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TC, Pleno, 8/2015, de 22 de enero

SP/SENT/795039

Ponente: Encarnación Roca Trías.

Constitucionalidad de la Reforma Laboral operada por Ley 3/2012 reiterando los argumentos expresados en la resolución STC 119/2014, de 16 de julio; voto particular 
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No vulneración del derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios, ni tampoco del derecho a la libertad sindical 
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Validez del despido colectivo al tener las causas extintivas mayor objetividad y certidumbre permitiendo al órgano judicial realizar un control efectivo sobre la decisión empresarial 
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Validez constitucional de la exclusión del ámbito de la negociación colectiva de las cláusulas de jubilación forzosa 
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ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 5 de octubre de 2012, la Procuradora de los Tribunales doña Virginia
Aragón Segura, actuando en nombre y representación de ciento cuatro Diputados del Grupo Parlamentario Socialista y once del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural [Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y Chunta Aragonesista (CHA)] del Congreso de los Diputados, presentó recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 4.3, 12.Uno, 14.Uno y Dos, 18.Tres y Ocho, 23.Uno, así como contra la Disposición adicional tercera y la Disposición final cuarta. Dos, de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (en adelante, Ley 3/2012, de 6 de julio), por vulneración de los arts. 14, 23.2, 24.1, 28.1, 35.1, 37.1 y 103.3, todos ellos de la Constitución.
En el escrito de interposición del recurso, los recurrentes sustentan las vulneraciones constitucionales anteriormente citadas, con base a los razonamientos que a continuación se sintetizan:
Inician su recurso realizando un planteamiento general previo al examen de los distintos motivos de inconstitucionalidad. Recuerdan que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE), y señalan que esta circunstancia no sería necesario mencionarla si no fuera porque las infracciones constitucionales e
n las que incurren las normas impugnadas traen causa del "desconocimiento del marco estructural y axiológico en el que nuestra Constitución se inserta". Destacan a este respecto el papel que dentro de ese Estado Social juegan los interlocutores sociales (art. 7 CE), el derecho a la negociación colectiva (art. 37 CE), la libertad sindical y el derecho de huelga (art. 28 CE), que se erigen en baluarte constitucional indisponible para la def

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