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Juzgado de 1.ª Instancia Gijón, n.º 11, 73/2014, de 27 de mayo

SP/SENT/770832

Recurso 151/2014. Ponente: SERGIO GARCIA GARCIA.

La pensión alimenticia puede reclamarse a cualquiera de las personas a las que se refieren los art. 143 y 144 CC, siempre con la previa justificación de la falta de medios de las personas llamadas con preferencia 
"... es cierto que el artículo 144 C.C . establece un orden de prelación en la prestación de alimentos, al señalar que "la reclamación de alimentos, cuando proceda y sean dos o más los obligados a prestarlos, se hará por el orden siguiente: al cónyuge, a los descendientes de grado más próximo, a los ascendientes también de grado más próximo, y a los hermanos, estando obligados en último lugar los que solo sean uterinos o consanguíneos"; agregando, además, el referido precepto que "entre los descendientes y ascendientes se regulará la gradación por el orden en que sean llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga derecho a los alimentos".
Ahora bien, aun cuando de tal orden de prelación parecería deducirse que, efectivamente, la obligación de prestar alimentos ha de recaer de modo preferente sobre el padre de la menor, ello no obstante, ello ha de cohonestarse con la doctrina retiradamente establecida por el Tribunal Supremo, en el sentido de que la prestación alimenticia puede reclamarse a cualquiera de las personas a las que se refieren los artículos 143 y 144 C.C ., previa la justificación de la falta de medios de las personas llamadas por la Ley con anterioridad; ante lo cual, los abuelos, tanto paternos como maternos, se hallan obligados a prestar alimentos a sus nietos, si bien dicha obligación estará siempre supeditada a la carencia de medios por parte de los padres, puesto que, por razones obvias, esta obligación está jerarquizada en función de la proximidad del parentesco ( S.T.S. de 13-IV-91 , 24-XI-20 , e incluso la antigua de 7-IX-1860 ; y en aplicación de tal doctrina, S.A.P. A Coruña, de 23-I-13; Castellón de 31-VII-12 ; y Córdoba, de 24-XI-99 ). ..."
Legitimación pasiva de los abuelos en la reclamación de alimentos, pues se ha acreditado la falta de ingresos, en distintas resoluciones judiciales, tanto del padre como de la madre, que percibe pensiones no contributivas de unos 400 € 
"... Es, por tanto, la cumplida acreditación de la carencia de medios económicos, y no solo del padre, sino también de la madre ahora demandante, la circunstancia que ha de operar como presupuesto para conferir legitimación pasiva a los abuelos. Y tal insuficiencia de medios se ha visto plenamente justificada con el conjunto de la documental adjuntada a las actuaciones.
Así, y por lo que se refiere a Dº Santiago , al hecho no discutido de la falta de abono de los alimentos establecidos a su cargo por la sentencia de 14 de Noviembre de 2.006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Gijón , se une la constancia de su total carencia de medios económicos, también declarada judicialmente en los diversos procedimientos tramitados en relación al pago de tal pensión alimenticia; carencia de la que se hacía eco tanto el Auto de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, de 28 de Mayo de 2.010 , por el que se archivaban las Diligencias Previas Nº 5.847/08 del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Gijón, incoadas por la presunta comisión de un delito de impago de pensiones, y en el que expresamente se señalaba que "si el denunciado -Dº Santiago -, no ha pagado la pensión para su hija es porque, aparentemente, no puede, ya que no tiene trabajo, tiene pocas posibilidades de conseguirlo, dados los padecimientos mentales que sufre y por los que está a tratamiento, y no percibe prestación por desempleo" (Doc. Nº 8 de la demanda), como el Decreto del Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Gijón, dictado el día 30 de Noviembre de 2.010 en el seno del proceso de Ejecución de Títulos Judiciales Nº 475/10, y en el que se hacía constar que, tras la práctica de las pertinentes diligencias para la averiguación del patrimonio del padre de la menor, las mismas resultaron infructuosas, no habiéndose obtenido bienes suficientes susceptibles de embargo, ante lo cual se acordaba "el archivo provisional de las actuaciones, por insuficiencia de bienes del ejecutado" (Doc. Nº 9).
Y por lo que respecta a la madre de la menor, Dª Emilia , tanto la documental adjuntada inicialmente a la demanda, como la ulteriormente recabada de los diversos archivos y registros públicos, vienen a corroborar sus previas manifestaciones en el sentido de que aquélla se halla afecta a una situación de incapacidad, con un grado de minusvalía del 65%, tal y como refleja el certificado de la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias, de 31 de Julio de 2.001 (Doc. Nº 12), y en relación a que los únicos ingresos económicos que mantiene provienen de las pensiones no contributivas que percibe del Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuyos importes actualizados ascendían a 365,90 y 72,75 euros mensuales, con catorce y doce pagas, respectivamente, como reflejan los certificados de la referida entidad (Doc. Nº 13 y la información recabada vía telemática de sus archivos); careciendo de actividad laboral alguna, y habiéndole sido denegadas sendas pensiones de orfandad y viudedad por el referido organismo, como acreditaban las resoluciones de 16 de Mayo de 2.012 (Doc. Nº 19, 20 y 21). ..."
Con los escasos ingresos de la madre no pueden quedar cubiertas las necesidades de la menor, teniendo en cuenta además que tienen otros dos hijos menores de otra relación y que las ayudas familiares que puede recibir son a título de mera liberalidad 
"... Delimitada, en el sentido anteriormente expuesto, la legitimación pasiva de los abuelos para el otorgamiento de alimentos a la menor, en segundo lugar, por la representación de Dº Herminio y Dª Constanza se alegaba la falta de necesidad de la menor, al hallarse perfectamente atendida y todas sus necesidades cubiertas; poniendo de manifiesto, además, la renuncia voluntaria de la actora al percibo de la pensión que anteriormente recibía del fondo estatal de pensiones alimenticias.
