La acción para la efectividad de los derechos reales inscritos

La acción para la efectividad de los derechos reales inscritos

Autor: Departamento Jurídico de Sepín Inmobiliario

Publicación: 1 / 2021

ISBN: 978-84-1333-686-2

Editorial: SEPIN

Referencia: 6122

Precio: 20

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Opinión
La acción para la efectividad de derechos reales inscritos
¿Inadecuación de procedimiento por no acudir al proceso especial del art. 250.1.4 LEC en caso de ocupación ilegal de una vivienda?
Encuestas Jurídicas
¿En qué momento procesal ha de prestar el demandado la caución a la que hace referencia el art. 444.2 de la LEC, en los procesos instados por los titulares de derechos reales inscritos (antiguo procedimiento del art. 41 de la LH)?
Consultas
Acumulación del verbal de protección de derechos inscritos con daños y perjuicios
Extinción de un arrendamiento rústico histórico por fallecimiento de la arrendataria y ocupación de la finca por su hermano
Acciones contra el ocupante de una vivienda no registrada
Ocupación de parte de una finca colindante por la construcción de una barbacoa y acción para la protección de los derechos reales inscritos
¿Es necesario un requerimiento antes de interponer un verbal de protección de derechos reales inscritos?
Prescripción de la acción del art. 41 LH
Procedimiento para el desalojo de ocupantes del inmueble
Precario o procedimiento del art. 41 LH
Cuantía para la protección de derechos reales inscritos y reserva por razón de la materia
Inadmisión de demanda para protección de derechos reales inscritos por falta de acompañamiento de la certificación del Registro
Caución en procesos para la protección de derechos reales inscritos y justicia gratuita
Formulario
Demanda para la efectividad de derechos reales inscritos en el Registro
Jurisprudencia
Requisitos
Aportación de la certificación registral literal por el demandante
Existe
Amparando la titulación registral del actor el dominio del corral litigioso, siendo éste el único identificado catastralmente y careciendo el demandado de título que ampare la posesión de este, concurren los requisitos de la acción ejercitada
La actora ha acreditado su título de propiedad inscrito en el Registro, sin que el demandado haya aportado ninguna de las causas de oposición establecidas en el art. 444-2 LEC
La actora acredita su propiedad sobre la vivienda mediante la oportuna certificación registral, mientras que la demandada no acredita la existencia de un contrato de arrendamiento y además no presta la caución necesaria para oponerse a la demanda
En el procedimiento para la efectividad de un derecho real inscrito es necesario que el actor acredita su titularidad con la certificación literal que acredite la vigencia del asiento sin contradicción
Si bien el actor no aporta una certificación literal, sino en relación, del Registro de la Propiedad, el mismo da fe de la vigencia registral del derecho real respecto del que se interesa su protección
Las certificaciones registrales aportadas con la demanda acreditan la inscripción a favor de la actora del dominio sobre los bienes cuya posesión ostenta el demandado, cumpliéndose el requisito relativo a la legitimación activa
El actor cumple con la aportación de la certificación del Registro que acredita la vigencia sin contradicción alguna del asiento correspondiente, pues la alegación de la parte demandada no encaja en las causas de oposición tasadas del procedimiento
El que la certificación registral no adolezca da falsedad en lo que concierne a su correspondencia con los asientos e inscripciones justifica el éxito de la acción para la protección de derechos reales inscritos ejercitada en base a la misma
El demandante ha presentado la certificación del Registrador que demuestra la legitimación registral y su vigencia sin contradicción alguna, y constatados esos datos, la legitimación está demostrada
La certificación del registro de la propiedad de la que se deduce que el dominio de la finca está inscrito a nombre del actor, sin contradicción alguna, da lugar a la acción ejercitada con base en el art. 41 LH
La aportación por el actor de una certificación del registro de la propiedad de la que se deduce que el dominio de la finca está inscrito a su nombre, sin dato que contradiga dicho dominio, prueba que es el titular registral
La parte actora acredita su dominio sobre las fincas mediante la oportuna certificación registral, así como su correspondencia con la afectada por los actos de perturbación
Derecho del actor para la efectividad del derecho real derivado de la inscripción del dominio de la finca, que aportó con la correspondiente certificación registral que evidencia su titularidad sobre la finca en cuestión
No existe
Para el ejercicio de la acción para la tutela de los derechos reales inscritos, es un requisito ineludible que el actor aporte la certificación literal del Registro de la Propiedad, que acredite la vigencia, sin contradicción, el asiento legitimador
En un proceso para la efectividad de un derecho real inscrito, se debe presentar la certificación registral literal, no una certificación para la investigación para contratación o interposición de acciones, en relación al asiento de propiedad
No aportando el demandante la certificación registral respecto de su titularidad de la finca que se quiere recuperar, ni pidiendo caución del demandado, no debió admitirse a trámite la demanda
