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Revista · Julio 2018

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  •   Transparencia, buen gobierno y protección de datos 

    La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública, por medio de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas, reconoce y garantiza el acceso a la información y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. Hasta aquí, nos encontramos ante una ley esencial y vertebradora de todo Estado social y democrático de Derecho, pero ¿qué relación guarda el derecho de acceso a la información con la protección de datos? ¿cuándo tenemos derecho a acceder a la información pública? ¿cómo tramito la solicitud? ¿cuáles son las causas de inadmisión? ¿cómo puedo impugnar una denegación de acceso?

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