CARGANDO...
  • Clasificadores del documento
    • Ninguno
Referencia: SP/LEG/18161

LEY ORG脕NICA 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

贸rgano emisor: JEFATURA DEL ESTADO
publicaci贸n: B.O.E. num. 174 - 22/07/2015
entrada en vigor: 01/10/2015
PRE脕MBULO
I
La sociedad actual exige un alto grado de eficiencia y agilidad en el sistema judicial, pues no puede olvidarse que una Justicia eficaz, adem谩s de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos y de facilitar con ello la paz social, es un elemento estrat茅gico para la actividad econ贸mica de un pa铆s y contribuye de forma directa a un reforzamiento de la seguridad jur铆dica y, en paralelo, a la reducci贸n de la litigiosidad.
En esta l铆nea, la modificaci贸n de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ahonda en la b煤squeda de soluciones que den respuesta a algunos de los problemas que aquejan al sistema judicial espa帽ol.
A tal fin, la reforma, en un art铆culo 煤nico que contiene ciento diecis茅is apartados, articula un paquete de medidas estructurales y organizativas encaminadas al logro de una mejor respuesta a los ciudadanos que acuden a la jurisdicci贸n en defensa de sus derechos e intereses.
II
En primer lugar, se introducen medidas como el encaje definitivo de la Jurisdicci贸n Militar en el Poder Judicial y la eliminaci贸n del privilegio de presentaci贸n de ternas de que goza el Ministerio de Defensa para la designaci贸n de los Magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo procedentes del Cuerpo Jur铆dico Militar.
Se incluye, tambi茅n, una previsi贸n respecto de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaren la vulneraci贸n de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protecci贸n de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y en sus Protocolos, estableci茅ndose que ser谩n motivo suficiente para la interposici贸n del recurso de revisi贸n exclusivamente de la sentencia firme reca铆da en el proceso «a quo'. Con ello se incrementa, sin lugar a dudas, la seguridad jur铆dica en un sector tan sensible como el de la protecci贸n de los derechos fundamentales, fundamento del orden pol铆tico y de la paz social, como proclama el art铆culo 10.1 de nuestra Constituci贸n.
Tambi茅n con el objetivo de intensificar la protecci贸n de los derechos, se aborda un tema, como es la protecci贸n de datos en el 谩mbito de los Tribunales, que carec铆a hasta hoy de una regulaci贸n completa y actualizada. El modelo distingue con claridad entre ficheros jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. De esta forma, el responsable de los ficheros jurisdiccionales es el 贸rgano jurisdiccional y 茅stos se rigen por las leyes procesales en cuanto a los derechos ARCO 鈥揳cceso, rectificaci贸n, cancelaci贸n y oposici贸n鈥. La autoridad de control de tales ficheros ser谩 el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, el responsable de los ficheros no jurisdiccionales es la Oficina judicial, al frente de la cual est谩 un Letrado de la Administraci贸n de Justicia. Ese tipo de ficheros se regir谩n por la normativa existente en materia de protecci贸n de datos de car谩cter personal y la autoridad de control de estos ficheros ser谩 la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos.
III
Se incluye tambi茅n un conjunto de medidas para lograr una mayor agilizaci贸n y especializaci贸n en las respuestas judiciales, cuyo objetivo es doble: de un lado, acabar con los problemas de retraso que existen en algunos 贸rganos jurisdiccionales y, de otro lado, incrementar la calidad de la respuesta ofrecida al ciudadano. De este modo, para conseguir una mayor flexibilidad en la organizaci贸n judicial se introducen distintas medidas con las que se pretende alcanzar un mejor reparto de asuntos entre Juzgados, una resoluci贸n especializada de aqu茅llos que por su volumen exijan de respuestas espec铆ficas y una agilizaci贸n de la instrucci贸n de aquellas causas que por su complejidad as铆 lo requieran.
En primer lugar, se adoptan medidas en el 谩mbito de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. La Ley Org谩nica del Poder Judicial estableci贸 estos Juzgados como 贸rganos especializados a fin de que conociesen de los asuntos de violencia sobre la mujer con car谩cter exclusivo y excluyente; sin embargo, y pese a la regulaci贸n inicial, en la actualidad conviven en nuestro territorio Juzgados que conocen exclusivamente de las materias que la Ley les atribuye, con otros que, adem谩s, tramitan y resuelven otros procedimientos civiles y penales: 106 Juzgados exclusivos y 355 Juzgados compatibles. A fin de buscar el correcto equilibro entre el mantenimiento de una proximidad razonable del Juzgado respecto de la v铆ctima y la respuesta especializada que exige el tratamiento de este tipo de procedimientos, se pretende potenciar la posibilidad de extender la jurisdicci贸n de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o m谩s partidos judiciales; esto permitir谩 asegurar la especializaci贸n que se pretend铆a en este 谩mbito y, al mismo tiempo, descargar de trabajo a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucci贸n, o de Instrucci贸n en su caso, de la misma provincia. Con la reforma, esta extensi贸n de la jurisdicci贸n podr谩 acordarse por el Gobierno mediante real decreto, previa propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con informe de las Administraciones afectadas, sin necesidad de tramitar una modificaci贸n de la Ley de Demarcaci贸n y de Planta Judicial.
En segundo lugar, junto al cl谩sico motivo relativo a que la buena administraci贸n de Justicia lo haga necesario, se posibilita ahora buscar un mayor equilibrio de las cargas de trabajo en el caso de aquellos 贸rganos de 谩mbito provincial. Para ello, se prev茅 que las Salas de Gobierno puedan acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-administrativo o de lo Social, para equilibrar la distribuci贸n de asuntos.
En tercer lugar, se introduce un recurso organizativo dirigido a dar respuesta a todas aquellas causas que, por distintas circunstancias, generan en poco tiempo una enorme litigiosidad, dificultando sobremanera que nuestros Juzgados den una respuesta 谩gil y 煤nica, adem谩s de ocasionar retrasos en la tramitaci贸n del resto de procesos.
As铆, junto con la especializaci贸n de Juzgados que ya permit铆a el art铆culo 98 de la Ley Org谩nica que se reforma, se incluye ahora un mecanismo que permitir谩 al 贸rgano de gobierno del Poder Judicial especializar uno o varios 贸rganos judiciales, de modo temporal y con car谩cter exclusivo si as铆 se determina en funci贸n del c煤mulo de asuntos, para enjuiciar y resolver aquellas causas espec铆ficas que se determinen, de tal modo que puedan ser tramitados de forma espec铆fica, facilitando la unificaci贸n de criterios. La principal novedad radica en que estos Juzgados especializados podr谩n tener 谩mbito provincial, superando de esa manera las limitaciones que la existencia de circunscripciones territoriales de 谩mbito inferior podr铆a ocasionar. En definitiva, se posibilita la resoluci贸n de tales asuntos por uno o varios 贸rganos especializados y se liberar谩 de su conocimiento a otros Juzgados para que puedan prestar mayor dedicaci贸n al despacho de los asuntos ordinarios.
La norma excluye que por esta v铆a se pueda atribuir a los 贸rganos que se especialicen asuntos que versen sobre materias que por disposici贸n legal estuviesen atribuidos a otros de diferente clase, a煤n dentro del mismo orden jurisdiccional. Igualmente se excluye a los Juzgados de Instrucci贸n a fin de evitar cualquier injerencia en su r茅gimen competencial, m谩s cuando podr谩n ser objeto del resto de medidas de refuerzo que prev茅 esta reforma.
Por 煤ltimo, con el prop贸sito de facilitar la instrucci贸n de causas de especial complejidad y auxiliar al instructor, se introduce la posibilidad de que, como medida de apoyo, el Consejo General del Poder Judicial pueda adscribir al 贸rgano instructor a uno o varios Jueces, Magistrados o incluso Letrados de la Administraci贸n de Justicia, con o sin relevaci贸n de funciones para que, sin el desempe帽o compartido de funciones jurisdiccionales 鈥搒in posibilidad por tanto de actuar en la causa鈥 y bajo la direcci贸n del titular del 贸rgano que conozca de esa causa compleja, puedan realizar labores de estudio, apoyo, colaboraci贸n y propuesta.
Esta medida de apoyo se ajustar谩 a las previsiones reglamentarias actualmente en vigor, requiriendo la conformidad del Ministerio de Justicia.
La reforma incorpora, adem谩s, una serie de modificaciones a la regulaci贸n de los jueces de adscripci贸n territorial, a trav茅s de las cuales se pretenden introducir elementos de mayor flexibilidad en la organizaci贸n judicial. As铆, en primer lugar, se resalta que los jueces de adscripci贸n territorial est谩n a disposici贸n del Tribunal Superior de Justicia para funciones de sustituci贸n y refuerzo, y que su designaci贸n compete directamente al Presidente, sin perjuicio de que deba dar cuenta a la Sala de Gobierno. Esta previsi贸n se ve acompa帽ada de la obligaci贸n de la Sala de Gobierno de informar al Consejo General del Poder Judicial sobre la situaci贸n y los destinos que en cada momento desempe帽en los jueces de adscripci贸n. En segundo lugar, se aclara que la labor del juez de adscripci贸n, cuando act煤e en funciones de sustituci贸n, se realiza con plenitud de jurisdicci贸n, de tal forma que tambi茅n podr谩 acudir, en tal condici贸n, a las Juntas de Jueces y desempe帽ar cualesquiera otros actos de representaci贸n del 贸rgano judicial, en defecto de su titular. Y, en tercer lugar, se atribuye a la Sala de Gobierno la fijaci贸n de los objetivos del refuerzo y el reparto de asuntos en caso de que el juez de adscripci贸n territorial realice tareas de refuerzo, garantizando ser o铆do en ese proceso.
Finalmente, se incide tambi茅n, en el marco de la transparencia y el derecho de acceso de los ciudadanos a la informaci贸n p煤blica y dentro de los l铆mites establecidos en las leyes, en el 谩mbito de la publicidad de las actuaciones judiciales, regul谩ndose la obligaci贸n de publicar la agenda de se帽alamientos de los 贸rganos judiciales, de tal forma que con antelaci贸n pueda conocerse la fecha y hora de celebraci贸n de un procedimiento.
IV
Los ciudadanos siguen percibiendo como un s铆ntoma de falta de seguridad jur铆dica la existencia de resoluciones diversas sobre una misma materia. Por ello, en el texto se ahonda en la necesidad de evitar resoluciones contradictorias entre Secciones de un mismo 贸rgano judicial que conducen a una falta de predictibilidad de los pronunciamientos judiciales, lo que, en 煤ltimo t茅rmino, se proyecta sobre el grado de seguridad jur铆dica de nuestro ordenamiento. Para ello, se introducen modificaciones en la regulaci贸n de los Plenos Jurisdiccionales para unificaci贸n de criterio previendo, por un lado, que formen parte de 茅stos los Magistrados que conozcan de la materia sobre la que existe la discrepancia y, por otro, que las Secciones deban motivar las razones por las que se apartan del criterio acordado en uno de estos Plenos.
V
Tambi茅n se elimina la responsabilidad civil directa de los Jueces y Magistrados, escas铆simamente utilizada en la pr谩ctica. Con ello se alinea la responsabilidad de los Jueces con la del resto de los empleados p煤blicos y se da cumplimiento a las recomendaciones del Consejo de Europa en esta materia. Esa exenci贸n de responsabilidad no excluye l贸gicamente, que la Administraci贸n pueda repetir, en v铆a administrativa, contra el Juez o Magistrado si 茅ste ha incurrido en dolo o culpa grave.
Asimismo, se regula la prolongaci贸n de la permanencia en el servicio activo para los miembros de la Carrera judicial, en consonancia con la supresi贸n de la figura del Magistrado em茅rito.
VI
La progresiva internacionalizaci贸n de las relaciones personales y empresariales de los ciudadanos de nuestro pa铆s exige una actualizaci贸n de los criterios de atribuci贸n de jurisdicci贸n a los Tribunales espa帽oles del orden civil. La necesidad de esta actualizaci贸n se hace evidente si se tiene en consideraci贸n que el momento en el que fue redactado el vigente art铆culo 22 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, el proceso de internacionalizaci贸n de Espa帽a se encontraba en un momento muy inicial. De hecho, ni siquiera se hab铆a culminado la incorporaci贸n plena al 谩mbito de la Uni贸n Europea.
Por esta misma raz贸n, resulta conveniente mencionar en la Ley la vinculaci贸n de los Jueces y Tribunales espa帽oles al Derecho de la Uni贸n, en la interpretaci贸n que hace del mismo el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea. En paralelo, y como corolario del sistema, se determina la forma en la que en nuestro ordenamiento ha de plantearse procesalmente el principal cauce de di谩logo entre el Juez espa帽ol y el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea: la cuesti贸n prejudicial. Con ello, se profundiza en la b煤squeda de mayores garant铆as en la protecci贸n de los derechos de los ciudadanos.
VII
La lucha contra la violencia de g茅nero sigue demandando medidas en todos los 谩mbitos, con la finalidad de erradicar esta lacra social. A ello no puede sustraerse la Ley Org谩nica del Poder Judicial, que incorpora una bater铆a de medidas destinadas a incrementar la firme y continua lucha desde el 谩mbito legislativo contra la violencia de g茅nero. En este sentido, se ampl铆an las competencias del Juez de Violencia sobre la Mujer, en primer lugar, a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor de la mujer. Es decir, conocer谩 de la instrucci贸n de los procesos para exigir responsabilidad penal por delitos en los que tambi茅n se viene manifestando la violencia de g茅nero; en concreto, los delitos de revelaci贸n de secretos y los delitos de injurias. En segundo lugar, tambi茅n conocer谩 del delito de quebrantamiento previsto y penado en el art铆culo 468 del C贸digo Penal cuando la persona ofendida sea o haya sido su esposa o mujer que est茅 o haya estado ligada al autor por una an谩loga relaci贸n de afectividad aun sin convivencia, as铆 como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con 茅l convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente. Al atribuir la competencia para el conocimiento de la instrucci贸n de este delito al Juez de Violencia sobre la Mujer se obtendr谩 una mayor eficacia a la hora de proteger a la v铆ctima, porque 茅ste tendr谩 muchos m谩s datos que cualquier otro Juez para valorar la situaci贸n de riesgo.
Las caracter铆sticas espec铆ficas de esta forma de violencia sobre las mujeres hacen tambi茅n necesaria la formaci贸n especializada de todos los operadores jur铆dicos para desarrollar con eficacia las respectivas funciones que tienen encomendadas, lo que se ve reflejado en las pruebas selectivas para el ingreso y la promoci贸n en la Carrera Judicial, pues deben contemplar el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas contra la violencia de g茅nero, y su aplicaci贸n con car谩cter transversal en el 谩mbito de la funci贸n jurisdiccional.
Asimismo, se asegura una asistencia t茅cnica y profesional por parte de los equipos adscritos a la Administraci贸n de Justicia, en especial, en el 谩mbito de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que podr谩n estar integrados por psic贸logos y trabajadores sociales para garantizar entre otras funciones la asistencia especializada a las v铆ctimas de violencia de g茅nero.
Por 煤ltimo, se garantiza que la Estad铆stica Judicial tenga tambi茅n en cuenta la variable de sexo.
VIII
Dentro del apartado dedicado a las reformas institucionales, se abordan, en primer lugar, ciertas modificaciones del r茅gimen del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de ajustes fruto de la experiencia de casi un a帽o de funcionamiento del nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial. Entre ellas, se encuentra el aumento del n煤mero de miembros de la Comisi贸n Permanente, que pasan de cinco a siete, de modo que las importantes atribuciones que tiene encomendadas puedan ser ejercidas con plena dedicaci贸n por un n煤mero importante de Vocales.
En el 谩mbito del Tribunal Supremo se introduce una nueva regulaci贸n m谩s detallada de su Gabinete T茅cnico, como 贸rgano de asistencia a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de admisi贸n y en la elaboraci贸n de informes y estudios.
IX
Tambi茅n se introducen modificaciones en el libro V. El Cuerpo de Secretarios Judiciales pasa a denominarse Cuerpo de Letrados de la Administraci贸n de Justicia. Con ello se da respuesta a una demanda hist贸rica del mismo, que considera que la denominaci贸n de secretarios judiciales conduce a equ铆vocos sobre la funci贸n realmente desempe帽ada.
En este sentido de adaptaci贸n a las actuales funciones desarrolladas por dicho Cuerpo, se incluye una referencia expresa a que sus miembros ostentan la direcci贸n de la Oficina judicial; se a帽aden nuevas competencias como la mediaci贸n y la tramitaci贸n y, en su caso, la resoluci贸n de procedimientos monitorios, todo ello en el marco de lo que prevean las normas procesales; se incluyen los decretos como tipo de resoluci贸n propia de estos funcionarios y se prev茅 que el Ministerio de Justicia apruebe anualmente su escalaf贸n. Asimismo, se establece el r茅gimen de derechos y deberes de los Letrados de la Administraci贸n de Justicia, aclarando as铆 su estatus funcionarial, incluyendo una cl谩usula remisoria con car谩cter general al libro VI y supletoriamente al Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico y dem谩s normativa de la funci贸n p煤blica, todo ello sin perjuicio de las necesarias especialidades, propias de la naturaleza y funciones del Cuerpo de Letrados de la Administraci贸n de Justicia.
Se mantienen, asimismo, las actuales tres categor铆as existentes en el Cuerpo de Secretarios Judiciales y se introducen mejoras t茅cnicas aclarando la regulaci贸n de esta materia.
Por otra parte, se prev茅 un sistema de sustituciones inspirado en los principios de la Ley Org谩nica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administraci贸n de Justicia, por la que se modifica la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la finalidad de fomentar y primar las sustituciones entre Letrados de la Administraci贸n de Justicia, quedando el llamamiento a Letrados sustitutos como algo excepcional. Se trata de profesionalizar la Justicia en todos sus 谩mbitos y buscar una reducci贸n importante en el coste econ贸mico que viene suponiendo el actual sistema.
Finalmente, en la vigente Ley el r茅gimen disciplinario de los Secretarios judiciales es el previsto por remisi贸n en el libro VI (resto de personal al servicio de la Administraci贸n de Justicia), lo que ven铆a impidiendo una adaptaci贸n a las peculiaridades propias de la actuaci贸n de 茅stos. Por ello, se incorpora en el Libro de Letrados de la Administraci贸n de Justicia un r茅gimen disciplinario propio en el que, entre otros aspectos, se incluye la sanci贸n de multa para facilitar as铆 la graduaci贸n de las sanciones a imponer y se realiza una referencia expresa al principio de proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracci贸n y la sanci贸n aplicada.
La reforma incide tambi茅n en el 谩mbito del expurgo de documentos judiciales ya tramitados y resueltos y cuya conservaci贸n resulta innecesaria y genera un coste para la Administraci贸n. Si bien el expurgo de archivos judiciales es una cuesti贸n ya contemplada en la Ley Org谩nica, se dota de mayor eficacia al procedimiento, de tal forma que la Administraci贸n pueda proceder a la destrucci贸n de los autos y expedientes judiciales cuando hayan transcurrido seis a帽os desde la firmeza de la resoluci贸n que de manera definitiva haya puesto t茅rmino al procedimiento. De la regla general quedan excluidos, por una parte, los expedientes de la jurisdicci贸n penal, sometidos con car谩cter general a plazos m谩s largos de prescripci贸n y, por otra, los expedientes que se determinen reglamentariamente en atenci贸n a su valor cultural, social o hist贸rico.
En todo caso, la destrucci贸n se acordar谩 previa concesi贸n de audiencia a las partes por si estuviesen interesadas en el desglose de documentos originales que hubiesen aportado o quieran ejercer los derechos que, en esta materia, les otorga la ley.
X
En relaci贸n a las modificaciones que se operan en el libro VI cabe destacar la incorporaci贸n de la exigencia de la especialidad en Medicina Forense para el ingreso en el Cuerpo de M茅dicos Forenses, que se har谩 efectiva cuando determine el Ministerio de Justicia una vez que concluyan su formaci贸n las primeras promociones que hayan obtenido plaza por el sistema de residencia a trav茅s de la correspondiente convocatoria anual de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formaci贸n sanitaria especializada. En paralelo, se actualizan las funciones de estos profesionales y se adapta el r茅gimen de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como 贸rganos t茅cnicos adscritos al Ministerio de Justicia o a las Comunidades Aut贸nomas con competencia en la materia, y que tienen la misi贸n de auxiliar a la Administraci贸n de Justicia en el 谩mbito de su disciplina cient铆fica y t茅cnica.
Tambi茅n como novedad se establece que los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contar谩n con unidades de valoraci贸n forense integral, de los que podr谩n formar parte los psic贸logos y trabajadores sociales que se determinen para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las v铆ctimas de violencia de g茅nero y dom茅stica, menores, familia y personas con discapacidad. Asimismo, dentro de estos Institutos podr谩n integrarse el resto de profesionales que integran los denominados equipos psicosociales, esto es psic贸logos, trabajadores sociales y educadores sociales, que prestan servicios a la Administraci贸n de Justicia, incluyendo los equipos t茅cnicos de menores; con todo ello, se refuerza y garantiza su actuaci贸n.
Igualmente importante es la atribuci贸n de la condici贸n de agente de la autoridad a los miembros del Cuerpo de Gesti贸n Procesal cuando realicen funciones de documentaci贸n en embargos, lanzamientos y dem谩s actos cuya naturaleza lo requiera.
Dentro del mismo Libro VI se introducen determinadas modificaciones adicionales en el r茅gimen estatutario del resto de los funcionarios al servicio de la Administraci贸n de Justicia.
XI
En cuanto al libro VII, se incluye a los Graduados Sociales como profesionales que, al prestar la representaci贸n t茅cnica en el 谩mbito social, pueden actuar como colaboradores de la Administraci贸n de Justicia.
XII
Como complemento al articulado se introducen seis disposiciones adicionales, nueve transitorias y diez finales.
Entre las disposiciones finales, destacan la disposici贸n final cuarta, que modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para adaptarla a las nuevas disposiciones de la Ley Org谩nica del Poder Judicial en relaci贸n con la informaci贸n sobre el estado de las actuaciones judiciales, la publicidad de las sentencias y la ejecuci贸n de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la disposici贸n final tercera, que modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci贸n Contencioso-administrativa, en lo relativo al recurso de casaci贸n en este orden jurisdiccional.
En este 谩mbito, y con la finalidad de intensificar las garant铆as en la protecci贸n de los derechos de los ciudadanos, la ley opta por reforzar el recurso de casaci贸n como instrumento por excelencia para asegurar la uniformidad en la aplicaci贸n judicial del derecho. De esta forma, el recurso de casaci贸n podr谩 ser admitido a tr谩mite cuando, invocada una concreta infracci贸n del ordenamiento jur铆dico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta inter茅s casacional objetivo para la formaci贸n de jurisprudencia.
Con la finalidad de que la casaci贸n no se convierta en una tercera instancia, sino que cumpla estrictamente su funci贸n nomofil谩ctica, se dise帽a un mecanismo de admisi贸n de los recursos basado en la descripci贸n de los supuestos en los que un asunto podr谩 acceder al Tribunal Supremo por concurrir un inter茅s casacional. As铆, la Sala de casaci贸n podr谩 apreciar que en determinados casos existe inter茅s casacional objetivo, motiv谩ndolo expresamente en el auto de admisi贸n. El recurso deber谩 ser admitido en determinados supuestos, en los que existe la presunci贸n de que existe inter茅s casacional objetivo.
Art铆culo 煤nico. Modificaci贸n de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
La Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, queda modificada como sigue:
Uno
Se modifica el apartado 2 del art铆culo 3, que queda redactado como sigue:
«2. Los 贸rganos de la jurisdicci贸n militar, integrante del Poder Judicial del Estado, basan su organizaci贸n y funcionamiento en el principio de unidad jurisdiccional y administran Justicia en el 谩mbito estrictamente castrense y, en su caso, en las materias que establezca la declaraci贸n del estado de sitio, de acuerdo con la Constituci贸n y lo dispuesto en las leyes penales, procesales y disciplinarias militares.'
Dos
Se a帽ade un nuevo art铆culo 4 bis, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 4 bis.
1. Los Jueces y Tribunales aplicar谩n el Derecho de la Uni贸n Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea.
2. Cuando los Tribunales decidan plantear una cuesti贸n prejudicial europea lo har谩n de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes.'
Tres
Se a帽ade un nuevo art铆culo 5 bis, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 5 bis.
Se podr谩 interponer recurso de revisi贸n ante el Tribunal Supremo contra una resoluci贸n judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resoluci贸n ha sido dictada en violaci贸n de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violaci贸n, por su naturaleza y gravedad, entra帽e efectos que persistan y no puedan cesar de ning煤n otro modo que no sea mediante esta revisi贸n.»
Cuatro
Se modifica el art铆culo 21, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 21.
1. Los Tribunales civiles espa帽oles conocer谩n de las pretensiones que se susciten en territorio espa帽ol con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que Espa帽a sea parte, en las normas de la Uni贸n Europea y en las leyes espa帽olas.
2. No obstante, no conocer谩n de las pretensiones formuladas respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicci贸n o de ejecuci贸n de conformidad con las normas del Derecho Internacional P煤blico.»
Se modifica el art铆culo 22, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 22.