En un proceso para obtener la tutela judicial de un derecho de propiedad inscrito, es necesario aportar la certificación registral acreditativa de estar la finca inscrita a nombre del actor
El certificado de propiedad que aporta el demandante es referente a una vivienda distinta sobre la que se ejercita la acción para la efectividad del derecho real inscrito, lo que implica la desestimación de la demanda
La falta de aportación por la demandada, sucesora procesal de la demandante, de la certificación registral que acredite que la finca estuviese inscrita a su favor conduce a desestimar la demanda para la efectividad del derecho real de propiedad
En el proceso sobre efectividad de un derecho real inscrito la falta de aportación de la certificación del registro que acredite la titularidad del derecho es un defecto insubsanable
La omisión del título de la actora de referencia a cueva alguna impide estimar la ocupación que denuncia como actuación perturbadora de su derecho
Derechos reales inscritos: es presupuesto adjetivo del ejercicio de dicha acción es que se demuestre la titularidad registral pretendida
En la certificación registral se consigna que la finca litigiosa consta inscrita como último y vigente título de dominio a favor del banco por título de dación en pago de deuda
La certificación registral aportada no acredita que la porción de terreno litigiosa se encuentre amparada por aquella, además de que el demandado aporta una escritura pública de mejora como título, lo que es un motivo válido de oposición
Falta de legitimación del actor para acceder a la protección especial de protección de los derechos reales inscritos al no constar inscrita, en la propia certificación registral aportada con la demanda, la finca a favor del actor
El actor no ha justificado su condición de titular registral en relación al bien inmueble mediante la correspondiente certificación literal del Registro de la Propiedad, requisito ineludible para la acción de tutela de un derecho real inscrito
Identificación de la finca
La finca quedo perfectamente identificada mediante la aportación del propio título del actor y la certificación del administrador de fincas
Los demandantes no presentaron el certificado válido a efectos de poder ejercer la acción de efectividad de los derechos reales inscritos, pues no identificaba de modo inequívoco el inmueble ni su titularidad registral
No se aprecia el déficit que se denuncia por las recurrentes sobre la identificación del objeto, puesto que en la demanda inicial se especifican e individualizan adecuadamente y con suficiencia las viviendas cuya protección posesoria se pretende
El motivo de oposición esgrimido por el demandado no puede ser acogido, pues es irrelevante si existe algún error en las superficies de las fincas o sus límites, acreditándose la perfecta identidad entre la finca registrada y la ocupada por este
La discusión sobre la identificación física de las parcelas en relación con el catastro y el registro de la propiedad, implica que el juicio del artículo 41 LH no es el idóneo, sino el declarativo correspondiente imprimir pdf guardar Enviar
La discrepancia entre las partes sobre la identificación de las parcelas en relación con la realidad catastral y registral, implica que el procedimiento oportuno sería el declarativo correspondiente, no el abreviado del art. 41 LH
La falta de correspondencia entre la finca registrada a nombre del actor y aquella sobre la que se proyecta la acción, impide el éxito de la acción de protección de los derechos reales inscritos
La falta de identificación de la finca del actor, que impide determinar si le pertenece el barranco en que se ha construido el depósito de agua y el camino, impide acoger la protección registral solicitada
Es improcedente la reclamación por la vía de la acción posesoria del art. 41 de la L.H al no existir identificación de la finca, lo que impide que se pueda precisar si hay instalaciones que invaden la parcela de la actora
Las dudas de hecho sobre la identificación del trozo de terreno, y la confusión motivada por la descripción catastral impiden otorgar la protección del art. 41 LH, que está condicionada a la inequívoca identificación del inmueble reclamado
No pudiéndose determinar los límites de la finca cuya posesión se reclama, no cabe interponer la acción de protección de derechos reales inscritos, pues se exige una plena identificación del derecho real perturbado, que no se ha producido
Título legitimador de la posesión por el demandado
Existe
El acuerdo aportado por la Comunidad, relativo a la desafectación del uso del elemento común, es válido como causa de oposición ante el procedimiento de tutela de derechos reales inscritos instado, debiendo ser discutido en un declarativo
La ocupación de la demandada por usucapión, consentida por los propietarios del inmueble impide acudir a un proceso sumario de protección de derechos reales inscritos para defenderla
El derecho de posesión del demandado en virtud de contrato de arrendamiento impide apreciar que lo sea de forma ilegítima y estimar la efectividad de un derecho de propiedad inscrito frente a quien se opone al mismo
El demandado posee el local en virtud de la subrogación en el arrendamiento, lo que impide la estimación de la acción para efectividad de los derechos reales inscritos y sin que en este procedimiento se pueda examinar la validez de la subrogación