Sin embargo, ninguna de tales afirmaciones puede ser compartida. Y es que, en cuanto a lo primero, no cabe duda, y así debe estimarse incluso por causa de notoriedad, que los solos ingresos de la madre de la menor, Dª Emilia , limitados a una cuantía mensual de 438,65 euros, resultan manifiestamente insuficientes para la adecuada atención de todas las necesidades familiares; máxime, teniendo en cuenta que Dª Emilia tiene otros dos hijos menores de otra relación que también residen en el domicilio familiar, Dº Justino y Dª Rosalia , de 17 y 14 años, respectivamente, como reseña el certificado de empadronamiento adjuntado a la demanda (doc. Nº 17). Y a tal insuficiencia objetiva no puede obstar el hecho, puesto de relieve por la Letrado de Dº Herminio y Dª Constanza , de que la madre pudiera recibir ayuda de alguno de sus familiares, ya que tal ayuda en cualquier caso lo sería a título de mera liberalidad, y no podría excluir el cumplimiento de la obligación "ex lege" que se deriva de los artículos 142 y ss. C.C ., por los sujetos mencionados en tales preceptos. ..."
No hay prueba de que la madre haya renunciado de manera voluntaria a las cantidades percibidas del fondo estatal de pensiones alimenticias 
"... Y por otro lado, en cuanto a la pretendida renuncia voluntaria a las cantidades percibidas del fondo estatal de pensiones alimenticias, ciertamente no consta elemento probatorio alguno del que pueda inferirse tal renuncia; debiendo ponerse de relieve, antes al contrario, que la resolución de 13 de Abril de 2.011, de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, adscrita al Ministerio de Hacienda, por la que se aprobaba la concesión de tal percepción a Dª Emilia , tenía por fecha de efecto desde el 1 de Marzo de 2.011 hasta el 1 de Agosto de 2.012 (Doc. Nº 2 de los incorporados en el acto de la vista por la representación de Dº Herminio y Dª Constanza ), en consonancia con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 1618/07, de 7-XII, sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos , que señala que "el plazo máximo de percepción de los anticipos reconocidos a cada beneficiario será de dieciocho meses, ya se perciba el anticipo de forma continua o discontinua". ..."
Aunque la obligación de prestar alimentos se basa en el principio de solidaridad familiar, una cosa es la asistencia a los hijos menores derivada de la patria potestad y otra son los alimentos entre parientes que prescinden de limitación de edad 
"... sin olvidar en modo alguno que, como indica el Tribunal Supremo, constituye doctrina legal y Jurisprudencial reiterada en la materia, la de que "para la fijación de la pensión de alimentos a favor de los hijos en supuestos de crisis matrimoniales, deben tenerse en cuenta los ingresos de cada uno de los litigantes, los cuales permitirán fijar la proporcionalidad", y que, en atención a lo dispuesto en los artículos 142 , 144 , 146 y 147 C.C ., la cuantía de los alimentos tiene que ser proporcionada al caudal y medios de quién los da y a las necesidades de quién los recibe", en cualquier caso, y como también expresa el Alto Tribunal, aunque la obligación de prestar alimentos se basa en el principio de solidaridad familiar y tiene su fundamento constitucional en el artículo 39.1 de la Constitución , que proclama que los poderes públicos han de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, ello no obstante, una cosa es la asistencia debida a los hijos durante su minoría de edad, dimanante de la patria potestad, generadora tanto de derechos como de obligaciones paterno- filiales "ex art. 110 y 154.1 C.C .", y otra muy distinta es la institución de los alimentos entre parientes "ex art. 142 y ss. C.C .", que prescinde para su regulación de toda noción de limitación de edad, que se sustenta en presupuestos tales como la relación conyugal o de parentesco, y que atiende a la necesidad del alimentista y a la disponibilidad pecuniaria por parte del alimentante, teniendo su fundamento en la solidaridad familiar, dentro del orden de prelación del artículo 143 C.C .
Todo ello implica que el deber de alimentar a los hijos menores dimana del hecho mismo de la filiación, y, por ello, viene a constituir una prestación más amplia que la contenida en el artículo 143 C.C .; lo que se manifiesta precisamente al tiempo de la fijación de la cuantía alimenticia, y determina que lo dispuesto en los artículos 146 y 147 C.C . sólo sea aplicable a alimentos debidos a consecuencia de la patria potestad con carácter indicativo, pudiendo aplicarse en este último caso criterios de mayor amplitud, y pautas mucho más elásticas en beneficio del menor, que se tornan en exigencia jurídica en sintonía con el interés público de protección de los alimentistas, habida cuenta del vínculo de filiación y la edad ( S.T.S. de 16-VII-02 , 1-III-01 y 5-X-93 ; y recogiendo tal doctrina, S.A.P. Tenerife, de 25-V-09; y Málaga, de 6-V-08). ..."
A pesar de la falta de abono de la pensión de alimentos por parte del obligado, no puede sustituirse la obligación automáticamente, sino que habrá que atender tanto al concepto de la pensión de alimentos como a la proporcionalidad 
"... Tales consideraciones sin duda han de incidir en la resolución de la cuestión ahora sometida a enjuiciamiento; y ello, por cuanto que, a pesar de la falta de abono de la pensión de alimentos decretada judicialmente por parte del obligado a ello, es decir, por parte del padre de la menor, Dº Santiago , ello no obstante, no puede pretenderse que con el presente procedimiento se proceda a la mera sustitución de tal obligación, de manera automática y sin mayores elementos de valoración, por la prestación que se deba imponer a los abuelos por medio de la presente sentencia judicial.
