Plazos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
Esquema - Departamento Jurídico de Sepín Administrativo
Derecho al Consumo y Administraciones Públicas
Nuestra Constitución en su artículo 51 consagra como principio informador del ordenamiento jurídico la protección de los consumidores y usuarios. Se trata de un derecho que ha de convivir en un delicado equilibrio con otros igualmente protegidos como la libertad de empresa o la autonomía privada. En el presente estudio analizamos mediante artículos doctrinales, esquemas y la más reciente jurisprudencia, los aspectos de la protección de los consumidores y usuarios en su relación directa con las Administraciones Públicas, tales como el derecho a la información, la representación de los consumidores, el régimen jurídico y registro de las asociaciones o el Sistema Arbitral de Consumo ya que son los poderes públicos los que garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos ...[ver más]
"Corrección de errores" al Reglamento Europeo de Protección de Datos: ampliación del ámbito subjetivo de aplicación
Notas y Comentarios
Consentimientos y otras bases del tratamiento en el REPD
Consulta - Departamento Jurídico de Sepín Nuevas Tecnologías
Procedimientos administrativos de gestión de personal: ¿el silencio administrativo es negativo?
Artículo Monográfico - Julián López Martínez. Director Técnico de Sepín Administrativo. Abogado
La existencia de una prohibición de entrada contra nacionales terceros países, familiares de ciudadanos UE que no hayan ejercido nunca su libertad de circulación, no es motivo por si sólo para para inadmitir sus solicitudes de reagrupación
TJCE/TJUE, Sala Gran Sala, 8-5-2018
Admitida Casación: determinación si la extinción de autorización de residencia temporal por resolución del órgano (art. 161.2 RD 557/2011) equivale a la extinción de las autorizaciones sin necesidad de pronunciamiento administrativo (art. 161.1)
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, 6-4-2018
Legitimación del arrendatario para impugnar la enajenación de vivienda de titularidad pública (IVIMA)
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3.ª, 23-3-2018
No procede el reintegro de las ayudas para el Programa Nacional de Proyectos de Investigación: las facturas por estancias del personal investigador en el extranjero están amparadas por el RD 462/2002 sobre indemnizaciones por razón de servicio
AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3.ª, 15-3-2018
Someter a licencia cualquier acto de uso del suelo, como la actividad de vivienda de uso turístico, sería contrario a la Directiva 2006/12/CE
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Oviedo, n.º 3, 16-4-2018
Los proyectos de urbanización, como proyectos de obras, no pueden contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo y edificación, ni modificar las previsiones del Plan que desarrollan
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Málaga, n.º 4, 21-3-2018
Demanda frente a denegación de solicitud de declaración de incapacidad permanente para el servicio de funcionario público
Formulario
Los arrendamientos urbanos en Cataluña
Artículo Monográfico - Daniel Loscertales Fuertes. Abogado
Transparencia en la obtención de datos personales: información por capas
Artículo Monográfico - Julián López Martínez. Director Técnico de Sepín Administrativo. Abogado
El acuerdo de iniciación del procedimiento de expulsión ¿debe indicar las razones de su decisión?, y ¿debe hacer referencia al tipo de procedimiento, ordinario o preferente, por el que se tramitará?
Jurisprudencia Comentada - Departamento Jurídico Sepín Extranjería
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, 23-10-2017
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, 7-12-2017
El deseo de aprender nuestro idioma no es motivo para prorrogar la estancia
Jurisprudencia Comentada - Julián López Martínez. Director Técnico de Sepín Administrativo. Abogado
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Santander, n.º 1, 21-3-2018