, y en igualdad de fechas, al m谩s moderno.
3. En los recursos sobre pretensiones derivadas de un mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuando exista m谩s de una Secci贸n, conocer谩 de ellos la Secci贸n que est茅 conociendo del primero de dichos recursos, siempre que conste dicha circunstancia de las actuaciones o se ponga de manifiesto al Tribunal por alguna de las partes.
4. La acumulaci贸n producir谩 el efecto de discutirse y resolverse conjuntamente todas las cuestiones planteadas.
5. El secretario judicial velar谩 por el cumplimiento de lo dispuesto en este art铆culo, poniendo en conocimiento del Tribunal los recursos en los que se cumplan dichos requisitos, a fin de que se resuelva sobre la acumulaci贸n.
Art铆culo 235. Imposici贸n de costas y convenio transaccional
1. La sentencia impondr谩 las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios p煤blicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados p煤blicos ante el orden social.
Las costas comprender谩n los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representaci贸n t茅cnica de la parte, sin que la atribuci贸n en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicaci贸n y de mil ochocientos euros en recurso de casaci贸n.
2. La regla general del vencimiento establecida en el apartado anterior, no se aplicar谩 cuando se trate de proceso sobre conflicto colectivo, en el que cada parte se har谩 cargo de las costas causadas a su instancia. Ello no obstante, la Sala podr谩 imponer el pago de las costas a cualquiera de las partes que en dicho proceso o en el recurso hubiera actuado con temeridad o mala fe.
3. La Sala que resuelva el recurso de suplicaci贸n o casaci贸n o declare su inadmisibilidad podr谩 imponer a la parte recurrente que haya obrado con mala fe o temeridad la multa que se帽alan el apartado 4 del art铆culo 75 y el apartado 3 del art铆culo 97, as铆 como cuando entienda que el recurso se interpuso con prop贸sito dilatorio. Igualmente en tales casos, impondr谩 a dicho litigante, excepto cuando sea trabajador, funcionario, personal estatutario o beneficiario de la Seguridad Social, los honorarios de los abogados y, en su caso, de los graduados sociales colegiados actuantes en el recurso dentro de los l铆mites fijados en el p谩rrafo primero de este art铆culo. Cuando la Sala pretenda de oficio imponer las anteriores medidas, oir谩 previamente a las partes personadas en la forma que establezca.
4. Las partes podr谩n alcanzar, en cualquier momento durante la tramitaci贸n del recurso, convenio transaccional que, de no apreciarse lesi贸n grave para alguna de las partes, fraude de ley o abuso de derecho, ser谩 homologado por el 贸rgano jurisdiccional que se encuentre tramitando el recurso, mediante auto, poniendo as铆 fin al litigio y asumiendo cada parte las costas causadas a su instancia, con devoluci贸n del dep贸sito constituido. El convenio transaccional, una vez homologado, sustituye el contenido de lo resuelto en la sentencia o sentencias anteriormente dictadas en el proceso y la resoluci贸n que homologue el mismo constituye t铆tulo ejecutivo. La impugnaci贸n de la transacci贸n judicial as铆 alcanzada se efectuar谩 ante el 贸rgano jurisdiccional que haya acordado la homologaci贸n, mediante el ejercicio por las partes de la acci贸n de nulidad por las causas que invalidan los contratos o por los posibles perjudicados con fundamento en su ilegalidad o lesividad, siguiendo los tr谩mites establecidos para la impugnaci贸n de la conciliaci贸n judicial, sin que contra la sentencia dictada quepa recurso.
T脥TULO VI-De la revisi贸n de sentencias y laudos arbitrales firmes, y del proceso de error judicial
Art铆culo 236. Revisi贸n y error judicial, competencia y tramitaci贸n
1. Contra cualquier sentencia firme dictada por los 贸rganos del orden jurisdiccional social y contra los laudos arbitrales firmes sobre materias objeto de conocimiento del orden social, proceder谩 la revisi贸n prevista en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por los motivos de su art铆culo 510 y por el regulado en el apartado 3 del art铆culo 86, de la presente Ley. La revisi贸n se solicitar谩 ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
En la revisi贸n no se celebrar谩 vista, salvo que as铆 lo acuerde el tribunal o cuando deba practicarse prueba. En caso de condena en costas se estar谩 a lo previsto en el art铆culo anterior y el dep贸sito para recurrir tendr谩 la cuant铆a que en la presente Ley se se帽ala para los recursos de casaci贸n.
La revisi贸n se inadmitir谩 de no concurrir los requisitos y presupuestos procesales exigibles o de no haberse agotado previamente los recursos jurisdiccionales que la ley prev茅 para que la sentencia pueda considerarse firme; as铆 como si se formula por los mismos motivos que hubieran podido plantearse, de concurrir los presupuestos para ello, en el incidente de nulidad de actuaciones regulado en el art铆culo 241 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial o mediante la audiencia al demandado rebelde establecida en el art铆culo 185 de la presente Ley, o cuando planteados aqu茅llos los referidos motivos hubieren sido desestimados por resoluci贸n firme.
2. El proceso de error judicial, destinado a reparar el da帽o producido por una resoluci贸n firme err贸nea que carece de posibilidad de rectificaci贸n por la v铆a normal de los recursos, cuando sea competencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, se seguir谩 por los tr谩mites y requisitos establecidos para la declaraci贸n de error judicial en los art铆culos 292 y concordantes de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, con las especialidades sobre dep贸sitos, vista y costas establecidas para la revisi贸n y sin que la apreciaci贸n del error pueda fundamentarse en pruebas distintas de las practicadas en las actuaciones procesales origen del mismo presunto error.
LIBRO CUARTO-De la ejecuci贸n de sentencias
T脥TULO I-De la ejecuci贸n de sentencias y dem谩s t铆tulos ejecutivos
CAP脥TULO I-Disposiciones de car谩cter general
SECCI脫N 1.陋-Normas generales
Art铆culo 237. Competencia
1. Las sentencias firmes y dem谩s t铆tulos, judiciales o extrajudiciales, a los que la presente Ley otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecuci贸n, se llevar谩n a efecto en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecuci贸n de sentencias y t铆tulos constituidos con intervenci贸n judicial, con las especialidades previstas en esta Ley.
2. La ejecuci贸n se llevar谩 a efecto por el 贸rgano judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, incluido el supuesto de resoluciones que aprueben u homologuen transacciones judiciales, acuerdos de mediaci贸n y acuerdos logrados en el proceso. Cuando en la constituci贸n del t铆tulo no hubiere mediado intervenci贸n judicial, ser谩 competente el juzgado en cuya circunscripci贸n se hubiere constituido.
3. En los supuestos de acumulaci贸n de ejecuciones y en los de atribuci贸n en exclusiva del conocimiento de la ejecuci贸n a determinados Juzgados de lo Social en el 谩mbito de una misma circunscripci贸n, se estar谩 a su regulaci贸n espec铆fica.
4. Donde hubiere varios Juzgados de lo Social podr谩 establecerse, en los t茅rminos previstos en la Ley Org谩nica del Poder Judicial, que el conocimiento de las ejecuciones se asuma en exclusiva por determinados juzgados de la misma circunscripci贸n, con exclusi贸n total o parcial del reparto de otros asuntos.
5. En caso de concurso, se estar谩 a lo establecido en la Ley Concursal.
Art铆culo 238. Cuestiones incidentales
Las cuestiones incidentales que se promuevan en ejecuci贸n se sustanciar谩n citando de comparecencia, en el plazo de cinco d铆as, a las partes, que podr谩n alegar y probar cuanto a su derecho convenga, concluyendo por auto o, en su caso, por decreto que habr谩n de dictarse en el plazo de tres d铆as. El auto resolutorio del incidente, de ser impugnable en suplicaci贸n o casaci贸n, atendido el car谩cter de las cuestiones decididas, deber谩 expresar los hechos que estime probados.
Cuando la comparecencia se celebre ante el Magistrado, se registrar谩 en soporte apto para la grabaci贸n y reproducci贸n del sonido y de la imagen conforme a lo previsto en el art铆culo 89.
Art铆culo 239. Solicitud de ejecuci贸n
1. La ejecuci贸n de las sentencias firmes se iniciar谩 a instancia de parte, salvo las que recaigan en los procedimientos de oficio, cuya ejecuci贸n se iniciar谩 de este modo.
2. La ejecuci贸n podr谩 solicitarse tan pronto la sentencia o resoluci贸n judicial ejecutable haya ganado firmeza o desde que el t铆tulo haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligaci贸n declarada en el t铆tulo ejecutivo fuese exigible, mediante escrito del interesado, en el que, adem谩s de los datos identificativos de las partes, expresar谩:
a) Con car谩cter general, la clase de tutela ejecutiva que se pretende en relaci贸n con el t铆tulo ejecutivo aducido.
b) Trat谩ndose de ejecuciones dinerarias, la cantidad l铆quida reclamada como principal, as铆 como la que se estime para intereses de demora y costas conforme al art铆culo 251.
c) Los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento y, en su caso, si los considera suficientes para el fin de la ejecuci贸n.
d) Las medidas que proponga para llevar a debido efecto la ejecuci贸n.
En el caso de t铆tulos extrajudiciales o de resoluciones dictadas por otro 贸rgano jurisdiccional deber谩 acompa帽arse el testimonio de la resoluci贸n, con expresi贸n de su firmeza, o la certificaci贸n del organismo administrativo, conciliador, mediador o arbitral correspondiente.
3. Iniciada la ejecuci贸n, la misma se tramitar谩 de oficio, dict谩ndose al efecto las resoluciones necesarias. No ser谩 de aplicaci贸n el plazo de espera previsto en el art铆culo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligaci贸n exigida contenida en el t铆tulo, incluido en el caso de ejecuci贸n dineraria el abono de los intereses procesales si procedieran, dentro del plazo de los veinte d铆as siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resoluci贸n judicial ejecutable o desde que el t铆tulo haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligaci贸n declarada en el t铆tulo ejecutivo fuese exigible, no se le impondr谩n las costas de la ejecuci贸n que se hubiere instado.
4. El 贸rgano jurisdiccional despachar谩 ejecuci贸n siempre que concurran los presupuestos y requisitos procesales, el t铆tulo ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecuci贸n que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del t铆tulo. Contra el auto que resuelva la solicitud de ejecuci贸n podr谩 interponerse recurso de reposici贸n, en el que, adem谩s de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resoluci贸n y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podr谩 deducirse la oposici贸n a la ejecuci贸n despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripci贸n de la acci贸n ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constituci贸n del t铆tulo, no siendo la compensaci贸n de deudas admisible como causa de oposici贸n a la ejecuci贸n.
Del escrito de reposici贸n presentado se dar谩 traslado para impugnaci贸n a la parte contraria, salvo que el 贸rgano jurisdiccional, en atenci贸n a las cuestiones planteadas o por afectar a hechos necesitados de prueba, acuerde seguir el tr谩mite incidental del art铆culo 238.
5. Solamente puede decretarse la inejecuci贸n de una sentencia u otro t铆tulo ejecutivo si, decidi茅ndose expresamente en resoluci贸n motivada, se fundamenta en una causa prevista en una norma legal y no interpretada restrictivamente. Contra el auto resolutorio del recurso de reposici贸n interpuesto contra el auto en que se deniegue el despacho de la ejecuci贸n proceder谩 recurso de suplicaci贸n o de casaci贸n ordinario, en su caso.
Art铆culo 240. Partes y sujetos de la ejecuci贸n
1. Quienes, sin figurar como acreedores o deudores en el t铆tulo ejecutivo o sin haber sido declarados sucesores de unos u otros, aleguen un derecho o inter茅s leg铆timo y personal que pudiera resultar afectado por la ejecuci贸n que se trate de llevar a cabo, tendr谩n derecho a intervenir en condiciones de igualdad con las partes en los actos que les afecten.
2. La modificaci贸n o cambio de partes en la ejecuci贸n debe efectuarse, de mediar oposici贸n y ser necesaria prueba, a trav茅s del tr谩mite incidental previsto en el art铆culo 238. Para que pueda declararse, es requisito indispensable que el cambio sustantivo en que se funde, basado en hechos o circunstancias jur铆dicas sobrevenidos, se hubiere producido con posterioridad a la constituci贸n del t铆tulo objeto de ejecuci贸n.
3. En el caso de t铆tulos ejecutivos frente a entidades sin personalidad jur铆dica que act煤en en el tr谩fico como sujetos diferenciados, podr谩 despacharse ejecuci贸n frente a los socios, part铆cipes, miembros o gestores que hayan actuado en el tr谩fico jur铆dico o frente a los trabajadores en nombre de la entidad, siempre que se acredite cumplidamente a juicio del juez o tribunal, por medio del incidente de ejecuci贸n previsto en el art铆culo 238, la condici贸n de socio, part铆cipe, miembro o gestor y la actuaci贸n ante terceros o ante los trabajadores en nombre de la entidad. Lo dispuesto en el p谩rrafo anterior no ser谩 de aplicaci贸n a las comunidades de propietarios de inmuebles en r茅gimen de propiedad horizontal.
4. El Ministerio Fiscal ser谩 siempre parte en los procesos de ejecuci贸n derivados de t铆tulos ejecutivos en que se haya declarado la vulneraci贸n de derechos fundamentales y de libertades p煤blicas, velando especialmente por la integridad de la reparaci贸n de las v铆ctimas.