Con car谩cter exclusivo, los Tribunales espa帽oles ser谩n competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias:
a) Derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles que se hallen en Espa帽a. No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo m谩ximo de seis meses consecutivos, ser谩n igualmente competentes los 贸rganos jurisdiccionales espa帽oles si el demandado estuviera domiciliado en Espa帽a, siempre que el arrendatario sea una persona f铆sica y que 茅ste y el propietario est茅n domiciliados en el mismo Estado.
b) Constituci贸n, validez, nulidad o disoluci贸n de sociedades o personas jur铆dicas que tengan su domicilio en territorio espa帽ol, as铆 como respecto de los acuerdos y decisiones de sus 贸rganos.
c) Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro espa帽ol.
d) Inscripciones o validez de patentes, marcas, dise帽os o dibujos y modelos y otros derechos sometidos a dep贸sito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en Espa帽a el dep贸sito o el registro.
e) Reconocimiento y ejecuci贸n en territorio espa帽ol de sentencias y dem谩s resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediaci贸n dictados en el extranjero.»
Seis
Se a帽ade un nuevo art铆culo 22 bis, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 22 bis.
1. En aquellas materias en que una norma expresamente lo permita, los Tribunales espa帽oles ser谩n competentes cuando las partes, con independencia de su domicilio, se hayan sometido expresa o t谩citamente a ellos. No surtir谩n efectos los acuerdos que atribuyan la competencia a los Tribunales espa帽oles ni las estipulaciones similares incluidas en un contrato si son contrarios a lo establecido en los art铆culos 22 qu谩ter, 22 quinquies, 22 sexies y 22 septies, o si excluyen la competencia de los 贸rganos judiciales espa帽oles exclusivamente competentes conforme lo establecido en el art铆culo 22, en cuyo caso se estar谩 a lo establecido en dichos preceptos.
La sumisi贸n a los Tribunales espa帽oles en las materias contempladas en las letras d) y e) del art铆culo 22 quinquies s贸lo ser谩 v谩lida si se fundamenta en un acuerdo de sumisi贸n posterior a que surja la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su domicilio o residencia habitual en Espa帽a en el momento de celebraci贸n del contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro.
2. Se entender谩 por acuerdo de sumisi贸n expresa aquel pacto por el cual las partes deciden atribuir a los Tribunales espa帽oles el conocimiento de ciertas o todas las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relaci贸n jur铆dica, contractual o no contractual. La competencia establecida por sumisi贸n expresa se extender谩 a la propia validez del acuerdo de sumisi贸n.
El acuerdo de sumisi贸n expresa deber谩 constar por escrito, en una cl谩usula incluida en un contrato o en un acuerdo independiente, o verbalmente con confirmaci贸n escrita, as铆 como en alguna forma que se ajuste a los h谩bitos que las partes tengan establecidos entre ellas, o en el comercio internacional sea conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado. Se entender谩 que media acuerdo escrito cuando resulte de una transmisi贸n efectuada por medios electr贸nicos que proporcione un registro duradero.
Se considerar谩 igualmente que hay acuerdo escrito cuando est茅 consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestaci贸n dentro del proceso iniciado en Espa帽a, en los cuales la existencia del acuerdo sea afirmada por una parte y no negada por la otra.
3. Con independencia de los casos en los que su competencia resulte de otras disposiciones, ser谩n competentes los Tribunales espa帽oles cuando comparezca ante ellos el demandado. Esta regla no ser谩 de aplicaci贸n si la comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia.»
Siete
Se a帽ade un nuevo art铆culo 22 ter, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 22 ter.
1. En materias distintas a las contempladas en los art铆culos 22, 22 sexies y 22 septies y si no mediare sumisi贸n a los Tribunales espa帽oles de conformidad con el art铆culo 22 bis, 茅stos resultar谩n competentes cuando el demandado tenga su domicilio en Espa帽a o cuando as铆 venga determinado por cualquiera de los foros establecidos en los art铆culos 22 qu谩ter y 22 quinquies.
2. Se entender谩, a los efectos de este art铆culo, que una persona f铆sica est谩 domiciliada en Espa帽a cuando tenga en ella su residencia habitual.
Se entender谩 que una persona jur铆dica est谩 domiciliada en Espa帽a cuando radique en ella su sede social, su centro de administraci贸n o administraci贸n central o su centro de actividad principal.
3. En caso de pluralidad de demandados, ser谩n competentes los Tribunales espa帽oles cuando al menos uno de ellos tenga su domicilio en Espa帽a, siempre que se ejercite una sola acci贸n o varias entre las que exista un nexo por raz贸n del t铆tulo o causa de pedir que aconsejen su acumulaci贸n.
4. No obstante, la competencia establecida conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este art铆culo podr谩 ser excluida mediante un acuerdo de elecci贸n de foro a favor de un Tribunal extranjero. En tal caso, los Tribunales suspender谩n el procedimiento y s贸lo podr谩n conocer de la pretensi贸n deducida en el supuesto de que los Tribunales extranjeros designados hubieren declinado su competencia.
5. No tendr谩 efecto la exclusi贸n de la competencia de los Tribunales espa帽oles en aquellas materias en que no cabe sumisi贸n a ellos.»
Ocho
Se a帽ade un nuevo art铆culo 22 qu谩ter, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 22 qu谩ter.
En defecto de los criterios anteriores, los Tribunales espa帽oles ser谩n competentes:
a) En materia de declaraci贸n de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiera tenido su 煤ltimo domicilio en territorio espa帽ol o tuviera nacionalidad espa帽ola.
b) En materia relacionada con la capacidad de las personas y las medidas de protecci贸n de las personas mayores de edad o de sus bienes, cuando estos tuviesen su residencia habitual en Espa帽a.
c) En materia de relaciones personales y patrimoniales entre c贸nyuges, nulidad matrimonial, separaci贸n y divorcio y sus modificaciones, siempre que ning煤n otro Tribunal extranjero tenga competencia, cuando ambos c贸nyuges posean residencia habitual en Espa帽a al tiempo de la interposici贸n de la demanda o cuando hayan tenido en Espa帽a su 煤ltima residencia habitual y uno de ellos resida all铆, o cuando Espa帽a sea la residencia habitual del demandado, o, en caso de demanda de mutuo acuerdo, cuando en Espa帽a resida uno de los c贸nyuges, o cuando el demandante lleve al menos un a帽o de residencia habitual en Espa帽a desde la interposici贸n de la demanda, o cuando el demandante sea espa帽ol y tenga su residencia habitual en Espa帽a al menos seis meses antes de la interposici贸n de la demanda, as铆 como cuando ambos c贸nyuges tengan nacionalidad espa帽ola.
d) En materia de filiaci贸n y de relaciones paterno-filiales, protecci贸n de menores y de responsabilidad parental, cuando el hijo o menor tenga su residencia habitual en Espa帽a al tiempo de la interposici贸n de la demanda o el demandante sea espa帽ol o resida habitualmente en Espa帽a o, en todo caso, al menos desde seis meses antes de la presentaci贸n de la demanda.
e) En materia de adopci贸n, en los supuestos regulados en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopci贸n internacional.
f) En materia de alimentos, cuando el acreedor o el demandado de los mismos tenga su residencia habitual en Espa帽a o, si la pretensi贸n de alimentos se formula como accesoria a una cuesti贸n sobre el estado civil o de una acci贸n de responsabilidad parental, cuando los Tribunales espa帽oles fuesen competentes para conocer de esta 煤ltima acci贸n.
g) En materia de sucesiones, cuando el causante hubiera tenido su 煤ltima residencia habitual en Espa帽a o cuando los bienes se encuentren en Espa帽a y el causante fuera espa帽ol en el momento del fallecimiento. Tambi茅n ser谩n competentes cuando las partes se hubieran sometido a los Tribunales espa帽oles, siempre que fuera aplicable la ley espa帽ola a la sucesi贸n. Cuando ninguna jurisdicci贸n extranjera sea competente, los Tribunales espa帽oles lo ser谩n respecto de los bienes de la sucesi贸n que se encuentren en Espa帽a.»
Nueve
Se a帽ade un nuevo art铆culo 22 quinquies, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 22 quinquies.
Asimismo, en defecto de sumisi贸n expresa o t谩cita y aunque el demandado no tuviera su domicilio en Espa帽a, los Tribunales espa帽oles ser谩n competentes:
a) En materia de obligaciones contractuales, cuando la obligaci贸n objeto de la demanda se haya cumplido o deba cumplirse en Espa帽a.
b) En materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho da帽oso se haya producido en territorio espa帽ol.
c) En las acciones relativas a la explotaci贸n de una sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando 茅ste se encuentre en territorio espa帽ol.
d) En materia de contratos celebrados por consumidores, estos podr谩n litigar en Espa帽a si tienen su residencia habitual en territorio espa帽ol o si lo tuviera la otra parte contratante; esta 煤ltima solo podr谩 litigar en Espa帽a si el consumidor tiene su residencia habitual en territorio espa帽ol.
e) En materia de seguros, cuando el asegurado, tomador o beneficiario del seguro tuviera su domicilio en Espa帽a; tambi茅n podr谩 el asegurador ser demandado ante los Tribunales espa帽oles si el hecho da帽oso se produjere en territorio espa帽ol y se tratara de un contrato de seguro de responsabilidad o de seguro relativo a inmuebles, o, trat谩ndose de un seguro de responsabilidad civil, si los Tribunales espa帽oles fueran competentes para conocer de la acci贸n entablada por el perjudicado contra el asegurado en virtud de lo dispuesto en la letra b) de este art铆culo.
f) En las acciones relativas a derechos reales sobre bienes muebles, si estos se encontraren en territorio espa帽ol al tiempo de la interposici贸n de la demanda.
Respecto a los supuestos previstos en las letras d) y e) tambi茅n ser谩n competentes los Tribunales espa帽oles cuando el consumidor, asegurado o tomador del seguro sea demandante y las partes hayan acordado la sumisi贸n a los Tribunales espa帽oles despu茅s de surgir la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su domicilio en Espa帽a en el momento de celebraci贸n del contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro.»
Se a帽ade un nuevo art铆culo 22 sexies, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 22 sexies.
Los Tribunales espa帽oles ser谩n competentes cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio espa帽ol y deban cumplirse en Espa帽a. Ser谩n tambi茅n competentes para adoptar estas medidas si lo son para conocer del asunto principal.»
Once
Se a帽ade un nuevo art铆culo 22 septies, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 22 septies.
En materia concursal y dem谩s procedimientos de insolvencia se estar谩 a lo que disponga su legislaci贸n reguladora.»
Se a帽ade un nuevo art铆culo 22 octies, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 22 octies.
1. No ser谩n competentes los Tribunales espa帽oles en aquellos casos en que los fueros de competencia previstos en las leyes espa帽olas no contemplen dicha competencia.
2. Los Tribunales espa帽oles apreciar谩n, de oficio o a instancia de parte, su competencia de conformidad con las normas vigentes y las circunstancias concurrentes en el momento de presentaci贸n de la demanda, y el proceso se sustanciar谩 hasta su conclusi贸n aunque dichas normas o circunstancias hayan sido modificadas con posterioridad, salvo que expresamente se determine lo contrario.
3. Los Tribunales espa帽oles se declarar谩n incompetentes si su competencia no estuviera fundada en las disposiciones de las leyes espa帽olas, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.
Los Tribunales espa帽oles no podr谩n abstenerse o declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculaci贸n con Espa帽a y los Tribunales de los distintos Estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia. Tampoco lo podr谩n hacer cuando se trate del reconocimiento y la ejecuci贸n de resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediaci贸n dictados por los Tribunales extranjeros.»
Trece
Se a帽ade un nuevo art铆culo 22 nonies, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 22 nonies.
Las excepciones de litispendencia y de conexidad internacionales se alegar谩n y tramitar谩n con arreglo a las normas generales que regulen las leyes procesales.»
Catorce
Se modifica el art铆culo 35, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 35.
1. La demarcaci贸n judicial, que determinar谩 la circunscripci贸n territorial de los 贸rganos judiciales, se establecer谩 por ley o, en los casos expresamente contemplados en esta norma, por real decreto.
2. A tal fin, las Comunidades Aut贸nomas participar谩n en la organizaci贸n de la demarcaci贸n judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de 茅ste, una propuesta de la misma en la que fijar谩n los partidos judiciales.
3. El Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades Aut贸nomas, redactar谩 la correspondiente disposici贸n normativa, que ser谩 informada por el Consejo General del Poder Judicial en el plazo de dos meses.
4. Emitidos los precitados informes, el Gobierno proceder谩 a la tramitaci贸n del oportuno proyecto normativo.
5. La demarcaci贸n judicial ser谩 revisada cada cinco a帽os o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente establecido.
6. Las Comunidades Aut贸nomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinar谩n, por ley, la capitalidad de los partidos judiciales.»
Quince
Se a帽ade un nuevo art铆culo 61 bis, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 61 bis.
1. Al servicio del Tribunal Supremo existir谩 un Gabinete T茅cnico, que asistir谩 a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de admisi贸n de los asuntos de que conozcan y mediante la elaboraci贸n de estudios e informes que se le soliciten. Tambi茅n prestar谩 apoyo a las Salas especiales en el despacho de asuntos que les est茅n atribuidos.
2. El Gabinete T茅cnico estar谩 integrado por un Director y por miembros de la Carrera judicial y otros juristas que ostentar谩n la denominaci贸n de Letrados del Gabinete T茅cnico.
3. A los efectos anteriores, en el Gabinete T茅cnico existir谩n tantas 谩reas como 贸rdenes jurisdiccionales. Dentro de cada 谩rea podr谩 existir una secci贸n de Admisi贸n y otra secci贸n de Estudios e Informes. En la Sala Quinta de lo Militar podr谩 haber un Letrado del Gabinete T茅cnico.
Los Letrados prestar谩n sus servicios en las diferentes 谩reas atendiendo a su especializaci贸n profesional.
4. En cada una de las 谩reas habr谩 uno o varios Letrados del Gabinete T茅cnico que asuman funciones de coordinaci贸n de los miembros del Gabinete que formen parte de la misma. Ser谩n designados por el Presidente del Tribunal Supremo, preferentemente de entre los Letrados que pertenezcan a la Carrera Judicial, y deber谩n tener una antig眉edad m铆nima de diez a帽os en el ejercicio de su respectiva profesi贸n.
5. El Ministerio de Justicia, o铆da la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y previo informe del Consejo General del Poder Judicial e informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones P煤blicas, determinar谩 la composici贸n y plantilla del Gabinete T茅cnico.
Excepcionalmente, por razones coyunturales y debidamente justificadas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y o铆da la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, podr谩 el Ministerio de Justicia adscribir temporalmente, con el l铆mite m谩ximo de un a帽o, un n煤mero adicional de miembros al servicio del Gabinete T茅cnico.»
Diecis茅is
Se a帽ade un nuevo art铆culo 61 ter, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 61 ter.
La superior direcci贸n del Gabinete T茅cnico ser谩 ejercida por el Presidente del Tribunal Supremo o, en caso de delegaci贸n de 茅ste, por el Vicepresidente del Tribunal Supremo.»
Diecisiete
Se a帽ade un nuevo art铆culo 61 qu谩ter, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 61 qu谩ter.
1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial nombrar谩 al Director del Gabinete T茅cnico, a propuesta vinculante del Presidente del Tribunal Supremo, debiendo acreditar los requisitos legalmente exigidos para poder acceder a la categor铆a de Magistrado del Tribunal Supremo, teniendo dicha consideraci贸n, a efectos representativos, mientras desempe帽e el cargo.
2. Los Letrados que hayan de prestar servicio en el Gabinete T茅cnico ser谩n seleccionados mediante concurso de m茅ritos, estableci茅ndose en el anuncio de la convocatoria los criterios de selecci贸n.
Los Letrados que no pertenezcan a la Carrera Judicial o Fiscal deber谩n ser funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administraci贸n de Justicia o funcionarios de las Administraciones P煤blicas u 贸rganos constitucionales, con titulaci贸n en Derecho, pertenecientes a Cuerpos del Subgrupo A1 o asimilados.
La Comisi贸n Permanente del Consejo General del Poder Judicial realizar谩 la convocatoria a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, quien oir谩 previamente, a los efectos de fijar los criterios de selecci贸n, a la Sala de Gobierno de dicho Tribunal.
3. El Presidente del Tribunal Supremo, o铆dos los Presidentes de Sala y el Director del Gabinete T茅cnico, someter谩 a la Sala de Gobierno, para su aprobaci贸n, la propuesta de candidatos a cubrir las plazas de Letrado del Gabinete T茅cnico.
4. El Presidente del Tribunal Supremo elevar谩 al Pleno del Consejo General del Poder Judicial la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, para que proceda al nombramiento de quienes vayan a ocupar las plazas de Letrado del Gabinete T茅cnico.»
Dieciocho
Se a帽ade un nuevo art铆culo 61 quinquies, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 61 quinquies.
1. Los Letrados que fueren seleccionados ser谩n nombrados por un a帽o. Una vez cumplido ese plazo, el Presidente del Tribunal Supremo, o铆dos el Presidente de Sala respectivo y el Director del Gabinete T茅cnico, propondr谩, en su caso, la pr贸rroga en la plaza, de conformidad con el procedimiento establecido para el nombramiento inicial. Los Letrados podr谩n ser prorrogados por sucesivos periodos de tres a帽os. Sin perjuicio de lo anterior, los Letrados podr谩n ser cesados por el Presidente del Tribunal Supremo por incumplimiento grave de los deberes de su funci贸n.
2. El Director del Gabinete T茅cnico y los Letrados ser谩n declarados en situaci贸n administrativa de servicios especiales en la Carrera o Cuerpo de procedencia.
3. A los efectos del c贸mputo de la antig眉edad en la Carrera Judicial, a los Jueces o Magistrados que ocupen plaza de Letrado en el Gabinete T茅cnico se les tendr谩n en cuenta los servicios prestados en el orden jurisdiccional correspondiente al 谩rea del Gabinete T茅cnico en que estuvieran adscritos.
Esta previsi贸n ser谩 tambi茅n de aplicaci贸n a los efectos del c贸mputo de la antig眉edad en el Cuerpo a los Letrados de la Administraci贸n de Justicia que ocupen plaza de Letrado en el Gabinete T茅cnico.»
Diecinueve
Se a帽ade un nuevo art铆culo 61 sexies, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 61 sexies.
La Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, aprobar谩 las normas de funcionamiento del Gabinete T茅cnico.»
Veinte
Se modifica el apartado 6 del art铆culo 73, que queda redactado como sigue:
«6. En el caso de que el n煤mero de asuntos lo aconseje, podr谩n crearse una o m谩s Secciones e incluso Sala de lo Penal con su propia circunscripci贸n territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelaci贸n a los que se refiere la letra c) del apartado 3 de este art铆culo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior de Justicia.
Los nombramientos para Magistrados de estas Secciones o Salas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, recaer谩n en aquellos Magistrados que, ostentando la condici贸n de especialista en el orden penal obtenida mediante la superaci贸n de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalaf贸n. A falta de 茅stos, recaer谩 en aquellos Magistrados que habiendo prestado sus servicios en el orden jurisdiccional penal durante diez a帽os dentro de los quince a帽os inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, tengan mejor puesto en el escalaf贸n. La antig眉edad en 贸rganos mixtos se computar谩 de igual manera a estos efectos. En su defecto, se nombrar谩 a quien ostente mejor puesto en el escalaf贸n.»
Veintiuno
Se modifica el n煤mero 2.潞 del apartado 2 del art铆culo 82, que queda redactado como sigue:
«2.潞 De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil, salvo las que se dicten en incidentes concursales que resuelvan cuestiones de materia laboral, debiendo especializarse a tal fin una o varias de sus Secciones, de conformidad con lo previsto en el art铆culo 98 de la presente Ley Org谩nica. Estas Secciones especializadas conocer谩n tambi茅n de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de primera instancia en los procedimientos relativos a concursos de personas f铆sicas y a acciones individuales relativas a condiciones generales de la contrataci贸n.»
Veintid贸s
Se a帽ade un nuevo apartado 6 al art铆culo 85, que queda redactado como sigue:
«6. De los concursos de persona natural que no sea empresario en los t茅rminos previstos en su Ley reguladora.»
Se modifican los apartados 1 y 2 del art铆culo 86 ter, que quedan redactados como sigue:
«1. Los Juzgados de lo mercantil conocer谩n de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los t茅rminos previstos en su Ley reguladora y sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 85.6. En todo caso, la jurisdicci贸n del juez del concurso ser谩 exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1.潞 Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, con excepci贸n de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiaci贸n, matrimonio y menores a las que se refiere el t铆tulo I del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocer谩 de la acci贸n a que se refiere el art铆culo 17.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
2.潞 Las acciones sociales que tengan por objeto la extinci贸n, modificaci贸n o suspensi贸n colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, as铆 como la suspensi贸n o extinci贸n de contratos de alta direcci贸n, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerir谩 el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicaci贸n de las normas espec铆ficas de la Ley Concursal, deber谩n tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenaci贸n normativa estatutaria y del proceso laboral.
3.潞 Toda ejecuci贸n frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el 贸rgano que la hubiera ordenado.
4.潞 Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicci贸n en el n煤mero 1.潞 y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los 谩rbitros durante un procedimiento arbitral.
5.潞 Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relaci贸n con la asistencia jur铆dica gratuita.
6.潞 Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.
2. Los Juzgados de lo Mercantil conocer谩n, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:
a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, as铆 como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.
b) Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.
c) Aquellas pretensiones relativas a la aplicaci贸n del Derecho mar铆timo.
d) Las acciones colectivas previstas en la legislaci贸n relativa a condiciones generales de la contrataci贸n y a la protecci贸n de consumidores y usuarios.
e) Los recursos contra las resoluciones de la Direcci贸n General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificaci贸n del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.
f) De los procedimientos de aplicaci贸n de los art铆culos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y su Derecho derivado, as铆 como los procedimientos de aplicaci贸n de los art铆culos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.»
Veinticuatro
Se modifica el apartado 2 del art铆culo 87 bis, que queda redactado como sigue:
«2. Sin perjuicio de lo previsto en la legislaci贸n vigente sobre demarcaci贸n y planta judicial, el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y en su caso, con informe de la Comunidad Aut贸noma con competencias en materia de Justicia, podr谩 establecer mediante real decreto que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se determinen extiendan su jurisdicci贸n a dos o m谩s partidos dentro de la misma provincia.»
Veinticinco
Se modifican las letras a) y d) y se a帽ade una nueva letra g) al apartado 1 del art铆culo 87 ter, que quedan redactadas como sigue:
«a) De la instrucci贸n de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los t铆tulos del C贸digo Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidaci贸n, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que est茅 o haya estado ligada al autor por an谩loga relaci贸n de afectividad, aun sin convivencia, as铆 como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con 茅l convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando tambi茅n se haya producido un acto de violencia de g茅nero.»
«d) Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la v铆ctima sea alguna de las personas se帽aladas como tales en la letra a) de este apartado.»
«g) De la instrucci贸n de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto y penado en el art铆culo 468 del C贸digo Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que est茅 o haya estado ligada al autor por una an谩loga relaci贸n de afectividad aun sin convivencia, as铆 como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con 茅l convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente.»
Veintis茅is
Se modifica el art铆culo 98, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 98.
1. El Consejo General del Poder Judicial podr谩 acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que en aquellas circunscripciones donde exista m谩s de un Juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con car谩cter exclusivo, el conocimiento de determinadas clases de asuntos, o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes que al efecto se constituyan.
2. El Consejo General del Poder Judicial podr谩 acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, o铆da la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Aut贸noma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes constituidos o que se constituyan.
En estos casos, el 贸rgano u 贸rganos especializados asumir谩n la competencia para conocer de todos aquellos asuntos que sean objeto de tal especializaci贸n, aun cuando su conocimiento inicial estuviese atribuido a 贸rganos radicados en distinto partido judicial.
No podr谩 adoptarse este acuerdo para atribuir a los 贸rganos as铆 especializados asuntos que por disposici贸n legal estuviesen atribuidos a otros de diferente clase. Tampoco podr谩n ser objeto de especializaci贸n por esta v铆a los Juzgados de Instrucci贸n, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas de exenci贸n de reparto o de refuerzo que fuese necesario adoptar por necesidades del servicio.
3. Este acuerdo se publicar谩 en el «Bolet铆n Oficial del Estado» y producir谩 efectos desde el inicio del a帽o siguiente a aquel en que se adopte, salvo que razonadamente se justifique otro momento anterior por razones de urgencia.
4. Los Juzgados afectados continuar谩n conociendo de todos los procesos pendientes ante los mismos hasta su conclusi贸n.»
Veintisiete
Se suprime el art铆culo 163.
Veintiocho
Se modifica el art铆culo 167, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 167.
1. Donde hubiere dos o m谩s Juzgados del mismo orden jurisdiccional, los asuntos se distribuir谩n entre ellos conforme a normas de reparto prefijadas. Las normas de reparto se aprobar谩n por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces del respectivo orden jurisdiccional. A solicitud del interesado, la Junta de Jueces podr谩 proponer que se libere, total o parcialmente, a un Juez del reparto de asuntos, por tiempo limitado, cuando la buena administraci贸n de justicia lo haga necesario. El acuerdo se trasladar谩 a la Sala de Gobierno para que 茅sta, si lo entiende pertinente, proceda a su aprobaci贸n. Las modificaciones que se adopten en las normas de reparto no podr谩n afectar a los procedimientos en tr谩mite.
2. La Sala de Gobierno podr谩 acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-administrativo o de lo Social, para equilibrar la distribuci贸n de asuntos que por materia les corresponde a cada uno de ellos seg煤n su clase, aun cuando alguno tuviese atribuido, por disposici贸n legal o por acuerdo del Pleno del propio Consejo General del Poder Judicial, el despacho de asuntos de su competencia a una circunscripci贸n de 谩mbito inferior a la provincia.
3. El reparto se realizar谩 por el Letrado de la Administraci贸n de Justicia bajo la supervisi贸n del Juez Decano, al cual corresponder谩 resolver con car谩cter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan.»