Antes al contrario, habrá de atenderse a los criterios legales establecidos en materia de alimentos entre parientes, y ello desde una doble perspectiva: la de los conceptos que hayan de integrar tales alimentos, reflejados en el artículo 142 C.C . como "todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica", además de "la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad, y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable"; y la relativa a los criterios de proporcionalidad para la fijación de su cuantía, respecto de lo que ha de regir, con carácter principal, el artículo 146 C.C ., según el cual "la cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal y medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe", y también el artículo 147 C.C ., utilizado por la actora para justificar una elevación de la cuantía de los alimentos con relación a la previa sentencia del Juzgado de Familia Nº 8 de Gijón, de 14 de Noviembre de 2.006 , y que señala "los alimentos... se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos", y por último, el artículo 152.2 C.C ., que dispone que "cesará la obligación de dar alimentos... cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia", y que se esgrime por los abuelos paternos como causa obstativa al abono de alimentos por su parte. ..."
Pensión de alimentos a cargo de los abuelos de 250 €, los maternos abonarán 115 € y los paternos 135 €. Se valoran las necesidades alimenticias y de vestido de la menor y los ingresos de los obligados, teniendo en cuenta que el padre reside con ellos 
"... Partiendo de tales premisas, y en relación a las necesidades de la menor, no puede por menos que ponerse de manifiesto que, a pesar de la carencia de medios de la madre, actual demandante, tal y como se puso de relieve en el Fundamento Jurídico Tercero de la presente resolución, y aun a pesar del hecho notorio de que los alimentos, en sentido propio, es decir, el vestido, la habitación, la salud y la educación, son más sensibles a los avatares de la vida cotidiana, por la necesidad de la alimentación diaria, el vestir adecuadamente, la habitación como bien indispensable, el estar cubiertos por la vital asistencia médica, e, igualmente, y como proyección básica de futuro, la necesidad de una educación como factor determinante, en cualquier caso, no puede obviarse que gran parte de tales necesidades de la menor se hallan ya en gran medida cubiertas, pues mantiene su residencia con su madre, asiste al Colegio "Alfonso Camín", de carácter público y, por tanto, gratuito, como indica su certificado de matriculación (Doc. Nº 24), y no consta gasto médico alguno adicional, debiendo estimarse su asistencia en este punto por los Servicios Públicos de Salud. Y junto a ello, y a pesar de las aseveraciones contenidas en el escrito de demanda, no consta elemento probatorio alguno en acreditación del pretendido incremento de las necesidades de la menor.
Ello determina que, en realidad, sean exclusivamente las necesidades de alimentación y vestido las que deban ser objeto de atendimiento. Y si bien a este concepto no parece que deba afectarle la doctrina anteriormente reseñada, habida cuenta que no se percibe en el presente caso ningún tipo de gasto, dispendio o régimen de vida que permita concluir un incremento adicional de la cuantía de los alimentos fijados en el Convenio Regulador sancionado por el Juzgado de Familia, en relación al nivel de vida de la menor y con la finalidad de mantener tal nivel de vida, pudiendo estimarse acorde a tal estricta necesidad la cuantía entonces fijada de 250 euros, ello no obstante, tal cuantía ha de ponerse en relación con el caudal y medios económicos de cada uno de los demandados. ..."
"... por lo que se refiere a los abuelos maternos, la documental adjuntada a las actuaciones ha permitido constatar que sus medios económicos se limitan a la pensión que percibe Dº Cosme , por importe de 1.194,40 euros, la cual, una vez prorrateadas las pagas extraordinarias, ascendería a 1.393,47 euros; no disponiendo de mayores medios, y siendo limitados los saldos obrantes en las cuentas corrientes de su titularidad, si bien tampoco se aportaron datos de los que se pudiera inferir que tuvieran que soportar algún tipo de carga adicional a las propias y habituales de la vida cotidiana.
Por el contrario, aunque el caudal económico de los abuelos paternos reviste mayor entidad, sin embargo, también ha quedado acreditado el compromiso de tales medios en la dispensa de otras necesidades, asimismo atendibles. Así, a los ingresos regulares de Dº Herminio , en cuantía de 1.235,55 euros mensuales procedentes de su pensión, y de Dª Constanza , por importe de 600,30 euros mensuales, con catorce pagas, lo que supone un caudal prorrateado de 700,35 euros mensuales, se ha de añadir la titularidad sobre cuatro bienes inmuebles de naturaleza urbana, uno de ellos de carácter residencial en la localidad de Los Alcázares, y sobre todo y muy especialmente, la posesión de tres depósitos bancarios, dos de ellos de cuantía similar a la mantenida en las cuentas de ahorro de los abuelos maternos, pero otro con un saldo global de 24.000 euros.
Ahora bien, junto a ello, en el acto del juicio también quedó debidamente demostrado el hecho de la prestación por parte de Dº Herminio y Dª Constanza de su ayuda a algunos de sus hijos para necesidades asimismo esenciales, y que de igual modo podrían incardinarse en el concepto de alimentos entre parientes.
Así, consta acreditada la residencia del padre de la menor en el domicilio de aquellos, como refleja el certificado de empadronamiento (Doc. Nº 5 de la contestación de Dº Herminio y Dª Constanza ); lo que permite inferir, ante la ausencia de medios económicos de aquél, que los demandados han de cubrir, no solo la necesidad de habitación de su hijo, sino también las restantes, propias y precisas para su subsistencia. ..."
"... a todo ello ha de agregarse necesariamente que, tal y como reflejaba la documentación adjuntada y la testifical propuesta, y como se deduce del hecho de que no se negara el cumplimiento del régimen de visitas por el padre de la menor, el gasto que conlleva el desplazamiento de éste desde Madrid para la estancia con la menor ha de ser sufragado por los abuelos paternos, ante la carencia de ingresos del padre, debiendo estimarse verosímil un gasto medio de aproximadamente 300 euros por tal circunstancia. De todo ello ha de colegirse que, aunque inicialmente pudiera predicarse el mantenimiento de una posición económica más desahogada por parte de los abuelos paternos, sin embargo, la asunción por su parte de una ayuda directa a sus hijos, en los términos expuestos, ha de determinar que tal posición se aproxime a la de los abuelos maternos, respecto de los que, como se indicó se desconoce toda carga. Y si bien tal situación estimo que no resulta equiparable al supuesto previsto en el artículo 152 C.C ., tal y como se propugnaba por la representación de Dº Herminio y Dª Constanza , en cualquier caso sí ha de determinar que la contribución a los alimentos de la menor por parte de éstos no lo pueda ser en un grado tal que deba compeler a su establecimiento en los términos estipulados en la demanda, sino que deba ser notablemente inferior; estimando procedente, en atención a las necesidades declaradas de la menor y a los medios económicos de los abuelos, la fijación de la cuantía de los alimentos en 250 euros, y su distribución en 115 euros a abonar por los abuelos maternos, y 135 euros a satisfacer por los paternos. ..."