El título apto que justifica la posesión que el demandado ejerce sobre el solar, incluso la prescripción en perjuicio de los titulares inscritos, comporta desestimar la protección sobre efectividad del derecho real inscrito solicitada por el actor
Los demandados han poseído la finca litigiosa desde el año 1962, que es cuando se produjo el abandono del inmueble por parte de los titulares registrales, circunstancias que son suficientes para justificar el título contradictor que se opone
Se desestima la acción de protección de un derecho real inscrita, al existir un título habilitante suficiente de la posesión del demandado como es un contrato, que es una de las causas expresas de oposición
La actora no ostenta la condición de propietaria de las parcelas, pues el demandado posee la finca o disfruta el derecho discutido por contrato u otra cualquier relación jurídica directa con el último titular o con titulares anteriores
La documental manifiesta una realidad extrarregistral distinta a la que la actora interpreta derivada del título inscrito, pues evidencia una legitimidad en su posesión por la demandada amparada por un derecho de siembra de carácter inmemorial
La demandada tiene derecho a ocupar la vivienda, al contar con la autorización de los copropietarios y ser además condueña, lo que impide el ejercicio por el actor de la acción de tutela de los derechos reales inscritos
El título invocado por el demandado, que reúne las condiciones externas reveladoras de su legitimidad y vigencia, es bastante para justificar el título contradictor que se opone y que impide el éxito de la acción del art. 41 LH ejercitada
El demandado ostentaba el mismo título que el actor, si bien recaía en la mitad indivisa de la azotea y escalera, lo que impide el éxito de la acción para la tutela de los derechos reales inscritos
Desestimación de la demanda sobre la tutela de derechos reales inscritos, al existir oposición del demandado que ha aportado un título con cierta apariencia de veracidad que legitima su posesión
Justificada la posesión de la finca por los demandados, dicha apariencia de legitimación posesoria se considera suficiente para desestimar la acción de protección de los derechos reales inscritos
La legítima posesión del demandado de las fincas, a título de arrendatario, comporta el rechazo de la acción de tutela de derechos reales inscritos promovida por la actora
No existe
Contrato de arrendamiento
El contrato de alquiler invocado por la demandada como medio para justificar la ocupación de la vivienda no es oponible frente al actor, al no acreditarse que se suscribiera con el anterior titular registral de la finca
Inexistencia de prueba de la relación arrendaticia alegada como oposición frente al al actor que ejercita la acción para la efectividad de su derecho real de propiedad inscrito
El acuerdo verbal en el que el demandado pretende justificar la posesión de la vivienda carece de prueba alguna y no tiene consistencia jurídica para impedir la protección de los derechos reales inscritos interesada por el titular registral
Falta de la acreditación de la existencia de un contrato firmado con un supuesto anterior poseedor, sin que la delicada situación personal y familiar que pueda tener el demandado deba ser interpretada por los tribunales en este procedimiento
El demandado no acredita la existencia del contrato de arrendamiento que dice ostentar y con el que pretende justificar la posesión de la finca frente a su titular registral que ejerce la acción para la efectividad de los derechos reales inscritos
El ocupante de la vivienda no acredita la existencia de un contrato de arrendamiento firmado con el anterior propietario, ni consta inscrito en el Registro de la Propiedad, ni existe prueba alguna del pago y del depósito de la fianza
El demandado no acredita la existencia de un contrato de arrendamiento verbal con el anterior titular registral, sino solo de unas negociaciones que no llegaron a buen término, sin que tenga ningún títuo que pueda oponerse frente al propietario
La certificación registral, según la cual la demandada no vive en el piso en virtud del contrato suscrito con quien decía ser propietario y arrendador, pues no lo es, da lugar a la demanda para la efectividad del derecho real inscrito
El contrato de arrendamiento del demandado no prueba que se le haya causado indefensión ni la misma deriva de un titular inscrito con anterioridad al actual propietario adjudicatario del piso objeto del proceso de derechos reales inscritos
Inexistencia de prueba de la existencia del contrato de subarrendamiento que esgrime el demandado como título para justificar su ocupación, y aunque existiera, no sería válido al no haber sido otorgado por el titular regsitral, ni por uno anterior
El título de dominio inscrito a nombre del actor justifica el desalojo del demandado, que no aporta el contrato de arrendamiento que aduce
La persona que figura en el contrato, no consta que fuese anterior titular inscrito del inmueble, y tampoco que la demandada ocupe la vivienda en calidad de arrendataria, por lo que la relación alegada, no puede perjudicar al titular inscrito
El demandado no justifica la existencia de un contrato ni una relación jurídica directa con el anterior titular que justifique su oposición ante la acción ejercitada por el titular del derecho real inscrito sobre la vivienda