Veintinueve
Se modifica el apartado 2 del art铆culo 199, que queda redactado como sigue:
«2. En la Audiencia Nacional, cuando no asistieren Magistrados en n煤mero suficiente para constituir Sala, concurrir谩n para completarla otros Magistrados que designe el Presidente de la Sala o, en su caso, del Tribunal, con arreglo a un turno en el que ser谩n preferidos los que se hallaren libres de se帽alamiento y, entre 茅stos, los m谩s modernos. En su defecto, se llamar谩 a un Magistrado suplente de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del art铆culo siguiente.»
Treinta
Se suprimen los apartados 4 y 5 y se modifica el apartado 2 del art铆culo 200, que queda redactado como sigue:
«2. A los efectos de lo previsto en el art铆culo anterior podr谩 haber en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales una relaci贸n de Magistrados suplentes no integrantes de la Carrera judicial, que ser谩n llamados a formar Sala seg煤n la prelaci贸n que se establezca dentro de cada orden u 贸rdenes jurisdiccionales para el que hubieren sido nombrados.
Para su llamamiento habr谩 de respetarse la disponibilidad presupuestaria y la prioridad establecida en el art铆culo anterior, sin que nunca pueda concurrir a formar Sala m谩s de un Magistrado suplente.»
Treinta y uno
Se a帽ade un apartado 4 al art铆culo 216 bis.3, con la siguiente redacci贸n:
«4. Excepcionalmente, cuando las peculiaridades del refuerzo impidan que la comisi贸n de servicio pueda ser atendida por un 煤nico Juez durante toda su extensi贸n temporal, el Consejo General del Poder Judicial podr谩 autorizar que su desempe帽o se realice por quienes participen voluntariamente en los planes de sustituci贸n del 贸rgano judicial que haya de ser reforzado, con sujeci贸n a la secuencia de llamamiento entre ellos que el propio Consejo General del Poder Judicial establezca.»
Treinta y dos
Se modifica el art铆culo 230, que queda redactado como sigue:
«1. Los Juzgados y Tribunales y las Fiscal铆as est谩n obligados a utilizar cualesquiera medios t茅cnicos, electr贸nicos, inform谩ticos y telem谩ticos, puestos a su disposici贸n para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilizaci贸n de tales medios establecen el Cap铆tulo I bis de este T铆tulo, la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Personal y las dem谩s leyes que resulten de aplicaci贸n.
Las instrucciones generales o singulares de uso de las nuevas tecnolog铆as que el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscal铆a General del Estado dirijan a los Jueces y Magistrados o a los Fiscales, respectivamente, determinando su utilizaci贸n, ser谩n de obligado cumplimiento.
2. Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozar谩n de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.
3. Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podr谩n transcribirse.
4. Los procesos que se tramiten con soporte inform谩tico garantizar谩n la identificaci贸n y el ejercicio de la funci贸n jurisdiccional por el 贸rgano que la ejerce, as铆 como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de car谩cter personal que contengan en los t茅rminos que establezca la ley.
5. Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podr谩n relacionarse con la Administraci贸n de Justicia a trav茅s de los medios t茅cnicos a que se refiere el apartado 1 cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garant铆as y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.
6. Los programas y aplicaciones inform谩ticos que se utilicen en la Administraci贸n de Justicia deber谩n ser previamente informados por el Consejo General del Poder Judicial.
Los sistemas inform谩ticos que se utilicen en la Administraci贸n de Justicia deber谩n ser compatibles entre s铆 para facilitar su comunicaci贸n e integraci贸n, en los t茅rminos que determine el Comit茅 T茅cnico Estatal de la Administraci贸n de Justicia Electr贸nica.»
Treinta y tres
Se modifica el apartado 2 y se a帽ade un apartado 3 al art铆culo 232, que quedar谩n redactados como sigue:
«2. La relaci贸n de se帽alamientos del 贸rgano judicial deber谩 hacerse p煤blica. Los Letrados de la Administraci贸n de Justicia velar谩n por que los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al p煤blico, el primer d铆a h谩bil de cada semana, la relaci贸n de se帽alamientos correspondientes a su respectivo 贸rgano judicial, con indicaci贸n de la fecha y hora de su celebraci贸n, tipo de actuaci贸n y n煤mero de procedimiento.
3. Excepcionalmente, por razones de orden p煤blico y de protecci贸n de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resoluci贸n motivada, podr谩n limitar el 谩mbito de la publicidad y acordar el car谩cter secreto de todas o parte de las actuaciones.»
Treinta y cuatro
Se modifica el art铆culo 234, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 234.
1. Los Letrados de la Administraci贸n de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitar谩n a los interesados cuanta informaci贸n soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podr谩n examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas o reservadas conforme a la ley.
2. Las partes y cualquier persona que acredite un inter茅s leg铆timo y directo tendr谩n derecho a obtener, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su caso, en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n en la Administraci贸n de Justicia, copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni reservados. Tambi茅n tendr谩n derecho a que se les expidan los testimonios y certificados en los casos y a trav茅s del cauce establecido en las leyes procesales.»
Treinta y cinco
Se a帽ade un nuevo art铆culo 235 bis, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 235 bis.
Sin perjuicio de lo establecido en el p谩rrafo segundo del apartado 1 del art铆culo 236 quinquies y de las restricciones que, en su caso, pudieran establecerse en las leyes procesales, el acceso al texto de las sentencias, o a determinados extremos de las mismas, o a otras resoluciones dictadas en el seno del proceso, s贸lo podr谩 llevarse a cabo previa disociaci贸n de los datos de car谩cter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garant铆a del anonimato de las v铆ctimas o perjudicados, cuando proceda.
En todo caso se adoptar谩n las medidas necesarias para evitar que las sentencias y el resto de resoluciones dictadas en el seno del proceso puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.»
Treinta y seis
Se a帽ade un nuevo cap铆tulo I bis en el t铆tulo III del libro III, que comprende los art铆culos 236 bis a 236 decies, quedando redactado como sigue:
«CAP脥TULO I BIS
Protecci贸n de datos de car谩cter personal en el 谩mbito de la Administraci贸n de Justicia
Art铆culo 236 bis.
El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasi贸n de la tramitaci贸n por los Tribunales de los procesos de los que sean competentes, as铆 como el realizado dentro de la gesti贸n de la Oficina judicial se someter谩n a lo dispuesto en la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Personal y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Cap铆tulo.
Art铆culo 236 ter.
1. Los Tribunales podr谩n tratar datos de car谩cter personal con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. En el primer caso, el tratamiento se limitar谩 a los datos en tanto se encuentren incorporados a los procesos de que conozcan y su finalidad se relacione directamente con el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
2. Los Tribunales mantendr谩n, con pleno respeto a las garant铆as y derechos establecidos en la normativa de protecci贸n de datos de car谩cter personal, los ficheros que resulten necesarios para la tramitaci贸n de los procesos que en ellos se siguen, as铆 como los que se precisen para su adecuada gesti贸n.
Dichos ficheros se clasificar谩n en jurisdiccionales y no jurisdiccionales atendiendo a la naturaleza del tratamiento de los datos que los integran.
Art铆culo 236 qu谩ter.
De conformidad con lo dispuesto en el art铆culo 11.2 de la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, no ser谩 necesario el consentimiento del interesado para que los Tribunales procedan al tratamiento de los datos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, ya sean 茅stos facilitados por las partes o recabados a solicitud del propio Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas procesales para la validez de la prueba.
Cuando se trate de datos tratados con fines no jurisdiccionales se estar谩 a lo dispuesto en la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre.
Art铆culo 236 quinquies.
1. Los Jueces y Tribunales, y los Letrados de la Administraci贸n de Justicia conforme a sus competencias procesales, podr谩n adoptar las medidas que sean necesarias para la supresi贸n de los datos personales de los documentos a los que puedan acceder las partes durante la tramitaci贸n del proceso siempre que no sean necesarios para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva.
Del mismo modo proceder谩n respecto del acceso por las partes a los datos personales que pudieran contener las sentencias y dem谩s resoluciones dictadas en el seno del proceso, sin perjuicio de la aplicaci贸n en los dem谩s supuestos de lo establecido en el art铆culo 235 bis.
2. En todo caso ser谩 de aplicaci贸n lo dispuesto en la legislaci贸n de protecci贸n de datos de car谩cter personal al tratamiento que las partes lleven a cabo de los datos que les hubieran sido revelados en el desarrollo del proceso.
3. Podr谩n cederse al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, en lo que proceda, los datos tratados con fines jurisdiccionales que sean estrictamente necesarios para el ejercicio de las funciones de inspecci贸n y control establecidas en esta Ley.
4. Los datos tratados con fines no jurisdiccionales podr谩n cederse entre los 贸rganos jurisdiccionales o por 茅stos al Consejo General del Poder Judicial o al Ministerio de Justicia cuando ello est茅 justificado por la interposici贸n de un recurso o sea necesario para el ejercicio de las competencias que tengan legalmente atribuidas.
Art铆culo 236 sexies.
1. A los efectos previstos en la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, ser谩 responsable de los ficheros jurisdiccionales el 贸rgano jurisdiccional u Oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero, y dentro de 茅l decidir谩 quien tenga la competencia atribuida por la normativa vigente de acuerdo a la solicitud que se reciba del ciudadano.
Igualmente, ser谩 responsable de los ficheros no jurisdiccionales la Oficina judicial correspondiente al 贸rgano judicial con el que se relacionen los datos que a los mismos se incorporen.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera corresponder a quien hubiera sido, en su caso, causante de la comisi贸n de una infracci贸n en materia de protecci贸n de datos de car谩cter personal, a la que se refiere el art铆culo 46.2 de la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre.
3. En todo caso corresponder谩 al Letrado de la Administraci贸n de Justicia que se indique en el acuerdo de creaci贸n velar por la adopci贸n de las medidas que impidan la alteraci贸n, p茅rdida, tratamiento o acceso no deseado a los datos de car谩cter personal incorporados a los ficheros, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, ostentando aqu茅l la condici贸n de responsable de seguridad a los efectos previstos en la legislaci贸n de protecci贸n de datos de car谩cter personal.
Art铆culo 236 septies.
1. Los ficheros de datos de car谩cter personal de los Tribunales ser谩n creados, modificados o suprimidos por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, adoptado a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia u 贸rgano de la Administraci贸n competente en materia de Justicia correspondiente.
El acuerdo de creaci贸n, de modificaci贸n o de supresi贸n de los ficheros se ajustar谩 a lo dispuesto en la legislaci贸n vigente en materia de protecci贸n de datos de car谩cter personal y se publicar谩 en el «Bolet铆n Oficial del Estado» y, en su caso, en los diarios oficiales de las Comunidades Aut贸nomas.
2. Una vez publicado el acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial dar谩 traslado del mismo para su inscripci贸n en el Registro General de Protecci贸n de Datos de la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos.
Art铆culo 236 octies.
1. Las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificaci贸n, cancelaci贸n y oposici贸n en relaci贸n con los datos tratados con fines jurisdiccionales se tramitar谩n conforme a las normas que resulten de aplicaci贸n al proceso en que los datos fueron recabados, no siendo de aplicaci贸n las disposiciones establecidas al efecto por la legislaci贸n vigente en materia de protecci贸n de datos de car谩cter personal.
En todo caso se denegar谩 el acceso a los datos objeto de tratamiento con fines jurisdiccionales cuando las diligencias judiciales en que se haya recabado la informaci贸n hayan sido declaradas secretas o reservadas.
2. Trat谩ndose de datos sometidos a tratamiento con fines no jurisdiccionales, los interesados podr谩n ejercitar sus derechos de acceso, rectificaci贸n, cancelaci贸n y oposici贸n en los t茅rminos establecidos en la normativa vigente en materia de protecci贸n de datos de car谩cter personal, dirigiendo su solicitud ante el funcionario competente para decidir conforme a la normativa vigente que sea responsable del fichero al que se refiere el p谩rrafo segundo del apartado 1 del art铆culo 236 sexies.
Art铆culo 236 nonies.
1. Las competencias que la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, atribuye a la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos, ser谩n ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial.
2. Los tratamientos de datos llevados a cabo con fines no jurisdiccionales y sus correspondientes ficheros quedar谩n sometidos a la competencia de la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos, prestando el Consejo General del Poder Judicial a la misma la colaboraci贸n que al efecto precise.
El Consejo General del Poder Judicial podr谩 adoptar las medidas reglamentarias que estime necesarias para garantizar el cumplimiento, en los tratamientos de datos con fines no jurisdiccionales y los ficheros no jurisdiccionales, de las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente en materia de protecci贸n de datos de car谩cter personal.
3. Cuando con ocasi贸n de la realizaci贸n de actuaciones de investigaci贸n relacionadas con la posible comisi贸n de una infracci贸n de la normativa de protecci贸n de datos las autoridades competentes a las que se refieren los dos apartados anteriores apreciasen la existencia de indicios que supongan la competencia de la otra autoridad, dar谩n inmediatamente traslado a esta 煤ltima a fin de que prosiga con la tramitaci贸n del procedimiento.
Art铆culo 236 decies.
1. Los tratamientos de datos llevados a cabo por el Consejo General del Poder Judicial en el ejercicio de sus competencias quedar谩n sometidos a lo dispuesto en la legislaci贸n vigente en materia de protecci贸n de datos de car谩cter personal. Dichos tratamientos no ser谩n considerados en ning煤n caso realizados con fines jurisdiccionales.
2. Los ficheros de datos de car谩cter personal del Consejo General del Poder Judicial y de los 贸rganos integrantes del mismo ser谩n creados, modificados o suprimidos por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Secretar铆a General, que ostentar谩 la condici贸n de responsable del tratamiento respecto de los mismos.
Una vez publicado el acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial dar谩 traslado del mismo para su inscripci贸n en el Registro General de Protecci贸n de Datos de la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos.»
Treinta y siete
Se modifica el art铆culo 264, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 264.
1. Los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala se reunir谩n para la unificaci贸n de criterios y la coordinaci贸n de pr谩cticas procesales, especialmente en los casos en que los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala o Tribunal sostuvieren en sus resoluciones diversidad de criterios interpretativos en la aplicaci贸n de la ley en asuntos sustancialmente iguales. A esos efectos, el Presidente de la Sala o Tribunal respectivo, por s铆 o a petici贸n mayoritaria de sus miembros, convocar谩 Pleno jurisdiccional para que conozca de uno o varios de dichos asuntos al objeto de unificar el criterio.
2. Formar谩n parte de este Pleno todos los Magistrados de la Sala correspondiente que por reparto conozcan de la materia en la que la discrepancia se hubiera puesto de manifiesto.
3. En todo caso, quedar谩 a salvo la independencia de las Secciones para el enjuiciamiento y resoluci贸n de los distintos procesos de que conozcan, si bien deber谩n motivar las razones por las que se aparten del criterio acordado.»
Treinta y ocho
Se modifica el art铆culo 269, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 269.
1. Los Juzgados y Tribunales s贸lo podr谩n celebrar juicios o vistas de asuntos fuera de la poblaci贸n de su sede cuando as铆 lo autorice la ley.
2. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial, cuando las circunstancias o el buen servicio de la administraci贸n de justicia lo aconsejen, y a petici贸n de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, podr谩 disponer que los Juzgados y las Secciones o Salas de los Tribunales o Audiencias se constituyan en poblaci贸n distinta de su sede para despachar los asuntos correspondientes a un determinado 谩mbito territorial comprendido en la circunscripci贸n de aqu茅llos.
3. Igualmente, las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, previa determinaci贸n del n煤mero de causas que justifican los traslados de los Tribunales fuera de su sede y siempre que su desplazamiento venga justificado por una mejor administraci贸n de justicia, dispondr谩n que los Jueces de lo Penal, asistidos del Letrado de la Administraci贸n de Justicia, se constituyan para celebrar juicios orales en las ciudades donde tengan sede los Juzgados que hayan instruido las causas de las que les corresponde conocer. Los Juzgados de Instrucci贸n y los funcionarios que en ellos sirvieren prestar谩n en estos casos cuanta colaboraci贸n sea precisa.»
Treinta y nueve
Se modifica el art铆culo 276, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 276.
Las peticiones de cooperaci贸n internacional se tramitar谩n de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales, las normas de la Uni贸n Europea y las leyes espa帽olas que resulten de aplicaci贸n.»
Cuarenta
Se modifica el art铆culo 277 que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 277.
Los Juzgados y Tribunales espa帽oles prestar谩n a las autoridades judiciales extranjeras la cooperaci贸n que les soliciten para el desempe帽o de su funci贸n jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que Espa帽a sea parte, las normas de la Uni贸n Europea y las leyes espa帽olas sobre esta materia.»
Cuarenta y uno
Se modifica el art铆culo 278, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 278.
La prestaci贸n de cooperaci贸n internacional s贸lo ser谩 denegada por los Juzgados y Tribunales espa帽oles:
1.潞 Cuando el objeto o finalidad de la cooperaci贸n solicitada sea manifiestamente contrario al orden p煤blico.
2.潞 Cuando el proceso de que dimane la solicitud de cooperaci贸n sea de la exclusiva competencia de la jurisdicci贸n espa帽ola.
3.潞 Cuando el contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial espa帽ola requerida. En tal caso, 茅sta remitir谩 la solicitud a la autoridad judicial competente, informando de ello a la autoridad judicial requirente.
4.潞 Cuando la solicitud de cooperaci贸n internacional no re煤na el contenido y requisitos m铆nimos exigidos por las leyes para su tramitaci贸n.»
Cuarenta y dos
Se modifica el art铆culo 296, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 296.
1. Los da帽os y perjuicios causados por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones dar谩n lugar, en su caso, a responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administraci贸n de Justicia sin que, en ning煤n caso, puedan los perjudicados dirigirse directamente contra aqu茅llos.
2. Si los da帽os y perjuicios provinieren de dolo o culpa grave del Juez o Magistrado, la Administraci贸n General del Estado, una vez satisfecha la indemnizaci贸n al perjudicado, podr谩 exigir, por v铆a administrativa a trav茅s del procedimiento reglamentariamente establecido, al Juez o Magistrado responsable el reembolso de lo pagado sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que 茅ste pudiera incurrir, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.
El dolo o culpa grave del Juez o Magistrado se podr谩 reconocer en sentencia o en resoluci贸n dictada por el Consejo General del Poder Judicial conforme al procedimiento que 茅ste determine. Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderar谩n, entre otros, los siguientes criterios: el resultado da帽oso producido y la existencia o no de intencionalidad.»
Cuarenta y tres
Se suprime el art铆culo 297.
Cuarenta y cuatro
Se modifica el apartado 8 del art铆culo 301, que queda redactado como sigue:
«8. Tambi茅n se reservar谩 en la convocatoria un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempe帽o de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente. El ingreso de las personas con discapacidad en las Carreras judicial y fiscal se inspirar谩 en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminaci贸n y compensaci贸n de desventajas, procedi茅ndose, en su caso, a la adaptaci贸n de los procesos selectivos a las necesidades especiales y singularidades de estas personas, mediante las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en los procesos selectivos.
Asimismo, una vez superados dichos procesos, se proceder谩 a las adaptaciones y ajustes razonables para las necesidades de las personas con discapacidad de cualquier tipo en los puestos de trabajo y en el entorno laboral del centro o dependencia p煤blica donde desarrollen su actividad.»
Cuarenta y cinco
Se modifica el apartado 3 del art铆culo 329, que queda redactado como sigue:
«3. Los concursos para la provisi贸n de los Juzgados de Menores se resolver谩n en favor de quienes, ostentando la categor铆a de Magistrado y acreditando la correspondiente especializaci贸n en materia de menores en la Escuela Judicial, tengan mejor puesto en su escalaf贸n. En su defecto, se cubrir谩n por magistrados que hayan prestado al menos tres a帽os de servicio, dentro de los cinco anteriores a la fecha de la convocatoria, en la jurisdicci贸n de menores. A falta de 茅stos se cubrir谩n por el orden de antig眉edad establecido en el apartado 1.
Los que obtuvieran plaza, as铆 como los que la obtuvieran cuando las vacantes tuvieran que cubrirse por ascenso, deber谩n participar antes de tomar posesi贸n de su nuevo destino en las actividades de especializaci贸n en materia de menores y en materia de violencia de g茅nero que establezca el Consejo General del Poder Judicial.»
Cuarenta y seis
Se modifica el art铆culo 339, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 339.
El Presidente de la Audiencia Nacional y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando cesen en el cargo, quedar谩n adscritos, a su elecci贸n, al Tribunal o Audiencia en que cesen o a aqu茅l del que provinieran en su 煤ltimo destino, hasta la adjudicaci贸n de la plaza correspondiente del que hubieren elegido. Si hubieren agotado la totalidad del primer per铆odo para el que fueron nombrados, tendr谩n preferencia, adem谩s, durante los tres a帽os siguientes al cese, a cualquier plaza de su categor铆a de las que deben proveerse por concurso voluntario y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista.»
Cuarenta y siete
Se modifica el art铆culo 340, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 340.
Los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, los Presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia y los Presidentes de las Audiencias Provinciales que cesaren en su cargo quedar谩n adscritos, a su elecci贸n, al Tribunal o Audiencia en que cesen o a aqu茅l del que provinieran en su 煤ltimo destino, hasta la adjudicaci贸n de la plaza correspondiente del que hubieren elegido. Si hubieren agotado la totalidad del primer per铆odo para el que fueron nombrados, tendr谩n preferencia, adem谩s, durante los dos a帽os siguientes al cese, a cualquier plaza de su categor铆a de las que deben proveerse por concurso voluntario y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista.»
Cuarenta y ocho
Se a帽ade un nuevo art铆culo 344 bis, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 344 bis.
1. Los Magistrados procedentes del Cuerpo Jur铆dico Militar ser谩n nombrados para ocupar plazas en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo por real decreto, refrendado por el Ministro de Justicia y a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre Generales Consejeros Togados y Generales Auditores con aptitud para el ascenso en situaci贸n de servicio activo.
2. A efectos de motivaci贸n de la propuesta de nombramiento, el Consejo General del Poder Judicial solicitar谩 con car谩cter previo a los aspirantes una exposici贸n de sus m茅ritos en los t茅rminos de esta Ley, as铆 como al Ministerio de Defensa la documentaci贸n que en su caso considere necesaria.»
Cuarenta y nueve
Se modifica el art铆culo 347 bis, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 347 bis.
1 En cada Tribunal Superior de Justicia, y para el 谩mbito territorial de la provincia, se crear谩n las plazas de Jueces de adscripci贸n territorial que determine la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci贸n y de Planta Judicial.
2. Los Jueces de adscripci贸n territorial ejercer谩n sus funciones jurisdiccionales en las plazas que se encuentren vacantes, como refuerzo de 贸rganos judiciales o en aquellas plazas cuyo titular est茅 ausente por cualquier circunstancia.
La designaci贸n para estas funciones corresponder谩 al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del que dependan, que posteriormente dar谩 cuenta a la respectiva Sala de Gobierno.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia informar谩 al Consejo General del Poder Judicial de la situaci贸n y destinos de los Jueces de adscripci贸n territorial de su respectivo territorio.
3. En las Comunidades Aut贸nomas pluriprovinciales y cuando las razones del servicio lo requieran, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia podr谩 realizar llamamientos para 贸rganos judiciales de otra provincia perteneciente al 谩mbito territorial de dicho Tribunal.
4. Cuando el Juez de adscripci贸n territorial desempe帽e funciones de sustituci贸n, lo har谩 con plenitud de jurisdicci贸n en el 贸rgano correspondiente. Tambi茅n le corresponder谩 asistir a las Juntas de Jueces y dem谩s actos de representaci贸n del 贸rgano judicial en el que sustituya, en ausencia de su titular.
5. Cuando el Juez de adscripci贸n territorial ejerza funciones de refuerzo, corresponder谩 a la Sala de Gobierno fijar los objetivos de dicho refuerzo y el adecuado reparto de asuntos, previa audiencia del Juez de adscripci贸n y del titular o titulares del 贸rgano judicial reforzado.
6. Los desplazamientos del Juez de adscripci贸n territorial dar谩n lugar a las indemnizaciones que por raz贸n del servicio se determinen reglamentariamente.
7. En las Comunidades Aut贸nomas en las que exista m谩s de una lengua oficial o tengan Derecho civil propio se aplicar谩n, para la provisi贸n de estas plazas, las previsiones establecidas a tal efecto en la presente Ley.»
Cincuenta
Se modifica el apartado 1 y se a帽ade un apartado 3 al art铆culo 386, que quedan redactados como sigue:
«1. La jubilaci贸n por edad de los Jueces y Magistrados es forzosa y se decretar谩 con la antelaci贸n suficiente para que el cese en la funci贸n se produzca efectivamente al cumplir la edad de setenta a帽os.
No obstante, podr谩n solicitar con dos meses de antelaci贸n a dicho momento la prolongaci贸n de la permanencia en el servicio activo hasta que cumplan como m谩ximo setenta y dos a帽os de edad. Dicha solicitud vincular谩 al Consejo General del Poder Judicial quien solo podr谩 denegarla cuando el solicitante no cumpla el requisito de edad o cuando presentase la solicitud fuera del plazo indicado.»
«3. Los Jueces y Magistrados conservar谩n los honores y tratamientos correspondientes a la categor铆a alcanzada en el momento de la jubilaci贸n.»
Cincuenta y uno
Se suprimen los art铆culos 411, 412 y 413.
Cincuenta y dos
Se modifica el apartado 2 del art铆culo 416, que queda redactado como sigue:
«2. Las faltas muy graves prescribir谩n a los dos a帽os, las graves al a帽o y las leves a los seis meses.
