La responsabilidad penal de las personas jurídicas

La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Autor: Departamento Jurídico de Sepín Penal

Publicación: 10 / 2022

ISBN: 978-84-1388-625-1

Editorial: SEPIN

Referencia: 7625

Precio: 19,90

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Doctrina
Compliance y blanqueo de capitales
La culpabilidad como categoría fundamental del delito. La culpabilidad de la persona jurídica
Personas criminalmente responsables de los delitos: Comentario del artículo 31 bis del Código Penal
Exención y carga de la prueba en la defensa penal de la persona jurídica: la teoría de la "x"
La carga de la prueba en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas: de la cuadratura del círculo a la reconciliación
Documentos recomendados
Delitos por los que pueden responder penalmente las personas jurídicas (actualizado con la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual)
Tras la reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la LO 1/2015: 1. ¿Una sociedad unipersonal puede ser acusada como persona jurídica? 2. ¿Cabe considerar a los colegios de abogados personas jurídicas penalmente responsables? 3. En una sociedad de pequeñas dimensiones, ¿el administrador único podría ser acusado como persona física y, además, actuar como representante especialmente designado de la persona jurídica acusada? 4. ¿Una empresa concursada disuelta por auto del Juzgado de lo Mercantil y en fase de liquidación puede ser imputada?
Formulario
Querella contra persona jurídica
Jurisprudencia Comentada
Lealtad con el acuerdo de conformidad y persona jurídica
Aplicación de la pena de multa a la sociedad y al administrador condenados simultáneamente
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Motivación de la prueba
La trascendencia de la implantación en las empresas de planes de prevención de delitos es destacada por nuestro Tribunal Supremo
Jurisprudencia y Resoluciones
Primera línea interpretativa: sentencias hasta 2021
Sentencias dictadas en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
Jurisprudencia más reciente: años 2020 a 2022
Aspectos procesales
La inclusión de la mercantil como posible implicada en los actos corruptos y fraudulentos investigados no puede suprimirse en este momento procesal, debido a la quiebra de los deberes de vigilancia y supervisión
Suficiencia del Auto de citación de la persona jurídica ex art. 775 LECrim; existencia de una motivación para ello a la luz de una imputación por un presunto delito, que se explicita en el tenor de la resolución recurrida
Validez del Auto de transformación a Procedimiento Abreviado; no se desprenden indicios que permitan considerar a la sociedad en cuestión como responsable penal ex art. 31 bis CP
Apertura de juicio oral; es esencial que se desprendan indicios de criminalidad que permitan la continuación del procedimiento respecto a la participación como cooperadora necesaria de la entidad de crédito en el delito contra la Hacienda Pública
No se alegó ni acredito la responsabilidad penal de la entidad, además de no cumplirse las formalidades del art. 119 LECrim respecto a su imputación, por lo que no puede dictarse pronunciamiento condenatorio
Modelos de organización y gestión ex art. 31 bis CP; la teoría de la ubicuidad permite enjuiciar los presuntos hechos cometidos en España, pese a que la sociedad tiene nacionalidad andorrana
Debe existir un indicio mínimo de criminalidad para proceder a la apertura del proceso penal; inexistencia de evidencias que indiquen un beneficio para la empresa dimanante de las actuaciones de la citada sociedad
Aspectos sustantivos
Existencia de responsabilidad penal
Atendiendo a las normas de aplicación de las leyes penales y al carácter de las declaraciones tributarias anuales, sólo cabe exigir responsabilidad penal al club de fútbol, como persona jurídica, por el fraude fiscal del último trimestre de 2010
La pena de multa impuesta a la persona jurídica es la que solicitaba el Fiscal y con la que la misma se conformó y es la que legalmente corresponde
Responsabilidad penal de la persona jurídica; no es obstáculo para la sanción penal del ente corporativo el que las personas físicas no puedan ser condenadas, por no haber podido ser identificadas o por haber fallecido
Cuando ocurrieron los hechos ya existía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo que la condena a la mercantil es correcta
El empresario es el obligado a asumir las obligaciones respecto a la Seguridad Social según el art. 307 CP, sin embargo, cabe imputar responsabilidad penal a la persona jurídica cuando esta es el empresario
Ante la inexistencia de protocolo que controle la actuación urbanística del administrador no es posible sobreseer la causa respecto de la sociedad; existe delito debido a la ausencia de una cultura de respeto al Derecho en la propia mercantil
Se condena a la empresa y a su administrador único por delito contra el medio ambiente dado que éste conocía el estado de las instalaciones y que los continuos vertidos se hacían en condiciones ilegales, todo en provecho de aquella
Confusión entre persona física y persona jurídica
No hay doble penalidad al aplicar el art. 31 ter CP, pues el condenado a nivel particular era administrador único de la sociedad, pero no socio, pues lo era su esposa en régimen matrimonial de separación de bienes
En los casos de pequeñas empresas, sin asalariados, debido a su escasa complejidad organizativa resultará difícil diferenciar una culpabilidad propia de la persona jurídica de la culpabilidad propia de la persona física