El demandado no puede hacer valer frente a la actora un contrato de arrendamiento suscrito con posterioridad al decreto de adjudicación de la finca litigiosa y por quien ya no puede ostentar un poder de disposición sobre la misma al no ser titular
Contrato de compraventa
Frente al titular del derecho real inscrito no puede oponerse como causa justificativa de la posesión un contrato de opción de compra cuyo plazo de ejercicio aún no ha llegado, al no constar que junto con la opción se pactara un arrendamiento
El contrato de compraventa aportado por el demandado como justificativo de su derecho no es válido pues fue otorgado por el usufructuario, que no tiene facultades para transmitir la propiedad
Falta de acreditación de la existencia de un contrato de compraventa verbal que pueda oponerse a la acción de efectividad del derecho real inscrito ejercitado por el actor
El actor ejercita la acción de protección de un derecho real inscrito, sin que sirva como oposición la existencia de un contrato de compraventa anterior a la adjudicación del inmueble a la actora, al dejar de ser legítima la posesión en ese momento
La nulidad por sentencia del título de compraventa que esgrime la demandada prueba que no la posee de forma legítima y legal
Situación de vulnerabilidad
Al estar ante un proceso para la tutela de los derechos reales inscritos no es procedente la solicitud de adopción de alguna medid social prevista solo para los casos de ejecución hipotecaria y desahucio por impago de renta
La Ley 24/2015 de Cataluña o el RDL 7/2019 ampara a los poseedores de una vivienda por título de arrendamiento o un derecho de propiedad sujeto a ejecución hipotecaria, pero no a quien ocupa sin título alguno
El procedimiento especial de tutela de derechos reales inscritos, en el que las causas de oposición son tasadas, no contempla la alegada vulnerabilidad o riesgo de exclusión social
Falta de título de la demandada que justifique la posesión de la vivienda, sin que frente al titular que ejerce la acción para la efectividad de un derecho real inscrito se pueda oponer el derecho a una vivienda digna o su situación económica
El estado de necesidad y la situación personal del ocupante de la vivienda no es oponible frente al titular del derecho de propiedad de la vivienda que pretende recuperarla
La actora ha acreditado que la finca está inscrita a su nombre, sin que la situación personal y familiar del demandado pueda oponerse frente al titular del derecho real inscrito que solicita el desalojo y la devolución de su propiedad
El demandado no alegó ninguna de las causas de oposición legalmente establecidas en los supuestos en los que se ejercita la acción para la efectividad de un derecho real inscrito, sin que su precaria situación económica sirva frente al propietario
No ha quedado probado que exista consentimiento de la propiedad para poseer la vivienda ni se ha opuesto el demandado por las causas tasadas que exige la Ley, por lo que procede el desahucio con independencia de su situación de vulnerabilidad
El derecho a disfrutar de una vivienda digna debe ser satisfecho por los poderes públicos, sin que pueda justificar la ocupación de una vivienda frente a su propietario que ejerce la acción para la efectividad de los derechos reales inscritos
Ejercitada una acción para la efectividad de los derechos reales inscritos, las causas de oposición están legalmente establecidas, sin que entre ellas figure la normativa de protección a los deudores hipotecarios
Las medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios no es de aplicación analógica como medio de oposición frente al propietario que ejerce la acción de efectividad de un derecho real inscrito
El actor ejerce una acción para la efectividad de los derechos reales inscritos ante el poseedor que sin título alguno, sin que pueda oponerse en base a su situación de vulnerabilidad, pues corresponde a la Administración procurar un alquiler social
La situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el demandado no es oponible frente al titular de la vivienda que ejerce la protección sumaria de su derecho real inscrito
No es de aplicación la Ley 24/2015, de 29 de julio de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, en el procedimiento de derechos reales inscritos para el desalojo de okupas
Inaplicación de la Ley 25/2015, de 28 de julio, limitado a los desahucios de ejecuciones hipotecarias, al procedimiento de recuperación de la posesión del titular inscrito
Derecho a una vivienda digna
Falta de título de la demandada que justifique la posesión de la vivienda, sin que frente al titular que ejerce la acción para la efectividad de un derecho real inscrito se pueda oponer el derecho a una vivienda digna o su situación económica
El derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna no es oponible frente al titular registral que reclama su devolución a través de la demanda para la efectividad de los derechos reales inscritos
El derecho a disfrutar de una vivienda digna debe ser satisfecho por los poderes públicos, sin que pueda justificar la ocupación de una vivienda frente a su propietario que ejerce la acción para la efectividad de los derechos reales inscritos
El derecho constitucional a una vivienda digna no garantiza un derecho fundamental sino que enuncia un principio rector de la política social y económica y no sirve como justificación de la ocupación sin título de una vivienda frente a su propietario
