El derecho de defensa en el proceso penal

El derecho de defensa en el proceso penal

Autor: Departamento Jurídico de Sepín Penal

Publicación: 9 / 2022

ISBN: 978-84-1388-601-5

Editorial: SEPIN

Referencia: 7564

Precio: 20

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Doctrina
El fortalecimiento del derecho de defensa tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015
El estatuto jurídico de las personas investigadas/acusadas con discapacidad por trastorno mental en el proceso penal de adultos
La defensa de oficio en el conflicto aparente entre el secreto profesional y las obligaciones en prevención del blanqueo y la evasión fiscal
El estatuto procesal de la persona jurídica como sujeto responsable del delito. Modificaciones producidas por la LO 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al Derecho a Interpretación y a Traducción en los Procesos Penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al Derecho a la Información en los Procesos Penales
¿Las personas jurídicas tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en el ámbito penal?
Autodefensa y costas
Actuación letrada y delito de blanqueo. Una propuesta de racionalización desde la tópica penal
Documentos recomendados
Derechos procesales de los menores sospechosos o acusados en la Unión Europea
Informe 8/2015 que emite la Comisión Jurídica sobre la regulación de la Ley de Habeas Corpus y preceptividad de intervención letrada
Consultas
Parentesco entre la intérprete y la testigo, madre de menor de edad víctima de abusos sexuales ¿cabe impugnar su declaración?
Formulario
Escrito del investigado designando abogado particular
Escrito de la persona jurídica investigada designando abogado y procurador particulares
Jurisprudencia Comentada
Nulidad por falta de defensa técnica
El abogado también tiene que asistir al investigado en las diligencias de investigación ante el Fiscal
Acumulación de condenas y derecho de defensa
Jurisprudencia y Resoluciones
Abogados y procuradores
Elección libre
Un Juez penal puede excluir al abogado designado por dos personas acusadas, aun en contra de sus voluntades, cuando existe contradicción entre los intereses de dichas personas
La negativa al cambio de letrado solicitada por el acusado de asesinato resultó justificada al considerarse improcedente la solicitud, no apreciándose vulneración de su derecho a la defensa, que resultó efectiva. Se desestima el recurso
Que no se haya procedido a la suspensión del proceso, aunque no fuese necesaria la asistencia de letrado, cuando la víctima había elegido libremente a un abogado que no pudo asistirle provoca la nulidad de las actuaciones y la retroacción del proceso
No puede declararse nula la declaración con asistencia letrada del turno de oficio, máxime cuando consta la matización del investigado de que se acogía al derecho a no declarar hasta que no tuviese presente el letrado de su elección
Turno de oficio
En aras del principio pro actione, y del derecho a la tutela judicial, máxime encontrándose en prisión el solicitante, se debe designar abogado y procurador del turno de oficio para tramitar su petición
La falta de tramitación del letrado de oficio por el agente, que imputó el delito del artículo 383 CP, permite la absolución por este hecho, al haberse vulnerado los derechos fundamentales del acusado
Asistencia jurídica gratuita
Estando el letrado del servicio de asistencia jurídica gratuita personado en las actuaciones con anterioridad a establecerse los indicios imputados que se investigan ninguna indefensión se le ha producido a la recurrente
De la documentación aportada por el solicitante de asistencia jurídica gratuita se desprende con meridiana claridad que carece de patrimonio, con independencia de la posesión de un inmueble del que comparte cotitularidad con sus hijos
La limitación en las posibilidades de actuación que deriva la condición de interno en un centro penitenciario del solicitante de asistencia jurídica para la interposición de la querella obliga a activar el mecanismo de la tramitación de la solicitud
Asistencia
El disfrute del derecho de los sospechosos a la asistencia letrada no puede demorarse por razón de su incomparecencia tras haber sido citado para comparecer ante el Juzgado de Instrucción
Es necesario ofrecer asistencia jurídica y una lectura de derechos a los acusados inclusive en aquellos supuestos en los que se interese un internamiento en centro psiquiátrico
En el momento de anulación de la vía del procedimiento abreviado para la adecuación de la pena estaba presente la defensa y consintió el trámite, fue posible ejercer la defensa en toda su extensión
Para acoger el desacuerdo del acusado con la sentencia condenatoria resulta necesario acudir al nombramiento de un nuevo abogado que ejerza la legítima defensa en el recurso de casación
La magistrada a quo procedió con el examen judicial del interno, le informó de la apertura del proceso y su finalidad, procediéndose ese mismo día a remitir oficio para la designación de letrado de oficio, contando el apelante con asistencia jurídica
Actuación
La pasividad del Juzgado al incorporar a los autos los documentos que el Letrado había enviado por fax, tras intentarlo sin éxito por Lexnet, vulnera el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión
Los diversos datos objetivos sobre los hechos que motivaron la detención debieron haber formado parte de la información facilitada al detenido y a su abogado