Art铆culo 241. Tutela ejecutiva
1. La ejecuci贸n se llevar谩 a efecto en los propios t茅rminos establecidos en el t铆tulo que se ejecuta.
2. Frente a la parte que, requerida al efecto, dejare transcurrir injustificadamente el plazo concedido sin efectuar lo ordenado, y mientras no cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento espec铆fico, el secretario judicial, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligaci贸n que ejecute, podr谩, tras audiencia de las partes, imponer apremios pecuniarios cuando ejecute obligaciones de dar, hacer o no hacer o para obtener el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas en una resoluci贸n judicial. Para fijar la cuant铆a de dichos apremios se tendr谩 en cuenta su finalidad, la resistencia al cumplimiento y la capacidad econ贸mica del requerido, pudiendo modificarse o dejarse sin efecto, atendidas la ulterior conducta y la justificaci贸n que sobre aquellos extremos pudiera efectuar el apremiado. La cantidad fijada, que se ingresar谩 en el Tesoro P煤blico, no podr谩 exceder, por cada d铆a de atraso en el cumplimiento, de la suma de trescientos euros.
3. De la misma forma y con id茅nticos tr谩mites, el 贸rgano judicial podr谩 imponer multas coercitivas a quienes, no siendo parte en la ejecuci贸n, incumplan injustificadamente sus requerimientos tendentes a lograr la debida y completa ejecuci贸n de lo resuelto o para obtener el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas en una resoluci贸n judicial. Todo ello sin perjuicio de la posible responsabilidad derivada de lo dispuesto en el apartado 3 del art铆culo 75.
Art铆culo 242. Ejecuci贸n parcial
1. Podr谩 ejecutarse parcialmente la sentencia, aunque se hubiere interpuesto recurso contra ella, respecto de los pronunciamientos de la misma que no hubieren sido impugnados.
2. Para ello ser谩 necesario que, por la naturaleza de las pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones impugnadas.
3. Contra el auto resolutorio del recurso de reposici贸n interpuesto contra el auto en que se deniegue el despacho de la ejecuci贸n definitiva parcial proceder谩 recurso de suplicaci贸n o de casaci贸n ordinario, en su caso.
Art铆culo 243. Plazo para solicitar la ejecuci贸n
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 279, el plazo para instar la ejecuci贸n ser谩 igual al fijado en las leyes sustantivas para el ejercicio de la acci贸n tendente al reconocimiento del derecho cuya ejecuci贸n se pretenda. Dicho plazo ser谩 de prescripci贸n a todos los efectos.
2. En todo caso, el plazo para reclamar el cumplimiento de las obligaciones de entregar sumas de dinero ser谩 de un a帽o. No obstante, cuando se trate del pago de prestaciones peri贸dicas de la Seguridad Social, el plazo para instar la ejecuci贸n ser谩 el mismo que el fijado en las leyes sustantivas para el ejercicio de la acci贸n para el reconocimiento del derecho a la prestaci贸n de que se trate o ser谩 imprescriptible si dicho derecho tuviese este car谩cter en tales leyes.
Si la Entidad gestora o colaboradora de la Seguridad Social hubiese procedido por aplicaci贸n del art铆culo 126 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 junio, al pago de las prestaciones econ贸micas de las que haya sido declarada responsable de la empresa, podr谩 instar la ejecuci贸n de la sentencia en los plazos establecidos en el p谩rrafo anterior a contar a partir de la fecha de pago por parte de la Entidad que hubiera anticipado la prestaci贸n.
3. Iniciada la ejecuci贸n, podr谩 reiniciarse en cualquier momento mientras no est茅 cumplida en su integridad la obligaci贸n que se ejecute, incluso si las actuaciones hubieren sido archivadas por declaraci贸n de insolvencia provisional del ejecutado.
Art铆culo 244. Supuestos de suspensi贸n y aplazamiento de la ejecuci贸n
1. La ejecuci贸n 煤nicamente podr谩 ser suspendida en los siguientes casos:
a) Cuando as铆 lo establezca la ley.
b) A petici贸n del ejecutante o de ambas partes por un m谩ximo de tres meses, salvo que la ejecuci贸n derive de un procedimiento de oficio.
2. Suspendido o paralizado el proceso a petici贸n del ejecutante o por causa a 茅l imputable y transcurrido un mes sin que haya instado su continuaci贸n o llegado el plazo a que se refiere la letra b) del apartado anterior, el secretario judicial requerir谩 a aqu茅l a fin de que manifieste, en el t茅rmino de cinco d铆as, si la ejecuci贸n ha de seguir adelante y solicite lo que a su derecho convenga, con la advertencia de que transcurrido este 煤ltimo plazo se archivar谩n las actuaciones.
3. Si el cumplimiento inmediato de la obligaci贸n que se ejecuta pudiera ocasionar a trabajadores dependientes del ejecutado perjuicios desproporcionados en relaci贸n a los que al ejecutante se derivar铆an del no cumplimiento exacto, por poner en peligro cierto la continuidad de las relaciones laborales subsistentes en la empresa deudora, el secretario judicial, mediante decreto recurrible directamente en revisi贸n, podr谩, previa audiencia de los interesados y en las condiciones que establezca, conceder un aplazamiento por el tiempo imprescindible.
4. El incumplimiento de las condiciones que se establezcan comportar谩, sin necesidad de declaraci贸n expresa ni de previo requerimiento, la p茅rdida del beneficio concedido.
Art铆culo 245. Reglas para la suspensi贸n de la ejecuci贸n
1. Salvo en los casos expresamente establecidos en la ley, las resoluciones dictadas en ejecuci贸n se llevar谩n a efecto, no obstante su impugnaci贸n, no siendo necesario efectuar consignaciones para recurrirlas en suplicaci贸n o casaci贸n, excepto para recurrir el auto resolutorio del incidente de no readmisi贸n, de no existir en la ejecuci贸n en el momento del anuncio o de la preparaci贸n, embargo actual y suficiente de bienes y derechos realizables en el acto o ingreso de cantidades en la cuenta del juzgado para atender al importe objeto de la ejecuci贸n. La entrega de cantidades podr谩 demorarse, en todo o en parte, motivadamente hasta la firmeza de la resoluci贸n impugnada.
2. No obstante, el 贸rgano ejecutor podr谩 durante un mes, excepcionalmente prorrogable por otro, suspender cautelarmente, con o sin exigencia de fianza, la realizaci贸n de los actos ejecutivos que pudieran producir un perjuicio de imposible o dif铆cil reparaci贸n. Igual facultad tendr谩 la Sala que conozca del recurso interpuesto contra las resoluciones del 贸rgano ejecutor y por el tiempo de tramitaci贸n del recurso.
3. La suspensi贸n o su denegaci贸n podr谩 ser modificada en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron conocerse al tiempo de haberse resuelto sobre la suspensi贸n.
Art铆culo 246. Transacci贸n en la ejecuci贸n
1. Se proh铆be la renuncia de los derechos reconocidos por sentencias favorables al trabajador, sin perjuicio de la posibilidad de transacci贸n dentro de los l铆mites legalmente establecidos.
2. La transacci贸n en el proceso de ejecuci贸n deber谩 formalizarse mediante convenio, suscrito por todas las partes afectadas en la ejecuci贸n y sometido a homologaci贸n judicial para su validez, debiendo ser notificado, en su caso, al Fondo de Garant铆a Salarial.
3. El convenio podr谩 consistir en el aplazamiento o en la reducci贸n de la deuda, o en ambas cosas a la vez, entendi茅ndose en tales casos que el incumplimiento de alguno de los plazos o de las obligaciones parciales acordadas, determina el fin del aplazamiento o el vencimiento de la totalidad de la obligaci贸n; podr谩 consistir, igualmente, en la especificaci贸n, en la novaci贸n objetiva o subjetiva o en la sustituci贸n por otra equivalente de la obligaci贸n contenida en el t铆tulo, en la determinaci贸n del modo de cumplimiento, en especial del pago efectivo de las deudas dinerarias, en la constituci贸n de las garant铆as adicionales que procedan y, en general, en cuantos pactos l铆citos puedan establecer las partes.
4. El 贸rgano jurisdiccional homologar谩 el convenio mediante auto, velando por el necesario equilibrio de las prestaciones y la igualdad entre las partes, salvo que el acuerdo sea constitutivo de lesi贸n grave para alguna de las partes o para terceros, de fraude de ley o de abuso de derecho, o contrario al inter茅s p煤blico, o afecte a materias que se encuentren fuera del poder de disposici贸n de las partes. La ejecuci贸n continuar谩 hasta que no se constate el total cumplimiento del convenio, siendo t铆tulo ejecutivo la resoluci贸n de homologaci贸n del acuerdo en sustituci贸n del t铆tulo ejecutivo inicial.
5. La impugnaci贸n del auto por el que se apruebe la transacci贸n en la ejecuci贸n, se efectuar谩 ante el 贸rgano jurisdiccional que hubiera homologado la misma y se regir谩 por lo dispuesto para la impugnaci贸n de la conciliaci贸n judicial.
SECCI脫N 2.陋-Normas sobre ejecuciones colectivas
Art铆culo 247. Ejecuci贸n en conflictos colectivos
1. Las sentencias reca铆das en procesos de conflictos colectivos estimatorios de pretensi贸n de condena y susceptibles de ejecuci贸n individual en los t茅rminos del apartado 3 del art铆culo 160 podr谩n ser objeto de ejecuci贸n definitiva conforme a las reglas generales de 茅sta con las especialidades siguientes:
a) El proceso de ejecuci贸n se iniciar谩 mediante escrito por los sujetos legitimados. Est谩n legitimados, en nombre propio o en el de los afectados por el t铆tulo ejecutivo en los conflictos de empresa o de 谩mbito inferior, el empresario y los representantes legales o sindicales de los trabajadores, y en los conflictos de 谩mbito superior a la empresa, las asociaciones patronales y los sindicatos afectados. Los 贸rganos unitarios de la empresa contra la que se interponga la ejecuci贸n, as铆 como la empresa frente a la que se inste la misma, estar谩n legitimados en este proceso de ejecuci贸n aunque no hayan sido parte en el procedimiento previo de constituci贸n del t铆tulo ejecutivo. En todo caso, los sindicatos m谩s representativos y los representativos, de conformidad con los art铆culos 6 y 7 de la Ley Org谩nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, las asociaciones empresariales representativas en los t茅rminos del art铆culo 87 del Estatuto de los Trabajadores y los 贸rganos de representaci贸n legal o sindical de los trabajadores podr谩n personarse como partes en la ejecuci贸n, aunque no hayan sido parte en el procedimiento previo de constituci贸n del t铆tulo ejecutivo, siempre que su 谩mbito de actuaci贸n se corresponda o sea m谩s amplio que el del conflicto. El Fondo de Garant铆a Salarial ser谩 siempre parte en estos procesos.
b) El sindicato acreditar谩 la autorizaci贸n para instar o adherirse al proceso de ejecuci贸n respecto a sus afiliados en la forma establecida en el art铆culo 20 de esta Ley. Con relaci贸n a los no afiliados, lo acreditar谩 mediante autorizaci贸n documentada ante cualquier 贸rgano judicial o de mediaci贸n o conciliaci贸n social o ante la persona expresamente autorizada por el propio sindicato haciendo constar 茅sta bajo su responsabilidad la autenticidad de la firma del trabajador en la autorizaci贸n efectuada en su presencia y acompa帽ando los documentos de acreditaci贸n oportunos. Este 煤ltimo sistema de acreditaci贸n se aplicar谩 en caso de que, quien inste la ejecuci贸n, sea un 贸rgano de representaci贸n unitaria de los trabajadores.
c) El secretario judicial, comprobada la legitimaci贸n activa de los ejecutantes y que el t铆tulo ejecutivo es susceptible de ejecuci贸n individual en los t茅rminos establecidos en el apartado 3 del art铆culo 160 de esta Ley, requerir谩 a la parte ejecutada para que, trat谩ndose de ejecuci贸n pecuniaria, en el plazo de un mes, que podr谩 prorrogarse por otro mes cuando la complejidad del asunto lo exija, en relaci贸n a cada uno de los trabajadores en cuya representaci贸n se inste la ejecuci贸n, cuantifique individualizadamente la deuda y proponga, en su caso, una f贸rmula de pago.
d) De cumplir el ejecutado el requerimiento, el secretario judicial instar谩 a la parte ejecutante para que manifieste su conformidad o disconformidad con los datos proporcionados, as铆 como sobre la propuesta de pago, en el plazo de un mes, que podr谩 prorrogarse por otro mes cuando lo requiera la complejidad del asunto.
e) Si la parte ejecutante acepta, en todo o en parte, los datos suministrados de contrario sobre la cuantificaci贸n y la propuesta de pago, el secretario judicial documentar谩, en su caso, la avenencia en los extremos sobre los que exista conformidad, incluy茅ndose el abono de los intereses si procedieran, pero sin imposici贸n de costas.
f) Si el ejecutado no cumple el requerimiento oponi茅ndose formalmente a la ejecuci贸n, en todo o en parte, en el t茅rmino concedido, o de no aceptarse por la parte ejecutante, en todo o en parte, los datos proporcionados por aqu茅l o su propuesta de pago, se seguir谩 el tr谩mite incidental previsto en el art铆culo 238.
g) Para concretar, en su caso, si los solicitantes est谩n afectados por el t铆tulo y las cantidades l铆quidas individualizadas objeto de condena las partes deber谩n aportar prueba pericial o de expertos, o la proposici贸n de una prueba conjunta de dicha clase o encomendarle al 贸rgano judicial el nombramiento de un perito o de un experto a tal fin. El juez o tribunal dictar谩 auto en el que, previa resoluci贸n de las causas de oposici贸n que hubiere formulado la parte ejecutada, resolver谩 si, seg煤n los datos, caracter铆sticas y requisitos establecidos en el t铆tulo ejecutivo, reconoce a los solicitantes como comprendidos en la condena y, en el caso de condena de cantidad, el importe l铆quido individualmente reconocido a su favor, dict谩ndose, a continuaci贸n, la orden general de ejecuci贸n en los t茅rminos establecidos en esta Ley.
h) Contra las resoluciones que se dicten conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores cabr谩 interponer recurso de reposici贸n, que no suspender谩 su ejecuci贸n y no tendr谩 ulterior recurso.
i) Los t铆tulos ejecutivos de 谩mbito superior a la empresa se ejecutaran colectivamente empresa por empresa.
j) Los sujetos que, pudiendo resultar beneficiados por el t铆tulo ejecutivo, no quieran ejercitar su acci贸n en el proceso de ejecuci贸n colectivo, podr谩n, en su caso, formularla individualmente a trav茅s del proceso declarativo que corresponda.