La vulneración del derecho fundamental a una vivienda digna y el incumplimiento de la función social de la misma constituye cuestión ajena a la acción de derecho real inscrito ejercitada
Frente al propietario privado de la vivienda, no es oponible la necesidad de una vivienda y la función social que corresponde ejercerla a la Administración
Empadronamiento
Prospera la acción para la efectividad de derechos reales inscritos al ser inexistente el título de propiedad de los demandados, pues el mero hecho de estar empadronados no implica que ocupen la vivienda con título que les legitime a ello
El volante de empadronamiento, de carácter administrativo, no sirve como título suficiente para legitimar la ocupación
El certificado de empadronamiento, que acredita únicamente que la demandada reside en la vivienda, no prueba el título en que lo hace en virtud de una relación jurídica lícita
El volante de empadronamiento aportado por la demandada sólo acredita que reside en la vivienda inscrita a favor de la actora, pero no prueba la existencia de un título que legitime la ocupación
Aspectos procesales
Cáracter sumario
La ocupación de la demandada por usucapión, consentida por los propietarios del inmueble impide acudir a un proceso sumario de protección de derechos reales inscritos para defenderla
El juicio sobre protección de los derechos reales inscritos es un proceso sumario, que carece del efecto de cosa juzgada, siendo necesario que se acredite la titularidad mediante la correspondiente certificación registral
El juicio sobre efectividad de un derecho real inscrito es de carácter sumario, sin efectos de cosa juzgada, siendo necesario para que prospere, que el actor acredite la titularidad inscrita y vigente mediante la certificación registral
Al estar ante un proceso sumario como es la tutela de un derecho real inscrito, es necesario para poder oponerse prestar la debida caución, además de estar expresamente tasadas las causas de oposición
El proceso para la protección de derechos reales inscritos es de carácter sumario y basta con que el demandado presente un título que demuestre que no es un intruso para la denegación de la demanda
Al estar ante un procedimiento para la protección de un derecho real inscrito, que es de carácter sumario, y poder estar la supuesta perturbación amparada por un título del demandado, su discusión excede del objeto del proceso
El proceso para la defensa de un derecho real inscrito es un proceso sumario que no tiene efectos cosa juzgada, y en el que basta que la parte demandada acredite su derecho a poseer para que haya que acudir al juicio declarativo correspondiente
Caución
Cuantía
La falta de acreditación por el actor de su situación económica de la que pudiera deducirse que la caución fijada podía suponer un obstáculo para ejercer su derecho de defensa impide acoger su oposición a la demanda formulada por el titular registral
La caución exigida, que era de 100 euros, no privó de derecho alguno al demandado, que efectivamente la prestó
La caución fue establecida en 1.200 euros, sin que pueda considerarse que dicha cantidad causara indefensión a los demandados, aunque tuvieran reconocido el beneficio de justicia gratuita, debiendo ser considerada como prudente y proporcionada
La inexistencia de un derecho real que faculte al demandado ocupar el inmueble propiedad de un tercero impide admitir que una caución de 350 € sea excesiva
La cuantía de la caución que solicitó la demandante para fijar al demandado fue moderada por el tribunal por lo que no puede apreciarse conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva
La procedencia de la exigibilidad de la caución de 200 € al demandado, proporcional a su capacidad económica, sin que la haya prestado impide admitir su oposición a la demanda
Situación de indefensión de la demandada al imponerse una caución excesiva de acuerdo con su capacidad económica
Reducción de la caución establecida por alejarse de las facultades económicas de los demandados
Aunque la caución fijada no resulta desproporcionada en atención a daños que se pretenden asegurar, no puede ser prestada por el demandado lo que le impide oponerse a la pretensión, debiendo primar el derecho constitucional a la tutela efectiva
Mantenimiento de la caución solicitada por el banco a los vendedores demandados en consideración al título esgrimido por dicha entidad compradora, cuyo derecho fue perturbado por la ocupación sin causa de la vivienda por aquéllos
Reducción de la caución establecida por alejarse de las facultades económicas de los demandados
Falta de prestación. Admisión recurso de apelación
En el procedimiento para la efectividad de los derechos reales inscritos no se exige la prestación de caución para la admisión del recurso de apelación, que sí que viene exigida para formular la oposición
La falta de prestación de la caución por el demandado no impide la admisión a trámite del recurso de apelación, pero en el mismo solo podrán analizarse cuestiones de carácter procesal y no razones de fondo justificativas de la ocupación del inmueble
La prestación de la caución en un procedimiento para la efectividad de un derecho real inscrito en un requisito para oponerse a la demanda, pero su falta no es causa de inadmisibilidad del recurso de apelación
La falta de prestación de la caución como motivo de inadmisión del recurso de apelación no es requisito previsto legalmente como causa de admisibilidad