Quedan excluidos de la cuantía de los alimentos los gastos extraordinarios, que son propios de la fijación de la pensión derivaba de las relaciones paterno-filiales 
"... Por último, reseñar que a tal cuantía no habrá de añadirse cantidad alguna por el concepto de gastos extraordinarios, el cual es propio de la fijación de una pensión de alimentos paterno-filiales "ex art. 93 C.C .", pero que ha de quedar fuera del concepto de alimentos legales "ex art. 142 y ss. C.C ."; debiendo, antes al contrario, analizarse en cada caso si tal gasto extraordinario es incardinable dentro de los conceptos del artículo 142 C.C ., y si procede su asunción por los obligados a dar alimentos, en función de los criterios expuestos. ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por el Procurador de los Tribunales, Dº Juan Suárez Poncela, en nombre y representación de Dª Emilia , y actuando ésta, a su vez, en nombre de su hija menor, Dª Mariana , se formuló, en fecha 20 de Febrero de 2.014, demanda de juicio verbal contra los abuelos de la menor, Dº Cosme , Dª Zaira , Dº Herminio y Dª Constanza ; en ella, ponía de manifiesto el otorgamiento a la actora de la guarda y custodia de la menor, en virtud de sentencia de 14 de Noviembre de 2.006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Gijón , y junto a ello, alegaba la carencia de recursos de la demandante, en situación de incapacidad permanente, por la que únicamente percibía una pensión no contributiva de 357,70 euros mensuales, y una pensión del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 24,25 euros mensuales por cada uno de sus tres hijos, y el impago por el padre de la menor, Dº Santiago , de la pensión de alimentos que, en cuantía de 250 euros mensuales, se había establecido en la citada resolución a favor de la menor, al carecer también éste de recursos económicos y haberse declarado judicialmente su insolvencia; y de otro lado, resaltaba los medios económicos de los demandados, los de los abuelos maternos, Dº Cosme y Dª Zaira , derivados de la pensión del primero, y los de los abuelos paternos, Dº Herminio y Dª Constanza , derivados de sus respectivas pensiones, en cuantía global de 2.400 euros mensuales, y de la titularidad de cuatro bienes inmuebles; por todo ello, y tras aducir el incremento de las necesidades de la menor y la disminución de los medios económicos de la actora, respecto del momento del dictado de la sentencia de 14 de Noviembre de 2.006 , suplicaba a este Juzgado que, previa la admisión a trámite de la demanda, se dictara sentencia por la que se condenara a Dº Herminio y Dª Constanza al abono conjunto y solidario de la cantidad de 345 euros mensuales, más el 75% de los gastos extraordinarios que pudiera requerir la menor, y a Dº Cosme y Dª Zaira al pago conjunto y solidario de la cantidad de 115 euros mensuales, más el 25% de los gastos extraordinarios, a contar desde la fecha de presentación de la demanda, y a actualizar según la variación que experimente el Índice de Precios al Consumo determinado por el Instituto Nacional de Estadística; y todo ello, con expresa imposición a los demandados de las costas de este procedimiento.
SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda, y teniéndose por parte al indicado Procurador en la referida representación, se dio traslado de la misma a los demandados, Dº Cosme , Dª Zaira , Dº Herminio y Dª Constanza , citándose a las partes para la celebración de la vista, la cual tuvo lugar el día 22 de Mayo de 2.014.
En el acto del juicio, y tras ratificarse el actor en la pretensión originariamente deducida, contestaron los demandados a la demanda interpuesta de contrario.
Por la representación procesal de Dº Cosme y Dª Zaira se mostró conformidad con la petición de alimentos formulada por la actora, estimando, ello no obstante, que su contribución había de limitarse a aproximadamente 80-90 euros mensuales, en atención a sus medios económicos.
Por la representación procesal de Dº Herminio y Dª Constanza se procedió a contestar a la demanda, negando la procedencia de la reclamación en concepto de alimentos, por no existir causa necesidad en la menor, en modo alguno desasistida, por haber renunciado voluntariamente la actora al percibo de la pensión que anteriormente recibía del fondo estatal de pensiones alimenticias, por carecer los abuelos de legitimación pasiva para la prestación de alimentos, al hallarse obligado preferentemente a prestarlos el padre de la menor, y finalmente, por carecer los abuelos paternos de medios económicos, al hallarse ya prestando alimentos a tres de sus hijos, dos de los cuales residían en su propio domicilio, y la tercera en otro piso de su propiedad, acudiendo a recibir la manutención diariamente; por todo ello, y tras alegar que se solicitaba una cantidad muy superior a la fijada por el Juzgado de Familia en su sentencia de 14 de Noviembre de 2.006 , suplicaba la desestimación de la demanda, con expresa imposición de costas a la actora.
Solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se recibió, siendo admitida la declarada pertinente y útil, y practicándose con el resultado que obra en autos, tras lo cual las partes formularon sus respectivas conclusiones, quedando el juicio concluso y visto para sentencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. En la demanda rectora de este procedimiento, por Dª Emilia , actuando en nombre de su hija menor, Dª Mariana , se ejercita una acción en reclamación de alimentos, al amparo del Título VI del Libro I del Código Civil, el cual, bajo el epígrafe de "alimentos entre parientes", determina la obligación que de otorgar alimentos tienen determinados parientes entre sí, y en concreto, y tal y como dispone el artículo 143 C.C ., "los cónyuges, y los ascendientes y descendientes".