2. La modalidad de ejecuci贸n de sentencias firmes regulada en este art铆culo ser谩 aplicable a los restantes t铆tulos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, de naturaleza social, estimatorios de pretensi贸n de condena y susceptibles de ejecuci贸n individual en los t茅rminos del apartado 3 del art铆culo 160, as铆 como a las sentencias firmes u otros t铆tulos ejecutivos sobre movilidad geogr谩fica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, suspensi贸n del contrato o reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n, de car谩cter colectivo, y en los supuestos de despido colectivo en los que la decisi贸n empresarial colectiva haya sido declarada nula.
Precepto modificado por L 1/2014, de 28 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 2-3-2014
Efecto: se aplica respecto de los procesos por despidos colectivos que se inicien a partir del 4-8-2013
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 247
Redacci贸n hasta el 2-3-2014
1. Las sentencias reca铆das en procesos de conflictos colectivos estimatorios de pretensi贸n de condena y susceptibles de ejecuci贸n individual en los t茅rminos del apartado 3 del art铆culo 160 podr谩n ser objeto de ejecuci贸n definitiva conforme a las reglas generales de 茅sta con las especialidades siguientes:
a) El proceso de ejecuci贸n se iniciar谩 mediante escrito por los sujetos legitimados. Est谩n legitimados, en nombre propio o en el de los afectados por el t铆tulo ejecutivo en los conflictos de empresa o de 谩mbito inferior, el empresario y los representantes legales o sindicales de los trabajadores, y en los conflictos de 谩mbito superior a la empresa, las asociaciones patronales y los sindicatos afectados. Los 贸rganos unitarios de la empresa contra la que se interponga la ejecuci贸n, as铆 como la empresa frente a la que se inste la misma, estar谩n legitimados en este proceso de ejecuci贸n aunque no hayan sido parte en el procedimiento previo de constituci贸n del t铆tulo ejecutivo. En todo caso, los sindicatos m谩s representativos y los representativos, de conformidad con los art铆culos 6 y 7 de la Ley Org谩nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, las asociaciones empresariales representativas en los t茅rminos del art铆culo 87 del Estatuto de los Trabajadores y los 贸rganos de representaci贸n legal o sindical de los trabajadores podr谩n personarse como partes en la ejecuci贸n, aunque no hayan sido parte en el procedimiento previo de constituci贸n del t铆tulo ejecutivo, siempre que su 谩mbito de actuaci贸n se corresponda o sea m谩s amplio que el del conflicto. El Fondo de Garant铆a Salarial ser谩 siempre parte en estos procesos.
b) El sindicato acreditar谩 la autorizaci贸n para instar o adherirse al proceso de ejecuci贸n respecto a sus afiliados en la forma establecida en el art铆culo 20 de esta Ley. Con relaci贸n a los no afiliados, lo acreditar谩 mediante autorizaci贸n documentada ante cualquier 贸rgano judicial o de mediaci贸n o conciliaci贸n social o ante la persona expresamente autorizada por el propio sindicato haciendo constar 茅sta bajo su responsabilidad la autenticidad de la firma del trabajador en la autorizaci贸n efectuada en su presencia y acompa帽ando los documentos de acreditaci贸n oportunos. Este 煤ltimo sistema de acreditaci贸n se aplicar谩 en caso de que, quien inste la ejecuci贸n, sea un 贸rgano de representaci贸n unitaria de los trabajadores.
c) El secretario judicial, comprobada la legitimaci贸n activa de los ejecutantes y que el t铆tulo ejecutivo es susceptible de ejecuci贸n individual en los t茅rminos establecidos en el apartado 3 del art铆culo 160 de esta Ley, requerir谩 a la parte ejecutada para que, trat谩ndose de ejecuci贸n pecuniaria, en el plazo de un mes, que podr谩 prorrogarse por otro mes cuando la complejidad del asunto lo exija, en relaci贸n a cada uno de los trabajadores en cuya representaci贸n se inste la ejecuci贸n, cuantifique individualizadamente la deuda y proponga, en su caso, una f贸rmula de pago.
d) De cumplir el ejecutado el requerimiento, el secretario judicial instar谩 a la parte ejecutante para que manifieste su conformidad o disconformidad con los datos proporcionados, as铆 como sobre la propuesta de pago, en el plazo de un mes, que podr谩 prorrogarse por otro mes cuando lo requiera la complejidad del asunto.
e) Si la parte ejecutante acepta, en todo o en parte, los datos suministrados de contrario sobre la cuantificaci贸n y la propuesta de pago, el secretario judicial documentar谩, en su caso, la avenencia en los extremos sobre los que exista conformidad, incluy茅ndose el abono de los intereses si procedieran, pero sin imposici贸n de costas.
f) Si el ejecutado no cumple el requerimiento oponi茅ndose formalmente a la ejecuci贸n, en todo o en parte, en el t茅rmino concedido, o de no aceptarse por la parte ejecutante, en todo o en parte, los datos proporcionados por aqu茅l o su propuesta de pago, se seguir谩 el tr谩mite incidental previsto en el art铆culo 238.
g) Para concretar, en su caso, si los solicitantes est谩n afectados por el t铆tulo y las cantidades l铆quidas individualizadas objeto de condena las partes deber谩n aportar prueba pericial o de expertos, o la proposici贸n de una prueba conjunta de dicha clase o encomendarle al 贸rgano judicial el nombramiento de un perito o de un experto a tal fin. El juez o tribunal dictar谩 auto en el que, previa resoluci贸n de las causas de oposici贸n que hubiere formulado la parte ejecutada, resolver谩 si, seg煤n los datos, caracter铆sticas y requisitos establecidos en el t铆tulo ejecutivo, reconoce a los solicitantes como comprendidos en la condena y, en el caso de condena de cantidad, el importe l铆quido individualmente reconocido a su favor, dict谩ndose, a continuaci贸n, la orden general de ejecuci贸n en los t茅rminos establecidos en esta Ley.
h) Contra las resoluciones que se dicten conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores cabr谩 interponer recurso de reposici贸n, que no suspender谩 su ejecuci贸n y no tendr谩 ulterior recurso.
i) Los t铆tulos ejecutivos de 谩mbito superior a la empresa se ejecutaran colectivamente empresa por empresa.
j) Los sujetos que, pudiendo resultar beneficiados por el t铆tulo ejecutivo, no quieran ejercitar su acci贸n en el proceso de ejecuci贸n colectivo, podr谩n, en su caso, formularla individualmente a trav茅s del proceso declarativo que corresponda.
2. La modalidad de ejecuci贸n de sentencias firmes regulada en este art铆culo ser谩 aplicable a los restantes t铆tulos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, de naturaleza social, estimatorios de pretensi贸n de condena y susceptibles de ejecuci贸n individual en los t茅rminos del apartado 3 del art铆culo 160, as铆 como a las sentencias firmes u otros t铆tulos ejecutivos sobre movilidad geogr谩fica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, suspensi贸n del contrato o reducci贸n de jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n, de car谩cter colectivo, y en los supuestos de despido colectivo en los que la decisi贸n empresarial colectiva haya sido declarada nula.
Precepto modificado por RD-Ley 11/2013, de 2 de Agosto, con entrada en vigor a partir del 4-8-2013
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 247
Redacci贸n hasta el 4-8-2013
1. Las sentencias reca铆das en procesos de conflictos colectivos estimatorios de pretensi贸n de condena y susceptibles de ejecuci贸n individual en los t茅rminos del apartado 3 del art铆culo 160 podr谩n ser objeto de ejecuci贸n definitiva conforme a las reglas generales de 茅sta con las especialidades siguientes:
a) El proceso de ejecuci贸n se iniciar谩 mediante escrito por los sujetos legitimados. Est谩n legitimados, en nombre propio o en el de los afectados por el t铆tulo ejecutivo en los conflictos de empresa o de 谩mbito inferior, el empresario y los representantes legales o sindicales de los trabajadores, y en los conflictos de 谩mbito superior a la empresa, las asociaciones patronales y los sindicatos afectados. Los 贸rganos unitarios de la empresa contra la que se interponga la ejecuci贸n, as铆 como la empresa frente a la que se inste la misma, estar谩n legitimados en este proceso de ejecuci贸n aunque no hayan sido parte en el procedimiento previo de constituci贸n del t铆tulo ejecutivo. En todo caso, los sindicatos m谩s representativos y los representativos, de conformidad con los art铆culos 6 y 7 de la Ley Org谩nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, las asociaciones empresariales representativas en los t茅rminos del art铆culo 87 del Estatuto de los Trabajadores y los 贸rganos de representaci贸n legal o sindical de los trabajadores podr谩n personarse como partes en la ejecuci贸n, aunque no hayan sido parte en el procedimiento previo de constituci贸n del t铆tulo ejecutivo, siempre que su 谩mbito de actuaci贸n se corresponda o sea m谩s amplio que el del conflicto. El Fondo de Garant铆a Salarial ser谩 siempre parte en estos procesos.
b) El sindicato acreditar谩 la autorizaci贸n para instar o adherirse al proceso de ejecuci贸n respecto a sus afiliados en la forma establecida en el art铆culo 20 de esta Ley. Con relaci贸n a los no afiliados, lo acreditar谩 mediante autorizaci贸n documentada ante cualquier 贸rgano judicial o de mediaci贸n o conciliaci贸n social o ante la persona expresamente autorizada por el propio sindicato haciendo constar 茅sta bajo su responsabilidad la autenticidad de la firma del trabajador en la autorizaci贸n efectuada en su presencia y acompa帽ando los documentos de acreditaci贸n oportunos. Este 煤ltimo sistema de acreditaci贸n se aplicar谩 en caso de que, quien inste la ejecuci贸n, sea un 贸rgano de representaci贸n unitaria de los trabajadores.
c) El secretario judicial, comprobada la legitimaci贸n activa de los ejecutantes y que el t铆tulo ejecutivo es susceptible de ejecuci贸n individual en los t茅rminos establecidos en el apartado 3 del art铆culo 160 de esta Ley, requerir谩 a la parte ejecutada para que, trat谩ndose de ejecuci贸n pecuniaria, en el plazo de un mes, que podr谩 prorrogarse por otro mes cuando la complejidad del asunto lo exija, en relaci贸n a cada uno de los trabajadores en cuya representaci贸n se inste la ejecuci贸n, cuantifique individualizadamente la deuda y proponga, en su caso, una f贸rmula de pago.
d) De cumplir el ejecutado el requerimiento, el secretario judicial instar谩 a la parte ejecutante para que manifieste su conformidad o disconformidad con los datos proporcionados, as铆 como sobre la propuesta de pago, en el plazo de un mes, que podr谩 prorrogarse por otro mes cuando lo requiera la complejidad del asunto.
e) Si la parte ejecutante acepta, en todo o en parte, los datos suministrados de contrario sobre la cuantificaci贸n y la propuesta de pago, el secretario judicial documentar谩, en su caso, la avenencia en los extremos sobre los que exista conformidad, incluy茅ndose el abono de los intereses si procedieran, pero sin imposici贸n de costas.
f) Si el ejecutado no cumple el requerimiento oponi茅ndose formalmente a la ejecuci贸n, en todo o en parte, en el t茅rmino concedido, o de no aceptarse por la parte ejecutante, en todo o en parte, los datos proporcionados por aqu茅l o su propuesta de pago, se seguir谩 el tr谩mite incidental previsto en el art铆culo 238.
g) Para concretar, en su caso, si los solicitantes est谩n afectados por el t铆tulo y las cantidades l铆quidas individualizadas objeto de condena las partes deber谩n aportar prueba pericial o de expertos, o la proposici贸n de una prueba conjunta de dicha clase o encomendarle al 贸rgano judicial el nombramiento de un perito o de un experto a tal fin. El juez o tribunal dictar谩 auto en el que, previa resoluci贸n de las causas de oposici贸n que hubiere formulado la parte ejecutada, resolver谩 si, seg煤n los datos, caracter铆sticas y requisitos establecidos en el t铆tulo ejecutivo, reconoce a los solicitantes como comprendidos en la condena y, en el caso de condena de cantidad, el importe l铆quido individualmente reconocido a su favor, dict谩ndose, a continuaci贸n, la orden general de ejecuci贸n en los t茅rminos establecidos en esta Ley.
h) Contra las resoluciones que se dicten conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores cabr谩 interponer recurso de reposici贸n, que no suspender谩 su ejecuci贸n y no tendr谩 ulterior recurso.
i) Los t铆tulos ejecutivos de 谩mbito superior a la empresa se ejecutaran colectivamente empresa por empresa.
j) Los sujetos que, pudiendo resultar beneficiados por el t铆tulo ejecutivo, no quieran ejercitar su acci贸n en el proceso de ejecuci贸n colectivo, podr谩n, en su caso, formularla individualmente a trav茅s del proceso declarativo que corresponda.