Al no haberse oído al letrado del penado sobre la pretendida acumulación de condenas, se reconoce vulneración constitucional y se declara nulidad de actuaciones para dar intervención a la defensa técnica previamente a resolver lo solicitado
No ha lugar a la imposición directa de la sanción por la actuación del letrado que, aunque puede apreciarse una cierta irrespetuosidad para con el tribunal, no consta una acción maliciosa en su actuación procesal distintiva de la temeridad
Comunicación entre letrado/a y persona defendida
Transgresión del derecho de defensa al ordenar el Juez de Instrucción la intervención y grabación de comunicaciones orales y escritas entre los investigados y sus abogados defensores presentes o futuros
La escasa comunicación entre abogado y acusado, así como la falta de información entre los mismos sobre las consecuencias de la conformidad resultan meras suposiciones y especulaciones vía recurso
Imposibilidad de acoger las declaraciones sumariales obtenidas en un régimen de incomunicación con los letrados de la defensa; no se advierten cuáles eran los motivos que justificaban la medida
Autodefensa
Existe un desequilibrio en contra del denunciado, lego en derecho, en las diligencias del juicio por delito leve cuando es el Ministerio Fiscal quien ejerce la acusación
Derechos de la persona defendida
La no concesión por la Magistrada al final del juicio oral del derecho a la última palabra al acusado vulnera su derecho de defensa y a un juicio con todas las garantías
La decisión del Tribunal de que el juicio se celebrase con la intervención del acusado por videoconferencia responde a la legalidad vigente, sin que quepa aplicación retroactiva de normas posteriores
Tanto la denuncia como la ratificación llevada a cabo dos años antes de ser incapacitado el denunciante, revelan la posesión por este de sus facultades mentales
No se vulnera el derecho de defensa por no haberse dado acceso a toda la información de la investigación para defenderse contra el auto de prisión provisional, al haberse declarado secreto de sumario
Traducción e Interpretación
El art. 5 de la Directiva 2010/64 obliga a los Estados miembros a adoptar medidas para garantizar que la calidad de la interpretación y de las traducciones facilitadas sea suficiente para que el sospechoso comprenda la acusación contra él
Una resolución judicial que sanciona infracciones penales leves cometidas por una persona que no comprende la lengua del proceso debe ser traducida y entregarse por escrito al mismo para salvaguardar su derecho de defensa
El acusado no alegó ni en instrucción ni ante el Juzgado de lo Penal ninguna vulneración a sus derechos a traducción e intervención de intérprete al notificarle la prohibición de alejamiento: es causa de inadmisión
No hay razones formales, normativas ni sustantivas para estimar la impugnación de la traducción, pues no fue cuestionada durante el juicio, el proceso fue cumplido legalmente y no se identifica qué parte de la traducción supone una desviación
No hay vulneración del derecho a expresarse en su propia lengua —catalán— sino que lo que se reclamaba era el método de auriculares con traducción simultánea que sacrificaba el principio de publicidad
No se ha producido indefensión por la ausencia de intérprete: el acusado lleva nueve años en España y no se aprecia dificultad en su forma de hablar ni entender, además de no hacer observación o protesta en el momento de prestar declaración
En todo momento el acusado oyó perfectamente tanto las preguntas como las respuestas en chino, aunque la víctima estuviese separada por un biombo
Personas jurídicas
No hay conflicto de intereses de la Abogada que en otra causa fue "representante especialmente designado" por la persona jurídica investigada y en la presente lo sea por la misma mercantil como Letrada para su defensa como acusación particular
El proceso se dirigió contra la persona física y al morir esta se dirige contra la persona jurídica, sin que se practicaran las actuaciones del art. 775 LECrim; no puede reabrirse además de que habría prescrito para la entidad
Citación a la persona jurídica como responsable civil nombrándole abogado y procurador de oficio, al estar enmarcada en un procedimiento penal y no responder sus representantes a los requerimientos hechos
No hubo indefensión material para la persona jurídica que fue citada desde el inicio de las actuaciones y pudo intervenir en todas las fases del procedimiento, declaró en calidad de investigada y ostentó defensa y representación

La Constitución Española reconoce a los acusados —ahora investigados— el derecho a un proceso con todas las garantías. Entre ellas, figura como fundamental el derecho de defensa, relacionado con el derecho a la asistencia letrada. Esta puede ejercerse mediante designación libre o a través del turno de oficio, teniendo derecho también, en caso de cumplirse las condiciones, a la asistencia jurídica gratuita. Incluye también el derecho de asistencia por traductor o intérprete en caso de no entender y/o hablar nuestro idioma la persona defendida. ¿Qué novedades afectan tras las reformas efectuadas en la LECrim en el año 2015? ¿De qué manera se materializa el derecho de defensa en las personas con discapacidad? ¿En qué consiste el derecho a la asistencia letrada de las personas jurídicas? Estas y otras cuestiones tienen respuesta en esta práctica guía temática que cuenta con la opinión de nuestros expertos, formularios muy útiles, las resoluciones judiciales más recientes y otros documentos de interés.


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