El plazo de prescripci贸n comenzar谩 a contarse desde que la falta se hubiera cometido. No obstante, en el supuesto previsto en el art铆culo 417.5, el plazo de prescripci贸n se iniciar谩 a partir de la firmeza de la sentencia o de la resoluci贸n dictada por el Consejo General del Poder Judicial que declare la responsabilidad civil del Juez o Magistrado.»
Cincuenta y tres
Se modifica el n煤mero 5 del art铆culo 417, que queda redactado como sigue:
«5. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar, en sentencia firme o en resoluci贸n firme dictada por el Consejo General del Poder Judicial, a una declaraci贸n de responsabilidad civil contra铆da en el ejercicio de la funci贸n por dolo o culpa grave conforme al apartado 2 del art铆culo 296.»
Cincuenta y cuatro
Se modifica el apartado 2 del art铆culo 420, que queda redactado como sigue:
«2. Las faltas leves s贸lo podr谩n sancionarse con advertencia o multa de hasta 500 euros o con ambas; las graves con multa de 501 a 6.000 euros, y las muy graves con suspensi贸n, traslado forzoso o separaci贸n.»
Se modifica el apartado 3 del art铆culo 438, que queda redactado como sigue:
«3. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Aut贸nomas en sus respectivos territorios ser谩n competentes para el dise帽o, creaci贸n y organizaci贸n de los servicios comunes procesales, con funciones de registro y reparto, actos de comunicaci贸n, auxilio judicial, ejecuci贸n de resoluciones judiciales, jurisdicci贸n voluntaria, mediaci贸n y ordenaci贸n del procedimiento. Las Salas de Gobierno y las Juntas de Jueces podr谩n solicitar al Ministerio y a las Comunidades Aut贸nomas la creaci贸n de servicios comunes, conforme a las espec铆ficas necesidades.
Asimismo, podr谩n crear servicios comunes procesales que asuman otras funciones distintas a las relacionadas en este n煤mero, en cuyo caso ser谩 preciso el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial.»
Cincuenta y seis
Se modifica el art铆culo 440, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 440.
Los Letrados de la Administraci贸n de Justicia son funcionarios p煤blicos que constituyen un Cuerpo Superior Jur铆dico, 煤nico, de car谩cter nacional, al servicio de la Administraci贸n de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el car谩cter de autoridad, ostentando la direcci贸n de la Oficina judicial.»
Cincuenta y siete
Se modifica el art铆culo 441, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 441.
1. Los puestos de trabajo cuyo desempe帽o est茅 reservado al Cuerpo de Letrados de la Administraci贸n de Justicia, se clasifican en tres categor铆as, teniendo lugar el ingreso en el mismo por la tercera categor铆a.
2. Todo Letrado de la Administraci贸n de Justicia poseer谩 una categor铆a personal.
La consolidaci贸n de la categor铆a personal exige el desempe帽o de puestos de trabajo correspondientes a dicha categor铆a al menos durante cinco a帽os continuados o siete con interrupci贸n.
3. No se podr谩 comenzar a consolidar una categor铆a superior sin previamente haber consolidado la inferior, si bien el tiempo de desempe帽o de un puesto de categor铆a superior ser谩 computable a efectos de la consolidaci贸n de la inferior.
4. No ser谩 posible utilizar el mismo periodo de tiempo para consolidar categor铆as diferentes.
5. En ning煤n caso un Letrado de la Administraci贸n de Justicia de la tercera categor铆a podr谩 optar a una plaza de la primera.
6. La categor铆a consolidada solo opera como garant铆a de la percepci贸n del sueldo correspondiente a la misma, cuando se ocupe un puesto de inferior categor铆a.
7. El Ministerio de Justicia establecer谩 los tres grupos en los que se clasificar谩n los puestos de trabajo a desempe帽ar por los Letrados de la Administraci贸n de Justicia.»
Cincuenta y ocho
Se modifica el apartado 2 del art铆culo 442, que queda redactado como sigue:
«2. Se reservar谩 el treinta por ciento de las plazas vacantes para su provisi贸n, previa autorizaci贸n por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones P煤blicas, por promoci贸n interna mediante el sistema de concurso-oposici贸n por los funcionarios de carrera del Cuerpo de Gesti贸n Procesal y Administrativa que lleven, al menos, dos a帽os de servicios efectivos en el mismo. A estos efectos se computar谩n los servicios prestados en el Cuerpo de Oficiales de la Administraci贸n de Justicia del que, en su caso, procedan.
Las restantes vacantes, acrecentadas por las que no se cubran por promoci贸n interna, si las hubiere, se cubrir谩n en turno libre mediante oposici贸n o, en su caso, concurso-oposici贸n, siempre con sujeci贸n a las previsiones presupuestarias vigentes en materia de oferta de empleo p煤blico.
De no existir oferta de empleo p煤blico, el Ministerio de Justicia, con car谩cter extraordinario y previa autorizaci贸n del Ministerio de Hacienda y Administraciones P煤blicas, podr谩 convocar un proceso de promoci贸n interna espec铆fico cuando las circunstancias en la Administraci贸n de Justicia lo aconsejen. El n煤mero de plazas convocadas por este sistema no podr谩 ser superior al quince por ciento de las plazas vacantes. En este caso, las plazas que no se cubran no podr谩n ofertarse para que lo sean por turno libre.»
Cincuenta y nueve
Se modifica el apartado 1 del art铆culo 443, que queda redactado como sigue:
«1. El ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administraci贸n de Justicia se produce por el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Reunir los requisitos y cumplir las condiciones exigidas en la convocatoria.
b) Superaci贸n de los procesos selectivos.
c) Nombramiento expedido por el Ministro de Justicia y publicado en el «Bolet铆n Oficial del Estado».
d) Juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo y guardar y hacer guardar la Constituci贸n como norma fundamental.
e) Toma de posesi贸n dentro del plazo establecido.»
Sesenta
Se a帽ade un nuevo art铆culo 443 bis, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 443 bis.
El Ministerio de Justicia aprobar谩 cada a帽o el escalaf贸n del Cuerpo de Letrados de la Administraci贸n de Justicia, que se publicar谩 en el "Bolet铆n Oficial del Estado" y comprender谩 los datos personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente.»
Sesenta y uno
Se modifica el art铆culo 444, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 444.
1. Los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administraci贸n de Justicia tendr谩n iguales derechos individuales, colectivos y deberes, que los establecidos en el Libro VI de esta Ley, rigiendo con car谩cter supletorio lo dispuesto en el Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico y el resto de la normativa estatal sobre funci贸n p煤blica.
2. Sin perjuicio de su desarrollo y concreci贸n en el reglamento org谩nico, se reconocen los siguientes derechos profesionales:
a) Libranzas, en aquellos casos en que se preste una dedicaci贸n o servicio no retribuido, en los t茅rminos que se determinen reglamentariamente.
b) Especializaci贸n profesional en aquellos 谩mbitos, 贸rdenes y materias que reglamentariamente se determinen.
c) Libre asociaci贸n profesional.
d) A que sus asociaciones profesionales sean o铆das en todas aquellas materias que afecten a su estatuto org谩nico.
3. El r茅gimen establecido en los apartados anteriores ser谩 aplicable a los Letrados de la Administraci贸n de Justicia sustitutos, en la medida en que la naturaleza del derecho lo permita.»
Sesenta y dos
Se modifica el apartado 1 del art铆culo 445, que queda redactado como sigue:
«1. Las situaciones administrativas en que se puedan hallar los Letrados de la Administraci贸n de Justicia, as铆 como su jubilaci贸n, ser谩n iguales y proceder谩 su declaraci贸n en los supuestos y con los efectos establecidos en esta Ley Org谩nica para Jueces y Magistrados.
No obstante, los Letrados de la Administraci贸n de Justicia que se presenten como candidatos para acceder a cargos p煤blicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut贸nomas o Corporaciones locales, podr谩n ser dispensados, previa solicitud, de la prestaci贸n del servicio en sus respectivas oficinas judiciales, durante el tiempo de duraci贸n de la campa帽a electoral. Este permiso podr谩 ser concedido por el Secretario General de la Administraci贸n de Justicia.
Asimismo, podr谩n hallarse en situaci贸n de servicios especiales los Letrados de la Administraci贸n de Justicia que sean designados Encargados del Registro Civil conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil y sus normas de desarrollo.»
Sesenta y tres
Se modifica el art铆culo 446, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 446.
1. Los Letrados de la Administraci贸n de Justicia deber谩n abstenerse en los casos establecidos para los Jueces y Magistrados y, si no lo hicieran, podr谩n ser recusados.
2. La abstenci贸n se formular谩 por escrito motivado dirigido al Secretario Coordinador Provincial, quien decidir谩 la cuesti贸n.
En caso de confirmarse la abstenci贸n, el Letrado de la Administraci贸n de Justicia que se haya abstenido debe ser reemplazado por su sustituto legal; en caso de denegarse, deber谩 aqu茅l continuar actuando en el asunto.
3. Ser谩n aplicables a la recusaci贸n de los Letrados de la Administraci贸n de Justicia las prescripciones que establece esta Ley para Jueces y Magistrados en el art铆culo 223, con las siguientes excepciones:
a) Los Letrados de la Administraci贸n de Justicia no podr谩n ser recusados durante la pr谩ctica de cualquier diligencia o actuaci贸n de que estuvieren encargados.
b) La pieza de recusaci贸n se resolver谩 por el Secretario de Gobierno.
c) Presentado el escrito de recusaci贸n, el Letrado de la Administraci贸n de Justicia recusado informar谩 detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y leg铆tima la causa alegada.
d) Cuando el recusado reconozca como cierta la causa de la recusaci贸n, el Secretario de Gobierno le tendr谩 por recusado mediante decreto, si estima que la causa es legal. Si estima que la causa no es de las tipificadas en la ley, declarar谩 no haber lugar a la recusaci贸n. Contra el decreto sobre recusaci贸n no se dar谩 recurso alguno.
e) Cuando el recusado niegue la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusaci贸n, el instructor, si admitiere a tr谩mite la recusaci贸n propuesta, ordenar谩 la pr谩ctica, en el plazo de diez d铆as, de la prueba solicitada que sea pertinente y la que estime necesaria, d谩ndose traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para informe por plazo de tres d铆as. Transcurrido ese plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, se decidir谩 la recusaci贸n dentro de los cinco d铆as siguientes. Contra dicha resoluci贸n no cabr谩 recurso alguno.
f) El Letrado de la Administraci贸n de Justicia recusado, desde el momento en que sea presentado el escrito de recusaci贸n, ser谩 reemplazado por su sustituto legal.»
Sesenta y cuatro
Se modifica el primer p谩rrafo del apartado 5 del art铆culo 447, que queda redactado como sigue:
«5. Los Letrados de la Administraci贸n de Justicia sustitutos percibir谩n las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo desempe帽ado.»
Sesenta y cinco
Se modifica el apartado 1 del art铆culo 450, que queda redactado como sigue:
«1. La provisi贸n de puestos de trabajo se llevar谩 a cabo por el procedimiento de concurso, que ser谩 el sistema ordinario de provisi贸n.
Cuando se trate de puestos de car谩cter directivo o de especial responsabilidad, podr谩n cubrirse por el procedimiento de libre designaci贸n.
Los puestos de trabajo de Letrado de la Administraci贸n de Justicia en el Tribunal Supremo se cubrir谩n por el sistema de libre designaci贸n entre aquellos candidatos que pertenezcan a la primera o segunda categor铆a, con una antig眉edad de al menos veinte a帽os en una de ellas o entre ambas y quince a帽os de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente.
El nombramiento de Letrados de la Administraci贸n de Justicia para puestos de trabajo radicados en el 谩mbito territorial de una Comunidad Aut贸noma con competencias asumidas, que hayan de cubrirse por este procedimiento, requerir谩 el informe previo del 贸rgano competente de dicha Comunidad. En todo caso, el sistema de provisi贸n deber谩 estar determinado en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.»
Sesenta y seis
Se modifica el art铆culo 451, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 451.
1. Las suplencias por ausencia, enfermedad, suspensi贸n o vacante de Letrados de la Administraci贸n de Justicia ser谩n cubiertas por quien designe su inmediato superior jer谩rquico.
2. Esta designaci贸n deber谩 recaer en otro Letrado de la Administraci贸n de Justicia, que se denominar谩 Letrado suplente. A tal efecto los Secretarios de Gobierno elaborar谩n una relaci贸n de los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administraci贸n de Justicia que voluntariamente quieran participar en los planes anuales de suplencias. De no existir voluntario, se designar谩, con car谩cter forzoso, al suplente ordinario que se designe conforme a lo previsto en el n煤mero anterior. Los llamamientos que tengan lugar conforme a lo establecido en este precepto ser谩n retribuidos en los casos y cuant铆a que se determinen reglamentariamente.
3. Excepcionalmente, cuando no hubiera suficiente n煤mero de Letrados de la Administraci贸n de Justicia, en los supuestos de entradas y registros en lugares cerrados acordados por un 煤nico 贸rgano judicial de la Audiencia Nacional y que deban ser realizados de forma simult谩nea, podr谩n los funcionarios del Cuerpo de Gesti贸n Procesal y Administrativa, en sustituci贸n del Letrado de la Administraci贸n de Justicia, intervenir en calidad de fedatarios y levantar la correspondiente acta.
4. Cuando no fuera posible proceder a la suplencia conforme a lo previsto en los apartados 1 y 2, y exista disponibilidad presupuestaria, podr谩 procederse al nombramiento de un Letrado de la Administraci贸n de Justicia sustituto, siempre que cumpla los requisitos de titulaci贸n exigidos para el ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administraci贸n de Justicia.
5. A los Letrados de la Administraci贸n de Justicia sustitutos se les aplicar谩 el mismo r茅gimen jur铆dico que a los titulares, en la medida en que su naturaleza lo permita, quedando integrados en el R茅gimen General de la Seguridad Social.
6. De existir funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Gesti贸n Procesal y Administrativa incluidos en la correspondiente bolsa, ser谩n llamados como Letrados de la Administraci贸n de Justicia sustitutos con preferencia sobre el resto de sustitutos, manteniendo su inclusi贸n obligatoria tanto en el r茅gimen de la Seguridad Social que resulte aplicable como en el Mutualismo Judicial.»
Sesenta y siete
Se modifica el art铆culo 455, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 455.
Ser谩 responsabilidad del Letrado de la Administraci贸n de Justicia organizar la daci贸n de cuenta, que se realizar谩 en los t茅rminos establecidos en las leyes procesales.»
Se modifica el art铆culo 456, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 456.
1. El Letrado de la Administraci贸n de Justicia impulsar谩 el proceso en los t茅rminos que establecen las leyes procesales.
2. A tal efecto, dictar谩 las resoluciones necesarias para la tramitaci贸n del proceso, salvo aqu茅llas que las leyes procesales reserven a Jueces o Tribunales. Estas resoluciones se denominar谩n diligencias, que podr谩n ser de ordenaci贸n, de constancia, de comunicaci贸n o de ejecuci贸n.
3. Se llamar谩 decreto a la resoluci贸n que dicte el Letrado de la Administraci贸n de Justicia con el fin de admitir la demanda, poner t茅rmino al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso o conveniente razonar su decisi贸n. Ser谩 siempre motivado y contendr谩, en p谩rrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa.
4. Las diligencias de ordenaci贸n y los decretos ser谩n recurribles en los casos y formas previstos en las leyes procesales.
5. Las resoluciones de car谩cter gubernativo de los Letrados de la Administraci贸n de Justicia se denominar谩n acuerdos.
6. Los Letrados de la Administraci贸n de Justicia, cuando as铆 lo prevean las leyes procesales, tendr谩n competencias en las siguientes materias:
a) Ejecuci贸n, salvo aquellas competencias que except煤en las leyes procesales por estar reservadas a Jueces y Magistrados.
b) Jurisdicci贸n voluntaria, asumiendo su tramitaci贸n y resoluci贸n, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer.
c) Conciliaci贸n, llevando a cabo la labor mediadora que les sea propia.
d) Tramitaci贸n y, en su caso, resoluci贸n de los procedimientos monitorios.
e) Mediaci贸n.
f) Cualesquiera otras que expresamente se prevean.»
Sesenta y nueve
Se modifica el apartado 2 del art铆culo 458, que queda redactado como sigue:
«2. Por real decreto se establecer谩n las normas reguladoras de la ordenaci贸n y archivo de autos y expedientes que no estuviesen pendientes de actuaci贸n alguna, as铆 como del expurgo de los archivos judiciales.
Con car谩cter general se proceder谩 a la destrucci贸n de autos y expedientes judiciales transcurridos seis a帽os desde la firmeza de la resoluci贸n que de manera definitiva puso t茅rmino al procedimiento que dio lugar a la formaci贸n de aqu茅llos. Se except煤an de lo anterior aqu茅llos formados para la instrucci贸n de causas penales seguidas por delito, as铆 como los supuestos que reglamentariamente pudiesen ser contemplados, especialmente en atenci贸n al valor cultural, social o hist贸rico de lo archivado.
Previamente, el Letrado de la Administraci贸n de Justicia conceder谩 audiencia por un tiempo no inferior a quince d铆as a las partes que estuvieron personadas para que interesen, en su caso, el desglose de aquellos documentos originales que hubiesen aportado o ejerciten los derechos que esta Ley les reconoce en los art铆culos 234 y 235.»
Setenta
Se modifica el apartado 3 del art铆culo 461, que queda redactado como sigue:
«3. La Comisi贸n Nacional de Estad铆stica Judicial, integrada por el Ministerio de Justicia, una representaci贸n de las Comunidades Aut贸nomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscal铆a General del Estado, aprobar谩 los planes estad铆sticos, generales y especiales, de la Administraci贸n de Justicia y establecer谩 criterios uniformes que, en su caso, tengan en cuenta la perspectiva de g茅nero y la variable de sexo, y sean de obligado cumplimiento para todos sobre la obtenci贸n, tratamiento inform谩tico, transmisi贸n y explotaci贸n de los datos estad铆sticos del sistema judicial espa帽ol.
La estructura, composici贸n y funciones de la Comisi贸n Nacional de Estad铆stica Judicial ser谩n establecidas reglamentariamente por el Gobierno, mediante real decreto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, del Fiscal General del Estado, de la Agencia de Protecci贸n de Datos y de las Comunidades Aut贸nomas con competencias en la materia.
Los sistemas inform谩ticos de gesti贸n procesal de la Administraci贸n de Justicia permitir谩n en todo caso la extracci贸n automatizada de la totalidad de los datos exigidos en los correspondientes boletines estad铆sticos.»
Setenta y uno
Se modifica el apartado 2 del art铆culo 463, que queda redactado como sigue:
«2. Los 贸rganos superiores de gobierno del Cuerpo de Letrados de la Administraci贸n de Justicia son, por orden jer谩rquico, los siguientes:
a) El Secretario General de la Administraci贸n de Justicia.
b) Los Secretarios de Gobierno.
c) Los Secretarios Coordinadores Provinciales.»
Setenta y dos
Se modifican los apartados 3 y 5 del art铆culo 464, que quedan redactados como sigue:
«3. Ser谩 nombrado y removido libremente por el Ministerio de Justicia. Dicho nombramiento se realizar谩 a propuesta del 贸rgano competente de las Comunidades Aut贸nomas cuando 茅stas tuvieren competencias asumidas en materia de Administraci贸n de Justicia, que tambi茅n podr谩n proponer su cese.
En todo caso para su nombramiento se recabar谩 informe sobre el candidato que ha de ser nombrado por el Ministerio de Justicia, de la Sala de Gobierno del Tribunal respectivo as铆 como del Consejo del Secretariado. Para el de las Ciudades de Ceuta y Melilla el informe ser谩 emitido por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a.
No se podr谩 ocupar m谩s de diez a帽os el mismo puesto de Secretario de Gobierno.»
«5. A los Letrados de la Administraci贸n de Justicia que sean nombrados Secretarios de Gobierno se les reservar谩, durante el tiempo que ocuparen dicho cargo, la plaza que vinieren ocupando con anterioridad a dicho nombramiento.
Durante su mandato, dicha plaza podr谩 ser cubierta en r茅gimen de comisi贸n de servicios.»
Setenta y tres
Se modifican los apartados 9 y 10 y se a帽aden los apartados 11 y 12 al art铆culo 465, que quedan redactados como sigue:
«9. Concesi贸n de permisos y licencias a los Letrados de la Administraci贸n de Justicia de su territorio, pudiendo delegar en el Secretario Coordinador.
10. Conocer de los incidentes de recusaci贸n de los Letrados de la Administraci贸n de Justicia.
11. Elaborar los planes anuales de suplencias de Letrados de la Administraci贸n de Justicia y proponer al Ministerio de Justicia la lista de candidatos considerados id贸neos para ejercer como Letrados de la Administraci贸n de Justicia sustitutos en el 谩mbito territorial de cada Comunidad Aut贸noma.
12. Las dem谩s previstas en el reglamento org谩nico del Cuerpo de Letrados de la Administraci贸n de Justicia.»
Setenta y cuatro
Se modifican los apartados 1 y 4 del art铆culo 466, que quedan redactados como sigue:
«1. En cada provincia existir谩 un Secretario Coordinador, nombrado por el Ministerio de Justicia por el procedimiento de libre designaci贸n, a propuesta del Secretario de Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Aut贸nomas con competencias asumidas, de entre todos aquellos que se presenten a la convocatoria p煤blica.
Antes del nombramiento se oir谩 al Consejo del Secretariado sobre el candidato que ha de ser nombrado por el Ministerio de Justicia.
Adem谩s, en la Comunidad Aut贸noma de Illes Balears habr谩 un Secretario Coordinador en las islas de Menorca e Ibiza, y en la Comunidad Aut贸noma de Canarias, otro en las islas de Lanzarote y de La Palma.
En las Comunidades Aut贸nomas uniprovinciales, las funciones del Secretario Coordinador ser谩n asumidas por el Secretario de Gobierno, salvo en aquellas que, por raz贸n del servicio, sea aconsejable su existencia.
No se podr谩 ocupar m谩s de diez a帽os el mismo puesto de Secretario Coordinador.»
«4. A los Letrados de la Administraci贸n de Justicia que sean nombrados Secretarios Coordinadores se les reservar谩, durante el tiempo que ocuparen dicho cargo, la plaza que vinieren ocupando con anterioridad a dicho nombramiento.
Durante su mandato, dicha plaza podr谩 ser cubierta en r茅gimen de comisi贸n de servicios.»
Setenta y cinco
Se modifican los apartados 7 y 8 y se a帽aden nuevos apartados 9 y 10 al art铆culo 467, quedando redactados como sigue:
«7. Resolver las suplencias y sustituciones de los Letrados de la Administraci贸n de Justicia de su 谩mbito.
8. Resolver los incidentes de abstenci贸n de los Letrados de la Administraci贸n de Justicia que de 茅l dependan de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
9. Conceder, por delegaci贸n del Secretario de Gobierno, los permisos y licencias a los Letrados de la Administraci贸n de Justicia de su territorio.
10. Las dem谩s que establezcan las leyes y su propio reglamento org谩nico.»
Setenta y seis
Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del art铆culo 468, que quedan redactados como sigue:
«1. Los Letrados de la Administraci贸n de Justicia estar谩n sujetos a responsabilidad disciplinaria, en los supuestos y de acuerdo con los principios que se establecen en este Libro.
2. No podr谩 imponerse sanci贸n por la comisi贸n de una falta grave o muy grave, sino en virtud de expediente disciplinario instruido al efecto, mediante el procedimiento que se establezca en el reglamento org谩nico del Cuerpo de Letrados de la Administraci贸n de Justicia que se dicte en desarrollo de esta Ley.
Para la imposici贸n de sanciones por faltas leves, no ser谩 preceptiva la previa instrucci贸n del expediente, salvo el tr谩mite de audiencia al interesado.
Adem谩s de los autores, ser谩n responsables disciplinariamente los superiores que teniendo conocimiento de los hechos, los consintieren, as铆 como quienes indujeran o encubrieran las faltas muy graves y graves cuando de dichos actos se deriven graves da帽os para la Administraci贸n o los ciudadanos.
3. Las Comunidades Aut贸nomas con competencias asumidas podr谩n poner en conocimiento de los superiores jer谩rquicos de los Letrados de la Administraci贸n de Justicia con destino en oficinas judiciales radicadas en su territorio, aquellas conductas de los mismos que puedan ir en detrimento del deber de colaboraci贸n establecido en esta Ley Org谩nica con las Comunidades Aut贸nomas.
La autoridad competente para la incoaci贸n y tramitaci贸n de los expedientes disciplinarios dar谩 cuenta a aqu茅llas de las decisiones que se adopten.»
Setenta y siete
Se a帽ade un nuevo art铆culo 468 bis, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 468 bis.
Las faltas podr谩n ser muy graves, graves y leves.