2. La modalidad de ejecuci贸n de sentencias firmes regulada en este art铆culo ser谩 aplicable a los restantes t铆tulos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, de naturaleza social, estimatorios de pretensi贸n de condena y susceptibles de ejecuci贸n individual en los t茅rminos del apartado 3 del art铆culo 160, as铆 como a las sentencias firmes u otros t铆tulos ejecutivos sobre movilidad geogr谩fica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, suspensi贸n del contrato o reducci贸n de la jornada por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n, de car谩cter colectivo.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 247
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
1. Las sentencias reca铆das en procesos de conflictos colectivos estimatorios de pretensi贸n de condena y susceptibles de ejecuci贸n individual en los t茅rminos del apartado 3 del art铆culo 160 podr谩n ser objeto de ejecuci贸n definitiva conforme a las reglas generales de 茅sta con las especialidades siguientes:
a) El proceso de ejecuci贸n se iniciar谩 mediante escrito por los sujetos legitimados. Est谩n legitimados, en nombre propio o en el de los afectados por el t铆tulo ejecutivo en los conflictos de empresa o de 谩mbito inferior, el empresario y los representantes legales o sindicales de los trabajadores, y en los conflictos de 谩mbito superior a la empresa, las asociaciones patronales y los sindicatos afectados. Los 贸rganos unitarios de la empresa contra la que se interponga la ejecuci贸n, as铆 como la empresa frente a la que se inste la misma, estar谩n legitimados en este proceso de ejecuci贸n aunque no hayan sido parte en el procedimiento previo de constituci贸n del t铆tulo ejecutivo. En todo caso, los sindicatos m谩s representativos y los representativos, de conformidad con los art铆culos 6 y 7 de la Ley Org谩nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, las asociaciones empresariales representativas en los t茅rminos del art铆culo 87 del Estatuto de los Trabajadores y los 贸rganos de representaci贸n legal o sindical de los trabajadores podr谩n personarse como partes en la ejecuci贸n, aunque no hayan sido parte en el procedimiento previo de constituci贸n del t铆tulo ejecutivo, siempre que su 谩mbito de actuaci贸n se corresponda o sea m谩s amplio que el del conflicto. El Fondo de Garant铆a Salarial ser谩 siempre parte en estos procesos.
b) El sindicato acreditar谩 la autorizaci贸n para instar o adherirse al proceso de ejecuci贸n respecto a sus afiliados en la forma establecida en el art铆culo 20 de esta Ley. Con relaci贸n a los no afiliados, lo acreditar谩 mediante autorizaci贸n documentada ante cualquier 贸rgano judicial o de mediaci贸n o conciliaci贸n social o ante la persona expresamente autorizada por el propio sindicato haciendo constar 茅sta bajo su responsabilidad la autenticidad de la firma del trabajador en la autorizaci贸n efectuada en su presencia y acompa帽ando los documentos de acreditaci贸n oportunos. Este 煤ltimo sistema de acreditaci贸n se aplicar谩 en caso de que, quien inste la ejecuci贸n, sea un 贸rgano de representaci贸n unitaria de los trabajadores.
c) El secretario judicial, comprobada la legitimaci贸n activa de los ejecutantes y que el t铆tulo ejecutivo es susceptible de ejecuci贸n individual en los t茅rminos establecidos en el apartado 3 del art铆culo 160 de esta Ley, requerir谩 a la parte ejecutada para que, trat谩ndose de ejecuci贸n pecuniaria, en el plazo de un mes, que podr谩 prorrogarse por otro mes cuando la complejidad del asunto lo exija, en relaci贸n a cada uno de los trabajadores en cuya representaci贸n se inste la ejecuci贸n, cuantifique individualizadamente la deuda y proponga, en su caso, una f贸rmula de pago.
d) De cumplir el ejecutado el requerimiento, el secretario judicial instar谩 a la parte ejecutante para que manifieste su conformidad o disconformidad con los datos proporcionados, as铆 como sobre la propuesta de pago, en el plazo de un mes, que podr谩 prorrogarse por otro mes cuando lo requiera la complejidad del asunto.
e) Si la parte ejecutante acepta, en todo o en parte, los datos suministrados de contrario sobre la cuantificaci贸n y la propuesta de pago, el secretario judicial documentar谩, en su caso, la avenencia en los extremos sobre los que exista conformidad, incluy茅ndose el abono de los intereses si procedieran, pero sin imposici贸n de costas.
f) Si el ejecutado no cumple el requerimiento oponi茅ndose formalmente a la ejecuci贸n, en todo o en parte, en el t茅rmino concedido, o de no aceptarse por la parte ejecutante, en todo o en parte, los datos proporcionados por aqu茅l o su propuesta de pago, se seguir谩 el tr谩mite incidental previsto en el art铆culo 238.
g) Para concretar, en su caso, si los solicitantes est谩n afectados por el t铆tulo y las cantidades l铆quidas individualizadas objeto de condena las partes deber谩n aportar prueba pericial o de expertos, o la proposici贸n de una prueba conjunta de dicha clase o encomendarle al 贸rgano judicial el nombramiento de un perito o de un experto a tal fin. El juez o tribunal dictar谩 auto en el que, previa resoluci贸n de las causas de oposici贸n que hubiere formulado la parte ejecutada, resolver谩 si, seg煤n los datos, caracter铆sticas y requisitos establecidos en el t铆tulo ejecutivo, reconoce a los solicitantes como comprendidos en la condena y, en el caso de condena de cantidad, el importe l铆quido individualmente reconocido a su favor, dict谩ndose, a continuaci贸n, la orden general de ejecuci贸n en los t茅rminos establecidos en esta Ley.
h) Contra las resoluciones que se dicten conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores cabr谩 interponer recurso de reposici贸n, que no suspender谩 su ejecuci贸n y no tendr谩 ulterior recurso.
i) Los t铆tulos ejecutivos de 谩mbito superior a la empresa se ejecutaran colectivamente empresa por empresa.
j) Los sujetos que, pudiendo resultar beneficiados por el t铆tulo ejecutivo, no quieran ejercitar su acci贸n en el proceso de ejecuci贸n colectivo, podr谩n, en su caso, formularla individualmente a trav茅s del proceso declarativo que corresponda.
2. La modalidad de ejecuci贸n de sentencias firmes regulada en este art铆culo ser谩 aplicable a los restantes t铆tulos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, de naturaleza social, estimatorios de pretensi贸n de condena y susceptibles de ejecuci贸n individual en los t茅rminos del apartado 3 del art铆culo 160, as铆 como a las sentencias firmes u otros t铆tulos ejecutivos sobre movilidad geogr谩fica o modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de car谩cter colectivo.
CAP脥TULO II-De la ejecuci贸n dineraria
SECCI脫N 1.陋-Normas generales
Art铆culo 248. Concurrencia de embargos
1. En caso de concurrencia de embargos decretados por 贸rganos judiciales del orden jurisdiccional social sobre unos mismos bienes, la preferencia para seguir la v铆a de apremio contra ellos corresponde, sin perjuicio de lo establecido en esta Ley en los supuestos de acumulaci贸n de ejecuciones, al 贸rgano que con prioridad trab贸 dichos bienes.
No obstante, el embargante posterior podr谩 continuar la v铆a de apremio si quedan garantizados los derechos de los embargantes anteriores.
2. La regla anterior no afectar谩 a la prelaci贸n de cr茅ditos entre diversos acreedores.
3. En caso de concurso, las acciones de ejecuci贸n que puedan ejercitar los trabajadores para el cobro de los salarios e indemnizaciones por despido que les puedan ser adeudados quedan sometidas a lo establecido en la Ley Concursal.
Art铆culo 249. Manifestaci贸n de bienes para la ejecuci贸n
1. El ejecutado est谩 obligado a efectuar, a requerimiento del secretario judicial, manifestaci贸n sobre sus bienes o derechos, con la precisi贸n necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber谩, asimismo, indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y, de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de 茅ste que puedan interesar a la ejecuci贸n.
2. Esta obligaci贸n incumbir谩, cuando se trate de personas jur铆dicas, a sus administradores o a las personas que legalmente las representen y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad, a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores.
3. En el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas reales, el ejecutado estar谩 obligado a manifestar el importe del cr茅dito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha.
Esta informaci贸n podr谩 reclamarse al titular del cr茅dito garantizado, de oficio o a instancia de parte o de tercero interesado.
Art铆culo 250. Investigaci贸n judicial del patrimonio del ejecutado
1. Si no se tuviere conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el secretario judicial deber谩 dirigirse a los pertinentes organismos y registros p煤blicos a fin de que faciliten la relaci贸n de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la realizaci贸n por 茅stos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles.
2. Tambi茅n podr谩 el secretario judicial, dentro de los l铆mites del derecho a la intimidad personal, dirigirse o recabar la informaci贸n precisa para lograr la efectividad de la obligaci贸n pecuniaria que ejecute, de entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jur铆dicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de 茅ste o pudieran resultar deudoras del mismo.
Art铆culo 251. Intereses de demora y costas
1. Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad por la que se despache ejecuci贸n en concepto provisional de intereses de demora y costas no exceder谩, para los primeros, del importe de los que se devengar铆an durante un a帽o y, para las costas, del diez por ciento de la cantidad objeto de apremio en concepto de principal.
2. En cuanto a los intereses de la mora procesal se estar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, transcurridos tres meses del despacho de la ejecuci贸n sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligaci贸n, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligaci贸n de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestaci贸n, podr谩 incrementarse el inter茅s legal a abonar en dos puntos.
Art铆culo 252. Notificaci贸n a los representantes de los trabajadores de la empresa deudora
Atendida la cantidad objeto de apremio, los autos en que se despache la ejecuci贸n y las resoluciones en que se decreten embargos se notificar谩n a los representantes unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a efectos de que puedan comparecer en el proceso.
Art铆culo 253. Intervenci贸n en la ejecuci贸n del Fondo de Garant铆a Salarial y las Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad Social
1. El Fondo de Garant铆a Salarial y las Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad Social, cuando est茅n legitimados para intervenir en el proceso, quedan obligados a asumir el dep贸sito, la administraci贸n, intervenci贸n o peritaci贸n de los bienes embargados, designando a tal fin persona id贸nea, desde que se les requiera por el secretario judicial mediante decreto. De tal obligaci贸n podr谩n liberarse si justifican ante el secretario la imposibilidad de cumplirla o su desproporcionada gravosidad.
2. Igual obligaci贸n y con los mismos l铆mites puede, motivadamente, imponerse a cualquier persona o entidad que por su actividad y medios pueda hacerse cargo de la misma, sin perjuicio del resarcimiento de gastos y abono de las remuneraciones procedentes conforme a la ley.
3. Las actuaciones materiales relativas al dep贸sito, conservaci贸n, transporte, administraci贸n y publicidad para su venta de los bienes judicialmente embargados podr谩 encomendarse a entidades autorizadas administrativamente con tal fin o a las entidades previstas a este fin en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si as铆 lo acordara el secretario judicial.
SECCI脫N 2.陋-El embargo
Art铆culo 254. Orden en los embargos. Bienes embargables
1. De constar la existencia de bienes suficientes, el embargo que se decrete se ajustar谩 al orden legalmente establecido. En caso contrario y al objeto de asegurar la efectividad de la resoluci贸n judicial cuya ejecuci贸n se insta, se efectuar谩 la adecuaci贸n a dicho orden una vez conocidos tales bienes.
2. Ser谩 nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste. No obstante podr谩n embargarse saldos favorables de cuentas y dep贸sitos obrantes en bancos, cajas o cualquier otra persona o entidad p煤blica o privada de dep贸sito, cr茅dito, ahorro y financiaci贸n, tanto los existentes en el momento del embargo, como los que se produzcan posteriormente, as铆 como disponerse la retenci贸n y puesta a disposici贸n del juzgado de cualesquiera bienes o cantidades que se devengaren en el futuro a favor del ejecutado como consecuencia de las relaciones de 茅ste con la entidad depositaria, siempre que, en raz贸n del t铆tulo ejecutivo, se hubiere determinado por el secretario judicial una cantidad como l铆mite m谩ximo a tales efectos.
Los referidos saldos, dep贸sitos u otros bienes, y en general cualquier otro bien embargable, son susceptibles de embargo con independencia de la naturaleza de los ingresos o rentas que hubieran podido contribuir a su generaci贸n. A estos efectos, las limitaciones absolutas o relativas de inembargabilidad que puedan afectar a ingresos o rentas de car谩cter peri贸dico conforme al art铆culo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se aplicar谩n a partir del embargo en el momento de la generaci贸n o devengo de cada una de las mensualidades o vencimientos de tales rentas.
Tambi茅n podr谩 acordarse la administraci贸n judicial, en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 256, cuando se comprobare que la entidad pagadora o perceptora no cumple la orden de retenci贸n o ingreso, sin perjuicio de las dem谩s responsabilidades que procedieran seg煤n lo dispuesto en el apartado 3 del art铆culo 241 por falta de colaboraci贸n con la ejecuci贸n y efectividad de lo resuelto.
Art铆culo 255. Embargo de bienes inmuebles
1. Si los bienes embargados fueren inmuebles u otros inscribibles en registros p煤blicos, el secretario judicial ordenar谩 de oficio que se libre y remita directamente al registrador mandamiento para que practique el asiento que corresponda relativo al embargo trabado, expida certificaci贸n de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y, en su caso, de sus cargas y grav谩menes.
2. El registrador deber谩 comunicar a la oficina judicial la existencia de ulteriores asientos que pudieren afectar al embargo anotado.