Ejercitándose dicha pretensión frente a los abuelos de la menor, Dº Cosme , Dª Zaira , Dº Herminio y Dª Constanza , dada la carencia de recursos económicos del padre, Dº Santiago , frente a la misma, mientras que por los abuelos maternos se admitía la reclamación, discrepándose únicamente de la cantidad a abonar, por el contrario, por los abuelos paternos se alegaba una serie heterogénea de motivos de oposición, a los que se hacía referencia en los antecedentes fácticos de la presente resolución, y que requieren un estudio individualizado de cada uno de ellos
SEGUNDO. Así, en primer lugar, y por lo que se refiere a la posible falta de legitimación pasiva de los abuelos para la prestación de tales alimentos, al hallarse obligado preferentemente a prestarlos el padre de la menor, tal motivo de oposición necesariamente ha de ser desestimado.
En efecto, es cierto que el artículo 144 C.C . establece un orden de prelación en la prestación de alimentos, al señalar que "la reclamación de alimentos, cuando proceda y sean dos o más los obligados a prestarlos, se hará por el orden siguiente: al cónyuge, a los descendientes de grado más próximo, a los ascendientes también de grado más próximo, y a los hermanos, estando obligados en último lugar los que solo sean uterinos o consanguíneos"; agregando, además, el referido precepto que "entre los descendientes y ascendientes se regulará la gradación por el orden en que sean llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga derecho a los alimentos".
Ahora bien, aun cuando de tal orden de prelación parecería deducirse que, efectivamente, la obligación de prestar alimentos ha de recaer de modo preferente sobre el padre de la menor, ello no obstante, ello ha de cohonestarse con la doctrina retiradamente establecida por el Tribunal Supremo, en el sentido de que la prestación alimenticia puede reclamarse a cualquiera de las personas a las que se refieren los artículos 143 y 144 C.C ., previa la justificación de la falta de medios de las personas llamadas por la Ley con anterioridad; ante lo cual, los abuelos, tanto paternos como maternos, se hallan obligados a prestar alimentos a sus nietos, si bien dicha obligación estará siempre supeditada a la carencia de medios por parte de los padres, puesto que, por razones obvias, esta obligación está jerarquizada en función de la proximidad del parentesco ( S.T.S. de 13-IV-91 , 24-XI-20 , e incluso la antigua de 7-IX-1860 ; y en aplicación de tal doctrina, S.A.P. A Coruña, de 23-I-13; Castellón de 31-VII-12 ; y Córdoba, de 24-XI-99 ).
TERCERO. Es, por tanto, la cumplida acreditación de la carencia de medios económicos, y no solo del padre, sino también de la madre ahora demandante, la circunstancia que ha de operar como presupuesto para conferir legitimación pasiva a los abuelos. Y tal insuficiencia de medios se ha visto plenamente justificada con el conjunto de la documental adjuntada a las actuaciones.
Así, y por lo que se refiere a Dº Santiago , al hecho no discutido de la falta de abono de los alimentos establecidos a su cargo por la sentencia de 14 de Noviembre de 2.006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Gijón , se une la constancia de su total carencia de medios económicos, también declarada judicialmente en los diversos procedimientos tramitados en relación al pago de tal pensión alimenticia; carencia de la que se hacía eco tanto el Auto de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, de 28 de Mayo de 2.010 , por el que se archivaban las Diligencias Previas Nº 5.847/08 del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Gijón, incoadas por la presunta comisión de un delito de impago de pensiones, y en el que expresamente se señalaba que "si el denunciado -Dº Santiago -, no ha pagado la pensión para su hija es porque, aparentemente, no puede, ya que no tiene trabajo, tiene pocas posibilidades de conseguirlo, dados los padecimientos mentales que sufre y por los que está a tratamiento, y no percibe prestación por desempleo" (Doc. Nº 8 de la demanda), como el Decreto del Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Gijón, dictado el día 30 de Noviembre de 2.010 en el seno del proceso de Ejecución de Títulos Judiciales Nº 475/10, y en el que se hacía constar que, tras la práctica de las pertinentes diligencias para la averiguación del patrimonio del padre de la menor, las mismas resultaron infructuosas, no habiéndose obtenido bienes suficientes susceptibles de embargo, ante lo cual se acordaba "el archivo provisional de las actuaciones, por insuficiencia de bienes del ejecutado" (Doc. Nº 9).
Y por lo que respecta a la madre de la menor, Dª Emilia , tanto la documental adjuntada inicialmente a la demanda, como la ulteriormente recabada de los diversos archivos y registros públicos, vienen a corroborar sus previas manifestaciones en el sentido de que aquélla se halla afecta a una situación de incapacidad, con un grado de minusvalía del 65%, tal y como refleja el certificado de la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias, de 31 de Julio de 2.001 (Doc. Nº 12), y en relación a que los únicos ingresos económicos que mantiene provienen de las pensiones no contributivas que percibe del Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuyos importes actualizados ascendían a 365,90 y 72,75 euros mensuales, con catorce y doce pagas, respectivamente, como reflejan los certificados de la referida entidad (Doc. Nº 13 y la información recabada vía telemática de sus archivos); careciendo de actividad laboral alguna, y habiéndole sido denegadas sendas pensiones de orfandad y viudedad por el referido organismo, como acreditaban las resoluciones de 16 de Mayo de 2.012 (Doc. Nº 19, 20 y 21).
CUARTO. Delimitada, en el sentido anteriormente expuesto, la legitimación pasiva de los abuelos para el otorgamiento de alimentos a la menor, en segundo lugar, por la representación de Dº Herminio y Dª Constanza se alegaba la falta de necesidad de la menor, al hallarse perfectamente atendida y todas sus necesidades cubiertas; poniendo de manifiesto, además, la renuncia voluntaria de la actora al percibo de la pensión que anteriormente recibía del fondo estatal de pensiones alimenticias.