Apelado pide la inadmisión recurso de apelación por no haber prestado la apelante la caución exigida en proceso de derechos reales inscritos, no hay previsión legal que excluya la opción de recurrir por no prestarse caución por ello se admite recurso
Inadmisión del recurso ante la acción sobre protección de los derechos reales inscritos al ejercitarse sin prestar previamente caución
Si la Ley no establece como requisito que quien quiera apelar deba prestar caución, no podrá ser fijado ni por ende ser estimado por los tribunales, dicho requisito para en su caso admitir el recurso de apelación
Falta de prestación. Imposibilidad de oposición
No puede oponerse a la acción de recuperación posesoria de la Ley Hipotecaria quien no ha prestado caución en el procedimiento
En un proceso sobre la efectividad de un derecho real inscrito, el demandado no puede oponerse a la demanda si no presta caución
No prestada por el demandado la caución fijada por el Tribunal, no puede oponerse a la demanda de protección de los derechos reales inscritos planteada, requisito ineludible a tales efectos
La falta de prestación por el demandado de la caución fijada por el Tribunal determina la continuación del proceso sobre la efectividad de un derecho real inscrito y la imposibilidad de oposición
Es necesaria la prestación de caución para oponerse en un procedimiento para la efectividad de los derechos reales inscritos, aunque el demandado goce del derecho a la justicia gratuita
Para que el demandado en un proceso para la efectividad de los derechos reales inscritos pueda oponerse a la demanda, es requisito imprescindible la prestación de la caución fijada por el juzgado
Los demandados no han prestado caución, lo que impide que puedan oponerse a la demanda, además de que su precaria situación no es causa de oposición ante la acción para la efectividad de los derechos reales inscritos
El demandado en el proceso sobre tutela de derechos reales inscritos no prestó la caución impuesta, lo que impide que no pueda oponerse a la demanda
El incumplimiento por el demandado de su obligación de prestar caución hace que no pueda oponerse a la acción real registral planteada
El demandado no ha prestado la caución obligatoria para oponerse a la demanda sobre protección de los derechos reales inscritos, ni ha acreditado ninguna de las causas tasadas por la que se puede oponer a la demanda
Falta de prestación. Beneficiario asistencia jurídica gratuita
El derecho al beneficio de justicia gratuita no exonera de la obligación de prestar caución y su falta, impide al demando que pueda oponerse ante una demanda para la efectividad de los derechos reales inscritos
La falta de prestación de la caución impuesta por parte del demandado en un proceso sobre efectividad de un derecho real inscrito, implica la estimación de la demanda, sin que quede exonerado por ser beneficiario de la asistencia jurídica gratuita
El que el demandado tenga concedido el derecho a la asistencia jurídica gratuita no le exonera de la obligación de prestar caución
En un procedimiento para la efectividad de derechos reales inscritos, la prestación de caución por el demandado es un requisito indispensable para poder oponerse, sin que quede exonerado por tener derecho a la asistencia jurídica gratuita
El derecho a la asistencia jurídica gratuita no exonera de la obligación de prestar la caución establecida por el Juez
El que el demandado tenga derecho al beneficio de justicia gratuita, no le exonera de la obligación de prestar la caución impuesta por el Juez para poder oponerse en el proceso para la efectividad de los derechos reales inscritos
El que el demandado goce del derecho de justicia gratuita no le exonera de la obligación de prestar caución
El hecho de que al demandado se le concediera el beneficio de justicia gratuita no le exonera del pago de la caución establecida en 10.000 euros conforme las circunstancias económicas acreditadas
La solicitud por el demandado del beneficio del derecho de asistencia jurídica gratuita no le exime de prestar caución para oponerse a la acción para la efectividad de su derecho inscrito en el Registro de la Propiedad
La solicitud por el demandado del beneficio del derecho de asistencia jurídica gratuita no le exime de prestar caución para oponerse a la acción para la efectividad de su derecho inscrito en el Registro de la Propiedad
Plazo para el ejercicio de la acción
La acción ejercitada en la demanda es la de efectividad de un derecho real inscrito del art. 250.1.7 LEC, sin que sea de aplicación el plazo de un año establecido para la acción de recuperación del inmueble ilegalmente ocupado del art. 250.1.LEC
No resulta aplicable el plazo de prescripción invocado puesto que no nos encontramos ante una acción de tutela sumaria de la posesión sino de protección de los derechos reales inscritos
No se aprecia la caducidad de la acción invocada, puesto que dicho plazo se refiere a los supuestos de acciones protectoras exclusivamente de la posesión y aquí estamos ante la protección del titular inscrito
La acción ejercitada es la de un titular sobre protección de su derecho de propiedad inscrito, no la acción de un mero poseedor, sin que sea de aplicación el plazo de un años establecido en el artículo 439 LEC
Inaplicación a la acción de protección de los derechos reales inscritos la prescripción de la acción por transcurso del plazo anual, referido a la acción interdictal
Inaplicación a la acción ejercitada de protección de los derechos reales inscritos la prescripción opuesta por el demandado transcurso del plazo anual, que es el referido a la acción interdictal