Art铆culo 256. Administraci贸n judicial de los bienes embargados
1. Podr谩 constituirse una administraci贸n o una intervenci贸n judicial cuando por la naturaleza de los bienes o derechos embargados fuera preciso.
2. Con tal fin, el secretario judicial citar谩 de comparecencia ante s铆 mismo a las partes para que lleguen a un acuerdo y, una vez alcanzado en su caso, establecer谩 mediante decreto los t茅rminos de la administraci贸n judicial en consonancia con el acuerdo.
3. Para el supuesto que no se alcance acuerdo, el secretario les convocar谩 a comparecencia ante el juez o Magistrado que dict贸 la orden general de ejecuci贸n, a fin de que efect煤en las alegaciones y pruebas que estimen oportunas sobre la necesidad o no de nombramiento de administrador o interventor, persona que deba desempe帽ar tal cargo, exigencia o no de fianza, forma de actuaci贸n, rendici贸n de cuentas y retribuci贸n procedente, resolvi茅ndose mediante auto lo que proceda.
4. El administrador o, en su caso, el interventor nombrado deber谩 rendir cuenta final de su gesti贸n.
Art铆culo 257. Designaci贸n de depositario
Puede ser designado depositario el ejecutante o el ejecutado, salvo oposici贸n justificada de la parte contraria. Tambi茅n podr谩 el secretario judicial aprobar la designaci贸n como depositario de un tercero, de existir com煤n acuerdo de las partes o a propuesta de una de ellas, sin oposici贸n justificada de la contraria.
Art铆culo 258. Reembargo
1. De estar previamente embargados los bienes, el secretario judicial que haya acordado el reembargo adoptar谩 las medidas oportunas para su efectividad.
2. La oficina judicial o administrativa a la que se comunique el reembargo acordar谩 lo procedente para garantizarlo y, en el plazo m谩ximo de diez d铆as, informar谩 al reembargante sobre las circunstancias y valor de los bienes, cantidad objeto de apremio de la que respondan y estado de sus actuaciones.
3. Deber谩, asimismo, comunicar al 贸rgano que decret贸 el reembargo las ulteriores resoluciones que pudieren afectar a los acreedores reembargantes.
Art铆culo 259. Adopci贸n de la traba
1. El secretario judicial, tras la daci贸n de cuenta por el gestor procesal y administrativo de la diligencia de embargo positiva, ratificar谩 o modificar谩 lo efectuado por la comisi贸n ejecutiva, acordando, en su caso, la adopci贸n de las garant铆as necesarias para asegurar la traba seg煤n la naturaleza de los bienes embargados.
2. Podr谩 tambi茅n, en cualquier momento, atendida la suficiencia de los bienes embargados, acordar la mejora, reducci贸n o alzamiento de los embargos trabados.
Art铆culo 260. Tercer铆a de dominio
1. El tercero que invoque el dominio sobre los bienes embargados, adquirido con anterioridad a su traba, podr谩 pedir el levantamiento del embargo ante el 贸rgano del orden jurisdiccional social que conozca de la ejecuci贸n y que a los meros efectos prejudiciales resolver谩 sobre el derecho alegado, alzando en su caso el embargo.
2. La solicitud, a la que se acompa帽ar谩 el t铆tulo en que se funde la pretensi贸n, deber谩 formularse por el tercerista con una antelaci贸n a la fecha se帽alada para la celebraci贸n de la primera subasta no inferior a quince d铆as.
3. Admitida la solicitud, se seguir谩 el tr谩mite incidental regulado en esta Ley. El secretario judicial suspender谩 las actuaciones relativas a la liquidaci贸n de los bienes discutidos hasta la resoluci贸n del incidente.
SECCI脫N 3.陋-Realizaci贸n de los bienes embargados
Art铆culo 261. Tasaci贸n de los bienes embargados
1. Cuando fuere necesario tasar los bienes embargados previamente a su realizaci贸n, el secretario judicial designar谩 el perito tasador que corresponda de entre los que presten servicio en la Administraci贸n de Justicia, y adem谩s o en su defecto podr谩 requerir la designaci贸n de persona id贸nea a las entidades obligadas legalmente a asumir la peritaci贸n.
2. El nombramiento efectuado se pondr谩 en conocimiento de las partes o terceros que conste tengan derechos sobre los bienes a tasar para que, dentro del segundo d铆a, puedan designar otros por su parte, con la prevenci贸n de que, si no lo hicieran, se les tendr谩 por conformes.
Art铆culo 262. Deducci贸n de cargas
Si los bienes o derechos embargados estuvieren afectos con cargas o grav谩menes que debieran quedar subsistentes tras la venta o adjudicaci贸n judicial, el secretario, con la colaboraci贸n pericial y recabando los datos que estime oportunos, practicar谩 la valoraci贸n de aqu茅llos y deducir谩 su importe del valor real de los bienes, con el fin de determinar el justiprecio.
Art铆culo 263. Procedimientos para la liquidaci贸n de los bienes
1. Para la liquidaci贸n de los bienes embargados, podr谩n emplearse estos procedimientos:
a) Por venta en entidad autorizada administrativamente o en las entidades previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil con tal fin, si as铆 lo acordara el secretario judicial, cualquiera que fuere el valor de los bienes.
b) Por subasta ante fedatario p煤blico, en los t茅rminos que se establezcan reglamentariamente.
c) Mediante subasta judicial, en los casos en que no se empleen los procedimientos anteriores.
d) Por los dem谩s procedimientos establecidos en la legislaci贸n procesal civil.
2. Si lo embargado fueren valores, se vender谩n en la forma establecida para ellos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. A fin de dotarla de mayor efectividad, la venta de los bienes podr谩 realizarse por lotes o por unidades.
Art铆culo 264. Realizaci贸n de los bienes
La realizaci贸n de los bienes embargados se ajustar谩 a lo dispuesto en la legislaci贸n procesal civil, con la 煤nica excepci贸n de que para el caso de resultar desierta la subasta tendr谩n los ejecutantes o, en su defecto, los responsables legales solidarios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse los bienes por el 30 por ciento del aval煤o, d谩ndoseles, a tal fin, el plazo com煤n de diez d铆as. De no hacerse uso de este derecho, se alzar谩 el embargo.
Art铆culo 265. Reparto entre los ejecutantes
Si la adquisici贸n en subasta o la adjudicaci贸n en pago se realiza en favor de una parte de los ejecutantes y el precio de adjudicaci贸n no es suficiente para cubrir todos los cr茅ditos de los restantes acreedores, los cr茅ditos de los adjudicatarios s贸lo se extinguir谩n hasta la concurrencia de la suma que sobre el precio de adjudicaci贸n deber铆a serles atribuida en el reparto proporcional. De ser inferior al precio deber谩n los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en met谩lico.
Art铆culo 266. Calidad de la adquisici贸n a favor de los ejecutantes o sus representantes
S贸lo la adquisici贸n o adjudicaci贸n practicada en favor de los ejecutantes o de los responsables legales solidarios o subsidiarios podr谩 efectuarse en calidad de ceder a tercero.
Art铆culo 267. Formalizaci贸n de la adjudicaci贸n de bienes
1. No ser谩 preceptivo documentar en escritura p煤blica el decreto de adjudicaci贸n.
2. Ser谩 t铆tulo bastante para la inscripci贸n, el testimonio del decreto de adjudicaci贸n, expedido por el secretario judicial.
SECCI脫N 4.陋-Pago a los acreedores
Art铆culo 268. Orden de los pagos
1. Las cantidades que se obtengan en favor de los ejecutantes se aplicar谩n, por su orden, al pago del principal, intereses y costas una vez liquidados aqu茅llos y tasadas 茅stas.
2. Si lo hubiere aprobado previamente el juez, el secretario judicial podr谩 anticipar al pago del principal el abono de los gastos que necesariamente hubiere requerido la propia ejecuci贸n y el de los acreditados por terceros obligados a prestar la colaboraci贸n judicialmente requerida.
Art铆culo 269. Liquidaci贸n de intereses y costas
1. Cubierta la cantidad objeto de apremio en concepto de principal, el secretario practicar谩 diligencia de liquidaci贸n de los intereses devengados.
2. La liquidaci贸n de intereses podr谩 formularse al tiempo que se realice la tasaci贸n de costas y en la propia diligencia. Si se impugnaran ambas operaciones, su tramitaci贸n podr谩 acumularse.
3. Los honorarios o derechos de abogados, incluidos los de las Administraciones p煤blicas, procuradores y graduados sociales colegiados, devengados en la ejecuci贸n podr谩n incluirse en la tasaci贸n de costas.
Art铆culo 270. Insuficiencia de bienes en ejecuciones acumuladas
De estar acumuladas las ejecuciones seguidas contra un mismo deudor y ser insuficientes los bienes embargados para satisfacer la totalidad de los cr茅ditos laborales, se aplicar谩n soluciones de proporcionalidad, con respeto, en todo caso, a las preferencias de cr茅dito establecidas en las leyes.
Art铆culo 271. Reglas de reparto entre los ejecutantes en caso de insuficiencia de bienes del deudor. Propuesta com煤n de distribuci贸n
1. Entre los cr茅ditos concurrentes de igual grado, se repartir谩n proporcionalmente las cantidades obtenidas, sin tener en cuenta ning煤n tipo de prioridad temporal.
2. Si las cantidades obtenidas no son suficientes para cubrir la totalidad de los cr茅ditos, se proceder谩 del siguiente modo:
a) Si ninguno de los acreedores concurrentes alegare preferencia para el cobro, el secretario judicial dispondr谩 la distribuci贸n proporcional de cantidades conforme se vayan obteniendo.
b) Si alguno de ellos alega preferencia, podr谩n presentar los acreedores o requer铆rseles por el secretario judicial para que lo hagan, en el plazo que se les fije, una propuesta com煤n de distribuci贸n.
3. No present谩ndose o no coincidiendo las propuestas formuladas, el secretario judicial, en el plazo de cinco d铆as, dictar谩 decreto estableciendo provisionalmente los criterios de distribuci贸n y concretando las cantidades correspondientes a cada acreedor conforme a aqu茅llos.
Art铆culo 272. Traslado de la propuesta de distribuci贸n
1. De la propuesta com煤n o de la formulada por el secretario judicial, se dar谩 traslado en su caso, a los acreedores no proponentes, al ejecutado y al Fondo de Garant铆a Salarial, para que manifiesten su conformidad o disconformidad en el plazo de tres d铆as.
2. Si no se formulara oposici贸n, el secretario judicial deber谩 aprobar la propuesta com煤n presentada o se entender谩 definitiva la distribuci贸n por 茅l practicada. De formularse aqu茅lla, se convocar谩 a todos los interesados a una comparecencia, d谩ndose traslado de los escritos presentados.
Art铆culo 273. Comparecencia para la aprobaci贸n de la propuesta de distribuci贸n
1. Si en la comparecencia se lograre un acuerdo de distribuci贸n, podr谩 aprobarse en el mismo acto por el secretario judicial. A los interesados que no comparezcan injustificadamente se les tendr谩 por conformes con lo acordado por los comparecientes.
2. De no lograrse acuerdo, el secretario citar谩 a los interesados a una comparecencia ante el juez o tribunal, quien continuar谩 el incidente, efectu谩ndose las alegaciones y pruebas relativas, en su caso, a la existencia o subsistencia de las preferencias invocadas. Se resolver谩n, mediante auto, las cuestiones planteadas y se establecer谩 la forma de distribuci贸n.
Art铆culo 274. Participaci贸n en la distribuci贸n proporcional
Podr谩n participar en la distribuci贸n proporcional los que, hasta el momento de obtenerse las cantidades a repartir, ostenten la condici贸n de ejecutantes de los procesos acumulados, con auto firme despachando ejecuci贸n a su favor.
Art铆culo 275. Tramitaci贸n de las tercer铆as de mejor derecho
1. Las tercer铆as fundadas en el derecho del tercero, sea o no acreedor laboral del ejecutado, a ser reintegrado de su cr茅dito con preferencia al acreedor ejecutante, deber谩n deducirse ante el 贸rgano judicial del orden social que est茅 conociendo de la ejecuci贸n, sustanci谩ndose por el tr谩mite incidental regulado en esta Ley.
2. La tercer铆a as铆 promovida no suspender谩 la ejecuci贸n tramitada, continu谩ndose la misma hasta realizar la venta de los bienes embargados y su importe se depositar谩 en la entidad de cr茅dito correspondiente.
SECCI脫N 5.陋-Insolvencia empresarial
Art铆culo 276. Intervenci贸n del Fondo de Garant铆a Salarial. Declaraci贸n de insolvencia de la empresa
1. Previamente a la declaraci贸n de insolvencia, si el Fondo de Garant铆a Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el secretario judicial le dar谩 audiencia, por un plazo m谩ximo de quince d铆as, para que pueda instar la pr谩ctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe bienes del deudor principal que le consten.
2. Dentro de los treinta d铆as siguientes a la pr谩ctica de las diligencias instadas por el Fondo de Garant铆a Salarial, el secretario judicial dictar谩 decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los bienes embargados. La insolvencia se entender谩 a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se realicen los bienes embargados.
3. Declarada la insolvencia de una empresa, ello constituir谩 base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudi茅ndose dictar el decreto de insolvencia sin necesidad de reiterar los tr谩mites de averiguaci贸n de bienes establecidos en el art铆culo 250, si bien en todo caso se deber谩 dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garant铆a Salarial para que puedan se帽alar la existencia de nuevos bienes.
4. De estar determinadas en la sentencia que se ejecute las cantidades legalmente a cargo del Fondo de Garant铆a Salarial, firme la declaraci贸n de insolvencia, el secretario judicial le requerir谩 en su caso de abono, en el plazo de diez d铆as y, de no efectuarlo, continuar谩 la ejecuci贸n contra el mismo.