1. Se consideran faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constituci贸n en el ejercicio de la funci贸n p煤blica.
b) Toda actuaci贸n que suponga discriminaci贸n por raz贸n de nacimiento, origen racial o 茅tnico, g茅nero, sexo u orientaci贸n sexual, religi贸n o convicciones, opini贸n, discapacidad, edad o cualquier otra condici贸n o circunstancia personal o social.
c) El abandono del servicio.
d) La adopci贸n de acuerdos o resoluciones manifiestamente ilegales, cuando se cause perjuicio grave al inter茅s p煤blico o lesionen derechos fundamentales de los ciudadanos.
e) La revelaci贸n o utilizaci贸n por el Letrado de la Administraci贸n de Justicia de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su funci贸n o con ocasi贸n de 茅sta, cuando se cause perjuicio a la tramitaci贸n de un proceso o a cualquier persona.
f) La utilizaci贸n indebida de la documentaci贸n o informaci贸n a que tengan o hayan tenido acceso por raz贸n de su cargo o funci贸n.
g) La negligencia en la custodia de documentos que d茅 lugar a su difusi贸n o conocimiento indebido.
h) El retraso, la desatenci贸n o el incumplimiento reiterados de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
i) La utilizaci贸n de las facultades que tenga atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y 谩mbito.
j) El incumplimiento grave de las decisiones judiciales cuya ejecuci贸n tengan encomendadas.
k) La desobediencia grave o reiterada a las 贸rdenes o instrucciones verbales o escritas de un superior emitidas por 茅ste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.
l) La utilizaci贸n de la condici贸n de Letrado de la Administraci贸n de Justicia para la obtenci贸n de un beneficio indebido para s铆 o para un tercero.
m) La realizaci贸n de actividades declaradas incompatibles por ley.
n) La inobservancia del deber de abstenci贸n, a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas.
o) Los actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades p煤blicas y de los derechos sindicales.
p) El incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
q) El acoso sexual.
r) La agresi贸n grave a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus funciones.
s) La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados o al servicio.
t) Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaraci贸n de responsabilidad civil contra铆da en el ejercicio de la funci贸n por dolo o culpa grave.
u) La comisi贸n de una falta grave cuando hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido canceladas o procedido la cancelaci贸n de las anotaciones correspondientes.
2. Se consideran faltas graves:
a) La desobediencia expresa a las 贸rdenes o instrucciones de un superior, emitidas por 茅ste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.
b) El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecuci贸n les ha sido encomendada, cuando no constituya falta muy grave.
c) La arbitrariedad en el uso de autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando no constituya falta muy grave.
d) La negligencia en la custodia de documentos, as铆 como la utilizaci贸n indebida de los mismos o de la informaci贸n que conozcan por raz贸n del cargo, cuando tales conductas no constituyan falta muy grave.
e) La tercera falta injustificada de asistencia en un per铆odo de tres meses.
f) La negligencia, la desatenci贸n o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no constituya falta muy grave.
g) El ejercicio de cualquier actividad susceptible de compatibilidad, conforme a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones p煤blicas, sin obtener la pertinente autorizaci贸n o habi茅ndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.
h) La falta de consideraci贸n grave con los superiores, iguales o subordinados, as铆 como con los profesionales o ciudadanos.
i) Causar da帽o grave en los documentos o material de trabajo, as铆 como en los locales destinados a la prestaci贸n del servicio.
j) La utilizaci贸n inadecuada de los medios inform谩ticos y materiales empleados en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para su utilizaci贸n, as铆 como la indebida utilizaci贸n de las claves de acceso a los sistemas inform谩ticos.
k) Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
l) Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda al personal que integre su oficina, cuando conocieran o debieran conocer el incumplimiento grave por los mismos de los deberes que les correspondan.
m) Obstaculizar las labores de inspecci贸n.
n) Promover su abstenci贸n de forma claramente injustificada.
o) El reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada.
p) La comisi贸n de una falta de car谩cter leve, habiendo sido sancionado anteriormente por resoluci贸n firme por otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelaci贸n de las correspondientes anotaciones.
3. Se consideran faltas leves:
a) La falta de consideraci贸n con los superiores, iguales o subordinados, as铆 como con los profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infracci贸n m谩s grave.
b) El incumplimiento de los deberes propios de su cargo o puesto de trabajo o la negligencia en su desempe帽o, siempre que tales conductas no constituyan infracci贸n m谩s grave.
c) La desatenci贸n o retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, cuando no constituya falta m谩s grave.
d) La ausencia injustificada por un d铆a.
e) El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada cuando no constituya falta grave.»
Setenta y ocho
Se a帽ade un nuevo art铆culo 468 ter, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 468 ter.
1 En la imposici贸n de sanciones por los 贸rganos competentes deber谩 observarse la debida adecuaci贸n o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracci贸n y la sanci贸n aplicada, consider谩ndose especialmente los siguientes criterios para la graduaci贸n de la sanci贸n a aplicar:
a) Intencionalidad.
b) Perjuicio causado a la Administraci贸n o a los ciudadanos.
c) Grado de participaci贸n en la comisi贸n de la falta.
d) Reiteraci贸n o reincidencia.»
Setenta y nueve
Se a帽ade un nuevo art铆culo 468 qu谩ter, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 468 qu谩ter.
1. Las sanciones que se pueden imponer a los Letrados de la Administraci贸n de Justicia por las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo son:
a) Apercibimiento.
b) Multa de hasta 3.000 euros.
c) Suspensi贸n de empleo y sueldo.
d) Traslado forzoso fuera del municipio de destino.
e) Separaci贸n del servicio.
f) Cese en el puesto de trabajo.
2. Las sanciones previstas en las letras c) y d) del apartado anterior podr谩n imponerse por la comisi贸n de faltas graves y muy graves, gradu谩ndose su duraci贸n en funci贸n de las circunstancias que concurran en el hecho objeto de sanci贸n.
La sanci贸n de separaci贸n de servicio s贸lo podr谩 imponerse por faltas muy graves.
La suspensi贸n de funciones impuesta por la comisi贸n de una falta muy grave no podr谩 ser superior a tres a帽os ni inferior a un a帽o. Si se impone por falta grave, no exceder谩 de un a帽o.
Los Letrados de la Administraci贸n de Justicia a los que se sancione con traslado forzoso no podr谩n obtener nuevo destino en el municipio de origen durante tres a帽os, cuando hubiese sido impuesta por falta muy grave, y durante uno, cuando hubiera correspondido a la comisi贸n de una falta grave.
La sanci贸n de cese en el puesto de trabajo s贸lo ser谩 aplicable a los Letrados de la Administraci贸n de Justicia suplentes por comisi贸n de faltas graves o muy graves.
La sanci贸n de multa solo podr谩 imponerse por la comisi贸n de faltas graves.
La sanci贸n de apercibimiento s贸lo podr谩 imponerse por la comisi贸n de faltas leves.»
Ochenta
Se suprime el apartado 2 y se modifica el apartado 3 del art铆culo 469 que pasa a ser apartado 2 y queda redactado como sigue:
«2. Para la imposici贸n de las sanciones ser谩n competentes:
a) El Secretario General de la Administraci贸n de Justicia, el Secretario de Gobierno y el Secretario Coordinador Provincial, para la sanci贸n de apercibimiento respecto de quienes dependiesen de ellos.
b) El Secretario General de la Administraci贸n de Justicia, para la sanci贸n de multa.
c) El Ministro de Justicia, para la sanci贸n de suspensi贸n, traslado forzoso, separaci贸n del servicio y cese en el puesto de trabajo.»
Ochenta y uno
Se a帽ade un nuevo art铆culo 469 bis, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 469 bis.
1. Las faltas muy graves prescribir谩n a los dos a帽os, las graves al a帽o y las leves a los seis meses.
2. El plazo de prescripci贸n comenzar谩 a contarse desde que la falta se haya cometido.
En los casos en los que un mismo hecho d茅 lugar a la apertura de causa penal y a procedimiento disciplinario, los plazos de prescripci贸n de la falta disciplinaria no comenzar谩n a computarse sino desde la conclusi贸n de la causa penal.
3. El plazo de prescripci贸n se interrumpir谩 en el momento de notificaci贸n del acuerdo de iniciaci贸n del expediente disciplinario, volviendo a computarse el plazo si el procedimiento permaneciera paralizado durante m谩s de dos meses por causas no imputables al expedientado.
4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribir谩n a los dos a帽os; las impuestas por faltas graves al a帽o, y las impuestas por faltas leves a los seis meses. El plazo de prescripci贸n comenzar谩 a computarse desde el d铆a siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resoluci贸n en que se imponga la sanci贸n.»
Ochenta y dos
Se modifica el apartado 1 del art铆culo 470, que queda redactado como sigue:
«1. Este Libro tiene por objeto la determinaci贸n del estatuto jur铆dico, de conformidad con lo previsto en el art铆culo 122 de la Constituci贸n Espa帽ola, de los funcionarios que integran los Cuerpos de M茅dicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses, de Gesti贸n Procesal y Administrativa, de T茅cnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses, de Tramitaci贸n Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses.»
Ochenta y tres
Se modifica el tercer p谩rrafo del apartado b) del art铆culo 475, que queda redactado como sigue:
«El Cuerpo de M茅dicos Forenses. Para el acceso al Cuerpo de M茅dicos Forenses se exige estar en posesi贸n de los t铆tulos oficiales de Licenciado o Graduado en Medicina y de especialista en Medicina Forense.»
Ochenta y cuatro
Se modifica el art铆culo 476, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 476.
1. Corresponde al Cuerpo de Gesti贸n Procesal y Administrativa colaborar en la actividad procesal de nivel superior, as铆 como la realizaci贸n de tareas procesales propias.
Con car谩cter general y bajo el principio de jerarqu铆a, y sin perjuicio de las funciones concretas del puesto de trabajo que desempe帽en, le corresponde:
a) Gestionar la tramitaci贸n de los procedimientos, de la que dar谩 cuenta al Letrado de la Administraci贸n de Justicia, en particular cuando determinados aspectos exijan una interpretaci贸n de ley o de normas procesales, sin perjuicio de informar al titular del 贸rgano judicial cuando fuera requerido para ello.
b) Practicar y firmar las comparecencias que efect煤en las partes en relaci贸n con los procedimientos que se sigan en el 贸rgano judicial, respecto a las cuales tendr谩 capacidad de certificaci贸n.
c) Documentar los embargos, lanzamientos y dem谩s actos cuya naturaleza lo requiera, con el car谩cter y representaci贸n que le atribuyan las leyes, salvo que el Letrado de la Administraci贸n de Justicia considere necesaria su intervenci贸n, ostentando en dichos actos la consideraci贸n de agente de la autoridad.
d) Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que no constituyan prueba en el mismo, a fin de garantizar su debida constancia y posterior tramitaci贸n, dando cuenta de ello, a tal efecto, a la autoridad superior, as铆 como elaborar notas, que podr谩n ser de referencia, de resumen de los autos y de examen del tr谩mite a que se refieran.
e) Realizar las tareas de registro, recepci贸n y distribuci贸n de escritos y documentos, relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales.
f) Expedir, con conocimiento del Letrado de la Administraci贸n de Justicia, y a costa del interesado, copias simples de escritos y documentos que consten en autos no declarados secretos ni reservados.
g) Ocupar, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, las jefaturas en que se estructuran las unidades de apoyo directo y servicios comunes procesales, en las que, sin perjuicio de realizar las funciones asignadas al puesto concreto, gestionar谩n la distribuci贸n de las tareas del personal, respondiendo del desarrollo de las mismas.
h) Colaborar con los 贸rganos competentes en materia de gesti贸n administrativa, desempe帽ando funciones relativas a la gesti贸n del personal y medios materiales de la unidad de la Oficina judicial en que se presten los servicios, siempre que dichas funciones est茅n contempladas expresamente en la descripci贸n que la relaci贸n de puestos de trabajo efect煤e del puesto de trabajo.
i) Desempe帽ar la Secretar铆a de la Oficina judicial de las Agrupaciones de Secretar铆as de Juzgados de Paz, de Juzgados de Paz de m谩s de 7.000 habitantes y de Juzgados de Paz de menos de 7.000 habitantes en los que la carga de trabajo justifique su establecimiento, as铆 como los restantes puestos de trabajo de los citados centros de destino adscritos al Cuerpo de Gesti贸n Procesal y Administrativa, todo ello de conformidad con lo que se determine en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, as铆 como desempe帽ar puestos de las unidades administrativas, cuando las relaciones de puestos de trabajo de las citadas unidades as铆 lo establezcan, siempre que se re煤nan los requisitos de conocimiento y preparaci贸n exigidos para su desempe帽o.
j) Realizar cuantas funciones puedan asumir en orden a la protecci贸n y apoyo a las v铆ctimas, as铆 como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de soluci贸n extraprocesal.
k) Realizar todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y cualesquiera otras funciones de naturaleza an谩loga a las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempe帽e, sean encomendadas por los superiores jer谩rquicos, org谩nicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.
2. Los funcionarios del Cuerpo de Gesti贸n Procesal y Administrativa podr谩n ser nombrados Letrados de la Administraci贸n de Justicia sustitutos, siempre que se re煤nan los requisitos de titulaci贸n y dem谩s exigidos, y conforme al procedimiento y con la retribuci贸n que reglamentariamente se establezca.»
Se modifica la letra g) y se introduce una nueva letra h) en el art铆culo 477, que quedan redactadas como sigue:
«g) Cuantas funciones puedan asumir en orden a la protecci贸n y apoyo a las v铆ctimas, as铆 como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de soluci贸n extraprocesal.
h) La realizaci贸n de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza an谩loga a las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempe帽e, sean encomendadas por los superiores jer谩rquicos, org谩nicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.»
Se modifica el art铆culo 479, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 479.
1. Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son 贸rganos t茅cnicos adscritos al Ministerio de Justicia, o en su caso a aquellas Comunidades Aut贸nomas con competencia en la materia, cuya misi贸n principal es auxiliar a la Administraci贸n de Justicia en el 谩mbito de su disciplina cient铆fica y t茅cnica.
2. Existir谩 un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cada ciudad donde tenga su sede oficial un Tribunal Superior de Justicia.
No obstante, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa petici贸n, en su caso, de una Comunidad Aut贸noma con competencia en la materia, podr谩 autorizar que dicha sede sea la de la capitalidad administrativa de la Comunidad Aut贸noma de que se trate, cuando sea distinta de la del Tribunal Superior de Justicia.
Asimismo, el Gobierno podr谩 autorizar, previa petici贸n, en su caso, de una Comunidad Aut贸noma con competencia en la materia, el establecimiento de Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en las restantes ciudades del 谩mbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de que se trate, con el 谩mbito de actuaci贸n que se determine.
Con sede en Madrid existir谩 un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que prestar谩 servicio a los diversos 贸rganos de jurisdicci贸n estatal.
3. Mediante real decreto, a propuesta del Ministro de Justicia y previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Aut贸nomas que han recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administraci贸n de Justicia, se determinar谩n las normas generales de organizaci贸n y funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de actuaci贸n de los m茅dicos forenses y del resto del personal funcionario o laboral adscrito a los mismos, pudiendo el Ministerio de Justicia o el 贸rgano competente de la Comunidad Aut贸noma dictar, en el 谩mbito de sus respectivas competencias, las disposiciones pertinentes para su desarrollo y aplicaci贸n. En todo caso los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contar谩n con unidades de valoraci贸n forense integral, de las que podr谩n formar parte los psic贸logos y trabajadores sociales que se determinen para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las v铆ctimas de violencia de g茅nero y el dise帽o de protocolos de actuaci贸n global e integral en casos de violencia de g茅nero. Asimismo dentro de los Institutos podr谩n integrarse el resto de equipos psicosociales que prestan servicios a la Administraci贸n de Justicia, incluyendo los equipos t茅cnicos de menores, cuyo personal tendr谩 formaci贸n especializada en familia, menores, personas con discapacidad y violencia de g茅nero y dom茅stica. Su formaci贸n ser谩 orientada desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres.
4. Los m茅dicos forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administraci贸n de Justicia.
5. Son funciones de los m茅dicos forenses:
a) La asistencia t茅cnica a Juzgados, Tribunales y Fiscal铆as en las materias de su disciplina profesional, emitiendo informes y dict谩menes en el marco del proceso judicial o en las actuaciones de investigaci贸n criminal que aquellos soliciten.
b) La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos, que se hallaren bajo la jurisdicci贸n de Juzgados, Tribunales y Fiscal铆as, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes.
c) La emisi贸n de informes y dict谩menes a solicitud del Registro Civil, en los supuestos y condiciones que determine su legislaci贸n espec铆fica.
d) La emisi贸n de informes y dict谩menes, a solicitud de particulares en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
e) La realizaci贸n de funciones de docencia, periciales o de investigaci贸n, por motivos de inter茅s general, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio de Justicia o la Comunidad Aut贸noma con competencias en materia de Justicia, en el marco de posibles acuerdos o convenios.
f) La realizaci贸n de funciones de investigaci贸n y colaboraci贸n que deriven de su propia funci贸n, en los t茅rminos contemplados reglamentariamente.
6. En el curso de las actuaciones procesales o de investigaci贸n de cualquier naturaleza incoadas por el Ministerio Fiscal, el personal destinado en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estar谩 a las 贸rdenes de los Jueces y Fiscales, ejerciendo sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente cient铆ficos.
7. Los m茅dicos forenses estar谩n destinados en un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o en el Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses. Asimismo, en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estar谩 destinado el personal funcionario que se determine en las relaciones de puestos de trabajo. Tambi茅n podr谩n prestar servicios en los citados Institutos los psic贸logos, trabajadores sociales y resto de personal laboral que se determine.»
Ochenta y siete
Se modifica el art铆culo 480, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 480.
1. El Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses es un 贸rgano t茅cnico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya misi贸n principal es auxiliar a la Administraci贸n de Justicia y contribuir a la unidad de criterio cient铆fico, a la calidad de la pericia anal铆tica y al desarrollo de las ciencias forenses. Adem谩s, desarrollar谩 las siguientes funciones:
a) Emitir los informes y dict谩menes que soliciten las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal.
b) Practicar los an谩lisis e investigaciones toxicol贸gicas que sean ordenados por las autoridades judiciales, las gubernativas, el Ministerio Fiscal y los m茅dicos forenses en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigaci贸n efectuadas por el Ministerio Fiscal.
c) Realizar igualmente los an谩lisis e investigaciones interesados por organismos o empresas p煤blicas en cuestiones que afecten al inter茅s general, en los supuestos que se prevean seg煤n instrucciones del Ministerio de Justicia o en los t茅rminos de los acuerdos o convenios realizados al efecto.
d) Realizar los informes, an谩lisis e investigaciones solicitados por particulares en el curso de procesos judiciales, o incluso al margen de 茅stos en las condiciones que se determinen.
e) Difundir los conocimientos en materia toxicol贸gica, contribuir a la prevenci贸n de las intoxicaciones y atender cuantas consultas se le formulen sobre las mismas.
f) Actuar como centro de referencia en materias propias de su actividad en relaci贸n con los Institutos de Medicina Legal, as铆 como con otros organismos nacionales y extranjeros.
g) Efectuar estudios de toxicolog铆a y ciencias forenses, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
h) Podr谩n colaborar con las universidades y las instituciones sanitarias y con organismos nacionales e internacionales en todas aquellas materias que contribuyan al desarrollo de la toxicolog铆a y las ciencias forenses, de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Justicia o los acuerdos o convenios realizados al efecto.
2. La organizaci贸n y supervisi贸n del Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses corresponde al Ministerio de Justicia. Tiene su sede en Madrid y su 谩mbito de actuaci贸n se extiende a todo el territorio nacional.
Su estructura org谩nica se determinar谩 mediante real decreto.
En el mismo prestar谩n servicios funcionarios de los Cuerpos Especiales a que se refieren los apartados siguientes de este art铆culo. Adem谩s, podr谩n prestar servicios funcionarios de los restantes Cuerpos al servicio de la Administraci贸n de Justicia, as铆 como de otras Administraciones, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, as铆 como, en su caso, profesionales o expertos que sean necesarios para el desempe帽o de sus funciones u otro personal para la realizaci贸n de actividades propias de oficios o de car谩cter instrumental, contratados en r茅gimen laboral.
3. Los Facultativos del Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administraci贸n de Justicia. Atendiendo a la actividad t茅cnica y cient铆fica del Instituto, dentro del citado Cuerpo podr谩n establecerse especialidades.
Son funciones del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses la asistencia t茅cnica en las materias de sus disciplinas profesionales a autoridades judiciales, gubernativas, al Ministerio Fiscal y a los m茅dicos forenses, en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigaci贸n. A tal efecto llevar谩n a cabo los an谩lisis e investigaci贸n que les sean solicitados, emitir谩n los dict谩menes e informes pertinentes y evacuar谩n las consultas que les sean planteadas por las autoridades citadas, as铆 como por los particulares en el curso de procesos judiciales y por organismos o empresas p煤blicas que afecten al inter茅s general, y contribuir谩n a la prevenci贸n de intoxicaciones.
Prestar谩n sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses, as铆 como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los supuestos y condiciones que se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
4. Los T茅cnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de auxilio especializado al servicio de la Administraci贸n de Justicia.
Son funciones del Cuerpo de T茅cnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses aquellas de auxilio t茅cnico especializado en las actividades cient铆ficas y de investigaci贸n propias del Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses.
Prestar谩n sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses, as铆 como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los supuestos y condiciones que se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
5. Los Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional al servicio de la Administraci贸n de Justicia, para la realizaci贸n de funciones de apoyo propias de su formaci贸n, en las actividades cient铆ficas y de investigaci贸n de este Instituto, as铆 como de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la forma y con los requisitos y condiciones que se establezcan en las relaciones de puestos de trabajo de los citados organismos.
6. Los funcionarios de los Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses depender谩n jer谩rquicamente del Director de este Instituto o, en su caso, del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en que presten servicios.»
Ochenta y ocho
Se a帽ade un nuevo apartado 5 al art铆culo 481, que queda redactado como sigue:
«5. Los funcionarios de carrera de la Administraci贸n de Justicia figurar谩n en el escalaf贸n por orden de ingreso en el Cuerpo con menci贸n de, al menos, los siguientes datos:
a) Documento nacional de identidad.
b) Nombre y apellidos.
c) Tiempo de servicios en el Cuerpo.»
Ochenta y nueve
Se modifica el apartado 5 del art铆culo 482, que queda redactado como sigue:
«5. En las ofertas de empleo p煤blico se reservar谩 un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, consideradas como tales las definidas en el apartado 2 del art铆culo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusi贸n Social, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempe帽o de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente.»
Noventa
Se modifica el apartado 1 del art铆culo 485, que queda redactado como sigue:
«1. Los procesos de selecci贸n podr谩n incluir la realizaci贸n de un curso te贸rico-pr谩ctico o de un periodo de pr谩cticas, que podr谩n tener car谩cter selectivo.
La calificaci贸n obtenida servir谩 para fijar el orden de prelaci贸n. No obstante, si tuviesen car谩cter selectivo, los aspirantes que no superen el mismo podr谩n repetirlo en el siguiente, al que se incorporar谩n con la nueva promoci贸n. Si tampoco superaren este curso perder谩n el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera.»
Noventa y uno
Se modifica el apartado 2 y se a帽ade un nuevo apartado 6 al art铆culo 490, que quedan redactados como sigue:
«2. Adem谩s de las plazas que se incluyan para la incorporaci贸n de nuevo personal en la Oferta de Empleo P煤blico de conformidad con lo previsto en el art铆culo 482, el Ministerio de Justicia convocar谩 anualmente procesos de promoci贸n interna para la cobertura de un n煤mero de plazas equivalente al treinta por ciento de las vacantes que, para cada Cuerpo, sean objeto de dicha oferta de empleo p煤blico.
Con independencia de lo se帽alado en el p谩rrafo anterior, el Ministerio de Justicia, con car谩cter extraordinario y previa autorizaci贸n del Ministerio de Hacienda y Administraciones P煤blicas, podr谩 convocar procesos de promoci贸n interna espec铆ficos cuando las circunstancias en la Administraci贸n de Justicia lo aconsejen.
En ambos casos, las plazas convocadas por el turno de promoci贸n interna que no resulten cubiertas, no podr谩n en ning煤n caso acrecer a las convocadas por turno libre ni incorporarse a la Oferta de Empleo P煤blico.»
«6. Los funcionarios del Cuerpo de T茅cnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses podr谩n acceder mediante promoci贸n interna al Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses, siempre que re煤nan los requisitos para ello.»
Noventa y dos
Se modifica el apartado 1 del art铆culo 495, que queda redactado como sigue:
«1. Los funcionarios de carrera tienen los siguientes derechos profesionales:
a) Al mantenimiento de su condici贸n funcionarial, al desempe帽o efectivo de tareas o funciones propias de su cuerpo y a no ser removidos del puesto de trabajo que desempe帽en sino en los supuestos y condiciones establecidos legalmente.
b) A percibir la retribuci贸n y las indemnizaciones por raz贸n del servicio establecidas en la normativa vigente.
c) A la carrera profesional, a trav茅s de los mecanismos de promoci贸n profesional que se establezcan de acuerdo con los principios de igualdad, m茅rito, capacidad y publicidad.
d) A recibir por parte de la Administraci贸n la formaci贸n necesaria, inicial y continuada, con el fin de mejorar sus capacidades profesionales de forma que les permita una mejor y m谩s pronta adaptaci贸n a sus puestos de trabajo y les posibilite su promoci贸n profesional.
Con el fin de asegurar la homogeneidad y que las acciones formativas que se establezcan por las distintas Administraciones p煤blicas competentes en materia de gesti贸n de personal no representen obst谩culos en la promoci贸n y en la movilidad del personal al servicio de la Administraci贸n de Justicia en el territorio del Estado, se adoptar谩n medidas de coordinaci贸n y homologaci贸n en materia de formaci贸n continua.
e) A ser informados por sus jefes o superiores de las tareas o cometidos a desempe帽ar y a participar en la consecuci贸n de los objetivos atribuidos a la unidad donde presten sus servicios.
f) Al respeto de su intimidad y a la consideraci贸n debida a su dignidad, comprendida la protecci贸n frente a ofensas verbales o f铆sicas de naturaleza sexual.
g) A la no discriminaci贸n por raz贸n de nacimiento, origen racial o 茅tnico, g茅nero, sexo u orientaci贸n sexual, religi贸n o convicciones, opini贸n, discapacidad, edad o cualquier otra condici贸n o circunstancia personal o social.
h) A vacaciones, permisos y licencias.
i) A recibir protecci贸n en materia de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual las Administraciones competentes adoptar谩n aquellas medidas que sean necesarias para la aplicaci贸n efectiva de la normativa vigente sobre prevenci贸n de riesgos y salud laboral, procediendo a la evaluaci贸n de los riesgos iniciales y al establecimiento de planes de emergencia, as铆 como a la creaci贸n de servicios de prevenci贸n y de un Comit茅 Central de Seguridad y Salud.
j) A la jubilaci贸n.
k) A un r茅gimen de Seguridad Social, que para los funcionarios de carrera y funcionarios en pr谩cticas estar谩 integrado por el R茅gimen General de la Seguridad Social o el R茅gimen de Clases Pasivas del Estado, en funci贸n de la fecha en la que hayan adquirido tal condici贸n, y el Mutualismo Judicial, regulado por Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, y disposiciones de desarrollo.
l) A los derechos previstos en el art铆culo 444.2 de esta Ley.»
