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TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 30 de septiembre de 2014

SP/SENT/783067

Recurso 9/2013. Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA.

Error judicial; requisitos; falta de agotamiento de todos los recursos legales previstos y caducidad de la acción 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- En fecha 30 de mayo de 2013 la Letrada Doña María de la Hoz del Olmo Navío, en nombre y representación de D. Silvio , presenta demanda de error judicial en relación con la sentencia dictada el 19 de julio de 2011 por el Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara , autos número 243/2011, seguidos en virtud de demanda interpuesta por D. Silvio contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua FREMAP y Protecciones Galvánicas SA sobre determinación de la contingencia de la IPT reconocida al trabajador.
SEGUNDO.- Admitida la demanda y recabadas las actuaciones al Juzgado de procedencia, así como el preceptivo informe del órgano judicial, una vez recibidos ambos, se dio traslado de la demanda a las demás partes del proceso de origen, así como al Abogado del Estado y al Ministerio Fiscal, siendo contestada por el Abogado del Estado y por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
TERCERO.- El Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar que procede la desestimación de la demanda. No habiendo solicitado ninguna de las partes la práctica de prueba alguna, sin necesidad de celebración de vista, se señaló para votación y fallo el día 23 de septiembre de 2014, llevándose a cabo dichos actos en la fecha señalada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - 1.- El procedimiento por error judicial del que trata el artículo 293 LOPJ - como destacan, entre otros, los AATS/IV 30 de septiembre de 2009 (error judicial 2/2009 ) y 11 de julio de 2012 (error judicial 4/2011 ), tiene por objeto y finalidad, derivada del artículo 121 CE , la de servir de presupuesto para que, quien se ha visto perjudicado por una decisión judicial errónea pueda percibir del Estado la correspondiente indemnización por los daños derivados de aquella actuación. Se trata, por lo tanto, de un nuevo proceso y no de un recurso dirigido a revisar la adecuación a derecho de una previa resolución judicial, ni de una tercera instancia, y en él se ha de probar la producción de un error determinante de una responsabilidad por daños y perjuicios, lo que exige que el error sea imputable de forma culpable e injustificada a la Sala que lo cometió y reúna las restantes condiciones legales ( SSTS 15/03/05 -procedimiento 1/02 ; 02/06/05 -procedimiento 2/04 ; y 17/01/06 -procedimiento 7/04-), siendo afirmación de esta Sala la de que «... el objeto de un proceso de error judicial no es poner de manifiesto que cabe otra interpretación de los hechos y del derecho distinta de la efectuada por la sentencia impugnada, sino la demostración de que ésta ha incurrido en graves y crasos errores que han provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas e irracionales... » ( STS 18/03/04 - procedimiento 8/02).
2.- En esta misma línea se afirma por reiterada doctrina jurispru
dencial, tanto de esta Sala, como de la Sala Especial del Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 LOPJ [ SSTS 02/12/91 - procedimiento 91/90-; 08/03/98 - procedimiento 10/94-; 08/04/98 -procedimiento 1/95 -; y 13/04/98 -procedimiento 14/95-] que «el concepto de error judicial contemplado en el artículo 121 de la Constitución y desarrollado en los artículos 292 y siguientes LOPJ , ha de dimanar de una resolución judicial firme injusta o equivo

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