5. La declaraci贸n firme de insolvencia del ejecutado se har谩 constar en el registro correspondiente seg煤n la naturaleza de la entidad.
Art铆culo 277. Embargo de bienes afectados al proceso productivo
1. Cuando los bienes susceptibles de embargo se encuentren afectos al proceso productivo de la empresa deudora y 茅sta contin煤e su actividad, el Fondo de Garant铆a Salarial podr谩 solicitar la suspensi贸n de la ejecuci贸n, por el plazo de treinta d铆as, a fin de valorar la imposibilidad de satisfacci贸n de los cr茅ditos laborales, as铆 como los efectos de la enajenaci贸n judicial de los bienes embargados sobre la continuidad de las relaciones laborales subsistentes en la empresa deudora.
2. Constatada por el Fondo de Garant铆a Salarial la imposibilidad de satisfacer los cr茅ditos laborales por determinar ello la extinci贸n de las relaciones laborales subsistentes, lo pondr谩 de manifiesto motivadamente, solicitando la declaraci贸n de insolvencia a los solos efectos de reconocimiento de prestaciones de garant铆a salarial.
CAP脥TULO III-De la ejecuci贸n de las sentencias firmes de despido
Art铆culo 278. Readmisi贸n del trabajador
Cuando el empresario haya optado por la readmisi贸n deber谩 comunicar por escrito al trabajador, dentro de los diez d铆as siguientes a aquel en que se le notifique la sentencia, la fecha de su reincorporaci贸n al trabajo, para efectuarla en un plazo no inferior a los tres d铆as siguientes al de la recepci贸n del escrito. En este caso, ser谩n de cuenta del empresario los salarios devengados desde la fecha de notificaci贸n de la sentencia que por primera vez declare la improcedencia hasta aquella en la que tenga lugar la readmisi贸n, salvo que, por causa imputable al trabajador, no se hubiera podido realizar en el plazo se帽alado.
Art铆culo 279. Plazos para solicitar la readmisi贸n por el trabajador
1. Cuando el empresario no procediere a la readmisi贸n del trabajador, podr谩 茅ste solicitar la ejecuci贸n del fallo ante el Juzgado de lo Social:
a) Dentro de los veinte d铆as siguientes a la fecha se帽alada para proceder a la readmisi贸n, cuando 茅sta no se hubiere efectuado.
b) Dentro de los veinte d铆as siguientes a aquel en el que expire el de los diez d铆as a que se refiere el art铆culo anterior, cuando no se hubiera se帽alado fecha para reanudar la prestaci贸n laboral.
c) Dentro de los veinte d铆as siguientes a la fecha en la que la readmisi贸n tuvo lugar, cuando 茅sta se considerase irregular.
2. No obstante, y sin perjuicio de que no se devenguen los salarios correspondientes a los d铆as transcurridos entre el 煤ltimo de cada uno de los plazos se帽alados en las letras a), b) y c) del apartado anterior y aqu茅l en el que se solicite la ejecuci贸n del fallo, la acci贸n para instar esta 煤ltima habr谩 de ejercitarse dentro de los tres meses siguientes a la firmeza de la sentencia.
3. Todos los plazos establecidos en este art铆culo son de prescripci贸n.
Art铆culo 280. Incidente de no readmisi贸n
Instada la ejecuci贸n del fallo en cuanto a la condena a readmisi贸n, por el juez competente se dictar谩 auto despachando la ejecuci贸n por la v铆a de incidente de no readmisi贸n y seguidamente, el secretario se帽alar谩 la vista del incidente dentro de los cinco d铆as siguientes, citando de comparecencia a los interesados. La ejecuci贸n de otros pronunciamientos distintos de la condena a readmisi贸n se someter谩 a las reglas generales aplicables seg煤n su naturaleza.
El d铆a de la comparecencia, si los interesados hubieran sido citados en forma y no asistiese el trabajador o persona que lo represente, se le tendr谩 por desistido de su solicitud; si no compareciese el empresario o su representante, se celebrar谩 el acto sin su presencia.
Art铆culo 281. Auto de resoluci贸n del incidente
1. En la comparecencia, la parte o partes que concurran ser谩n examinadas por el juez sobre los hechos de la no readmisi贸n o de la readmisi贸n irregular alegada, aport谩ndose 煤nicamente aquellas pruebas que, pudi茅ndose practicar en el momento, el juez estime pertinentes. De lo actuado se extender谩 la correspondiente acta.
2. Dentro de los tres d铆as siguientes, el juez dictar谩 auto en el que, salvo en los casos donde no resulte acreditada ninguna de las dos circunstancias alegadas por el ejecutante:
a) Declarar谩 extinguida la relaci贸n laboral en la fecha de dicha resoluci贸n.
b) Acordar谩 se abone al trabajador las percepciones econ贸micas previstas en los apartados 1 y 2 del art铆culo 56 del Estatuto de los Trabajadores. En atenci贸n a las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la no readmisi贸n o por la readmisi贸n irregular, podr谩 fijar una indemnizaci贸n adicional de hasta quince d铆as de salario por a帽o de servicio y un m谩ximo de doce mensualidades. En ambos casos, se prorratear谩n los periodos de tiempo inferiores a un a帽o y se computar谩, como tiempo de servicio el transcurrido hasta la fecha del auto.
c) Condenar谩 al empresario al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la notificaci贸n de la sentencia que por primera vez declare la improcedencia hasta la de la mencionada soluci贸n.
Precepto modificado por L 3/2012, de 6 de Julio, con entrada en vigor a partir del 8-7-2012
路 Modificada letra b) del apartado 2 del art铆culo 281
Redacci贸n hasta el 8-7-2012
1. En la comparecencia, la parte o partes que concurran ser谩n examinadas por el juez sobre los hechos de la no readmisi贸n o de la readmisi贸n irregular alegada, aport谩ndose 煤nicamente aquellas pruebas que, pudi茅ndose practicar en el momento, el juez estime pertinentes. De lo actuado se extender谩 la correspondiente acta.
2. Dentro de los tres d铆as siguientes, el juez dictar谩 auto en el que, salvo en los casos donde no resulte acreditada ninguna de las dos circunstancias alegadas por el ejecutante:
a) Declarar谩 extinguida la relaci贸n laboral en la fecha de dicha resoluci贸n.
b) Acordar谩 se abone al trabajador las percepciones econ贸micas previstas en los apartados 1 y 2 del art铆culo 56 del Estatuto de los Trabajadores. En atenci贸n a las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la no readmisi贸n o por la readmisi贸n irregular, podr谩 fijar una indemnizaci贸n adicional de hasta quince d铆as de salario por a帽o de servicio y un m谩ximo de doce mensualidades. En ambos casos, se prorratear谩n los periodos de tiempo inferiores a un a帽o y se computar谩, como tiempo de servicio el transcurrido hasta la fecha del auto.
c) Condenar谩 al empresario al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la notificaci贸n de la sentencia que por primera vez declare la improcedencia hasta la de la mencionada soluci贸n.
Precepto modificado por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, con entrada en vigor a partir del 12-2-2012
路 Modificada letra b) del apartado 2 del art铆culo 281
Redacci贸n hasta el 12-2-2012
1. En la comparecencia, la parte o partes que concurran ser谩n examinadas por el juez sobre los hechos de la no readmisi贸n o de la readmisi贸n irregular alegada, aport谩ndose 煤nicamente aquellas pruebas que, pudi茅ndose practicar en el momento, el juez estime pertinentes. De lo actuado se extender谩 la correspondiente acta.
2. Dentro de los tres d铆as siguientes, el juez dictar谩 auto en el que, salvo en los casos donde no resulte acreditada ninguna de las dos circunstancias alegadas por el ejecutante:
a) Declarar谩 extinguida la relaci贸n laboral en la fecha de dicha resoluci贸n.
b) Acordar谩 se abone al trabajador la indemnizaci贸n a la que se refiere el apartado 1 del art铆culo 110. En atenci贸n a las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la no readmisi贸n o por la readmisi贸n irregular, podr谩 fijar una indemnizaci贸n adicional de hasta quince d铆as de salario por a帽o de servicio y un m谩ximo de doce mensualidades. En ambos casos, se prorratear谩n los per铆odos de tiempo inferiores a un a帽o y se computar谩, como tiempo de servicio, el transcurrido hasta la fecha del auto.
c) Condenar谩 al empresario al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la notificaci贸n de la sentencia que por primera vez declare la improcedencia hasta la de la mencionada soluci贸n.
Art铆culo 282. Ejecuci贸n del fallo de la sentencia
1. La sentencia ser谩 ejecutada en sus propios t茅rminos cuando:
a) El trabajador despedido fuera delegado de personal, miembro del comit茅 de empresa o delegado sindical y, declarada la improcedencia del despido, optare por la readmisi贸n.
b) Declare la nulidad del despido.
2. A tal fin, en cualquiera de los supuestos mencionados en el n煤mero anterior, una vez solicitada la readmisi贸n, el juez competente dictar谩 auto conteniendo la orden general de ejecuci贸n y despachando la misma, y acordar谩 requerir al empresario para que reponga al trabajador en su puesto en el plazo de tres d铆as, sin perjuicio de que adopte, a instancia de parte, las medidas que dispone el art铆culo 284.
Art铆culo 283. Incumplimiento de la sentencia de readmisi贸n por el empresario
1. En los supuestos a que se refiere el art铆culo anterior, si el empresario no procediera a la readmisi贸n o lo hiciera en condiciones distintas a las que reg铆an antes de producirse el despido, el trabajador podr谩 acudir ante el Juzgado de lo Social, solicitando la ejecuci贸n regular del fallo, dentro de los veinte d铆as siguientes al tercero que, como plazo m谩ximo para la reincorporaci贸n, dispone el art铆culo precedente.
2. El juez oir谩 a las partes en comparecencia, que se ajustar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 280 y en el apartado 1 del art铆culo 281, y dictar谩 auto sobre si la readmisi贸n se ha efectuado o no y, en su caso, si lo fue en debida forma. En el supuesto de que se estimara que la readmisi贸n no tuvo lugar o no lo fue en forma regular, ordenar谩 reponer al trabajador a su puesto dentro de los cinco d铆as siguientes a la fecha de dicha resoluci贸n, apercibiendo al empresario que, de no proceder a la reposici贸n o de no hacerlo en debida forma, se adoptar谩n las medidas que establece el art铆culo siguiente.
Art铆culo 284. Consecuencias del incumplimiento del empresario
Cuando el empresario no diese cumplimiento a la orden de reposici贸n a que se refiere el art铆culo anterior, el secretario judicial acordar谩 las medidas siguientes:
a) Que el trabajador contin煤e percibiendo su salario con la misma periodicidad y cuant铆a que la declarada en la sentencia, con los incrementos que por v铆a de convenio colectivo o mediante norma estatal se produzcan hasta la fecha de la readmisi贸n en debida forma. A tal fin, cumplimentar谩 la autorizaci贸n contenida en el auto despachando ejecuci贸n en tantas ocasiones como fuese necesario, por una cantidad equivalente a seis meses de salario, haci茅ndose efectivas al trabajador con cargo a la misma las retribuciones que fueran venciendo, hasta que, una vez efectuada la readmisi贸n en forma regular, acuerde la devoluci贸n al empresario del saldo existente en esa fecha.
b) Que el trabajador contin煤e en alta y con cotizaci贸n en la Seguridad Social, lo que pondr谩 en conocimiento de la entidad gestora o servicio com煤n a los efectos procedentes.
c) Que el delegado de personal, miembro del comit茅 de empresa o delegado sindical contin煤e desarrollando, en el seno de la empresa, las funciones y actividades propias de su cargo, advirtiendo al empresario que, de impedir u oponer alg煤n obst谩culo a dicho ejercicio, se pondr谩n los hechos en conocimiento de la autoridad laboral a los efectos de sancionar su conducta de acuerdo con lo que dispone el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Art铆culo 285. Lanzamiento del trabajador de la vivienda por raz贸n de trabajo
1. Cuando recaiga resoluci贸n firme en que se declare la extinci贸n del contrato de trabajo, si el trabajador ocupare vivienda por raz贸n del mismo deber谩 abandonarla en el plazo de un mes. El secretario judicial, si existe motivo fundado, podr谩 prorrogar dicho plazo por dos meses m谩s.
2. Una vez transcurridos los plazos del apartado anterior, el empresario podr谩 solicitar del juzgado la ejecuci贸n mediante el oportuno lanzamiento, que se practicar谩 seguidamente observando las normas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Art铆culo 286. Imposibilidad de readmisi贸n del trabajador
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los art铆culos anteriores, cuando se acreditase la imposibilidad de readmitir al trabajador por cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal, el juez dictar谩 auto en el que declarar谩 extinguida la relaci贸n laboral en la fecha de dicha resoluci贸n y acordar谩 se abonen al trabajador las indemnizaciones y los salarios dejados de percibir que se帽ala el apartado 2 del art铆culo 281.
2. En los supuestos de declaraci贸n de nulidad del despido por acoso laboral, sexual o por raz贸n de sexo o de violencia de g茅nero en el trabajo, la v铆ctima del acoso podr谩 optar por extinguir la relaci贸n laboral con el correspondiente abono de la indemnizaci贸n procedente y de los salarios de tramitaci贸n, en su caso, conforme al apartado 2 del art铆culo 281.