Se modifica la letra l) del art铆culo 497, que queda redactada como sigue:
«l) Tratar con correcci贸n y consideraci贸n a los superiores jer谩rquicos, compa帽eros y subordinados, as铆 como a Abogados, Procuradores y Graduados Sociales.»
Se modifica la letra b) del apartado 3 del art铆culo 498, que queda redactada como sigue:
«b) Por lo que se refiere a Cuerpos Generales:
1.潞 El ejercicio de la abogac铆a, procuradur铆a, o de la profesi贸n de Graduado Social y empleos al servicio de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales o cualquier otra profesi贸n que habilite para actuar ante Juzgados y Tribunales.
2.潞 El desempe帽o de todo tipo de asesoramiento jur铆dico, sea retribuido o no.
3.潞 La condici贸n de agentes de seguros y la de empleado de los mismos o de una compa帽铆a de seguros.
4.潞 El desempe帽o de los cargos de gerentes, consejeros o asesores de empresas que persigan fines lucrativos.
5.潞 El desempe帽o de servicios de gestor铆a administrativa, ya sea como titular o como empleado de tales oficinas.
6.潞 El ejercicio de funciones periciales privadas ante los Tribunales y Juzgados.»
Noventa y cinco
Se modifica el apartado 4 del art铆culo 500, que queda redactado como sigue:
«4. La distribuci贸n de la jornada y la fijaci贸n de los horarios se determinar谩 a trav茅s del calendario laboral que, con car谩cter anual, se aprobar谩 por el 贸rgano competente del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Aut贸nomas con competencias asumidas, en sus respectivos 谩mbitos, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y negociaci贸n con las organizaciones sindicales. El calendario laboral se determinar谩 en funci贸n del n煤mero de horas anuales de trabajo efectivo. Podr谩n establecerse flexibilidades horarias a la entrada y salida del trabajo, garantiz谩ndose en todo caso un n煤mero de horas de obligada concurrencia continuada.
Los horarios que se establezcan deber谩n respetar en todo caso el horario de audiencia p煤blica.»
Noventa y seis
Se modifica el apartado 1 del art铆culo 502, que queda redactado como sigue:
«1. Los funcionarios tendr谩n derecho a disfrutar, durante cada a帽o natural, de unas vacaciones retribuidas en las mismas condiciones que las previstas a los funcionarios de la Administraci贸n General del Estado en su normativa.»
Noventa y siete
Se modifican los p谩rrafos segundo y 煤ltimo del apartado 5 del art铆culo 504, que quedan redactados como sigue:
«Sin perjuicio de la obligaci贸n de comunicar, en la forma que reglamentariamente se determine, la imposibilidad de asistencia al trabajo por raz贸n de enfermedad durante la jornada laboral del d铆a en que 茅sta se produzca, los funcionarios deber谩n solicitar de la autoridad competente la licencia por enfermedad en el cuarto d铆a consecutivo desde que se produjo la ausencia en el puesto de trabajo.»
«La ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no d茅 lugar a una situaci贸n de incapacidad temporal, comportar谩 la aplicaci贸n del descuento en n贸mina en los t茅rminos y condiciones que se establezcan por la normativa espec铆fica que al efecto se dicte.»
Noventa y ocho
Se modifica el p谩rrafo tercero del apartado 3 del art铆culo 509, que queda redactado como sigue:
«El tiempo de permanencia en esta situaci贸n ser谩 computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el r茅gimen de Seguridad Social que sea de aplicaci贸n. El puesto desempe帽ado se reservar谩 al menos dos a帽os. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo ser谩 a un puesto en la misma localidad y de igual retribuci贸n. Los funcionarios en esta situaci贸n podr谩n participar en los cursos de formaci贸n que convoque la Administraci贸n.»
Noventa y nueve
Se modifica la letra A) del apartado 3 del art铆culo 521, que queda redactada como sigue:
«A) Centro Gestor. Centro de destino.
A efectos de la ordenaci贸n de los puestos de trabajo y de su ocupaci贸n por el personal funcionario, tendr谩n la consideraci贸n de centros gestores los 贸rganos competentes del Ministerio de Justicia o el 贸rgano competente de las Comunidades Aut贸nomas para la gesti贸n del personal, a quienes corresponder谩 la formulaci贸n de la relaci贸n de puestos de trabajo en sus respectivos 谩mbitos territoriales.
Se entender谩 por centro de destino:
Cada uno de los servicios comunes procesales.
El conjunto de unidades procesales de apoyo directo a 贸rganos judiciales que radiquen en el mismo municipio.
El Registro Civil Central y los Registros Civiles 脷nicos de cada localidad, donde los hubiese.
Cada una de las Fiscal铆as o Adscripciones de Fiscal铆as.
En los Institutos de Medicina Legal, aquellos que su norma de creaci贸n establezca como tales.
En el Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses, aquellos que su norma de creaci贸n establezca como tales.
La Mutualidad General Judicial.
Cada Oficina judicial de apoyo directo a Juzgados de Paz de m谩s de 7.000 habitantes o de menos de 7.000 habitantes, dotados de plantilla funcionarial en raz贸n de su carga de trabajo.
El Gabinete T茅cnico del Tribunal Supremo.
Las Secretar铆as de Gobierno.»
Cien
Se modifica el p谩rrafo primero del apartado 2 del art铆culo 527, que queda redactado como sigue:
«Con car谩cter excepcional podr谩n ser cubiertos temporalmente mediante sustituci贸n los puestos de trabajo que se encuentren vacantes o cuando su titular est茅 ausente.»
Ciento uno
Se a帽ade un nuevo apartado 5 al art铆culo 531, que queda redactado como sigue:
«5. Con car谩cter excepcional, se podr谩n convocar con antelaci贸n suficiente concursos de traslados sin resultas para los 贸rganos judiciales de nueva creaci贸n al objeto de que a su entrada en funcionamiento est茅n dotados de personal.»
Ciento dos
Se modifica el art铆culo 536, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 536.
Las faltas podr谩n ser muy graves, graves y leves.
a) Se consideran faltas muy graves:
1. El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constituci贸n en el ejercicio de la funci贸n p煤blica.
2. Toda actuaci贸n que suponga discriminaci贸n por raz贸n de sexo, raza, religi贸n, lengua, opini贸n, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condici贸n o circunstancia personal o social.
3. El abandono del servicio.
4. La emisi贸n de informes o adopci贸n de acuerdos o resoluciones manifiestamente ilegales, cuando se cause perjuicio grave al inter茅s p煤blico o lesionen derechos fundamentales de los ciudadanos.
5. La utilizaci贸n indebida de la documentaci贸n o informaci贸n a que tengan o hayan tenido acceso por raz贸n de su cargo o funci贸n.
6. La negligencia en la custodia de documentos que d茅 lugar a su difusi贸n o conocimiento indebidos.
7. El incumplimiento reiterado de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
8. La utilizaci贸n de las facultades que tenga atribuidas, para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y 谩mbito.
9. El incumplimiento grave de las decisiones judiciales cuya ejecuci贸n tengan encomendadas.
10. La desobediencia grave o reiterada a las 贸rdenes o instrucciones verbales o escritas de un superior emitidas por 茅ste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.
11. La utilizaci贸n de la condici贸n de funcionario para la obtenci贸n de un beneficio indebido para s铆 o para un tercero.
12. La realizaci贸n de actividades declaradas incompatibles por ley.
13. La inobservancia del deber de abstenci贸n, a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas.
14. Los actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades p煤blicas y de los derechos sindicales.
15. El incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
16. El acoso sexual.
17. La agresi贸n grave a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus funciones.
18. La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados o al servicio.
19. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaraci贸n de responsabilidad civil contra铆da en el ejercicio de la funci贸n por dolo o culpa grave.
20. La comisi贸n de una falta grave cuando hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido canceladas o procedido la cancelaci贸n de las anotaciones correspondientes.
b) Se consideran faltas graves:
1. La desobediencia expresa a las 贸rdenes o instrucciones de un superior, emitidas por 茅ste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.
2. El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecuci贸n les ha sido encomendada, cuando no constituya falta muy grave.
3. El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando no constituya falta muy grave.
4. La negligencia en la custodia de documentos, as铆 como la utilizaci贸n indebida de los mismos o de la informaci贸n que conozcan por raz贸n del cargo, cuando tales conductas no constituyan falta muy grave.
5. La tercera falta injustificada de asistencia en un per铆odo de tres meses.
6. La negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no constituya un notorio incumplimiento de las mismas.
7. El ejercicio de cualquier actividad susceptible de compatibilidad, conforme a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones p煤blicas, sin obtener la pertinente autorizaci贸n o habi茅ndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.
8. La falta de consideraci贸n grave con los superiores, iguales o subordinados, as铆 como con los profesionales o ciudadanos.
9. Causar da帽o grave en los documentos o material de trabajo, as铆 como en los locales destinados a la prestaci贸n del servicio.
10. La utilizaci贸n inadecuada de los medios inform谩ticos y materiales empleados en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para su utilizaci贸n, as铆 como la indebida utilizaci贸n de las claves de acceso a los sistemas inform谩ticos.
11. Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
12. Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda al personal que integre su oficina, cuando conocieran o debieran conocer el incumplimiento grave por los mismos de los deberes que les correspondan.
13. Obstaculizar las labores de inspecci贸n.
14. Promover su abstenci贸n de forma claramente injustificada.
15. El reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada.
16. La comisi贸n de una falta de car谩cter leve habiendo sido sancionado anteriormente por resoluci贸n firme por otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelaci贸n de las correspondientes anotaciones.
c) Se consideran faltas leves:
1. La falta de consideraci贸n con los superiores, iguales o subordinados, as铆 como con los profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infracci贸n m谩s grave.
2. El incumplimiento de los deberes propios de su cargo o puesto de trabajo o la negligencia en su desempe帽o, siempre que tales conductas no constituyan infracci贸n m谩s grave.
3. El retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, cuando no constituya falta m谩s grave.
4. La ausencia injustificada por un d铆a.
5. El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada cuando no constituya falta grave.»
Ciento tres
Se modifica el p谩rrafo primero del art铆culo 538, que queda redactado como sigue:
«Las sanciones que se pueden imponer a los funcionarios por las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo son:
a) Apercibimiento.
b) Suspensi贸n de empleo y sueldo.
c) Traslado forzoso fuera del municipio de destino.
d) Separaci贸n del servicio.
e) Cese en el puesto de trabajo.
Las sanciones de los p谩rrafos b) y c) podr谩n imponerse por la comisi贸n de faltas graves y muy graves, gradu谩ndose su duraci贸n en funci贸n de las circunstancias que concurran en el hecho objeto de sanci贸n.
La sanci贸n de separaci贸n de servicio s贸lo podr谩 imponerse por faltas muy graves.
La suspensi贸n de funciones impuesta por la comisi贸n de una falta muy grave no podr谩 ser superior a tres a帽os ni inferior a un a帽o. Si se impone por falta grave, no exceder谩 de un a帽o.
Los funcionarios a los que se sancione con traslado forzoso no podr谩n obtener nuevo destino en el municipio de origen durante tres a帽os, cuando hubiese sido impuesta por falta muy grave, y durante uno, cuando hubiera correspondido a la comisi贸n de una falta grave.
La sanci贸n de cese en el puesto de trabajo, s贸lo ser谩 aplicable a los funcionarios interinos por comisi贸n de faltas graves o muy graves.
Las faltas leves s贸lo podr谩n ser corregidas con apercibimiento.»
Ciento cuatro
Se modifica la r煤brica del t铆tulo II del libro VII, que queda redactada como sigue:
«T脥TULO II
De los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales»
Se modifica el art铆culo 544, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 544.
1. Los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, antes de iniciar su ejercicio profesional, prestar谩n juramento o promesa de acatamiento a la Constituci贸n y al resto del ordenamiento jur铆dico.
2. La colegiaci贸n de los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales ser谩 obligatoria para actuar ante los Juzgados y Tribunales en los t茅rminos previstos en esta Ley y por la legislaci贸n general sobre colegios profesionales, salvo que act煤en al servicio de las Administraciones p煤blicas o entidades p煤blicas por raz贸n de dependencia funcionarial o laboral.»
Se modifica el art铆culo 545, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 545.
1. Salvo que la ley disponga otra cosa, las partes podr谩n designar libremente a sus representantes y defensores entre los Procuradores y Abogados que re煤nan los requisitos exigidos por las leyes.
2. En los procedimientos laborales y de Seguridad Social la representaci贸n t茅cnica podr谩 ser ostentada por un Graduado Social, al que ser谩n de aplicaci贸n las obligaciones inherentes a su funci贸n, de acuerdo con lo dispuesto en su ordenamiento jur铆dico profesional, en este t铆tulo y especialmente en los art铆culos 187, 542.3 y 546.
3. Se designar谩n de oficio, con arreglo a lo que en las leyes se establezca, a quien lo solicite o se niegue a nombrarlos, siendo preceptiva su intervenci贸n. La defensa o representaci贸n de oficio tendr谩 car谩cter gratuito para quien acredite insuficiencia de recursos para litigar en los t茅rminos que establezca la ley.»
Se modifican los apartados 1 y 2 del art铆culo 546, que quedan redactados como sigue:
«1. Es obligaci贸n de los poderes p煤blicos garantizar la defensa y la asistencia de Abogado o la representaci贸n t茅cnica de Graduado Social en los t茅rminos establecidos en la Constituci贸n y en las leyes.
2. Los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales est谩n sujetos en el ejercicio de su profesi贸n a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, seg煤n proceda.»
Ciento ocho
Se modifica el apartado 1 del art铆culo 551, que queda redactado como sigue:
«1. La representaci贸n y defensa del Estado y de sus organismos aut贸nomos, as铆 como la representaci贸n y defensa de los 贸rganos constitucionales cuyas normas internas no establezcan un r茅gimen especial propio, corresponder谩 a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jur铆dico del Estado. Los Abogados del Estado podr谩n representar y defender a los restantes organismos y entidades p煤blicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participaci贸n estatal, en los t茅rminos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jur铆dica al Estado e Instituciones P煤blicas y disposiciones de desarrollo.
La representaci贸n y defensa de las entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o entidades de naturaleza p煤blica, que conforme a la ley integran la Administraci贸n de la Seguridad Social, sin incluir, en consecuencia, la de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, corresponder谩 a los Letrados de la Administraci贸n de la Seguridad Social, integrados en el Servicio Jur铆dico de la Administraci贸n de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, tales funciones puedan ser encomendadas a Abogado colegiado especialmente designado al efecto.»
Ciento nueve
Se modifican los apartados 2 y 3 del art铆culo 561 y se incluye un nuevo apartado 4, con la siguiente redacci贸n:
«2. El Consejo General del Poder Judicial emitir谩 su informe en el plazo improrrogable de treinta d铆as. Si en la orden de remisi贸n se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo ser谩 de quince d铆as. Excepcionalmente el 贸rgano remitente podr谩 conceder la pr贸rroga del plazo atendiendo a las circunstancias del caso. La duraci贸n de la pr贸rroga ser谩 de quince d铆as, salvo en los casos en los que en la orden de remisi贸n se hubiere hecho constar la urgencia del informe, en cuyo caso ser谩 de diez d铆as.
3. Cuando no hubiera sido emitido informe en los plazos previstos en el apartado anterior, se tendr谩 por cumplido dicho tr谩mite.
4. El Gobierno remitir谩 dicho informe a las Cortes Generales en el caso de tratarse de anteproyectos de ley.»
Ciento diez
Se a帽ade un nuevo apartado 6 al art铆culo 567, que queda redactado como sigue:
«6. El c贸mputo de los plazos en los procedimientos de designaci贸n de Vocales del Consejo General del Poder Judicial y de elecci贸n del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, as铆 como del Vicepresidente del Tribunal Supremo, se realizar谩 por d铆as h谩biles cuando el plazo se se帽ale por d铆as, empezando a computarse desde el d铆a siguiente, y de fecha a fecha cuando se fije en meses o a帽os. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera d铆a equivalente al inicial del c贸mputo se entender谩 que el plazo expira el 煤ltimo del mes.»
Ciento once
Se modifica el apartado 1 del art铆culo 577, que queda redactado como sigue:
«1. Contra la proclamaci贸n definitiva de candidaturas cabr谩 interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos d铆as desde la publicaci贸n del acuerdo. En el mismo acto de interposici贸n se deber谩n presentar las alegaciones que se estimen pertinentes, acompa帽adas de los elementos de prueba oportunos.»
Ciento doce
Se a帽ade un nuevo apartado 5 al art铆culo 579, redactado como sigue:
«5. El Presidente, los Vocales y el Secretario General del Consejo General del Poder Judicial est谩n sujetos al deber de efectuar una declaraci贸n de bienes y derechos y al control y gesti贸n de activos financieros de los que sean titulares en los t茅rminos previstos en los art铆culos 17 y 18 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci贸n General del Estado, con las adaptaciones que sean precisas a la organizaci贸n del Consejo que se establecer谩n en el Reglamento de Organizaci贸n y Funcionamiento del mismo.»
Ciento trece
Se modifica el apartado 2 del art铆culo 601, que queda redactado como sigue:
«2. La Comisi贸n Permanente estar谩 compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidir谩, y otros siete Vocales: cuatro de los nombrados por el turno judicial y tres de los designados por el turno de juristas de reconocida competencia. Con excepci贸n de los miembros de la Comisi贸n Disciplinaria, se procurar谩, previa propuesta del Presidente, la rotaci贸n anual del resto de los Vocales en la composici贸n anual de la Comisi贸n Permanente.»
Ciento catorce
Se modifican los apartados 2 y 3 del art铆culo 609, que quedan redactados como sigue:
«2. La Comisi贸n de Asuntos Econ贸micos estar谩 integrada por tres Vocales.
3. La Comisi贸n de Asuntos Econ贸micos deber谩 actuar con la asistencia de todos sus componentes.»
Ciento quince
Se modifican los apartados 1 y 2 del art铆culo 610, que quedan redactados como sigue:
«1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegir谩 anualmente, de entre sus Vocales, y atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, a los componentes de la Comisi贸n de Igualdad y designar谩, entre ellos, a su Presidente.
2. La Comisi贸n de Igualdad estar谩 integrada por tres Vocales.»
Ciento diecis茅is
Se a帽ade una nueva disposici贸n adicional vig茅sima primera, que queda redactada como sigue:
«Disposici贸n adicional vig茅sima primera. Apoyo judicial en la instrucci贸n de causas complejas.
Adem谩s de lo dispuesto en el cap铆tulo IV bis del t铆tulo II del libro III de esta Ley, dentro de las excepcionales medidas de apoyo judicial, el Consejo General del Poder Judicial podr谩 acordar, para la mejor instrucci贸n de causas complejas y previa propuesta de su titular, la adscripci贸n a un 贸rgano determinado de otro u otros Jueces o Magistrados que sin funciones jurisdiccionales y bajo la direcci贸n del titular de aqu茅l, realicen exclusivamente labores de colaboraci贸n, asistencia o asesoramiento. Para id茅ntico fin e iguales condiciones, podr谩 interesarse la adscripci贸n de uno o varios Letrados de la Administraci贸n de Justicia.
A tal efecto el Consejo General del Poder Judicial propondr谩 un programa concreto de actuaci贸n especificando, en todo caso, su objeto, 谩mbito de aplicaci贸n, duraci贸n y el tipo de comisiones en cuanto a la relevaci贸n de funciones. La aprobaci贸n del mismo precisar谩 la autorizaci贸n del Ministerio de Justicia.
En el caso de que se interese la adscripci贸n de Letrados de la Administraci贸n de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial dirigir谩 su petici贸n al Ministerio para la aprobaci贸n de las correspondientes comisiones.»
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Referencias en las normas de fecha anterior
A partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las referencias que se contengan en la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, as铆 como en otras normas jur铆dicas, a Secretarios judiciales, Secretarios sustitutos profesionales, Instituto de Medicina Legal e Instituto Nacional de Toxicolog铆a, deber谩n entenderse hechas, respectivamente, a Letrados de la Administraci贸n de Justicia, Letrados de la Administraci贸n de Justicia suplentes, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses e Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses.
Segunda. Elaboraci贸n del escalaf贸n del Cuerpo de Letrados de la Administraci贸n de Justicia
En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio de Justicia deber谩 elaborar el escalaf贸n del Cuerpo de Letrados de la Administraci贸n de Justicia.
Tercera. Pruebas de especializaci贸n
El Consejo General del Poder Judicial podr谩 convocar, adem谩s de las expresamente previstas en esta Ley, otras pruebas de especializaci贸n entre miembros de Carrera judicial en las que se valoren conocimientos espec铆ficos dentro de las distintas ramas del Derecho. Su superaci贸n ser谩 considerada como m茅rito en los concursos que no se resuelvan exclusivamente por criterios de antig眉edad. Reglamentariamente se determinar谩 el n煤mero, contenido y desarrollo de estas pruebas que podr谩 comprender el reconocimiento y valoraci贸n de las realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. Si de esta especializaci贸n se derivara alg煤n incremento de gasto, ser谩 preciso informe favorable de la Administraci贸n competente para soportar dicho gasto.
Cuarta. Uso obligatorio de las nuevas tecnolog铆as
1. La utilizaci贸n de los sistemas inform谩ticos puestos al servicio de la Administraci贸n de Justicia ser谩 de uso obligatorio para Jueces y Magistrados.
2. El Consejo General del Poder Judicial, en el 谩mbito de sus competencias, podr谩 dictar instrucciones de obligado cumplimiento con el fin de garantizar la adecuada utilizaci贸n de los recursos materiales que las Administraciones pongan a disposici贸n de Juzgados y Tribunales para el desempe帽o de sus funciones.
3. No podr谩 exigirse a ciudadanos, profesionales o Administraciones que aporten la documentaci贸n que les sea requerida o de la que pretendan valerse en soporte papel, salvo que ello sea preciso para determinar la autenticidad de su contenido o cuando legal o reglamentariamente se autorice de forma expresa.
Quinta. Pensi贸n de jubilaci贸n
A los Jueces, Magistrados, Abogados Fiscales, Fiscales, Letrados de la Administraci贸n de Justicia, docentes universitarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles incluidos en el R茅gimen de Clases Pasivas del Estado que causen o que hayan causado pensi贸n de jubilaci贸n a partir de 1 de enero de 2015 y que en el momento de dicho hecho causante cuenten, al menos, con sesenta y cinco a帽os de edad cumplidos, as铆 como a los Magistrados y Fiscales del Tribunal Supremo que en la indicada fecha estuvieran prestando servicios como em茅ritos, les ser谩 de aplicaci贸n lo establecido en la disposici贸n adicional decimos茅ptima del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.
En estos supuestos se reconocer谩 a los interesados un porcentaje adicional por cada a帽o completo de servicios efectivos al Estado entre la fecha en que cumplieron sesenta y cinco a帽os, y la del hecho causante de la pensi贸n, cuya cuant铆a estar谩 en funci贸n de los a帽os de servicio acreditados en la primera de las fechas indicadas, seg煤n la escala prevista en la disposici贸n adicional mencionada en el p谩rrafo anterior.
Precepto modificado por Ley 6/2018, de 3 de julio, con entrada en vigor a partir del 5-7-2018
Efecto: desde 05-07-2018 y vigencia indefinida
路 Modificada disposici贸n adicional quinta
Redacci贸n hasta el 5-7-2018
A los Jueces, Magistrados, Abogados Fiscales, Fiscales, Letrados de la Administraci贸n de Justicia, docentes universitarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles incluidos en el R茅gimen de Clases Pasivas del Estado que causen o que hayan causado pensi贸n de jubilaci贸n a partir de 1 de enero de 2015 y que en el momento de dicho hecho causante cuenten, al menos, con sesenta y cinco a帽os de edad cumplidos, as铆 como a los magistrados del Tribunal Supremo que en la indicada fecha estuvieran prestando servicios como em茅ritos, les ser谩 de aplicaci贸n lo establecido en la disposici贸n adicional decimos茅ptima del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.
En estos supuestos se reconocer谩 a los interesados un porcentaje adicional por cada a帽o completo de servicios efectivos al Estado entre la fecha en que cumplieron sesenta y cinco a帽os, y la del hecho causante de la pensi贸n, cuya cuant铆a estar谩 en funci贸n de los a帽os de servicio acreditados en la primera de las fechas indicadas, seg煤n la escala prevista en la disposici贸n adicional mencionada en el p谩rrafo anterior.
Precepto modificado por Ley 3/2017, de 27 de junio, con entrada en vigor a partir del 29-6-2017
Efecto: desde 29 de junio de 2017 y vigencia indefinida
路 Modificada disposici贸n adicional quinta
Redacci贸n hasta el 29-6-2017
A los Jueces, Magistrados, Abogados Fiscales, Fiscales, Letrados de la Administraci贸n de Justicia, docentes universitarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles incluidos en el R茅gimen de Clases Pasivas del Estado que causen o que hayan causado pensi贸n de jubilaci贸n a partir de 1 de enero de 2015 y que en el momento de dicho hecho causante cuenten, al menos, con sesenta y cinco a帽os de edad cumplidos, les ser谩 de aplicaci贸n lo establecido en la disposici贸n adicional Vig茅sima quinta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a帽o 2015.
