El 1 de mayo de 1981 fallecía en la ambulancia, camino del hospital, Jaime Vaquero García, el niño de 8 años de Torrejón de Ardoz que se llevó el criminal veneno de la colza. Moría en brazos de Carmen, su madre, que por tercera vez le llevaba al hospital tras haber recibido dos altas consecutivas despreciando sus males, en tanto que el entonces Ministro de Sanidad trivializaba declarando que la colza era "tan solo un bichito, que si se cae de la mesa, se mata". Ese mismo año "el bichito" del Ministro de Sanidad acabó con más de 20.000 afectados, cerca de 1.000 fallecidos que se estiman por causa del envenenamiento y el bautizo del bichito como síndrome de aceite tóxico (SAT). El clamor y el dolor popular, no la bondad política del legislador, forzaron los trabajos de elaboración de una norma general de defensa de los consumidores y usuarios. En diciembre de ese mismo año se creaba también el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Tras estos últimos 20 años de trabajo en todas las trincheras del consumo, desde la docencia, la administración de arbitraje, la emisión de trámites de audiencia normativa o el ejercicio de la abogacía, les puedo adelantar que mi perspectiva es que nos enfrentamos a una preocupante degradación de la posición del consumidor.

En España hemos bailado al son del pasodoble de Telefónica cuando nos quiso cobrar el doble por llamadas interurbanas entre dos números de teléfono de dos centra