CAP脥TULO IV-De la ejecuci贸n de sentencias frente a entes p煤blicos
Art铆culo 287. Cumplimiento de la sentencia por Entes p煤blicos
1. Las sentencias dictadas frente al Estado, Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad Social y dem谩s entes p煤blicos deber谩n llevarse a efecto por la Administraci贸n o Entidad dentro del plazo de dos meses a partir de su firmeza, justificando el cumplimiento ante el 贸rgano jurisdiccional dentro de dicho plazo. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, 茅sta podr谩 fijar un plazo inferior para el cumplimiento cuando el de dos meses pueda hacer ineficaz el pronunciamiento o causar grave perjuicio.
2. Trascurrido el plazo a que se refiere el n煤mero anterior, la parte interesada podr谩 solicitar la ejecuci贸n.
3. Mientras no conste la total ejecuci贸n de la sentencia, el 贸rgano judicial, de oficio o a instancia de parte, adoptar谩 cuantas medidas sean adecuadas para promoverla y activarla, siendo con tal fin de aplicaci贸n supletoria lo dispuesto para la ejecuci贸n de sentencias en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci贸n Contencioso-administrativa.
4. El 贸rgano jurisdiccional, previo requerimiento de la Administraci贸n condenada por un nuevo plazo de un mes y citando, en su caso, de comparecencia a las partes, podr谩 decidir cuantas cuestiones se planteen en la ejecuci贸n, y especialmente las siguientes:
a) 脫rgano administrativo y funcionarios que han de responsabilizarse de realizar las actuaciones, pudiendo requerir a la Administraci贸n a tal efecto para que facilite la identidad de la autoridad o funcionario responsable del cumplimiento de la ejecutoria, al objeto de individualizar oportunamente las responsabilidades derivadas, incluidas las responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar, sin perjuicio de las comprobaciones de oficio que deban llevarse a cabo al respecto.
b) Plazo m谩ximo para su cumplimiento, en atenci贸n a las circunstancias que concurran.
c) Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir.
d) Medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado, en los t茅rminos establecidos en esta Ley, salvo lo previsto en el art铆culo 241, que no ser谩 de aplicaci贸n excepto en caso de incumplimiento de lo resuelto por el 贸rgano jurisdiccional en la comparecencia a que se refiere el presente apartado.
e) Cuando la Administraci贸n p煤blica fuera condenada al pago de cantidad l铆quida, el devengo de intereses proceder谩 conforme a lo dispuesto en la legislaci贸n presupuestaria, si bien en el supuesto de que hubiera sido necesario el ulterior requerimiento establecido en este apartado, la autoridad judicial, apreciando falta de diligencia en el incumplimiento, podr谩 incrementar en dos puntos el inter茅s legal a devengar.
Art铆culo 288. Liquidaci贸n e ingreso de cantidades correspondientes a prestaciones de pago peri贸dico de la Seguridad Social
1. En los procesos seguidos por prestaciones de pago peri贸dico de la Seguridad Social, una vez sea firme la sentencia condenatoria a la constituci贸n de un capital coste de pensi贸n o al pago de una prestaci贸n no capitalizable, se remitir谩 por el secretario judicial copia certificada a la entidad gestora o servicio com煤n competente.
2. El indicado organismo deber谩, en el plazo m谩ximo de diez d铆as, comunicar a la oficina judicial el importe del capital coste de la pensi贸n o el importe de la prestaci贸n a ingresar, lo que se notificar谩 a las partes, requiriendo el secretario a la condenada para que lo ingrese en el plazo de diez d铆as.
T脥TULO II-De la ejecuci贸n provisional
CAP脥TULO I-De las sentencias condenatorias al pago de cantidades
Art铆culo 289. Abono de anticipos
1. Cuando el trabajador tuviere a su favor una sentencia en la que se hubiere condenado al empresario al pago de una cantidad y se interpusiere recurso contra ella, tendr谩 derecho a obtener anticipos a cuenta de aqu茅lla, garantizando el Estado su reintegro y realizando, en su caso, su abono, en los t茅rminos establecidos en esta Ley.
2. El anticipo alcanzar谩, como m谩ximo total, hasta el 50 por ciento del importe de la cantidad reconocida en la sentencia, pudiendo abonarse en per铆odos temporales durante la tramitaci贸n del recurso, desde la fecha de la solicitud y hasta que recaiga sentencia definitiva o por cualquier causa quede firme la sentencia recurrida.
3. La cantidad no podr谩 exceder anualmente del doble del salario m铆nimo interprofesional fijado para trabajadores mayores de dieciocho a帽os, incluida la parte proporcional de gratificaciones extraordinarias, vigente durante su devengo.
Art铆culo 290. Ejecuci贸n provisional con cargo a cantidades consignadas
1. La ejecuci贸n provisional podr谩 instarse por la parte interesada ante el 贸rgano judicial que dict贸 la sentencia. El solicitante asumir谩, solidariamente con el Estado, la obligaci贸n de reintegro, cuando proceda, de las cantidades percibidas.
2. Si para recurrir la sentencia que provisionalmente se ejecute se hubiere efectuado consignaci贸n en met谩lico, mediante aval o por cualquier otro medio admitido, el secretario judicial dispondr谩 el anticipo con cargo a aqu茅lla, garantiz谩ndose por el Estado la devoluci贸n al empresario, en su caso, de las cantidades que se abonen al trabajador.
Si el importe de la condena se hubiera garantizado mediante aval o por cualquier otro medio admitido, el secretario judicial, antes de disponer el anticipo prevenido en el p谩rrafo anterior, requerir谩 a la empresa para que, en el plazo de cuatro d铆as, proceda a consignar en met谩lico la cantidad a anticipar, disponiendo, luego de acreditada la consignaci贸n, la devoluci贸n del aval o del correspondiente medio de garant铆a inicialmente constituido, contra entrega simult谩nea del nuevo aval o medio de garant铆a por la menor cuant铆a relicta. En este supuesto regir谩 igualmente la garant铆a por el Estado en los t茅rminos establecidos en el p谩rrafo anterior.
3. De no haber sido preceptivo consignar para recurrir, el anticipo se abonar谩 al trabajador directamente por el Estado. En este supuesto, el secretario judicial notificar谩 a la Abogac铆a del Estado testimonio suficiente de lo actuado y le requerir谩 para que el organismo gestor efect煤e el abono al trabajador en el plazo de diez d铆as.
Art铆culo 291. Confirmaci贸n de la sentencia recurrida
1. Si la sentencia impugnada queda firme, el trabajador tendr谩 derecho al percibo de la diferencia entre el importe de la condena y la cantidad anticipada, haci茅ndose efectiva con cargo a la consignaci贸n, si de ella se hubiera detra铆do el anticipo.
2. De haberse efectuado el anticipo por el Estado, el trabajador podr谩 reclamar la diferencia al empresario, y el Estado se subrogar谩 en los derechos de aqu茅l frente al empresario por el importe de la cantidad anticipada.
Art铆culo 292. Revocaci贸n de la sentencia recurrida
1. Si la sentencia impugnada fuera revocada por el tribunal superior y el trabajador resultare deudor en todo o en parte de la cantidad anticipada, habr谩 de reintegrar esta cantidad al empresario si se hubiera detra铆do el anticipo de la consignaci贸n, quedando en este caso el Estado responsable solidario con el trabajador respecto del empresario.
2. Cuando el Estado hubiera abonado directamente el anticipo o, en virtud de la responsabilidad solidaria contra铆da, hubiera respondido frente al empresario, aqu茅l podr谩 reclamar al trabajador el reintegro de la cantidad anticipada.
Art铆culo 293. Incumplimiento de la obligaci贸n de reintegro por el trabajador
1. Si se incumple la obligaci贸n de reintegro, ser谩 t铆tulo bastante para iniciar la ejecuci贸n destinada a hacerla efectiva la resoluci贸n firme en que se acordaba la ejecuci贸n provisional junto con la certificaci贸n, librada por el secretario judicial o por el organismo gestor, en la que se determinaran las cantidades abonadas.
2. Cuando la realizaci贸n forzosa inmediata de la cantidad adeudada pudiera causar perjuicio grave al trabajador, el juez podr谩 conceder aplazamiento hasta por un a帽o de la obligaci贸n de pago, adoptando las medidas de aseguramiento oportunas para garantizar la efectividad de la ejecuci贸n.
CAP脥TULO II-De las sentencias condenatorias en materia de Seguridad Social
Art铆culo 294. Ejecuci贸n provisional de la sentencia condenatoria al pago de prestaciones de pago peri贸dico de Seguridad Social
1. Las sentencias recurridas, condenatorias al pago de prestaciones de pago peri贸dico de Seguridad Social, ser谩n ejecutivas, quedando el condenado obligado a abonar la prestaci贸n, hasta el l铆mite de su responsabilidad, durante la tramitaci贸n del recurso.
2. Si la sentencia favorable al beneficiario fuere revocada, en todo o en parte, no estar谩 obligado al reintegro de las cantidades percibidas durante el per铆odo de ejecuci贸n provisional y conservar谩 el derecho a que se le abonen las prestaciones devengadas durante la tramitaci贸n del recurso y que no hubiere a煤n percibido en la fecha de firmeza de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado 2 del art铆culo 230.
Art铆culo 295. Ejecuci贸n de sentencias condenatorias al pago de prestaciones de pago 煤nico
El beneficiario de prestaciones del r茅gimen p煤blico de la Seguridad Social que tuviera a su favor una sentencia recurrida en la que se hubiere condenado al demandado al pago de una prestaci贸n de pago 煤nico, tendr谩 derecho a solicitar su ejecuci贸n provisional y obtener anticipos a cuenta de aqu茅lla, en los t茅rminos establecidos en el Cap铆tulo anterior.
Art铆culo 296. Ejecuci贸n provisional de sentencias condenatorias a obligaciones de hacer o no hacer en materia de Seguridad Social
A petici贸n del beneficiario favorecido por ellas, el juez o la Sala, ponderando las circunstancias concurrentes, podr谩 acordar tambi茅n la ejecuci贸n provisional, sin exigencia de fianza, de las sentencias condenatorias a obligaciones de hacer o no hacer en materia de Seguridad Social.
CAP脥TULO III-De las sentencias de despido
Art铆culo 297. Ejecuci贸n provisional de la sentencia que declare la improcedencia o nulidad del despido
1. Cuando en los procesos donde se ejerciten acciones derivadas de despido o de decisi贸n extintiva de la relaci贸n de trabajo la sentencia declare su improcedencia y el empresario que hubiera optado por la readmisi贸n interpusiera alguno de los recursos autorizados por la Ley, 茅ste vendr谩 obligado, mientras dure la tramitaci贸n del recurso, a satisfacer al recurrido la misma retribuci贸n que ven铆a percibiendo con anterioridad a producirse aquellos hechos y continuar谩 el trabajador prestando servicios, a menos que el empresario prefiera hacer el abono aludido sin compensaci贸n alguna.
Lo anteriormente dispuesto tambi茅n ser谩 aplicable cuando, habiendo optado el empresario por la readmisi贸n, el recurso lo interpusiera el trabajador.
2. La misma obligaci贸n tendr谩 el empresario si la sentencia hubiera declarado la nulidad del despido o de la decisi贸n extintiva de la relaci贸n de trabajo; sin perjuicio de las medidas cautelares que pudieran adoptarse, en especial para la protecci贸n frente al acoso, en los t茅rminos del apartado 4 del art铆culo 180.
3. Si el despido fuera declarado improcedente y la opci贸n, correspondiente al trabajador, se hubiera producido en favor de la readmisi贸n, se estar谩 a lo dispuesto por el apartado 1 de este art铆culo.
4. En los supuestos a que se refieren los apartados anteriores se suspender谩 el derecho a la prestaci贸n por desempleo en los t茅rminos previstos en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Art铆culo 298. Petici贸n de ejecuci贸n provisional por parte del trabajador
Si en virtud de lo dispuesto en el art铆culo anterior se presentase petici贸n del trabajador, por escrito o por comparecencia, con el fin de exigir del empresario el cumplimiento de aquella obligaci贸n o solicitud de 茅ste para que aqu茅l reanude la prestaci贸n de servicios, el juez o Sala, o铆das las partes, resolver谩 lo que proceda.
Art铆culo 299. Incumplimiento del trabajador del requerimiento empresarial de readmisi贸n
El incumplimiento injustificado por parte del trabajador del requerimiento empresarial de reanudaci贸n de la prestaci贸n de servicios acarrear谩 la p茅rdida definitiva de los salarios a que se refieren los art铆culos anteriores.
Art铆culo 300. Revocaci贸n de la sentencia favorable al trabajador
Si la sentencia favorable al trabajador fuere revocada en todo o en parte, 茅ste no vendr谩 obligado al reintegro de los salarios percibidos durante el per铆odo de ejecuci贸n provisional y conservar谩 el derecho a que se le abonen los devengados durante la tramitaci贸n del recurso y que no hubiere a煤n percibido en la fecha de la firmeza de la sentencia.
Art铆culo 301. Anticipos reintegrables
En los casos en que no proceda la aplicaci贸n de las normas de ejecuci贸n provisional establecidas en este Cap铆tulo, si concurren los presupuestos necesarios, podr谩n concederse anticipos reintegrables, en los t茅rminos establecidos en esta Ley, cuando la sentencia recurrida declare la nulidad o improcedencia del despido o de las decisiones extintivas de las relaciones de trabajo.
Art铆culo 302. Despido de representante de los trabajadores
Cuando el despido o la decisi贸n extintiva hubiera afectado a un representante legal de los trabajadores o a un representante sindical y la sentencia declarara la nulidad o improcedencia del despido, con opci贸n, en este 煤ltimo caso por la readmisi贸n, el 贸rgano judicial deber谩 adoptar, en los t茅rminos previstos en el p谩rrafo c) del art铆culo 284 las medidas oportunas a fin de garantizar el ejercicio de sus funciones representativas durante la sustanciaci贸n del correspondiente recurso.