Sin embargo, ninguna de tales afirmaciones puede ser compartida. Y es que, en cuanto a lo primero, no cabe duda, y así debe estimarse incluso por causa de notoriedad, que los solos ingresos de la madre de la menor, Dª Emilia , limitados a una cuantía mensual de 438,65 euros, resultan manifiestamente insuficientes para la adecuada atención de todas las necesidades familiares; máxime, teniendo en cuenta que Dª Emilia tiene otros dos hijos menores de otra relación que también residen en el domicilio familiar, Dº Justino y Dª Rosalia , de 17 y 14 años, respectivamente, como reseña el certificado de empadronamiento adjuntado a la demanda (doc. Nº 17). Y a tal insuficiencia objetiva no puede obstar el hecho, puesto de relieve por la Letrado de Dº Herminio y Dª Constanza , de que la madre pudiera recibir ayuda de alguno de sus familiares, ya que tal ayuda en cualquier caso lo sería a título de mera liberalidad, y no podría excluir el cumplimiento de la obligación "ex lege" que se deriva de los artículos 142 y ss. C.C ., por los sujetos mencionados en tales preceptos.
Y por otro lado, en cuanto a la pretendida renuncia voluntaria a las cantidades percibidas del fondo estatal de pensiones alimenticias, ciertamente no consta elemento probatorio alguno del que pueda inferirse tal renuncia; debiendo ponerse de relieve, antes al contrario, que la resolución de 13 de Abril de 2.011, de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, adscrita al Ministerio de Hacienda, por la que se aprobaba la concesión de tal percepción a Dª Emilia , tenía por fecha de efecto desde el 1 de Marzo de 2.011 hasta el 1 de Agosto de 2.012 (Doc. Nº 2 de los incorporados en el acto de la vista por la representación de Dº Herminio y Dª Constanza ), en consonancia con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 1618/07, de 7-XII, sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos , que señala que "el plazo máximo de percepción de los anticipos reconocidos a cada beneficiario será de dieciocho meses, ya se perciba el anticipo de forma continua o discontinua".
QUINTO. Ello sentado, y determinada la existencia de una causa de necesidad en la solicitud de alimentos para la menor, Dª Mariana , por la actora se ponía de relieve la previa fijación de una pensión alimenticia a cargo del padre de la menor, en cuantía de 250 euros, cuyo importe actual ascendía, según la actora, a 297,66 euros mensuales, y resaltaba el incremento de las necesidades de la menor, por lo que cuantificaba la petición de alimentos que ahora efectuaba a la cantidad global de 460 euros mensuales.
Sin embargo, resulta necesario poner de manifiesto en este punto la diferente naturaleza jurídica de la obligación de alimentos que incumbe a los padres, "ex at. 93 C.C.", respecto de la obligación de alimentos entre parientes a que se alude en los artículos 142 y ss. C.C ., y en la que se fundamenta la actual pretensión.
A tal distinción se refería la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, de 20 de Julio de 2.012 , con cita de la sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de Octubre de 2.008 , cuando señalaba que la obligación de prestar alimentos a los hijos menores de edad tiene unas características peculiares que le distinguen de las restantes deudas alimentarias legales para con los parientes e incluso para con los hijos mayores de edad, y que los alimentos debidos a los hijos no pueden verse afectados por las limitaciones propias del régimen legal de alimentos entre parientes, pues mientras la obligación de alimentos entre parientes descansa en la situación de necesidad perentoria de los mismos o para subsistir y se le abona sólo desde la fecha en que se interponga la demanda, los alimentos de los hijos, por el contrario, en la medida en que tienen su origen en la filiación, ni precisan demanda alguna para que se origine el derecho a su percepción, ni la Ley prevé excepciones al deber constitucional de satisfacerlos.
De hecho, el Código Civil prevé una regulación especial para la fijación y cuantificación de los alimentos a los hijos menores debidos por sus padres, "ex art. 93.1 C.C .", distinguiéndola y separándola en su establecimiento respecto de los correspondientes a los hijos mayores de edad, "ex art. 93.2 C.C .", y demás parientes "ex art. 142 y ss. C.C .". Y así, el precepto específico a aplicar para los casos de alimentos a los hijos menores derivados de una situación de crisis matrimonial es el artículo 93.1 C.C ., que para la adecuada valoración, cuantificación y fijación de los mismos no hace referencia, al contrario del artículo 146 C.C ., a que "la cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe", sino que dispone taxativamente que "el Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento"; es decir, que las necesidades determinantes para la fijación de los alimentos son únicamente "las de los hijos en cada momento", siendo las circunstancias concretas de los hijos menores las que definen y, consiguientemente, excluyen otros parámetros para la valoración, como pudiera ser la posición de los padres, a diferencia de lo que se establece para los alimentos entre parientes en los artículos 142 y ss. C.C ., y de modo más concreto el artículo 146 C.C ., que recoge el criterio de proporcionalidad respecto de quien los da y los recibe. Y todo ello se deriva de la configuración de tal deber de alimentos paterno-filiales como un deber impuesto que reviste naturaleza legal, dimanante del artículo 110 C.C ., que señala que "el padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos", y del artículo 154.1.1º C.C ., que impone el deber de los progenitores respecto de los hijos menores de "alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral", y que alcanza relevancia constitucional, como expresamente refiere el artículo 39.3 de la Constitución al disponer que "los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda".