En estos supuestos se reconocer谩 a los interesados un porcentaje adicional por cada a帽o completo de servicios efectivos al Estado entre la fecha en que cumplieron sesenta y cinco a帽os, y la del hecho causante de la pensi贸n, cuya cuant铆a estar谩 en funci贸n de los a帽os de servicio acreditados en la primera de las fechas indicadas, seg煤n la escala prevista en la disposici贸n adicional mencionada en el p谩rrafo anterior.
Sexta. Pr贸rroga de servicio activo de Fiscales y Letrados de la Administraci贸n de Justicia
La referencia realizada en el art铆culo 386 de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, al Consejo General del Poder Judicial deber谩 entenderse efectuada al Ministerio de Justicia cuando sean Fiscales o Letrados de la Administraci贸n de Justicia los que soliciten la prolongaci贸n de la permanencia en el servicio activo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Normativa aplicable a los procedimientos judiciales ya iniciados
1. Los procedimientos que se rijan por normas de competencia judicial internacional en el orden civil iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuar谩n sustanci谩ndose conforme a las normas que reg铆an a la fecha de su incoaci贸n.
2. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley que con anterioridad eran competencia de los Juzgados de Instrucci贸n y con arreglo a la misma son competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, continuar谩n sustanci谩ndose conforme a las normas que reg铆an a la fecha de su incoaci贸n.
3. Los procedimientos de responsabilidad civil directa de Jueces y Magistrados que se estuvieran tramitando en el momento de entrada en vigor de la Ley, se continuar谩n tramitando de acuerdo con las normas procesales y sustantivas vigentes en el momento de su incoaci贸n.
Segunda. R茅gimen del Gabinete T茅cnico del Tribunal Supremo
1.El procedimiento para el nombramiento de los miembros del Gabinete T茅cnico del Tribunal Supremo previsto en esta Ley se aplicar谩 a partir del momento de entrada en vigor de la misma.
2. Los miembros de la plantilla del Gabinete T茅cnico del Tribunal Supremo pasar谩n a la situaci贸n administrativa que corresponda a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
3. Las plazas de Letrados coordinadores en el Gabinete T茅cnico del Tribunal Supremo se crear谩n por transformaci贸n de las plazas actualmente existentes de Magistrados en dicho Gabinete, a la entrada en vigor de esta Ley. Cualquier modificaci贸n de la plantilla de Letrados coordinadores deber谩 ajustarse al procedimiento previsto en el primer p谩rrafo del apartado 5 del art铆culo 61 bis de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Quienes actualmente desempe帽en las funciones de Magistrado del Gabinete T茅cnico pasar谩n a tener la consideraci贸n de Letrados coordinadores por el tiempo por el que fueron nombrados.
4. Los Letrados del Gabinete T茅cnico que no pertenezcan a la Carrera judicial estar谩n sometidos al r茅gimen estatutario de los Letrados de la Administraci贸n de Justicia, en cuanto fuere aplicable, hasta la entrada en vigor de la ley que regule el estatuto b谩sico de los Letrados del Gabinete T茅cnico del Tribunal Supremo.
Tercera. Magistrados y Fiscales em茅ritos
1.Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley estuvieran prestando servicios como Magistrados em茅ritos o Magistrados em茅ritos del Tribunal Supremo, podr谩n continuar prestando sus servicios como tales durante un periodo de dos a帽os a partir de la entrada en vigor de esta Ley, conservando su actual r茅gimen retributivo. No obstante lo anterior, en ning煤n caso podr谩n permanecer en esta situaci贸n cumplidos los setenta y cinco a帽os.
El mismo r茅gimen ser谩 de aplicaci贸n a quienes a la entrada en vigor de esta Ley re煤nan los requisitos previstos para poder ser nombrados como Magistrados em茅ritos o Magistrados em茅ritos del Tribunal Supremo y as铆 lo hubieran solicitado.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior regir谩 para los Fiscales que se encuentren en las mismas situaciones en 茅l descritas.
Cuarta. Secretarios de Gobierno y Secretarios Coordinadores
1. A la entrada en vigor de esta Ley los Secretarios de Gobierno o Coordinadores nombrados podr谩n concursar para obtener plaza e incorporarse as铆 al r茅gimen que establece la presente Ley; para ello tendr谩n preferencia absoluta en los dos primeros concursos que se realicen en los que se oferten plazas en su ciudad de procedencia o en la de su actual destino.
Una vez obtenida plaza se les aplicar谩 el r茅gimen general.
2. A los que no hubieren concursado conforme al apartado anterior les ser谩 aplicable el siguiente r茅gimen transitorio:
a) Los que cesaren en su cargo o no renovaren, quedar谩n adscritos, a su elecci贸n, al Tribunal o a la Audiencia Provincial de la ciudad de procedencia o de aqu茅lla en la que cesen.
b) Durante los dos a帽os posteriores a la fecha de su cese o no renovaci贸n, podr谩n optar con car谩cter preferente a cualquier plaza de cualquier categor铆a que tengan consolidada de las que deban proveerse por concurso voluntario, poniendo fin as铆 a la situaci贸n de adscripci贸n provisional que se regula en el apartado anterior.
c) De no haber concursado dentro de dicho plazo en la forma indicada, pese a la oferta de puestos de trabajo en la ciudad de adscripci贸n que se hubieren incluido en estos concursos, y una vez transcurridos los dos a帽os de adscripci贸n, se les adjudicar谩 con car谩cter definitivo el primer puesto de trabajo vacante en esa ciudad. El c贸mputo de los dos a帽os comenzar谩 a contar desde el primer concurso que se realice con posterioridad a su cese o no renovaci贸n.
En sucesivos concursos, de tener consolidada la primera categor铆a, el tiempo prestado en esta se les computar谩 a efectos de traslados conforme se indique en las normas de desarrollo o en las mismas convocatorias.
3. Los Secretarios de Gobierno y Coordinadores que a la entrada en vigor de esta Ley estuvieran desempe帽ando su segundo o posterior mandato, no podr谩n optar a la renovaci贸n para el mismo puesto.
Quinta. Planes anuales de suplencias y sustituciones
Tras la entrada en vigor de la presente Ley y en tanto no se aprueben los siguientes planes anuales de suplencias y sustituciones de Letrados de la Administraci贸n de Justicia, el Secretario de Gobierno velar谩 para que las sustituciones y llamamientos que fuesen necesarios realizar se ajusten a los criterios establecidos en esta Ley, en cuanto sea posible.
Sexta. Institutos de Medicina Legal
En aquellas Comunidades Aut贸nomas o Ciudades Aut贸nomas en las que no est茅n constituidos los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y hasta el momento en que se constituyan, la regulaci贸n del art铆culo 479 se entender谩 aplicable a las agrupaciones de forens铆as.
S茅ptima. Dilaci贸n del requisito de especialidad en Medicina Forense para el acceso al Cuerpo de M茅dicos Forenses
La especialidad en Medicina Forense, exigida en el art铆culo 475 de esta Ley para acceder al Cuerpo de M茅dicos Forenses, no ser谩 requisito obligatorio hasta que as铆 lo determine el Ministerio de Justicia, una vez concluyan su formaci贸n por el sistema de residencia al menos la primera promoci贸n de estos especialistas y se haya desarrollado la v铆a transitoria de acceso a dicho t铆tulo para quienes acrediten una experiencia profesional, como funcionario del Cuerpo de M茅dicos Forenses, no inferior a la duraci贸n del programa formativo oficial, seg煤n el procedimiento regulado en la disposici贸n transitoria quinta del Real Decreto 639/2014, de 25 de julio.
Octava. Pensi贸n de jubilaci贸n
Los reconocimientos de pensiones de jubilaci贸n, causadas a partir de 1 de enero de 2015, en los que el beneficiario cumpla los requisitos establecidos en la disposici贸n adicional quinta de esta Ley, se revisar谩n de oficio para adecuarlos a lo establecido en dicha disposici贸n, con efectos econ贸micos a partir del d铆a primero del mes siguiente al hecho causante.
Asimismo se revisar谩n de oficio las reconocimientos de las pensiones de jubilaci贸n de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Supremo em茅ritos mencionados en la referida disposici贸n con efectos econ贸micos a partir del d铆a primero del mes siguiente al que cesen en tal situaci贸n.
Precepto modificado por Ley 6/2018, de 3 de julio, con entrada en vigor a partir del 5-7-2018
Efecto: desde 05-07-2018 y vigencia indefinida
路 Modificada disposici贸n transitoria octava
Redacci贸n hasta el 5-7-2018
Los reconocimientos de pensiones de jubilaci贸n, causadas a partir de 1 de enero de 2015, en los que el beneficiario cumpla los requisitos establecidos en la disposici贸n adicional quinta de esta Ley, se revisar谩n de oficio para adecuarlos a lo establecido en dicha disposici贸n, con efectos econ贸micos a partir del d铆a primero del mes siguiente al hecho causante.
Asimismo se revisar谩n de oficio los reconocimientos de las pensiones de jubilaci贸n de los magistrados del Tribunal Supremo em茅ritos mencionados en la referida disposici贸n con efectos econ贸micos a partir del d铆a primero del mes siguiente al que cesen en tal situaci贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2017, de 27 de junio, con entrada en vigor a partir del 29-6-2017
Efecto: desde 29 de junio de 2017 y vigencia indefinida
路 Modificada disposici贸n transitoria octava
Redacci贸n hasta el 29-6-2017
Los reconocimientos de pensiones de jubilaci贸n, causadas a partir de 1 de enero de 2015, en los que el beneficiario cumpla los requisitos establecidos en la disposici贸n adicional quinta de esta Ley, se revisar谩n de oficio para adecuarlos a lo establecido en dicha disposici贸n, con efectos econ贸micos a partir del d铆a primero del mes siguiente al hecho causante.
Novena. Plazo de solicitud para la prolongaci贸n de la permanencia en el servicio activo
El plazo de dos meses previsto en el art铆culo 386 de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para solicitar la prolongaci贸n de la permanencia en el servicio activo no ser谩 exigible a quienes se jubilen entre la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y el 1 de diciembre de 2015.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Modificaci贸n de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci贸n y de Planta Judicial
La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci贸n y de Planta Judicial, queda modificada en los siguientes t茅rminos:
Uno. Se modifica el apartado 2 del art铆culo 8, que queda redactado como sigue:
«2. Las Secciones de las Audiencias Provinciales a que se refiere el apartado 5 del art铆culo 3 de esta Ley, as铆 como los Juzgados de lo Penal, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, los Juzgados de lo Social, los Juzgados de Menores, los Juzgados de lo Mercantil y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con jurisdicci贸n de extensi贸n territorial inferior o superior a la de una provincia, tienen su sede en la capital del partido que se se帽ale por Ley de la correspondiente Comunidad Aut贸noma y toman el nombre del municipio en que aqu茅lla est茅 situada.»
Dos. Se modifica el art铆culo 23, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 23.
Las retribuciones de los Letrados al servicio del Gabinete T茅cnico del Tribunal Supremo ser谩n las correspondientes a un Letrado de la Administraci贸n de Justicia de Sala del Tribunal Supremo. No obstante, los Letrados que desarrollen labores de coordinaci贸n conforme a lo previsto en el apartado 4 del art铆culo 61 bis de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y que adem谩s pertenezcan a la Carrera judicial, percibir谩n las previstas en el Anexo II.2 de la Ley 15/2003 para los Magistrados del Gabinete T茅cnico del Tribunal Supremo.»
Tres. Se modifica el anexo III, que queda redactado como sigue:
«ANEXO III
Audiencia Nacional
Presidente Audiencia Nacional.
Sala de lo Penal:
1 Presidente de Sala.
4 Secciones: Compuesta por 16 Magistrados.
Sala de Apelaci贸n:
1 Presidente de Sala.
2 Magistrados.
Sala de lo Contencioso-administrativo:
1 Presidente de Sala.
8 Secciones: Compuesta por 39 Magistrados.
Sala de lo Social:
1 Presidente de Sala.
2 Magistrados.
Total: 64 Magistrados.
4 Magistrados del Tribunal Supremo, uno de los cuales con consideraci贸n de Presidente de Sala.»
Segunda. Modificaci贸n de la Ley Org谩nica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar
La Ley Org谩nica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, queda modificada en los siguientes t茅rminos:
Uno. Se modifica el art铆culo 328, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 328.
1. Habr谩 lugar al recurso de revisi贸n contra sentencias firmes en los siguientes casos:
1.潞 Cuando hayan sido condenadas dos o m谩s personas en virtud de sentencias contradictorias por un mismo hecho que no haya podido ser cometido m谩s que por una sola.
2.潞 Cuando haya sido condenado alguno como responsable de la muerte de una persona cuya existencia se acredite despu茅s de la fecha de la sentencia condenatoria.
3.潞 Cuando haya sido condenada una persona en sentencia cuyo fundamento fuera: un documento o testimonio declarados despu茅s falsos por sentencia firme en causa criminal, la confesi贸n del reo arrancada con violencia o coacci贸n o cualquier otro hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que tales extremos resulten tambi茅n declarados por sentencia firme en procedimiento seguido al efecto. A estos fines podr谩n practicarse cuantas pruebas se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos en el procedimiento, anticip谩ndose aquellas que por circunstancias especiales pudieran luego dificultar y hasta hacer imposible la sentencia firme base de la revisi贸n.
4.潞 Cuando haya sido penada una persona en sentencia dictada por el Tribunal y alguno de sus miembros fuere condenado por prevaricaci贸n cometida en aquella sentencia, o cuando en la tramitaci贸n de la causa se hubiere prevaricado en resoluci贸n o tr谩mite esencial de influencia notoria a los efectos del fallo.
5.潞 Cuando sobre los propios hechos hayan reca铆do dos sentencias firmes y dispares dictadas por la misma o por distintas jurisdicciones.
6.潞 Cuando despu茅s de dictada sentencia condenatoria se conociesen pruebas indubitadas suficientes a evidenciar el error del fallo por ignorancia de las mismas.
2. Asimismo se podr谩 interponer recurso de revisi贸n contra una resoluci贸n judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resoluci贸n ha sido dictada en violaci贸n de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violaci贸n, por su naturaleza y gravedad, entra帽e efectos que persistan y no puedan cesar de ning煤n otro modo que no sea mediante esta revisi贸n.
En estos casos, los procesos de revisi贸n se sustanciar谩n conforme a las normas sobre esta materia contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no ser谩 de aplicaci贸n lo previsto en los art铆culos 329 a 333, 335 y 336. Se aplicar谩n las reglas sobre legitimaci贸n previstas en dicha Ley para ese tipo de procesos.
Igualmente, las sentencias que se dicten en dichos procesos tendr谩n los efectos prevenidos para este caso en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.»
Dos. Se modifica el art铆culo 336, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 336.
El proceso de revisi贸n se sustanciar谩, con citaci贸n de los penados y solicitantes, conforme a las normas sobre esta materia contenidas en las leyes comunes, a salvo lo dispuesto en los dos 煤ltimos p谩rrafos del art铆culo 328.2.»
Tres. Se modifica el art铆culo 504, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 504.
1. Las sentencias firmes dictadas en recurso contencioso-disciplinario militar por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, as铆 como los autos tambi茅n firmes, a los que se refiere el art铆culo 478, dictados por dicha Sala, podr谩n ser objeto de recurso de revisi贸n en los siguientes casos:
a) Si la parte dispositiva de la sentencia contuviere contradicciones en sus decisiones.
b) Si se hubieran dictado resoluciones contrarias entre s铆 respecto a los mismos litigantes u otros diferentes en id茅ntica situaci贸n, donde en m茅rito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se llegue a pronunciamientos distintos.
c) Si despu茅s de pronunciada la sentencia se recobraren documentos decisivos, detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
d) Si hubiere reca铆do la sentencia en virtud de documentos que al tiempo de dictarse aqu茅lla ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase despu茅s.
e) Si, habi茅ndose dictado la sentencia en virtud de prueba testifical, fuesen los testigos condenados por falso testimonio en las declaraciones constitutivas de aqu茅lla.
f) Si la sentencia se hubiera ganado injustamente en virtud de prevaricaci贸n, cohecho, violencia u otra maquinaci贸n fraudulenta.
g) Si la sentencia se hubiere dictado con infracci贸n de lo dispuesto en el art铆culo 490 o si en ella no se resolviese alguna de las cuestiones planteadas en la demanda y contestaci贸n.
2. Asimismo se podr谩 interponer recurso de revisi贸n contra una resoluci贸n judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resoluci贸n ha sido dictada en violaci贸n de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violaci贸n, por su naturaleza y gravedad, entra帽e efectos que persistan y no puedan cesar de ning煤n otro modo que no sea mediante esta revisi贸n.
3. En lo referente a legitimaci贸n, t茅rminos y procedimientos respecto a este recurso, regir谩n las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Except煤anse los casos previstos en los apartados a), b) y g) de este art铆culo, en los cuales el recurso de revisi贸n deber谩 formularse en el plazo de un mes, contado desde la notificaci贸n de la firmeza de la sentencia.
El recurso se interpondr谩 ante la Sala del Tribunal Supremo a que se refiere el art铆culo 61 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial.»
Cuatro. Se modifica el art铆culo 505, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 505.
Contra las sentencias firmes dictadas por la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central o por los Tribunales Militares Territoriales se podr谩 interponer recurso de revisi贸n ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en los mismos plazos y por iguales tr谩mites que los se帽alados en el apartado 3 del art铆culo anterior.
Este recurso podr谩 fundamentarse en los mismos motivos que los relacionados en los apartados 1 y 2 del art铆culo anterior, salvo los contemplados en las letras a), b) y g) del apartado 1.»
Tercera. Modificaci贸n de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci贸n Contencioso-administrativa
La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci贸n Contencioso-administrativa, queda modificada en los siguientes t茅rminos:
Uno. La secci贸n 3.陋 del cap铆tulo III del t铆tulo IV, integrada por los art铆culos 86 a 93, queda redactada de la siguiente forma, y se suprimen los art铆culos 94 y 95:
«Secci贸n 3.陋 Recurso de casaci贸n
Art铆culo 86.
1. Las sentencias dictadas en 煤nica instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y las dictadas en 煤nica instancia o en apelaci贸n por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia ser谩n susceptibles de recurso de casaci贸n ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
En el caso de las sentencias dictadas en 煤nica instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, 煤nicamente ser谩n susceptibles de recurso las sentencias que contengan doctrina que se reputa gravemente da帽osa para los intereses generales y sean susceptibles de extensi贸n de efectos.
2. Se except煤an de lo establecido en el apartado anterior las sentencias dictadas en el procedimiento para la protecci贸n del derecho fundamental de reuni贸n y en los procesos contencioso-electorales.
3. Las sentencias que, siendo susceptibles de casaci贸n, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia s贸lo ser谩n recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracci贸n de normas de Derecho estatal o de la Uni贸n Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.
Cuando el recurso se fundare en infracci贸n de normas emanadas de la Comunidad Aut贸noma ser谩 competente una Secci贸n de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidir谩, por el Presidente o Presidentes de las dem谩s Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en n煤mero no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.
Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen m谩s de una Secci贸n, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecer谩 para cada a帽o judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Secci贸n ocupar谩n los puestos de la regulada en este apartado. Tambi茅n lo establecer谩 entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.
4. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable ser谩n susceptibles de recurso de casaci贸n en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento.
Art铆culo 87.
1. Tambi茅n son susceptibles de recurso de casaci贸n los siguientes autos dictados por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, con la misma excepci贸n e igual l铆mite dispuestos en los apartados 2 y 3 del art铆culo anterior:
a) Los que declaren la inadmisi贸n del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuaci贸n.
b) Los que pongan t茅rmino a la pieza separada de suspensi贸n o de otras medidas cautelares.
c) Los reca铆dos en ejecuci贸n de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aqu茅lla o que contradigan los t茅rminos del fallo que se ejecuta.
d) Los dictados en el caso previsto en el art铆culo 91.
e) Los dictados en aplicaci贸n de los art铆culos 110 y 111.
2. Para que pueda prepararse el recurso de casaci贸n en los casos previstos en el apartado anterior, es requisito necesario interponer previamente el recurso de s煤plica.
Art铆culo 87 bis.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 93.3, el recurso de casaci贸n ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se limitar谩 a las cuestiones de derecho, con exclusi贸n de las cuestiones de hecho.
2. Las pretensiones del recurso de casaci贸n deber谩n tener por objeto la anulaci贸n, total o parcial, de la sentencia o auto impugnado y, en su caso, la devoluci贸n de los autos al Tribunal de instancia o la resoluci贸n del litigio por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dentro de los t茅rminos en que apareciese planteado el debate.
3. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podr谩 determinar, mediante acuerdo que se publicar谩 en el "Bolet铆n Oficial del Estado", la extensi贸n m谩xima y otras condiciones extr铆nsecas, incluidas las relativas a su presentaci贸n por medios telem谩ticos, de los escritos de interposici贸n y de oposici贸n de los recursos de casaci贸n.
Art铆culo 88.
1. El recurso de casaci贸n podr谩 ser admitido a tr谩mite cuando, invocada una concreta infracci贸n del ordenamiento jur铆dico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta inter茅s casacional objetivo para la formaci贸n de jurisprudencia.
2. El Tribunal de casaci贸n podr谩 apreciar que existe inter茅s casacional objetivo, motiv谩ndolo expresamente en el auto de admisi贸n, cuando, entre otras circunstancias, la resoluci贸n que se impugna:
a) Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretaci贸n de las normas de Derecho estatal o de la Uni贸n Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros 贸rganos jurisdiccionales hayan establecido.
b) Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente da帽osa para los intereses generales.
c) Afecte a un gran n煤mero de situaciones, bien en s铆 misma o por trascender del caso objeto del proceso.
d) Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente cuesti贸n de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida.
e) Interprete y aplique aparentemente con error y como fundamento de su decisi贸n una doctrina constitucional.
f) Interprete y aplique el Derecho de la Uni贸n Europea en contradicci贸n aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aun pueda ser exigible la intervenci贸n de 茅ste a t铆tulo prejudicial.
g) Resuelva un proceso en que se impugn贸, directa o indirectamente, una disposici贸n de car谩cter general.
h) Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre Administraciones p煤blicas.
i) Haya sido dictada en el procedimiento especial de protecci贸n de derechos fundamentales.
3. Se presumir谩 que existe inter茅s casacional objetivo:
a) Cuando en la resoluci贸n impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la raz贸n de decidir sobre las que no exista jurisprudencia.
b) Cuando dicha resoluci贸n se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla err贸nea.
c) Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposici贸n de car谩cter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.
d) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisi贸n o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
e) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de Gobierno de las Comunidades Aut贸nomas.
No obstante, en los supuestos referidos en las letras a), d) y e) el recurso podr谩 inadmitirse por auto motivado cuando el Tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de inter茅s casacional objetivo para la formaci贸n de jurisprudencia.
Art铆culo 89.
1. El recurso de casaci贸n se preparar谩 ante la Sala de instancia en el plazo de treinta d铆as, contados desde el siguiente al de la notificaci贸n de la resoluci贸n que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido.
2. El escrito de preparaci贸n deber谩, en apartados separados que se encabezar谩n con un ep铆grafe expresivo de aquello de lo que tratan:
a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos reglados en orden al plazo, la legitimaci贸n y la recurribilidad de la resoluci贸n que se impugna.
b) Identificar con precisi贸n las normas o la jurisprudencia que se consideran infringidas, justificando que fueron alegadas en el proceso, o tomadas en consideraci贸n por la Sala de instancia, o que 茅sta hubiera debido observarlas aun sin ser alegadas.
c) Acreditar, si la infracci贸n imputada lo es de normas o de jurisprudencia relativas a los actos o garant铆as procesales que produjo indefensi贸n, que se pidi贸 la subsanaci贸n de la falta o transgresi贸n en la instancia, de haber existido momento procesal oportuno para ello.
d) Justificar que la o las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisi贸n adoptada en la resoluci贸n que se pretende recurrir.
e) Justificar, en el caso de que 茅sta hubiera sido dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de un Tribunal Superior de Justicia, que la norma supuestamente infringida forma parte del Derecho estatal o del de la Uni贸n Europea.
f) Especialmente, fundamentar con singular referencia al caso, que concurren alguno o algunos de los supuestos que, con arreglo a los apartados 2 y 3 del art铆culo anterior, permiten apreciar el inter茅s casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
3. Si el escrito de preparaci贸n no se presentara en el plazo de treinta d铆as, la sentencia o auto quedar谩 firme, declar谩ndolo as铆 el Letrado de la Administraci贸n de Justicia mediante decreto. Contra esta decisi贸n s贸lo cabr谩 el recurso directo de revisi贸n regulado en el art铆culo 102 bis de esta Ley.
4. Si, aun presentado en plazo, no cumpliera los requisitos que impone el apartado 2 de este art铆culo, la Sala de instancia, mediante auto motivado, tendr谩 por no preparado el recurso de casaci贸n, denegando el emplazamiento de las partes y la remisi贸n de las actuaciones al Tribunal Supremo. Contra este auto 煤nicamente podr谩 interponerse recurso de queja, que se sustanciar谩 en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
5. Si se cumplieran los requisitos exigidos por el apartado 2, dicha Sala, mediante auto en el que se motivar谩 suficientemente su concurrencia, tendr谩 por preparado el recurso de casaci贸n, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de treinta d铆as ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, as铆 como la remisi贸n a 茅sta de los autos originales y del expediente administrativo Y, si lo entiende oportuno, emitir谩 opini贸n sucinta y fundada sobre el inter茅s objetivo del recurso para la formaci贸n de jurisprudencia, que unir谩 al oficio de remisi贸n.