CAP脥TULO IV-De las sentencias condenatorias reca铆das en otros procesos
Art铆culo 303. Ejecuci贸n provisional de sentencias dictadas en otras modalidades procesales
1. Las sentencias que recaigan en los procesos de conflictos colectivos, en los de impugnaci贸n de los convenios colectivos y en los de tutela de la libertad sindical y dem谩s derechos fundamentales y libertades p煤blicas, ser谩n ejecutivas desde que se dicten, seg煤n la naturaleza de la pretensi贸n reconocida, no obstante el recurso que contra ellas pudiera interponerse y sin perjuicio de las limitaciones que pudieran acordarse para evitar o paliar perjuicios de imposible o dif铆cil reparaci贸n.
2. En las sentencias reca铆das en procesos seguidos en impugnaci贸n de actos administrativos en materia laboral, sindical y seguridad social podr谩 acordarse la ejecuci贸n provisional, salvo que la misma sea susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de dif铆cil reparaci贸n. En materia de prestaciones de Seguridad Social se estar谩 a su normativa espec铆fica.
3. De ser recurrida por el empresario la sentencia que acuerde la extinci贸n del contrato de trabajo a instancia del trabajador con fundamento en el art铆culo 50 del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador podr谩 optar entre continuar prestando servicios o cesar en la prestaci贸n en cumplimiento de la sentencia, quedando en este 煤ltimo caso en situaci贸n de desempleo involuntario desde ese momento, sin perjuicio de las medidas cautelares que pudieran adoptarse. La opci贸n deber谩 ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina judicial, dentro del plazo de cinco d铆as desde la notificaci贸n de que la empresa ha recurrido. Si la sentencia fuera revocada, el empresario deber谩 comunicar al trabajador, dentro del plazo de diez d铆as a partir de su notificaci贸n, la fecha de reincorporaci贸n, para efectuarla en un plazo no inferior a los tres d铆as siguientes a la recepci贸n del escrito. Si el trabajador no se reincorporase quedar谩 extinguido definitivamente el contrato, sigui茅ndose en otro caso los tr谩mites de los art铆culos 278 y siguientes, si la sentencia hubiese ganado firmeza.
En este caso y a efectos del reconocimiento de un futuro derecho a la protecci贸n por desempleo, el per铆odo al que se refiere el p谩rrafo anterior se considerar谩 de ocupaci贸n cotizada.
CAP脥TULO V-Normas comunes a la ejecuci贸n provisional
Art铆culo 304. Competencia, medidas cautelares e impugnaci贸n de la ejecuci贸n provisional
1. La ejecuci贸n provisional de resoluciones judiciales se despachar谩 y llevar谩 a cabo por el juzgado o tribunal que haya dictado, en su caso, la resoluci贸n a ejecutar y las partes dispondr谩n de los mismos derechos y facultades procesales que en la ejecuci贸n definitiva.
2. No obstante lo dispuesto en el n煤mero anterior, el juez o tribunal, en cualquier momento, a instancia de la parte interesada o de oficio, podr谩 adoptar las medidas cautelares que sean pertinentes para asegurar, en su caso, la ejecuci贸n de la sentencia y en garant铆a y defensa de los derechos afectados atendiendo a los criterios establecidos en el art铆culo 79.
3. Frente a las resoluciones dictadas por el juez o tribunal en ejecuci贸n provisional, s贸lo proceder谩 el recurso de reposici贸n, salvo cuando en el auto se adopte materialmente una decisi贸n comprendida fuera de los l铆mites de la ejecuci贸n provisional o se declare la falta de jurisdicci贸n o competencia del orden jurisdiccional social en que proceder谩 recurso de suplicaci贸n o, en su caso, de casaci贸n ordinaria, conforme a las normas generales de tales recursos.
4. Frente a las resoluciones dictadas por el secretario judicial en ejecuci贸n provisional proceder谩 recurso de reposici贸n, salvo que fueren directamente recurribles en revisi贸n.
Art铆culo 305. Aplicaci贸n de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Las sentencias favorables al trabajador o beneficiario que no puedan ser ejecutadas provisionalmente conforme a esta Ley podr谩n serlo en la forma y condiciones establecidas en la legislaci贸n procesal civil.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Especialidades procesales
Al proceso social le ser谩n de aplicaci贸n las especialidades procesales contempladas en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jur铆dica al Estado y otras Instituciones p煤blicas, en los casos y t茅rminos previstos por dicha Ley y por la normativa que la complementa y desarrolla.
Segunda. Autorizaci贸n de actuaciones a entidades p煤blicas o privadas
El Gobierno, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, podr谩 autorizar a entidades p煤blicas o privadas, que re煤nan las garant铆as que se establezcan, la realizaci贸n de las actuaciones materiales relativas al dep贸sito, conservaci贸n, transporte, administraci贸n, publicidad y venta de los bienes judicialmente embargados.
Tercera. Aplicaci贸n de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
Las disposiciones de la presente Ley no resultar谩n de aplicaci贸n en las cuestiones litigiosas sociales que se planteen en caso de concurso y cuya resoluci贸n corresponda al juez del concurso conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con las excepciones expresas que se contienen en dicha Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Normas aplicables a los procesos en tramitaci贸n
1. Los procesos que se inicien en instancia a partir de la vigencia de la presente Ley se regir谩n en todas sus fases e incidencias por lo dispuesto en la misma.
2. Los procesos iniciados con anterioridad a la vigencia de esta Ley cuya tramitaci贸n en instancia no haya concluido por sentencia o resoluci贸n que ponga fin a la misma, continuar谩n sustanci谩ndose por la normativa procesal anterior hasta que recaiga dicha sentencia o resoluci贸n, si bien en cuanto a los recursos contra resoluciones interlocutorias o no definitivas se aplicar谩 lo dispuesto en esta Ley.
Segunda. Normas aplicables en materia de recursos y ejecuci贸n forzosa de sentencias dictadas a partir de la entrada en vigor de la Ley
1. Las sentencias y dem谩s resoluciones que pongan fin a la instancia o al recurso, dictadas a partir de la vigencia de esta Ley, se regir谩n por lo dispuesto en ella, en cuanto al r茅gimen de recursos y dem谩s medios de impugnaci贸n contra las mismas, as铆 como en cuanto a su ejecuci贸n provisional y definitiva.
2. Las sentencias y dem谩s resoluciones que hayan puesto fin a la instancia o al recurso con anterioridad a la vigencia de esta Ley se regir谩n, en cuanto al r茅gimen de recursos de suplicaci贸n, casaci贸n y dem谩s medios de impugnaci贸n, por lo dispuesto en la legislaci贸n procesal anterior, hasta la conclusi贸n del recurso o medio de impugnaci贸n correspondiente, rigi茅ndose no obstante su ejecuci贸n provisional por la presente Ley.
3. Los recursos de suplicaci贸n y casaci贸n que se encuentren en tr谩mite a la entrada en vigor de esta Ley se seguir谩n sustanciando por la legislaci贸n anterior hasta su resoluci贸n, aplic谩ndose a la misma en lo sucesivo el r茅gimen de recursos de la nueva legislaci贸n.
Tercera. Ejecuci贸n de sentencias y dem谩s t铆tulos ejecutivos. Medidas cautelares
La presente Ley ser谩 de aplicaci贸n a la ejecuci贸n de las sentencias y dem谩s t铆tulos que lleven aparejada ejecuci贸n, incluidas las que se encuentren en tr谩mite, siendo v谩lidas las actuaciones, incluidas las medidas cautelares, realizadas al amparo de la legislaci贸n anterior.
Cuarta. Competencia del orden jurisdiccional social
1. El orden jurisdiccional social conocer谩 de los procesos de impugnaci贸n de actos administrativos dictados a partir de la vigencia de esta Ley en materia laboral, sindical y de seguridad social, cuyo conocimiento se atribuye por la misma al orden jurisdiccional social.
2. La impugnaci贸n de los actos administrativos en dichas materias, dictados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuar谩 atribuida al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra actos administrativos en materia laboral, sindical y de seguridad social, con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuar谩n sustanci谩ndose ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conforme a las normas aplicables a dicho orden.
Quinta. Reclamaciones al Fondo de Garant铆a Salarial efectuadas al amparo de la disposici贸n transitoria tercera de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo
En las reclamaciones al Fondo de Garant铆a Salarial efectuadas al amparo de la disposici贸n transitoria tercera de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, ser谩n de aplicaci贸n las previsiones incluidas en el apartado 2 del art铆culo 23 y en el apartado 1 del art铆culo 70.
DISPOSICI脫N DEROGATORIA
脷nica. Derogaci贸n de normas
Queda derogado el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, as铆 como todas las normas de igual o inferior rango en cuanto se opongan a la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Modificaci贸n de la disposici贸n adicional decimos茅ptima del Estatuto de los Trabajadores
Se da nueva redacci贸n a la disposici贸n adicional decimos茅ptima del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que queda redactada del modo siguiente:
芦Disposici贸n adicional decimos茅ptima. Discrepancias en materia de conciliaci贸n.
Las discrepancias que surjan entre empresarios y trabajadores en relaci贸n con el ejercicio de los derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente se resolver谩n por la jurisdicci贸n competente a trav茅s del procedimiento establecido en el art铆culo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci贸n Social.禄
Segunda. Modificaci贸n de la regulaci贸n del trabajo aut贸nomo econ贸micamente dependiente
Se a帽aden un art铆culo 11 bis y una disposici贸n transitoria cuarta y se modifican los art铆culos 12 y 17 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo aut贸nomo, en los t茅rminos siguientes:
Uno. Se a帽ade un nuevo art铆culo 11 bis con la siguiente redacci贸n:
芦Art铆culo 11 bis. Reconocimiento de la condici贸n de trabajador aut贸nomo econ贸micamente dependiente
El trabajador aut贸nomo que re煤na las condiciones establecidas en el art铆culo anterior podr谩 solicitar a su cliente la formalizaci贸n de un contrato de trabajador aut贸nomo econ贸micamente dependiente a trav茅s de una comunicaci贸n fehaciente. En el caso de que el cliente se niegue a la formalizaci贸n del contrato o cuando transcurrido un mes desde la comunicaci贸n no se haya formalizado dicho contrato, el trabajador aut贸nomo podr谩 solicitar el reconocimiento de la condici贸n de trabajador aut贸nomo econ贸micamente dependiente ante los 贸rganos jurisdiccionales del orden social. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del art铆culo 12 de la presente Ley.
En el caso de que el 贸rgano jurisdiccional del orden social reconozca la condici贸n de trabajador aut贸nomo econ贸micamente dependiente al entenderse cumplidas las condiciones recogidas en el art铆culo 11 apartados 1 y 2, el trabajador solo podr谩 ser considerado como tal desde el momento en que se hubiere recibido por el cliente la comunicaci贸n mencionada en el p谩rrafo anterior. El reconocimiento judicial de la condici贸n de trabajador aut贸nomo econ贸micamente dependiente no tendr谩 ning煤n efecto sobre la relaci贸n contractual entre las partes anterior al momento de dicha comunicaci贸n.禄
Dos. Se modifican los apartados 1 y 4 del art铆culo 12, que quedan redactados del siguiente modo:
芦Art铆culo 12. Contrato
1. El contrato para la realizaci贸n de la actividad profesional del trabajador aut贸nomo econ贸micamente dependiente celebrado entre 茅ste y su cliente se formalizar谩 siempre por escrito y deber谩 ser registrado en la oficina p煤blica correspondiente. Dicho registro no tendr谩 car谩cter publico.禄
芦4. Cuando el contrato no se formalice por escrito o no se hubiera fijado una duraci贸n o un servicio determinado, se presumir谩, salvo prueba en contrario, que el contrato ha sido pactado por tiempo indefinido.禄
Tres. Se modifica el apartado 1 del art铆culo 17, que queda redactado de la siguiente forma:
芦1. Los 贸rganos jurisdiccionales del orden social ser谩n los competentes para conocer las pretensiones derivadas del contrato celebrado entre un trabajador aut贸nomo econ贸micamente dependiente y su cliente, as铆 como para las solicitudes de reconocimiento de la condici贸n de trabajador aut贸nomo econ贸micamente dependiente.禄
Cuatro. Se a帽ade una disposici贸n transitoria cuarta con la redacci贸n siguiente:
芦Disposici贸n transitoria cuarta. R茅gimen transitorio del reconocimiento previsto en el art铆culo 11 bis.
El reconocimiento de la condici贸n de trabajador aut贸nomo econ贸micamente dependiente previsto en el art铆culo 11 bis de esta Ley, s贸lo podr谩 producirse para las relaciones contractuales entre clientes y trabajadores aut贸nomos que se formalicen a partir de la entrada en vigor de la Ley reguladora de la jurisdicci贸n social.禄
Tercera. T铆tulo competencial
Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislaci贸n procesal, de acuerdo con lo dispuesto en el art铆culo 149.1.6.陋 de la Constituci贸n.
Cuarta. Normas supletorias
En lo no previsto en esta Ley regir谩 como supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en los supuestos de impugnaci贸n de los actos administrativos cuya competencia corresponda al orden social, la Ley de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa, con la necesaria adaptaci贸n a las particularidades del proceso social y en cuanto sean compatibles con sus principios.
Quinta. Sistema de valoraci贸n de da帽os derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales
En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptar谩 las medidas necesarias para aprobar un sistema de valoraci贸n de da帽os derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, mediante un sistema espec铆fico de baremo de indemnizaciones actualizables anualmente, para la compensaci贸n objetiva de dichos da帽os en tanto las v铆ctimas o sus beneficiarios no acredit