La acción para la protección de los derechos reales inscritos comienza en el momento de la inscripción, siendo el plazo de prescripción para su ejercicio el de treinta años
El plazo anual de caducidad, propio de los procedimientos de tutela posesoria, no es de aplicación a los procesos de protección de los derechos reales inscritos
No es aplicable a las acciones del art. 41 de la Ley Hipotecaria el plazo prescriptivo anual
Inadecuación de procedimiento
Existe
Es inadecuado el procedimiento del art. 41 LH seguido, que permite la efectividad de los derechos reales inscritos, para el ejercicio por la actora de la acción negatoria de servidumbre
La posesión del demandado sin disponer de título inscrito, impidiendo a la actora su dominio, hace inadecuada la acción entablada por aquél, que protege los derechos reales inscritos
Al tener ambas partes litigantes inscritas sus fincas en el Registro, y venir por tanto la cuestión litigiosa referida a una colisión de titularidades, no es adecuado el procedimiento sobre tutela de derechos reales inscritos
El procedimiento sobre protección de derechos reales inscritos no es el adecuado cuando lo que existe es una confusión de lindes debiendo acudir al procedimiento declarativo correspondiente
No es adecuado el procedimiento de protección de derechos reales inscritos cuando el demandado también tiene inscrito su título
El procedimiento de protección de derechos inscritos no es adecuado para analizar un contrato de compraventa, por ser cuestión compleja
No existe
Adecuación del procedimiento del art. 41 LH previsto para proteger al titular de derechos reales inscritos frente a actos de perturbación material
El hecho de que el demandado esté en situación de precario no implica la obligación de acudir al desahucio, siendo válido el ejercicio de la acción para la efectividad de los derechos reales inscritos
El actor es el titular registral de la vivienda, siendo adecuado la acción ejercitada de protección de derechos reales inscritos frente al ocupante sin título alguno
Aunque demandado estuviera en situación de precario, actora no está obligada a acudir al desahucio por precario, al ser dueña de la finca puede servirse del procedimiento de protección derechos reales inscritos, no hay inadecuación de procedimiento
Procedimiento adecuado, toda vez que resulta procedente acudir al procedimiento para la efectividad de los derechos reales, y no de desahucio por falta de pago aunque las partes hubiesen suscrito un contrato de arrendamiento sobre la vivenda
No existe inadecuación del procedimiento puesto que la acción entablada no tiene una naturaleza meramente interdictal, sino que busca obtener la plena efectividad del derecho inscrito, que se presume existente y pertenece a su titular
Es adecuada la vía del proceso de tutela de derechos reales inscritos elegida por la actora frente a los ocupantes de una vivienda de su propiedad que carecen de título que legitime la posesión
Correcta tramitación por el juicio verbal la demanda que versa sobre la efectividad de derechos reales inscritos, tal y como establece el art. 250.1.7º LEC
El procedimiento elegido por parte del titular registral es el adecuado para solicitar la protección frente a quién posee la finca sin justo título
Nulidad de actuaciones
Existe
Nulidad de actuaciones por indefensión a la demandada al no poder acudir a juicio asistida de letrado, pese a ser preceptiva su intervención
Nulidad de actuaciones al emplazarse a los ignorados ocupantes del inmueble cuando existían datos concretos y externos que permitían al actor individualizar a la demandada y proceder nominalmente contra ella
El incorrecto emplazamiento de los demandados, en un domicilio que no consta como el de la finca registral objeto del procedimiento, determina la nulidad de las actuaciones
Nulidad del juicio por no suspenderse el proceso tras solicitar la AJG el demandado y no fijarse caución para la efectividad del derecho real que se reclama en la demanda sin retrotraer las actuaciones ante la renuncia del actor por venta del objeto
La vista no debió celebrarse, pues no se dio oportunidad a la demandada de dar cumplimiento a la prestación de una caución en la cuantía a determinar por el tribunal, con ello se irrogó en indefensión a la demandada
Se declara la nulidad de actuaciones en el procedimiento de tutela de los derechos reales inscritos, a fin de que oída la demandada, el juzgador "a quo" se pronuncie sobre la caución solicitada
El incumplimiento por el Juzgado de la obligación de advertir al demandado de la necesidad de prestar caución da lugar a declarar la nulidad de actuaciones
No existe
Inexistencia de infracción de una norma procesal esencial que le haya causado al demandado una clara y verdadera indefensión y que de lugar a la nulidad de actuaciones
Es válido el emplazamiento edictal realizado a los ignorados ocupantes de la vivienda tras dos avisos sin encontrar a nadie en los buzones
Inexistencia de infracción de las normas procesales, al haber sido los demandados apercibidos de las consecuencias de no prestar caución, tanto en el decreto de admisión de la demanda como en la cédula de emplazamiento
El conocimiento por el demandado de la demanda instada contra los anteriores ocupantes de la vivienda, al haber firmado el recibí de la documentación entregada, impide acoger la nulidad de actuaciones invocada
