Es un hecho constatado social y económicamente como resultado de la crisis conocida como "burbuja inmobiliaria", que las entidades bancarias y financieras han acumulado un elevado déficit por el incobro de préstamos hipotecarios y personales, con la apertura de la consiguiente partida contable de "morosos" que ha dado lugar a la obtención de un patrimonio inmobiliario por la cesión de tales bienes por el deudor o bien de reclamaciones judiciales en ejecución de los títulos hipotecarios o de las pólizas de crédito o préstamos personales.

El legislador catalán quiso asumir el problema social que era clamor público y el Parlament de Cataluña con el voto favorable de la totalidad de partidos políticos que conforman el arco parlamentario, aprobó la Ley de Medidas Urgentes para Afrontar la Emergencia en el Ámbito de la Vivienda y de la Pobreza Energética (Ley 24/2015, de 29 de julio) que, en su Disposición Adicional titulada "Cesión de créditos garantizados con la vivienda" dice literalmente:

"En la cesión de créditos, el acreedor puede ceder su crédito contra el deudor si el crédito ha sido garantizado con la vivienda del deudor y este es un consumidor. Si la cesión es a título oneroso, el deudor queda liberado de la deuda abonando al cesionario el precio que este ha pagado más los intereses legales y los gastos que le ha causado la reclamación de la deuda".

El Gobierno