6. Contra el auto en que se tenga por preparado el recurso de casaci贸n, la parte recurrida no podr谩 interponer recurso alguno, pero podr谩 oponerse a su admisi贸n al tiempo de comparecer ante el Tribunal Supremo, si lo hiciere dentro del t茅rmino del emplazamiento.
Art铆culo 90.
1. Recibidos los autos originales y el expediente administrativo, la Secci贸n de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo a que se refiere el apartado siguiente podr谩 acordar, excepcionalmente y s贸lo si las caracter铆sticas del asunto lo aconsejan, o铆r a las partes personadas por plazo com煤n de treinta d铆as acerca de si el recurso presenta inter茅s casacional objetivo para la formaci贸n de jurisprudencia.
2. La admisi贸n o inadmisi贸n a tr谩mite del recurso ser谩 decidida por una Secci贸n de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo integrada por el Presidente de la Sala y por al menos un Magistrado de cada una de sus restantes Secciones. Con excepci贸n del Presidente de la Sala, dicha composici贸n se renovar谩 por mitad transcurrido un a帽o desde la fecha de su primera constituci贸n y en lo sucesivo cada seis meses, mediante acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que determinar谩 sus integrantes para cada uno de los citados periodos y que se publicar谩 en la p谩gina web del Poder Judicial.
3. La resoluci贸n sobre la admisi贸n o inadmisi贸n del recurso adoptar谩 la siguiente forma:
a) En los supuestos del apartado 2 del art铆culo 88, en los que ha de apreciarse la existencia de inter茅s casacional objetivo para la formaci贸n de jurisprudencia, la resoluci贸n adoptar谩 la forma de providencia, si decide la inadmisi贸n, y de auto, si acuerda la admisi贸n a tr谩mite. No obstante, si el 贸rgano que dict贸 la resoluci贸n recurrida hubiera emitido en el tr谩mite que prev茅 el art铆culo 89.5 opini贸n que, adem谩s de fundada, sea favorable a la admisi贸n del recurso, la inadmisi贸n se acordar谩 por auto motivado.
b) En los supuestos del apartado 3 del art铆culo 88, en los que se presume la existencia de inter茅s casacional objetivo, la inadmisi贸n se acordar谩 por auto motivado en el que se justificar谩 que concurren las salvedades que en aqu茅l se establecen.
4. Los autos de admisi贸n precisar谩n la cuesti贸n o cuestiones en las que se entiende que existe inter茅s casacional objetivo e identificar谩n la norma o normas jur铆dicas que en principio ser谩n objeto de interpretaci贸n, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si as铆 lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso. Las providencias de inadmisi贸n 煤nicamente indicar谩n si en el recurso de casaci贸n concurre una de estas circunstancias:
a) ausencia de los requisitos reglados de plazo, legitimaci贸n o recurribilidad de la resoluci贸n impugnada;
b) incumplimiento de cualquiera de las exigencias que el art铆culo 89.2 impone para el escrito de preparaci贸n;
c) no ser relevante y determinante del fallo ninguna de las infracciones denunciadas; o
d) carencia en el recurso de inter茅s casacional objetivo para la formaci贸n de jurisprudencia.
5. Contra las providencias y los autos de admisi贸n o inadmisi贸n no cabr谩 recurso alguno.
6. El Letrado de la Administraci贸n de Justicia de Sala comunicar谩 inmediatamente a la Sala de instancia la decisi贸n adoptada y, si es de inadmisi贸n, le devolver谩 las actuaciones procesales y el expediente administrativo recibidos.
7. Los autos de admisi贸n del recurso de casaci贸n se publicar谩n en la p谩gina web del Tribunal Supremo. Con periodicidad semestral, su Sala de lo Contencioso-administrativo har谩 p煤blico, en la mencionada p谩gina web y en el «Bolet铆n Oficial del Estado», el listado de recursos de casaci贸n admitidos a tr谩mite, con menci贸n sucinta de la norma o normas que ser谩n objeto de interpretaci贸n y de la programaci贸n para su resoluci贸n.
8. La inadmisi贸n a tr谩mite del recurso de casaci贸n comportar谩 la imposici贸n de las costas a la parte recurrente, pudiendo tal imposici贸n ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra m谩xima.
Art铆culo 91.
1. La preparaci贸n del recurso de casaci贸n no impedir谩 la ejecuci贸n provisional de la sentencia recurrida.
Las partes favorecidas por la sentencia podr谩n instar su ejecuci贸n provisional. Cuando de 茅sta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podr谩n acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podr谩 exigirse la presentaci贸n de cauci贸n o garant铆a para responder de aqu茅llos. No podr谩 llevarse a efecto la ejecuci贸n provisional hasta que la cauci贸n o la medida acordada est茅 constituida y acreditada en autos.
2. La constituci贸n de la cauci贸n se ajustar谩 a lo establecido en el art铆culo 133.2 de esta Ley.
3. El Tribunal de instancia denegar谩 la ejecuci贸n provisional cuando pueda crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de dif铆cil reparaci贸n.
4. Cuando se tenga por preparado un recurso de casaci贸n, el Letrado de la Administraci贸n de Justicia dejara testimonio bastante de los autos y de la resoluci贸n recurrida a los efectos previstos en este art铆culo.
Art铆culo 92.
1. Admitido el recurso, el Letrado de la Administraci贸n de Justicia de la Secci贸n de Admisi贸n de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictar谩 diligencia de ordenaci贸n en la que dispondr谩 remitir las actuaciones a la Secci贸n de dicha Sala competente para su tramitaci贸n y decisi贸n y en la que har谩 saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de treinta d铆as, a contar desde la notificaci贸n de aqu茅lla, para presentar en la Secretar铆a de esa Secci贸n competente el escrito de interposici贸n del recurso de casaci贸n. Durante este plazo, las actuaciones procesales y el expediente administrativo estar谩n de manifiesto en la Oficina judicial.
2. Transcurrido dicho plazo sin presentar el escrito de interposici贸n, el Letrado de la Administraci贸n de Justicia declarar谩 desierto el recurso, ordenando la devoluci贸n de las actuaciones recibidas a la Sala de que procedieran. Contra tal declaraci贸n s贸lo podr谩n interponerse los recursos que prev茅 el art铆culo 102 bis de esta Ley.
3. El escrito de interposici贸n deber谩, en apartados separados que se encabezar谩n con un ep铆grafe expresivo de aquello de lo que tratan:
a) Exponer razonadamente por qu茅 han sido infringidas las normas o la jurisprudencia que como tales se identificaron en el escrito de preparaci贸n, sin poder extenderse a otra u otras no consideradas entonces, debiendo analizar, y no s贸lo citar, las sentencias del Tribunal Supremo que a juicio de la parte son expresivas de aquella jurisprudencia, para justificar su aplicabilidad al caso; y
b) Precisar el sentido de las pretensiones que la parte deduce y de los pronunciamientos que solicita.
4. Si el escrito de interposici贸n no cumpliera lo exigido en el apartado anterior, la Secci贸n de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo competente para la resoluci贸n del recurso acordar谩 o铆r a la parte recurrente sobre el incumplimiento detectado y, sin m谩s tr谩mites, dictar谩 sentencia inadmiti茅ndolo si entendiera tras la audiencia que el incumplimiento fue cierto. En ella, impondr谩 a dicha parte las costas causadas, pudiendo tal imposici贸n ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra m谩xima.
5. En otro caso, acordar谩 dar traslado del escrito de interposici贸n a la parte o partes recurridas y personadas para que puedan oponerse al recurso en el plazo com煤n de treinta d铆as. Durante este plazo estar谩n de manifiesto las actuaciones procesales y el expediente administrativo en la Oficina judicial. En el escrito de oposici贸n no podr谩 pretenderse la inadmisi贸n del recurso.
6. Transcurrido dicho plazo, h谩yanse presentado o no los escritos de oposici贸n, la Secci贸n competente para la decisi贸n del recurso, de oficio o a petici贸n de cualquiera de las partes formulada por otros铆 en los escritos de interposici贸n u oposici贸n, acordar谩 la celebraci贸n de vista p煤blica salvo que entendiera que la 铆ndole del asunto la hace innecesaria, en cuyo caso declarar谩 que el recurso queda concluso y pendiente de votaci贸n y fallo. El se帽alamiento del d铆a en que haya de celebrarse la vista o en que haya de tener lugar el acto de votaci贸n y fallo respetar谩 la programaci贸n que, atendiendo prioritariamente al criterio de mayor antig眉edad del recurso, se haya podido establecer.
7. Cuando la 铆ndole del asunto lo aconsejara, el Presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de oficio o a petici贸n de la mayor铆a de los Magistrados de la Secci贸n antes indicada, podr谩 acordar que los actos de vista p煤blica o de votaci贸n y fallo tengan lugar ante el Pleno de la Sala.
8. La Secci贸n competente, o el Pleno de la Sala en el caso previsto en el apartado anterior, dictar谩 sentencia en el plazo de diez d铆as desde que termine la deliberaci贸n para votaci贸n y fallo.
Art铆culo 93.
1. La sentencia fijar谩 la interpretaci贸n de aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o clara de las de la Uni贸n Europea sobre las que, en el auto de admisi贸n a tr谩mite, se consider贸 necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Y, con arreglo a ella y a las restantes normas que fueran aplicables, resolver谩 las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, anulando la sentencia o auto recurrido, en todo o en parte, o confirm谩ndolos. Podr谩 asimismo, cuando justifique su necesidad, ordenar la retroacci贸n de actuaciones a un momento determinado del procedimiento de instancia para que siga el curso ordenado por la ley hasta su culminaci贸n.
2. Si apreciara que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no es competente para el conocimiento de aquellas pretensiones, o que no lo era el 贸rgano judicial de instancia, anular谩 la resoluci贸n recurrida e indicar谩, en el primer caso, el concreto orden jurisdiccional que se estima competente, con los efectos que prev茅 el art铆culo 5.3 de esta Ley, o remitir谩, en el segundo, las actuaciones al 贸rgano judicial que hubiera debido conocer de ellas.
3. En la resoluci贸n de la concreta controversia jur铆dica que es objeto del proceso, el Tribunal Supremo podr谩 integrar en los hechos admitidos como probados por la Sala de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por 茅sta, est茅n suficientemente justificados seg煤n las actuaciones y cuya toma en consideraci贸n resulte necesaria para apreciar la infracci贸n alegada de las normas del ordenamiento jur铆dico o de la jurisprudencia, incluso la desviaci贸n de poder.
4. La sentencia que se dicte en el momento procesal a que se refiere el apartado 8 del art铆culo anterior, resolver谩 sobre las costas de la instancia conforme a lo establecido en el art铆culo 139.1 de esta ley y dispondr谩, en cuanto a las del recurso de casaci贸n, que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad. No obstante, podr谩 imponer las del recurso de casaci贸n a una sola de ellas cuando la sentencia aprecie, y as铆 lo motive, que ha actuado con mala fe o temeridad; imposici贸n que podr谩 limitar a una parte de ellas o hasta una cifra m谩xima.»
Dos. Se suprimen las secciones 4.陋 y 5.陋 del cap铆tulo III del t铆tulo IV, integradas por los art铆culos 96 a 101.
Tres. Se modifica el art铆culo 102, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 102.
1. Habr谩 lugar a la revisi贸n de una sentencia firme:
a) Si despu茅s de pronunciada se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
b) Si hubiere reca铆do en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aqu茅lla, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase despu茅s.
c) Si habi茅ndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
d) Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricaci贸n, violencia u otra maquinaci贸n fraudulenta.
2. Asimismo se podr谩 interponer recurso de revisi贸n contra una resoluci贸n judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resoluci贸n ha sido dictada en violaci贸n de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violaci贸n, por su naturaleza y gravedad, entra帽e efectos que persistan y no puedan cesar de ning煤n otro modo que no sea mediante esta revisi贸n, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.
3. En lo referente a legitimaci贸n, plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en este procedimiento de revisi贸n, regir谩n las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, s贸lo habr谩 lugar a la celebraci贸n de vista cuando lo pidan todas las partes o la Sala lo estime necesario.
4. La revisi贸n en materia de responsabilidad contable proceder谩 en los casos establecidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.»
Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 3 en el art铆culo 108, con la siguiente redacci贸n:
«3. El Juez o Tribunal, en los casos en que, adem谩s de declarar contraria a la normativa la construcci贸n de un inmueble, ordene motivadamente la demolici贸n del mismo y la reposici贸n a su estado originario de la realidad f铆sica alterada, exigir谩, como condici贸n previa a la demolici贸n, y salvo que una situaci贸n de peligro inminente lo impidiera, la prestaci贸n de garant铆as suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.»
Cinco. Se modifica el art铆culo 139, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 139.
1 En primera o 煤nica instancia, el 贸rgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondr谩 las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y as铆 lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
En los supuestos de estimaci贸n o desestimaci贸n parcial de las pretensiones, cada parte abonar谩 las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el 贸rgano jurisdiccional, razon谩ndolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acci贸n o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.
2. En los recursos se impondr谩n las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el 贸rgano jurisdiccional, razon谩ndolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposici贸n.
3. En el recurso de casaci贸n se impondr谩n las costas de conformidad con lo previsto en el art铆culo 93.4.
4. La imposici贸n de las costas podr谩 ser a la totalidad, a una parte de 茅stas o hasta una cifra m谩xima.
5. Para la exacci贸n de las costas impuestas a particulares, la Administraci贸n acreedora utilizar谩 el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario.
6. En ning煤n caso se impondr谩n las costas al Ministerio Fiscal.
7. Las costas causadas en los autos ser谩n reguladas y tasadas seg煤n lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.»
Cuarta. Modificaci贸n de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes t茅rminos:
Uno. Se modifica el art铆culo 45, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 45. Competencia de los Juzgados de Primera Instancia.
1. Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposici贸n legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales.
2. Conocer谩n, asimismo, dichos Juzgados:
a) De los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
b) De los concursos de persona natural que no sea empresario.»
Dos. Se modifica el art铆culo 115, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 115. Recusaci贸n. Competencia para instruir y resolver los incidentes de recusaci贸n.
1. Ser谩n aplicables a la recusaci贸n de los Secretarios las prescripciones que establece la Ley Org谩nica del Poder Judicial para Jueces y Magistrados, con las siguientes especialidades:
a) Los Secretarios Judiciales no podr谩n ser recusados durante la pr谩ctica de cualquier diligencia o actuaci贸n de que estuvieren encargados.
b) La pieza de recusaci贸n se resolver谩 por el Secretario de Gobierno respectivo, previa instrucci贸n del incidente por el Secretario Coordinador correspondiente, o en su caso, Secretario Judicial que aqu茅l designe.»
Tres. Se modifica el art铆culo 116, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 116. Informe del recusado.
Presentado el escrito de recusaci贸n, el Secretario Judicial recusado informar谩 detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y leg铆tima la causa alegada, dando traslado de dicho escrito al Secretario Coordinador correspondiente para que 茅ste d茅 cuenta al Secretario de Gobierno, o, en su caso, directamente al Secretario de Gobierno que deba conocer de la recusaci贸n.»
Cuatro. Se modifica el art铆culo 117, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 117. Aceptaci贸n de la recusaci贸n por el recusado.
1. Cuando el recusado reconozca como cierta la causa de la recusaci贸n, el Secretario de Gobierno dictar谩 decreto, sin m谩s tr谩mites y sin ulterior recurso, teni茅ndolo por recusado, si estima que la causa es legal.
2. Si estima que la causa no es de las tipificadas en la Ley, declarar谩 no haber lugar a la recusaci贸n. Contra este decreto no se dar谩 recurso alguno.»
Cinco. Se modifica el art铆culo 118, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 118. Oposici贸n del recusado y sustanciaci贸n de la recusaci贸n.
Cuando el recusado niegue la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusaci贸n, si el instructor admitiere a tr谩mite la recusaci贸n propuesta, el Secretario Coordinador ordenar谩 la pr谩ctica, en el plazo de diez d铆as, de la prueba solicitada que estime pertinente y 煤til, d谩ndose traslado al Ministerio Fiscal por plazo de tres d铆as. Transcurrido este plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, lo remitir谩 al Secretario de Gobierno quien decidir谩 el incidente dentro de los cinco d铆as siguientes. Contra dicha resoluci贸n no cabr谩 recurso alguno.»
Seis. Se a帽ade un nuevo apartado 4 al art铆culo 138, que queda redactado como sigue:
«4. La relaci贸n de se帽alamientos del 贸rgano judicial deber谩 hacerse p煤blica. Los Secretarios Judiciales velar谩n porque los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al p煤blico, el primer d铆a h谩bil de cada semana, la relaci贸n de se帽alamientos correspondientes a su respectivo 贸rgano judicial, con indicaci贸n de la fecha y hora de su celebraci贸n, tipo de actuaci贸n y n煤mero de procedimiento.»
Siete. Se modifican los apartados 1 y 2 del art铆culo 140, que quedan redactados como sigue:
«1. Los Letrados de la Administraci贸n de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitar谩n a cualesquiera personas que acrediten un inter茅s leg铆timo y directo cuanta informaci贸n soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podr谩n examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas reservadas conforme a la ley. Tambi茅n podr谩n pedir aqu茅llas, a su costa, la obtenci贸n de copias simples de escritos y documentos que consten en los autos, no declarados reservados.
2. A petici贸n de las personas a que se refiere el apartado anterior, y a su costa, se expedir谩n por el Letrado de la Administraci贸n de Justicia los testimonios y certificados que soliciten, con expresi贸n de su destinatario.»
Ocho. Se modifica el art铆culo 147, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 147. Documentaci贸n de las actuaciones mediante sistemas de grabaci贸n y reproducci贸n de la imagen y el sonido.
Las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante el Tribunal se registrar谩n en soporte apto para la grabaci贸n y reproducci贸n del sonido y la imagen.
Siempre que se cuente con los medios tecnol贸gicos necesarios, el Secretario Judicial garantizar谩 la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilizaci贸n de la firma electr贸nica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garant铆as. En este caso, la celebraci贸n del acto no requerir谩 la presencia en la sala del Secretario Judicial salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos d铆as antes de la celebraci贸n de la vista, o que excepcionalmente lo considere necesario el Secretario Judicial atendiendo a la complejidad del asunto, al n煤mero y naturaleza de las pruebas a practicar, al n煤mero de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen. En estos casos, el Secretario Judicial extender谩 acta sucinta en los t茅rminos previstos en el art铆culo anterior.
Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podr谩n transcribirse, salvo en aquellos casos en que una ley as铆 lo determine.
El Secretario Judicial deber谩 custodiar el documento electr贸nico que sirva de soporte a la grabaci贸n. Las partes podr谩n pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.»
Nueve. Se modifica el apartado 2 del art铆culo 212, que queda redactado como sigue:
«2. Sin perjuicio de lo establecido en el p谩rrafo segundo del apartado 1 del art铆culo 236 quinquies de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se permitir谩 a cualquier interesado el acceso al texto de las sentencias o a determinados extremos de las mismas. Este acceso s贸lo podr谩 llevarse a cabo previa disociaci贸n de los datos de car谩cter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela, a la garant铆a del anonimato de los perjudicados, cuando proceda, as铆 como, con car谩cter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.»
Diez. Se modifica el art铆culo 266, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 266. Documentos exigidos en casos especiales.
Se habr谩n de acompa帽ar a la demanda:
1.潞 Los documentos que justifiquen cumplidamente el t铆tulo en cuya virtud se piden alimentos, cuando 茅ste sea el objeto de la demanda.
2.潞 Los documentos que constituyan un principio de prueba del t铆tulo en que se funden las demandas de retracto y, cuando la consignaci贸n del precio se exija por ley o por contrato, el documento que acredite haber consignado, si fuere conocido, el precio de la cosa objeto de retracto o haberse constituido cauci贸n que garantice la consignaci贸n en cuanto el precio se conociere.
3.潞 El documento en que conste fehacientemente la sucesi贸n mortis causa en favor del demandante, as铆 como la relaci贸n de los testigos que puedan declarar sobre la ausencia de poseedor a t铆tulo de due帽o o usufructuario, cuando se pretenda que el Tribunal ponga al demandante en posesi贸n de unos bienes que se afirme haber adquirido en virtud de aquella sucesi贸n.
4.潞 Aquellos otros documentos que esta u otra ley exija expresamente para la admisi贸n de la demanda.»
Once. Se modifica el art铆culo 403, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 403. Admisi贸n y casos excepcionales de inadmisi贸n de la demanda.
1. Las demandas s贸lo se inadmitir谩n en los casos y por las causas expresamente previstas en esta Ley.
2. No se admitir谩n las demandas cuando no se acompa帽en a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisi贸n de aqu茅llas o no se hayan intentado conciliaciones o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales.»
Doce. Se modifica el apartado 2 del art铆culo 483, que queda redactado como sigue:
«2. Proceder谩 la inadmisi贸n del recurso de casaci贸n:
1.潞 Si el recurso fuera improcedente, por no ser recurrible la sentencia o por cualquier otro defecto de forma no subsanable.
2.潞 Si el escrito de interposici贸n del recurso no cumpliese los requisitos establecidos, para los distintos casos, en esta Ley.
3.潞 Si el asunto no alcanzase la cuant铆a requerida, o no existiere inter茅s casacional por inexistencia de oposici贸n a doctrina jurisprudencial, por falta de jurisprudencia contradictoria o si la norma que se pretende infringida llevase vigente m谩s de cinco a帽os o, a juicio de la Sala, existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre dicha norma o sobre otra anterior de contenido igual o similar.
Asimismo se inadmitir谩 el recurso en los casos del segundo p谩rrafo del art铆culo 477.3, cuando el Tribunal Superior de Justicia correspondiente considere que ha sentado doctrina sobre la norma discutida o sobre otra anterior de contenido igual o similar.
4.潞 Si el recurso careciere manifiestamente de fundamento o se hubiesen resuelto ya en el fondo otros recursos sustancialmente iguales.»
Trece. Se modifica el art铆culo 510, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 510. Motivos.
1. Habr谩 lugar a la revisi贸n de una sentencia firme:
1.潞 Si despu茅s de pronunciada, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
2.潞 Si hubiere reca铆do en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en un proceso penal, o cuya falsedad declarare despu茅s penalmente.
3.潞 Si hubiere reca铆do en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o los peritos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
4.潞 Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinaci贸n fraudulenta.
2. Asimismo se podr谩 interponer recurso de revisi贸n contra una resoluci贸n judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resoluci贸n ha sido dictada en violaci贸n de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violaci贸n, por su naturaleza y gravedad, entra帽e efectos que persistan y no puedan cesar de ning煤n otro modo que no sea mediante esta revisi贸n, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.»
Catorce. Se modifica el art铆culo 511, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 511. Legitimaci贸n activa.
Podr谩 solicitar la revisi贸n quien hubiere sido parte perjudicada por la sentencia firme impugnada.
En el supuesto del apartado 2 del art铆culo anterior, la revisi贸n s贸lo podr谩 ser solicitada por quien hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.»
Quince. Se modifica el apartado 1 del art铆culo 512, que queda redactado como sigue:
«1. En ning煤n caso podr谩 solicitarse la revisi贸n despu茅s de transcurridos cinco a帽os desde la fecha de la publicaci贸n de la sentencia que se pretende impugnar. Se rechazar谩 toda solicitud de revisi贸n que se presente pasado este plazo.
Lo dispuesto en el p谩rrafo anterior no ser谩 aplicable cuando la revisi贸n est茅 motivada en una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este caso la solicitud deber谩 formularse en el plazo de un a帽o desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal.»
Quinta. Disposiciones con car谩cter de ley ordinaria y t铆tulo competencial
1.Tienen car谩cter de ley ordinaria las disposiciones adicionales segunda y quinta, y las disposiciones finales primera, tercera y cuarta.
2. La presente Ley Org谩nica se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas atribuidas al Estado en materia de Administraci贸n de Justicia por el art铆culo 149.1.5.陋 de la Constituci贸n, salvo las disposiciones finales primera, tercera y cuarta, que se dictan al amparo del art铆culo 149.1.6.陋 de la Constituci贸n, que atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar la legislaci贸n procesal.
Sexta. Normativa militar
En el plazo de dos a帽os desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitir谩 a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de reforma de la Ley Org谩nica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organizaci贸n de la Jurisdicci贸n Militar, que deber谩 ajustarse a lo dispuesto en esta Ley.
S茅ptima. Normativa procesal
En el plazo de un a帽o desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitir谩 a las Cortes Generales los proyectos de ley de modificaci贸n de las leyes procesales que resulten necesarios para la adaptaci贸n a lo dispuesto en ella y aprobar谩 las normas reglamentarias precisas para su desarrollo.
Octava. Estatuto b谩sico de los Letrados del Gabinete T茅cnico del Tribunal Supremo
En el plazo de un a帽o, el Gobierno remitir谩 a las Cortes Generales un proyecto de ley que regule el Estatuto de los Letrados del Gabinete T茅cnico del Tribunal Supremo. En todo caso, y en lo que se refiere al r茅gimen retributivo de estos Letrados, se estar谩 a lo previsto al respecto en el art铆culo 23 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci贸n y de Planta Judicial.
Novena. Desarrollo reglamentario
El Consejo General del Poder Judicial proceder谩 a elaborar el reglamento que desarrolle el procedimiento al que se refiere el art铆culo 296 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
La presente Ley entrar谩 en vigor el d铆a 1 de octubre de 2015, excepto los apartados uno, dos y cinco de la disposici贸n final tercera, que lo har谩n al a帽o de su publicaci贸n.