La correcta formulación de la demanda por la propietaria registral frente a ocupante sin título, la caución de éste y la taxatividad de las causas de oposición del art. 41 LH impiden declarar la inexistencia de causa de nulidad ni de indefensión
La citación para la comparecencia de caución fue válidamente realizada, al hacerse en el domicilio que constaba en la demanda, dejar constancia de la persona receptora y su relación con la destinataria, así como la fecha y lugar en que fue buscada
Inexistente indefensión al demandado que justifique la nulidad del auto que fijó la caución pues cuando contestó a la demanda nada dijo respecto de la misma, ni la prestó en el plazo señalado
El hecho de no haber sido señalado acto de vista no produjo ninguna indefensión al demandado que la solicitó, sin que proceda declarar la nulidad de actuaciones solicitada
La sentencia que otorga la efectividad del derecho de propiedad de la sociedad demandante es consecuencia de la incomparecencia de los demandados a la vista no siendo procedente la nulidad de actuaciones al haberse cumplido las normas del proceso
Legitimación
Activa
El propietario de una octava parte de la finca, está legitimado para interponer la demanda para la efectividad de un derecho real inscrito, al no ser un acto de administración, sino un acto de protección que beneficia a toda a la comunidad de bienes
El hecho de que haya una ejecución hipotecaria en curso, no impide al propietario ejecutado interponer la demanda para la efectividad de derechos reales inscritos, siendo irrelevante si la ejecutante se opone o no a la posesión de los demandados
Legitimación de la actora para ejercitar el procedimiento especial del art. 41 LH, como propietario del inmueble ocupado por quienes lo hacen sin título para ello
Legitimación activa para instar la acción sobre tutela de derechos reales inscritos del actor que acredita su titularidad sobre la vivienda mediante certificación registral
Falta de legitimación del actor para acceder a la protección especial de protección de los derechos reales inscritos al no constar inscrita, en la propia certificación registral aportada con la demanda, la finca a favor del actor
La actora posee legitimación activa al haber presentado la certificación registral conforme a la cual la demandante es propietaria del inmueble
Pasiva
Falta de legitimación de la demandada para recurrir al no ocupar la vivienda sobre la que se promueve tutela de derechos reales ni haber prestado caución
Se confirma legitimación pasiva de una apelante al ser ocupante del inmueble en la fecha de interposición de la demanda derechos reales inscritos, aunque alega abandono voluntario de vivienda no existe prueba de la restitución de la posesión al actor
Existiendo titularidad registral por la que se ejercita la acción para obtener la efectividad del derecho real inscrito, no puede el demandado alegar falta de legitimación pasiva por no haber perturbado su ejercicio dada su condición de precarista
Falta de legitimación pasiva del demandado al no haber intervenido directamente en la realización del cierre en la finca de la actora, ni haber demostrado que los autores materiales actuaron a su instancia
La legitimación pasiva se atribuye al causante jurídico de la lesión posesoria
Ignorados ocupantes
Es válido el emplazamiento edictal realizado a los ignorados ocupantes de la vivienda tras dos avisos sin encontrar a nadie en los buzones
Nulidad de actuaciones al emplazarse a los ignorados ocupantes del inmueble cuando existían datos concretos y externos que permitían al actor individualizar a la demandada y proceder nominalmente contra ella
Resulta irrelevante que su nombre no constara en el encabezamiento de la demanda (al presentarse contra los ignorados ocupantes), pues fue identificada en el momento del emplazamiento y ha podido hacer valer todos sus derechos
La demanda se dirigió contra los ignorados ocupantes de la vivienda, sin que exista litisconsorcio pasivo necesario, ya que la la sentencia condena tanto a la apelante como a esos ignorados ocupantes
Dirigida la demanda contra los ignorados ocupantes de un inmueble, tras varios intentos de notificación en éste su presencia en el proceso para ser oídos, no cabe apreciar la indefensión que alegan
No es defectuoso el modo de proponer la demanda para la efectividad del derecho de propiedad registral de la actora al dirigirlo frente a los ignorados ocupantes pues no consta que la demandante los conociese ni impide a la demandada su defensa

El art. 41 de la Ley Hipotecaria establece la posibilidad, a los titulares de derechos reales inscritos, de ejercitar las correspondientes acciones contra quienes, sin título inscrito, se opongan a los mismos o perturben su ejercicio, debiendo seguirse los cauces del juicio verbal, conforme establece el art. 250.1.7 LEC. Este procedimiento tiene como características principales, en primer lugar, su carácter sumario; en segundo, el estar expresamente fijadas las causas de oposición que puede alegar el demandado, y, por último, la falta de efectos de cosa juzgada de la sentencia dictada. Con la presente guía, pretendemos dar una respuesta práctica a toda la problemática que puede plantearse en este proceso, tanto en relación con cuestiones derivadas del derecho sustantivo como con aquellas que puedan surgir respecto a los aspectos procesales.


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