Por ello, y sin olvidar en modo alguno que, como indica el Tribunal Supremo, constituye doctrina legal y Jurisprudencial reiterada en la materia, la de que "para la fijación de la pensión de alimentos a favor de los hijos en supuestos de crisis matrimoniales, deben tenerse en cuenta los ingresos de cada uno de los litigantes, los cuales permitirán fijar la proporcionalidad", y que, en atención a lo dispuesto en los artículos 142 , 144 , 146 y 147 C.C ., la cuantía de los alimentos tiene que ser proporcionada al caudal y medios de quién los da y a las necesidades de quién los recibe", en cualquier caso, y como también expresa el Alto Tribunal, aunque la obligación de prestar alimentos se basa en el principio de solidaridad familiar y tiene su fundamento constitucional en el artículo 39.1 de la Constitución , que proclama que los poderes públicos han de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, ello no obstante, una cosa es la asistencia debida a los hijos durante su minoría de edad, dimanante de la patria potestad, generadora tanto de derechos como de obligaciones paterno- filiales "ex art. 110 y 154.1 C.C .", y otra muy distinta es la institución de los alimentos entre parientes "ex art. 142 y ss. C.C .", que prescinde para su regulación de toda noción de limitación de edad, que se sustenta en presupuestos tales como la relación conyugal o de parentesco, y que atiende a la necesidad del alimentista y a la disponibilidad pecuniaria por parte del alimentante, teniendo su fundamento en la solidaridad familiar, dentro del orden de prelación del artículo 143 C.C .
Todo ello implica que el deber de alimentar a los hijos menores dimana del hecho mismo de la filiación, y, por ello, viene a constituir una prestación más amplia que la contenida en el artículo 143 C.C .; lo que se manifiesta precisamente al tiempo de la fijación de la cuantía alimenticia, y determina que lo dispuesto en los artículos 146 y 147 C.C . sólo sea aplicable a alimentos debidos a consecuencia de la patria potestad con carácter indicativo, pudiendo aplicarse en este último caso criterios de mayor amplitud, y pautas mucho más elásticas en beneficio del menor, que se tornan en exigencia jurídica en sintonía con el interés público de protección de los alimentistas, habida cuenta del vínculo de filiación y la edad ( S.T.S. de 16-VII-02 , 1-III-01 y 5-X-93 ; y recogiendo tal doctrina, S.A.P. Tenerife, de 25-V-09; y Málaga, de 6-V-08).
SEXTO. Tales consideraciones sin duda han de incidir en la resolución de la cuestión ahora sometida a enjuiciamiento; y ello, por cuanto que, a pesar de la falta de abono de la pensión de alimentos decretada judicialmente por parte del obligado a ello, es decir, por parte del padre de la menor, Dº Santiago , ello no obstante, no puede pretenderse que con el presente procedimiento se proceda a la mera sustitución de tal obligación, de manera automática y sin mayores elementos de valoración, por la prestación que se deba imponer a los abuelos por medio de la presente sentencia judicial.
Antes al contrario, habrá de atenderse a los criterios legales establecidos en materia de alimentos entre parientes, y ello desde una doble perspectiva: la de los conceptos que hayan de integrar tales alimentos, reflejados en el artículo 142 C.C . como "todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica", además de "la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad, y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable"; y la relativa a los criterios de proporcionalidad para la fijación de su cuantía, respecto de lo que ha de regir, con carácter principal, el artículo 146 C.C ., según el cual "la cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal y medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe", y también el artículo 147 C.C ., utilizado por la actora para justificar una elevación de la cuantía de los alimentos con relación a la previa sentencia del Juzgado de Familia Nº 8 de Gijón, de 14 de Noviembre de 2.006 , y que señala "los alimentos... se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos", y por último, el artículo 152.2 C.C ., que dispone que "cesará la obligación de dar alimentos... cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia", y que se esgrime por los abuelos paternos como causa obstativa al abono de alimentos por su parte.
SÉPTIMO. Partiendo de tales premisas, y en relación a las necesidades de la menor, no puede por menos que ponerse de manifiesto que, a pesar de la carencia de medios de la madre, actual demandante, tal y como se puso de relieve en el Fundamento Jurídico Tercero de la presente resolución, y aun a pesar del hecho notorio de que los alimentos, en sentido propio, es decir, el vestido, la habitación, la salud y la educación, son más sensibles a los avatares de la vida cotidiana, por la necesidad de la alimentación diaria, el vestir adecuadamente, la habitación como bien indispensable, el estar cubiertos por la vital asistencia médica, e, igualmente, y como proyección básica de futuro, la necesidad de una educación como factor determinante, en cualquier caso, no puede obviarse que gran parte de tales necesidades de la menor se hallan ya en gran medida cubiertas, pues mantiene su residencia con su madre, asiste al Colegio "Alfonso Camín", de carácter público y, por tanto, gratuito, como indica su certificado de matriculación (Doc. Nº 24), y no consta gasto médico alguno adicional, debiendo estimarse su asistencia en este punto por los Servicios Públicos de Salud. Y junto a ello, y a pesar de las aseveraciones contenidas en el escrito de demanda, no consta elemento probatorio alguno en acreditación del pretendido incremento de las necesidades de la menor.
Ello determina que, en realidad, sean exclusivamente las necesidades de alimentación y vestido las que deban ser objeto de atendimiento. Y si bien a este concepto no parece que deba afectarle la doctrina anteriormente reseñada, habida cuenta que no se percibe en el presente caso ningún tipo de gasto, dispendio o régimen de vida que permita concluir un incremento adicional de la cuantía de los alimentos fijados en el Convenio Regulador sancionado por el Juzgado de Familia, en relación al nivel de vida de la menor y con la finalidad de mantener tal nivel de vida, pudiendo estimarse acorde a tal estricta necesidad la cuantía entonces fijada de 250 euros, ello no obstante, tal cuantía ha de ponerse en relación con el caudal y medios económicos de cada uno de los demandados.
Así, y por lo que se refiere a los abuelos maternos, la documental adjuntada a las actuaciones ha permitido constatar que sus medios económicos se limitan a la pensión que percibe Dº Cosme , por importe de 1.194,40 euros, la cual, una vez prorrateadas las pagas extraordinarias, ascendería a 1.393,47 euros; no disponiendo de mayores medios, y siendo limitados los saldos obrantes en las cuentas corrientes de su titularidad, si bien tampoco se aportaron datos de los que se pudiera inferir que tuvieran que soportar algún tipo de carga adicional a las propias y habituales de la vida cotidiana.