Pese a que el delito de estafa se encuentra en el elenco del art. 31 bis CP, la sociedad en cuestión era unipersonal existiendo una completa homogeneidad entre esta y su único administrador, el acusado, por lo que no procede la condena a la mercantil
Existencia de programas de Compliance
Los programas de cumplimiento no implican por sí mismos una patente de corso; ha de valorarse caso por caso, no pudiendo extenderse la actuación de la sociedad en un caso concreto a todas las actuaciones que en el futuro la misma pudiera ejecutar
Modelo de prevención de riesgos penales; la mera existencia de plan de prevención no es suficiente para adverar la inexistencia de responsabilidad criminal sin que se aporten a la causa la documental de la pericial relativa a la viabilidad del citado
No hay responsabilidad
General
Exclusión de responsabilidad de persona jurídica cuando la persona física responsable penal es la única titular de la sociedad
La inexistencia o quiebra de un programa de prevención normativo no puede suponer una presunción de aquiescencia de la persona jurídica; la entidad no detectó la estafa que ascendía a más de un millón de euros
El ne bis in idem exige identidad de sujeto, hecho y fundamento; existe una identidad entre la sanción administrativa impuesta en Alemania y la pretensión punitiva del art. 31 bis CP por lo que consta una vulneración del doble enjuiciamiento
Aunque las entidades mercantiles puedan ser condenadas por la estafa al estar motivada la condena, la prueba de su actuación como sociedades pantalla si las hace inimputables frente al delito del que procede su absolución
La falta de prueba de los delitos imputados a los acusados conlleva también la absolución de las personas jurídicas sobre las que tampoco procede la responsabilidad civil derivada de delito que solicita la acusación
Responsabilidad penal de la persona jurídica; sin perjuicio de la eventual sanción administrativa, no se ha practicado prueba alguna tendente a la condena penal de la sociedad implicada
La entidad Sociedad Estatal Lotería y Apuestas del Estado no es imputable en un delito conforme al art. 31 quinquies CP, por lo que se inadmite la querella
La multitud de hechos denunciados a diferentes organizaciones y empresas están prescritos, además de que la supuesta prevaricación cometida por la Tesorería no puede imputarse como responsabilidad penal en virtud del art. 31 quinquies CP
No puede condenarse a la persona jurídica por delito leve de estafa al no haberse siquiera citado a ninguna persona física ni haberse razonado la culpabilidad de la entidad, vulnerando el art. 5 CP
Se absuelve a la mercantil porque siendo una sociedad unipersonal con administrador único se trata de una sociedad instrumentalizada para la comisión de los delitos
Responsabilidad penal de la persona jurídica; no consta acreditada la existencia de ilícito alguno por la persona física, por lo que ha de desestimarse la responsabilidad del ente jurídico ex arts. 31 bis y 325 CP
Delitos por los que no responden penalmente las personas jurídicas
Los argumentos de inadmisión de la querella por parte del Juzgado de Instrucción son correctos; los delitos objeto de la misma no se encuentran dentro del elenco tasado por el art. 31 bis CP
Imposibilidad de revocar el fallo absolutorio atendiendo al tenor de los hechos probados; la persona jurídica no puede cometer un delito de injurias o calumnias ex art. 31 bis CP
Los delitos imputados en la querella a una entidad mercantil (coacciones o intimidación en relación con la rescisión de una explotación hostelera) no se encuentran en el catálogo de delitos imputables a las personas jurídicas; procede su inadmisión
Imposibilidad de imputar un delito de acoso inmobiliario del art. 173 CP a una persona jurídica a la luz del tenor del art. 31 bis CP; procede desestimar el recurso y confirmar el sobreseimiento
Los delitos contra los derechos de los trabajadores no se encuentran entre el elenco del art. 31 bis CP; no pueden existir conflictos de intereses en la persona que representa a la sociedad, e imputada, cuando esta no puede ser responsable
Imposibilidad de imputar ex art. 31 bis CP responsabilidad penal a la entidad deportiva por un delito de lesiones; no existió negligencia, ya que el estadio cumplía con todas las condiciones de seguridad, lo que impide calificar los hechos ex 152 CP
La taxatividad del tenor del art. 31 bis CP impide imputar responsabilidad penal a la persona jurídica por mor del delito de apropiación indebida; extemporaneidad del argumento

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se contempla en los arts. 31 bis a 31 quinquies del Código Penal, que regulan los requisitos para que se pueda declarar a una entidad como responsable penal, así como las causas de exención y de atenuación de su responsabilidad; y a lo largo de la parte especial del texto punitivo se recogen las figuras delictivas concretas que son atribuibles a las personas jurídicas. ¿Cuáles son esos delitos? ¿Cómo se establece la culpabilidad de las entidades? ¿Qué ocurre en las entidades unipersonales en que la persona física y la jurídica coinciden? Estas y otras cuestiones tienen respuesta en esta práctica guía temática, en la que nos centramos en la parte más general de esta figura jurídica, y que cuenta con la opinión de nuestros expertos y las resoluciones judiciales más interesantes.


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