Por el contrario, aunque el caudal económico de los abuelos paternos reviste mayor entidad, sin embargo, también ha quedado acreditado el compromiso de tales medios en la dispensa de otras necesidades, asimismo atendibles. Así, a los ingresos regulares de Dº Herminio , en cuantía de 1.235,55 euros mensuales procedentes de su pensión, y de Dª Constanza , por importe de 600,30 euros mensuales, con catorce pagas, lo que supone un caudal prorrateado de 700,35 euros mensuales, se ha de añadir la titularidad sobre cuatro bienes inmuebles de naturaleza urbana, uno de ellos de carácter residencial en la localidad de Los Alcázares, y sobre todo y muy especialmente, la posesión de tres depósitos bancarios, dos de ellos de cuantía similar a la mantenida en las cuentas de ahorro de los abuelos maternos, pero otro con un saldo global de 24.000 euros.
Ahora bien, junto a ello, en el acto del juicio también quedó debidamente demostrado el hecho de la prestación por parte de Dº Herminio y Dª Constanza de su ayuda a algunos de sus hijos para necesidades asimismo esenciales, y que de igual modo podrían incardinarse en el concepto de alimentos entre parientes.
Así, consta acreditada la residencia del padre de la menor en el domicilio de aquellos, como refleja el certificado de empadronamiento (Doc. Nº 5 de la contestación de Dº Herminio y Dª Constanza ); lo que permite inferir, ante la ausencia de medios económicos de aquél, que los demandados han de cubrir, no solo la necesidad de habitación de su hijo, sino también las restantes, propias y precisas para su subsistencia.
De otro lado, también quedó acreditada la residencia de otra de sus hijas, Dª Maite , en un inmueble titularidad de los demandados, sito en la c/ DIRECCION000 , de la localidad de Valdemoro, en Madrid (Doc. Nº 9); lo que conlleva asimismo la cobertura del alojamiento. Y aun cuando no consta una prueba documental fidedigna, los testimonios vertidos en juicio tanto por Dª Constanza como por su hija, Dª Aida , resultaron creíbles en relación a que la ayuda prestada por sus padres a las dos hermanas también comprendía su manutención, aun cuando tal ayuda pudiera resultar imprecisa en su extensión y cuantificación; lo que se vio ratificado incidentalmente, en cuanto a Dª Aida , por su situación de demandante de empleo, y por tanto, carente de ingresos, más allá del importe de la renta activa de inserción, en cuantía de 426 euros mensuales, y de la pensión compensatoria que, en cuantía de 100 euros mensuales, percibe de su ex- cónyuge (como reflejan el justificante de demanda de empleo, el certificado del Servicio Público de Empleo Estatal, y el Convenio Regulador de los efectos del divorcio -Doc. Nº 14, 15 y 16-).
Y finalmente, a todo ello ha de agregarse necesariamente que, tal y como reflejaba la documentación adjuntada y la testifical propuesta, y como se deduce del hecho de que no se negara el cumplimiento del régimen de visitas por el padre de la menor, el gasto que conlleva el desplazamiento de éste desde Madrid para la estancia con la menor ha de ser sufragado por los abuelos paternos, ante la carencia de ingresos del padre, debiendo estimarse verosímil un gasto medio de aproximadamente 300 euros por tal circunstancia. De todo ello ha de colegirse que, aunque inicialmente pudiera predicarse el mantenimiento de una posición económica más desahogada por parte de los abuelos paternos, sin embargo, la asunción por su parte de una ayuda directa a sus hijos, en los términos expuestos, ha de determinar que tal posición se aproxime a la de los abuelos maternos, respecto de los que, como se indicó se desconoce toda carga. Y si bien tal situación estimo que no resulta equiparable al supuesto previsto en el artículo 152 C.C ., tal y como se propugnaba por la representación de Dº Herminio y Dª Constanza , en cualquier caso sí ha de determinar que la contribución a los alimentos de la menor por parte de éstos no lo pueda ser en un grado tal que deba compeler a su establecimiento en los términos estipulados en la demanda, sino que deba ser notablemente inferior; estimando procedente, en atención a las necesidades declaradas de la menor y a los medios económicos de los abuelos, la fijación de la cuantía de los alimentos en 250 euros, y su distribución en 115 euros a abonar por los abuelos maternos, y 135 euros a satisfacer por los paternos.
Por último, reseñar que a tal cuantía no habrá de añadirse cantidad alguna por el concepto de gastos extraordinarios, el cual es propio de la fijación de una pensión de alimentos paterno-filiales "ex art. 93 C.C .", pero que ha de quedar fuera del concepto de alimentos legales "ex art. 142 y ss. C.C ."; debiendo, antes al contrario, analizarse en cada caso si tal gasto extraordinario es incardinable dentro de los conceptos del artículo 142 C.C ., y si procede su asunción por los obligados a dar alimentos, en función de los criterios expuestos.
OCTAVO. De conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , cada parte pagará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación
FALLAMOS
La estimación parcial de la demanda formulada por Dº Juan Suárez Poncela, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Dª Emilia , actuando ésta, a su vez, en nombre de su hija menor, Dª Mariana , declarando el derecho de Dª Mariana a percibir alimentos de sus abuelos, paternos y maternos, y condenando a éstos al pago de una pensión de alimentos por importe de 250 euros mensuales, a satisfacer en la cuantía de 135 euros mensuales a cargo de Dº Herminio y Dª Constanza , y de 115 euros mensuales a cargo de Dº Cosme y Dª Zaira ; cantidades que sufrirán una actualización anual equivalente a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumo determinado por el Instituto Nacional de Estadística.
Cada parte pagará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Notifíquese esta sentencia a las partes.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Asturias, a interponer ante este Juzgado en el plazo de veinte días desde su notificación; debiendo constituir previamente a la preparación del recurso un depósito de 50 euros, mediante su consignación en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.
Así lo dispongo, Sergio García García, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 11 de Gijón.
PUBLICACIÓN. La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el Juez que la suscribe, hallándose celebrado audiencia previa en el día de su fecha. Doy fe.